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Reforma electoral de AMLO: ganar o ganar en 2024
AMLO desempolvó argumentos contra el fraude que utilizó en comicios anteriores, excepto en el 2000 y 2018; no había descalificado las leyes ni a las autoridades electorales que hoy quiere “destazar por corruptas y derrochadoras”.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desempolvó argumentos contra el fraude que utilizó en comicios anteriores, excepto cuando ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), en 2000, y la Presidencia en 2018; y no recurrió a descalificar las leyes ni a las autoridades electorales que hoy quiere “destazar por corruptas y derrochadoras”.

La politóloga Érika Granados Aguilar, dijo a buzos: “el Presidente está en una lógica de ganar-ganar: si el Plan B pasa y se aprueba en la Corte, ahí ya está ganando el Presidente; si no pasa este Plan B, no nos extrañe que vamos a vivir un proceso electoral tan ríspido como no lo habíamos vivido años atrás, por lo menos a partir del año 2000, con el proceso de transición a la democracia.

“Que no nos extrañe que para el proceso de 2024 se vea todo un desorden y se acuse de fraude electoral; que el Presidente diga que precisamente está pasando eso, porque él quería hacer una reforma electoral y no se le permitió; ésas son las consecuencias”, explicó Granados Aguilar, funcionaria académica en ciencias políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

 

 

Con su nueva legislación electoral, el Presidente está fabricando un botón, para oprimirlo y, si es necesario, reventar la elección presidencial de 2024. Ese plan ha empezado en su intento por descarrilar las elecciones estatales en el Estado de México en 2023 –con el padrón de electores más grande del país, más de 12 millones de votantes–; y Coahuila cuyos resultados serán importantes de cara al año próximo.

Al cierre de esta edición, había una convulsión legal y política ocasionada por el “Plan B” de AMLO, que integra reformas a seis legislaciones secundarias en materia electoral y cuyo contenido resulta inconstitucional, tal como han evidenciado especialistas en Derecho, organismos autónomos electorales, agrupaciones civiles y partidos opositores.

El Presidente envió ese paquete de iniciativas al Congreso el seis de diciembre de 2022 ante el inminente rechazo de su iniciativa de reforma constitucional electoral, que el 28 de abril los legisladores opositores exhibieron como “un burdo intento de asumir el control de las elecciones” para retener el poder, beneficiando a los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Entrevistado por buzos, José Luis Espinosa Piña, académico en materia de derecho y analista político, advirtió que el contenido del llamado “Plan B” es claramente inconstitucional, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene argumentos legales suficientes para echarlo abajo.

Destacó que AMLO “no ha dejado de ser candidato; no se ha dado cuenta de que la campaña terminó hace cuatro años y que él es Presidente; sigue siendo un candidato provocador. Ésta (su reforma electoral) no es la propuesta de un estadista, es la de un provocador”.

Espinosa Piña puntualizó que esto destaca cuando recurre a argumentos que “metafóricamente lo llevan a curarse en salud. Desde ahora, desde antes, descalifica al árbitro electoral para que llegado el momento, si no le favorecen las urnas, justificar que toda su descalificación anterior tenía razón; es una estrategia muy burda, muy básica, primitiva”.

 

 

El abogado y analista precisó a este semanario que AMLO, en realidad, no está seguro, como se pensaría, de que Morena y su candidata (o) presidencial gane sin problema la elección de 2024. “Sin duda no está seguro; porque si lo estuviera, actuaría diferente; quiere asegurarse de tener control de todo lo que va a pasar; y lo único que hace es perder más credibilidad”.

 

 

Lo que busca –insistió– es garantizar a toda costa la continuidad de su poder; porque, en el fondo, no se parece al presidente (democrático) Francisco I. Madero como sugiere, sino a Plutarco Elías Calles, “que ejerció un Maximato, es decir, una prolongación, en los hechos, de su poder presidencial; eso hizo Calles y dominó a los siguientes tres presidentes (…) entonces pretende instaurar un nuevo Maximato; cree que va a seguir gobernando como lo hizo Calles, sin ser Presidente, pero teniendo el mando real del país, y si le estorba el INE (Instituto Nacional Electoral), pasa por encima del INE”.

 

Choque de trenes electoral

Analistas han considerado muy probable un choque de trenes electoral en 2024; durante los más de cuatro años de su gobierno, AMLO ha tratado de dividir a la población mexicana en dos partidos: conservadores y liberales.

Al cierre de esta edición, organizaciones civiles habían convocado, para el 26 de febrero de 2023, a una segunda movilización civil nacional en rechazo a su “Plan B”, después de la realizada el 13 de noviembre con el lema “El INE no se toca”, que AMLO intentó contrarrestar encabezando personalmente una-marcha el 27 de noviembre de 2022.

