El reciente paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en la región sureste de México ocasionó intensas lluvias en Chiapas, desbordes de ríos, inundaciones y deslaves que se sumaron a los incendios forestales del primer trimestre de este año para dejar sin techo, enseres domésticos y cosechas a miles de damnificados. Una situación dramática similar padecieron las poblaciones de otros cuatro estados de la República

Es precisamente por la sucesión anual de este tipo de fenómenos naturales, que además golpean con mayor intensidad a la gente pobre y marginada, que la extinción del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) no es una opción de ahorro o austeridad, “ya que sin este fideicomiso habría mayor desastre”, aseguró a buzos Nayeli Ruiz Rivera, investigadora titular del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ruiz Rivera recordó que México figura entre los primeros 10 países del mundo con mayor riesgo de desastres naturales, por la sucesión recurrente de tormentas tropicales, inundaciones, terremotos e incluso erupciones volcánicas. La especialista indicó que Chiapas concentra, como ningún otro estado del país, todas estas calamidades y se refirió a la erupción del volcán Chichonal en marzo de 1982. 

En efecto, la situación geográfica y orográfica de la entidad la hace proclive al padecimiento frecuente de desastres naturales. En buena parte de su territorio, muchos de sus pobladores aún no logran superar los derrumbes de casas provocados por los macrosismos del siete y 19 de septiembre de 2017.

 Recientemente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical Cristóbal, que se formó con los remanentes de Amanda,  afectó a 543 municipios de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. El Comité de Evaluación de Daños en Chiapas corroboró que Cristóbal causó severos daños en 31 municipios, que fueron declarados en emergencia.

Entre los más afectados figuran Amatenango del Valle, Acapetahua, Berriozábal, Bochil, Coapilla, Copainalá, Francisco León, La Trinitaria, Las Rosas, Mapastepec, Ocotepec, Pantepec, Socoltenango, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Teopisca, Tzimol y Villa Comaltitlán, a cuyos habitantes se les entregarán insumos y herramientas proveídos por el Fondén y el Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Gobierno del Estado.

El Sistema de Protección Civil (SPC) reportó casi un centenar de viviendas afectadas en Copainalá, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Bochil, Pijijiapan, Chiapa de Corzo, Chicoasén y Coapilla. También hubo 12 derrumbes en tramos carreteros. Los más graves se ubican en las vías de conexión con Motozintla, Villahermosa y San Cristóbal.

En esta ciudad, las rocas caídas medían entre 30 y 300 metros cúbicos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chiapas informó que las rocas eran  aproximadamente de 24 metros cúbicos, debido a la intensidad y duración de las lluvias traídas por Cristóbal.

Morena va por los recursos del Fonden

Mientras los habitantes de la región del sur-sureste del país padecían aún lo más fuerte de los estragos causados por las tormentas tropicales, la diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Dolores Padierna, propuso utilizar los recursos del Fonden para enfrentar la actual crisis de salud generada por la pandemia del Covid-19, propiciando de inmediato una reacción contraria en gobernadores, legisladores de oposición, académicos y analistas políticos.

Algunos recordaron, además, que el Fonden sufrió un recorte de casi el ocho por ciento en su gasto para 2020 respecto al 2019, porque pasó de tres mil 644 millones de pesos (mdp) a tres mil 353 mdp, monto finalmente aprobado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020).

El legislador federal independiente por Chiapas, Carlos Alberto Morales Vázquez, destacó que “muchos siguen sin entender la importancia de este instrumento financiero” y se pronunció en contra de la extinción de este apoyo federal que permite a los estados y ayuntamientos acceder a recursos destinados a paliar sus emergencias naturales.

El Fonden fue creado por el Gobierno Federal en 1996 para enfrentar los efectos destructivos de los huracanes Opal y Roxanne en la península de Yucatán. En lo inmediato sirvió para ayudar a los damnificados de escasos recursos económicos, pero posteriormente se le concibió como un mecanismo financiero para atender los problemas derivados de los desastres naturales.

El fondo apoya acciones de emergencia inmediatas, proyectos de reconstrucción de comunidades afectadas por sismos, huracanes, deslaves e inundaciones, entre otros fenómenos. Los recursos del fideicomiso sirven para llevar abrigo y alimento a las personas que, de manera lamentable, han perdido casi todo: vivienda, trabajo, escuelas.

Tras la conformación del Fonden se creó el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), que financia, de manera conjunta con las entidades federativas, la realización de acciones preventivas; su extinción implicaría la desaparición de una fuente de financiamiento para elaborar y actualizar los Atlas de Riesgo  y las obras de mitigación.

El diputado federal Carlos Alberto Morales Vázquez mencionó que “es necesario retirar la reforma que Morena presentó para cancelar los fideicomisos donde va el Fonden y Fopreden”, y coincidió con varios de sus colegas que han afirmado que la iniciativa “no es conveniente” porque los recursos de apoyo a los ciudadanos en situación de desastre deben continuar en los mismos términos que están actualmente.

En todo caso, agregó, “sería innecesario agregarle más candados con los que cuenta, ya que de por sí es complicado que bajen los recursos por tantas trabas que tiene ese fideicomiso, lo cual dificulta su ejecución”. Por eso extraña –apuntó– que digan que podría corromperse, ya que considera una serie de lineamientos que lo hacen incorruptible. “Y, por otro lado, si se flexibiliza se volvería vulnerable, por lo que se tienen que tocar con pinzas las propuestas sobre el tema”, señaló.