Un total de 83 organizaciones civiles del país emitieron un pronunciamiento conjunto el 28 de enero de 2023, dirigido al Poder Judicial y a la opinión pública; ahí se advierte que, con tal reforma electoral reglamentaria, se arriesga “el voto auténtico y las elecciones limpias en México”.

El siete de febrero de 2023, las organizaciones civiles, convocantes a la marcha ciudadana del 26 de febrero, anticiparon: “buscamos que ésta sea la norma más impugnada de la historia para mandar un claro mensaje a los tres poderes de la Unión; pero sobre todo al Poder Judicial, de que las y los ciudadanos estamos dispuestos a dar la batalla en defensa de la democracia desde todas las trincheras”.

 

 

Estefanía López Mendoza, investigadora de la organización civil Causa en Común, una de las agrupaciones firmantes de la convocatoria oponente al “Plan B”, denunció: “estaríamos presenciando un atentado contra la vida democrática del país; es una imposición porque, a diferencia de otras reformas electorales, ésta no proviene de los partidos políticos, sino del Poder Ejecutivo”.

En el mismo sentido, la maestra Érika Granados indicó a este semanario que, de manera distinta a la emprendida por el Presidente, las reformas electorales de 1977 a 2014 se desarrollaron con base en acuerdos entre los partidos políticos, que al final de cuentas son los competidores en las elecciones y desean un marco de certeza sobre los procesos políticos y sus resultados.

Estefanía López, integrante de Causa en Común, dijo a buzos que el argumento presidencial de que el objetivo final de la reforma es reducir los costos del INE es falso porque está saliendo muy caro, además de que tiene otro fondo:

“Si el objetivo de esta reforma fuera reducir costos, se podría hacer de otra forma y no necesariamente con el “Plan B”, que de acuerdo a un estudio del Instituto Belisario Domínguez (del Senado), se plantea reformar 493 Artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y otros tantos artículos de otras leyes; entonces, claramente, el objetivo no es reducir costos, sino que tiene objetivos políticos”, detalló la investigadora.

 

En manos de la SCJN

El próximo 31 de mayo de 2023 será relevante para el futuro del “Plan B” de AMLO, porque de acuerdo al Artículo 105° constitucional, las modificaciones legales pueden aplicarse en unos comicios –como los de 2024– siempre y cuando se pongan en vigencia 90 días antes del inicio del proceso electoral que, en este caso, empezará en septiembre de 2023.

A la SCJN se dirigirán las impugnaciones sobre si las reformas electorales propuestas por AMLO y aprobadas por Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) se apegan o no a lo dispuesto en la Constitución, por lo que desempeñarán un papel fundamental para determinar esta situación.

Aparentemente, el plan de validación del “Plan B”, como mencionó la experta, suponía la colocación como presidenta de la SCJN a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cercana a AMLO; pero la situación se salió de control: a finales de 2022, cuando surgieron denuncias públicas por el presunto plagio de su tesis de licenciatura en la UNAM.

 

 

Al cierre de esta edición, Esquivel se mantenía en el ojo del huracán, entre la invalidación o no de su título y su salida o no de la SCJN. En tanto, la ministra Norma Lucía Piña, quien fue electa el dos de enero de 2023, por una votación mayoritaria, como nueva presidenta de la SCJN, tiene un pasado profesional muy relevante como impulsora de derechos civiles, feminista, sobre quien especialistas del derecho y analistas afirman que siempre ha mostrado independencia en sus decisiones frente al poder político.

El 1° de febrero de 2023, los integrantes del Consejo General del INE presentaron impugnaciones legales ante la SCJN sobre el “Plan B”; y el primer recurso presentado fue una Controversia Constitucional contra dos de las seis leyes reformadas: la Ley General de Comunicación Social y la General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022.

La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) que integra a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) –que antes eran los institutos electorales de los estados– advirtió que también defenderá el actual sistema de elecciones ante tribunales que han probado su eficacia y transparencia, incluso internacionalmente.

El 25 de enero de 2023, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), presentaron un recurso de Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN contra las reformas a las leyes secundarias de Comunicación Social y de Responsabilidad Administrativa, “por el atropello a principios y disposiciones constitucionales que contienen”.

El 14 de febrero de 2023, Germán Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, aceptó tramitar una demanda de amparo contra la reformada Ley General de Comunicación Social, publicada el 27 de diciembre de 2022, interpuesta por la Asociación de Municipios de México (AMMAC).

Este recurso legal reclama que el Congreso de la Unión carece de facultades legales para limitar el uso del presupuesto a entidades y municipios, en específico el destinado a sus gastos de comunicación social, que está a cargo de los congresos estatales.