México es muy vulnerable

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula que tres de cada cinco ciudades en el mundo están en riesgo de sufrir fenómenos catastróficos. México está expuesto al impacto de múltiples fenómenos de este tipo, se ubica en la mitad del ranking mundial de las naciones en riesgo por desastres naturales y es uno de los 10 países con más pérdidas en términos absolutos a causa de los fenómenos naturales.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) afirma que, en las últimas décadas, éstos han provocado daños con un costo promedio anual de 100 vidas humanas y poco más de 700 millones de dólares (mdd).

La vulnerabilidad de México ante desastres se eleva a más de 45 por ciento y tiene una propensión de crecimiento del 23 por ciento. Terremotos, huracanes, sequías e inundaciones se han incrementado por el cambio climático, que aumenta el número e intensidad de éstos. Los terremotos generan pérdidas económicas con un promedio de mil 354 mdd anuales y las inundaciones por 870 mdd.

Además, los estados del país con los niveles más altos de vulnerabilidad son también las más pobres: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, cuyos habitantes quedan en la absoluta indefensión cuando enfrentan desastres naturales y, por lo mismo, siempre requieren la solidaridad nacional e internacional.

Entre los desastres naturales del pasado reciente más recordados destacan el sismo de 1985 en la Ciudad de México, evento devastador que provocó seis mil muertes y dejó afectaciones por cuatro mil 100 mdd; el huracán Gilberto, considerado como el más devastador del Siglo XX, dejó en 1988 daños materiales por 567 mdd; el huracán Paulina, en 1997, provocó 400 muertes y 228 mdd en pérdidas económicas.

El huracán Wilma, el más intenso del Caribe mexicano, solo dejó cuatro muertes, pero provocó daños por mil 700 millones de pesos. Los ciclones Ingrid y Manuel, en 2013 trajeron lluvias intensas en 22 estados del país, que dejaron atrás 200 mil damnificados y 157 muertos. 

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional Protección Civil (Sinaproc) en 2019 hubo 117 deslizamientos de laderas, 900 inundaciones, siete mil 400 incendios con 640 mil hectáreas siniestradas y 26 mil 418 sismos, la mitad de cuyos epicentros estuvieron en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El volcán Popocatépetl registró 17 mil exhalaciones y explosiones; se pronosticaron 33 ciclones, de los cuales cinco se impactaron en el Pacífico y uno en el Golfo de México.

Más recursos para atender los daños

Dentro del marco del Parlamento Abierto para analizar la propuesta de reforma al Fonden, convocado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas lanzó la propuesta para transformar el Fonden y Fopreden en un solo fideicomiso que llevaría el nombre de Fondo Nacional en Gestión Integral de Riesgos (Fonagir).

Con el antecedente de 2018 se creó el Fondo de Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) como un fideicomiso público estatal, recordó que tras los sismos del siete y 19 de septiembre de 2017, el Fonden fue insuficiente y por eso se creó el Plan Nacional de Reconstrucción (PNR). El Fonagir garantizaría recursos para las ocho etapas de la gestión integral de riesgos de desastres, entre ellas: la identificación de los riesgos y su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.

Desde el inicio de la actual administración, el Fogird, además de financiar obras y acciones de reducción de riegos en sus etapas de identificación, previsión, prevención y mitigación, puede utilizarse para la contratación de seguros e instrumentos de administración y transferencia de riesgos y actualización de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos (EGIR).

También atendería emergencias, contingencias sanitarias y reconstrucción de infraestructura pública y viviendas dañadas por algún desastre. Protección Civil de Chiapas informó que el Fonagir nacional estaría orientado fundamentalmente a los grupos más vulnerables: “Será un nuevo instrumento que retome lo bueno del Fonden y elimine lo malo”.

La propuesta incluye que cada nivel de gobierno, Federal, estatal y municipal, financie la reconstrucción de su propia infraestructura dañada por desastres, mientras evalúa mecanismos de financiamiento para acondicionar una cultura de prevención y planeación de acciones que involucren directamente a las comunidades y a sus habitantes en lugar de una política de protección civil reactiva.

Pese a que en la Plataforma Nacional de Transparencia del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no está rindiendo cuentas con los recursos que maneja, ello no implica que el Fonden deba desaparecer, advirtió Nayeli Ruiz Rivera, ya que cuenta con normatividad propia y hoy existe una mayor demanda de mayor transparencia y rendición de cuentas.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla la obligatoriedad en la rendición de cuentas de estos fideicomisos públicos asignados por los artículos 1°, 6°, 23°, 26°, 77° y 117°; además de que están regulados a través del Artículo 9º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de las Entidades Federativas y Municipios.

Ante este panorama, la especialista aseveró que preocupa la reforma a este artículo porque, en realidad, afecta mucho la participación de los estados y municipios que incluso generan fideicomisos propios.

Frente a la condición de México como un país multi-amenazado “es imposible avanzar sin el Fonden y no se puede reemplazar por una política de apoyos directos “aun cuando esta idea sea compatible con las prácticas del Presidente de la República”, añadió Ruiz Rivera.

“Es una perspectiva que llevaría a una vulnerabilidad preocupante y sin duda generaría una mayor profundización de los efectos de los desastres futuros. Estos lineamientos son productos del aprendizaje institucional de muchos años. Por ello es responsabilidad del Estado mantener este instrumento y revisar las mejores prácticas internacionales y nacionales. Su extinción no es una opción, ya que sin Fonden hay mayor desastre”, concluyó la especialista de la UNAM.