El juez Cruz fijó el 20 de febrero de 2023 para determinar si concederá o no una suspensión definitiva de la aplicación de la citada reforma, y el 27 de febrero para indicar si concede el amparo correspondiente.

 

Controlar el INE

El Presidente también busca directamente tomar el control del INE por medio de la colocación de sus allegados, como la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra; y ahora intenta hacer lo mismo con la designación de cuatro consejeros de aquella institución autónoma.

 

Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH.

 

En pocas semanas deberán ser sustituidos los siguientes integrantes del Consejo General del INE: el actual consejero-presidente de la institución, Lorenzo Córdova Vianello y los consejeros Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera y José Roberto Ruiz Saldaña. Los nuevos consejeros deberán tomar posesión el cuatro de abril de 2023 para una gestión de nueve años, es decir, hasta 2032.

Para coordinar este cambio, la ley ordena la formación de un Comité Técnico de Evaluación (CTE) con siete integrantes nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), conformada por los coordinadores de todas las bancadas partidistas, donde Morena y sus aliados PT Y PVEM son mayoritarios y tienen mayor influencia en las decisiones.

La Constitución establece que el CTE debe integrarse con dos individuos propuestos por la CNDH; dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y tres por la Jucopo.

El 17 de febrero de 2023, en la Cámara de Diputados se presentó a los siete integrantes del CTE, en cuya lista aparecen personas afines y cercanos al gobierno de AMLO, como lo evidenciaron PAN, PRI y PRD, al cuestionar su designación; tres de los siete fueron propuestos por la bancada de Morena en la Jucopo desde diciembre de 2022.

Los siete integrantes de la CTE son los siguientes: los propuestos por la Jucopo: el periodista y abogado Enrique Galván Ochoa, columnista del diario La Jornada, participante en la redacción de la Constitución Moral que AMLO promovió durante el inicio de su gobierno y quien ha evidenciado, incluso en redes sociales, su afinidad con el gobierno de AMLO.

La periodista Evangelina Hernández Duarte, quien fuera nombrada en 2021 coordinadora de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional; y Andrés García Repper Favila, abogado en derecho electoral, quien recientemente se desempeñó como representante legal de Morena en la elección de gobernador en Tamaulipas y quien, en sus redes sociales, se ha mostrado como impulsor del “Plan B”.

Las dos propuestas de la CNDH, un organismo supuestamente autónomo que encabeza Rosario Piedra Ibarra, abiertamente afín a Morena y el gobierno de AMLO, son Ernesto Isunza Vera, politólogo y sociólogo exintegrante del Consejo Local del INE en el estado de Veracruz entre 2000 a 2003; y Araceli Mondragón González, politóloga y académica, quien trabajó en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCDMX).

Originalmente, Ibarra Piedra había propuesto como aspirante al CTE a María del Socorro Puga Luévano, quien fue cuestionada por no contar con experiencia en el campo político y electoral y se declaró certificada por la Yoga de la Risa.

 

María del Socorro Puga Luévano

 

El 19 de diciembre de 2022, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, había denunciado que Puga Luévano es militante de Morena desde 2014, mostrando imágenes del padrón de integrantes de ese partido donde aparece y en publicaciones de sus redes sociales con manifestaciones de apoyo a AMLO; Puga fue además candidata morenista a regidora por San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

López Rabadán indicó que Ernesto Isunza Vera –quien sí fue nombrado– es un académico y exintegrante del Consejo local del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en Veracruz de 1999 a 2003, a quien evidenció con una entrevista de prensa, en la que Isunza califica como “mapaches y oligarcas” a los convocantes a la marcha en defensa del INE del 13 de noviembre de 2022 ampliamente criticada y descalificada por AMLO.

Las propuestas del INAI, ya aprobadas como integrantes de la Comisión Evaluadora, son María Esther Azuela, politóloga y periodista por la Universidad Iberoamericana, quien, de 1987 a 1999, fue directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y de 2003 a 2006 directora de Desarrollo Humano Organizacional en el INAI.

El segundo es Sergio López Ayllón, doctor en derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución de la cual fue director general de 2013 a 2021.

En respuesta al rechazo de su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, el Presidente envió un paquete de reformas sobre seis leyes secundarias al Congreso de la Unión el seis de diciembre de 2022, las cuales fueron aprobadas por la vía rápida en horas, sin discusiones, sin cambios, por los diputados de Morena y sus aliados, el contenido de estas seis leyes contradice el texto constitucional; cuatro de ellas se encontraban en estudio por el Senado, porque Morena no alcanzó mayoría para darles “vía rápida”.

El “Plan B” integra modificaciones a seis leyes secundarias: General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); General de Partidos Políticos; General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; General en Materia de Delitos Electorales; Federal de Consulta Popular y General de Comunicación Social.


Escrito por Martín Morales


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