En febrero de 2019, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, solicitó al Gobierno Federal, durante una audiencia pública, en la que participaron empresarios, académicos y organizaciones civiles, el envío de un destacamento de la Guardia Nacional (GN) para enfrentar la violencia que se registraba en la entidad.

Hoy, los miembros de esta institución policial-militar son solo un adorno, porque la ola de violencia delictiva en Hidalgo, en vez de reducirse, ha aumentado exponencialmente en el bienio 2020-2021, como lo demuestran las estadísticas de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Mientras, el gobernador ha evadido su responsabilidad y deja todo en manos de la Guardia.

“Creo que la violencia y delincuencia han llegado a un grado tan alto que ya ni siquiera importa si hay o no presencia de la Guardia Nacional o de toda la policía en las calles porque, para los delincuentes, eso no tiene mayor problema”, declaró Santos Retana, delegado de Cantinela, Ixmiquilpan, uno de los municipios donde los hechos delictivos sobresalen.

En el primer semestre de 2020 se registraron 20 mil 641 delitos, de acuerdo con las carpetas de investigación levantadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH); pero en los primeros seis meses de 2021 hubo 21 mil 732, es decir, se registró un incremento de mil 91 delitos.

Entre éstos predominan el narcomenudeo, robo, violencia familiar y feminicidios. En el caso del primero, la incidencia en 2021 dio pie a 421 carpetas de investigación, una diferencia abismal con el número de casos reportados en enero de 2020, cuando hubo 26, en febrero, 21; en marzo, 36; en abril, 12; y en mayo, 31.

La violencia familiar también aumentó; en junio del año pasado se abrieron 579 carpetas de investigación; en mayo, 576; y en abril, 549. Los feminicidios sumaron 11 en los primeros seis meses de 2022: en enero hubo dos carpetas de investigación, una en febrero, cuatro en marzo, dos en abril, una en mayo y otra en junio.

El delito de robo repuntó con 971 carpetas de investigación en junio; 887 carpetas iniciadas en mayo; 852 en abril; mil 39 en marzo; 721 en febrero; y 706 en enero, para un total de cinco mil 176 en el primer semestre.

El robo a casa habitación se incrementó en junio, con 101 denuncias, después de que en mayo solo habían sido 33; en enero sumaron 132; en febrero, 116; en marzo, 165; y en abril, 149. El robo de automotores sumó, en el mismo lapso, mil 415; de motocicletas, 327; a transportistas, 30; a transeúntes en vía pública, 312; a conductores, 22, cinco en transporte colectivo, 29 en transporte individual y 484 a negocios.

Tras el incremento de la violencia, Fayat Meneses no se ha pronunciado ni reforzado la seguridad. Su opción es que sea la Guardia Nacional la que se haga responsable.

Morenistas, los municipios más afectados

De acuerdo con el semáforo delictivo de Hidalgo, entre los municipios más agobiados por la delincuencia –es decir, que se hallan en semáforo rojo– figuran varios gobernados por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o en coalición con otras organizaciones partidistas. Entre ellos destacan Actopan, Ixmiquilpan, Tizayuca y Mixquiahuala.

En Ixmiquilpan, considerado el corazón del Valle del Mezquital, en 202 reportó el robo de vehículos como el delito de mayor incidencia, con 20 eventos de este tipo; seguido por el 15 por violencia familiar, tres por violación, igual número de narcomenudeos, dos homicidios y un secuestro.

En esta ciudad gobierna Araceli Beltrán Contreras, representante de la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo. Desde que se inició su gestión, la edil ha sido denunciada, inclusive por los regidores de Morena, como una alcaldesa ignorante, carente de estrategia y resultados.

Hoy, Ixmiquilpan se distingue por la presencia del crimen organizado en el nivel estatal y las ejecuciones a plena luz del día, debido a que su área de seguridad pública municipal es nula; en solo seis meses de administración, el municipio ha sufrido tres cambios de jefatura policial.

Entre las más polémicas destaca la renuncia del agente Romeo Robles quien, con apenas tres meses como Secretario de Seguridad Pública (SSP), dejó el cargo debido a supuestas amenazas en su contra y a la falta de apoyo de la alcaldesa Beltrán Contreras.

La policía auxiliar permaneció acéfala durante poco más de un mes; y fue hasta el 14 de febrero cuando el Secretario de Seguridad Pública (SSP) en el Estado de Hidalgo, Mauricio Delmar, nombró a Daniel Hernández Tepetate como el nuevo encargado de la Seguridad Pública Municipal (SPP).

Pero éste no fue el único problema en ese lapso, ya que quien fungió como encargado de esta dependencia, Mario Bautista Pérez, fue llamado a comparecer por los regidores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido al gran numero de muertes violentas que comenzaron a registrarse en esa región del Valle del Mezquital.

Esta solicitud, sin embargo, les fue negada en una sesión de cabildo encabezada por la presidenta Araceli Beltrán Contreras, quien contó con el respaldo de los regidores de los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza Social (PNAS).

Esta confrontación interna en el ayuntamiento de Ixmiquilpan provocó que el gobierno municipal, en coordinación con la SSP de la administración estatal, decidieran que la seguridad pública del municipio quedara a cargo de una corporación conjunta integrada por elementos de la policía auxiliar, la estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

“Aquí lo que realmente importa es que los grupos delictivos están mejor armados y equipados que nuestra policía, o incluso más que los propios militares, entonces cómo se supone que van a poder combatir con ellos, si no tienen como hacerlo”, coincidieron ciudadanos entrevistados por este semanario.

El día primero de enero de 2022, comandos armados ejecutaron a dos personas en ataques simultáneos en los barrios la Reforma y el Fitzhi. En el primer sitio, un grupo de sujetos ingresó al bar El Torito donde rafaguearon al jefe de meseros del lugar; y en el Fitzhi, otro comando disparó contra un joven que caminaba por una de las calles.

El pasado 22 de enero, solo una veintena de días después, fueron ejecutadas, a plena luz del día, tres personas que se encontraban en una mueblería del barrio de San Antonio, a menos de medio kilómetro de la plaza central de Ixmiquilpan.

“Recibimos unos mensajes vía WhatsApp en los que ya nos amenazaron con atacarnos con armas si el dueño del local no entregaba 100 mil pesos de inicio y una mensualidad de tres mil pesos por protección”, reveló una joven empleada de la taquería, cuya identidad se omite para evitar represalias en su contra.

A estos hechos se suman otros tantos en los que presuntos delincuentes del crimen organizado han buscado obtener dinero de los comerciantes con base en amenazas de muerte. Esto trajo como consecuencia que los líderes de tianguistas, panaderos, tablajeros, comerciantes del mercado público municipal, entre otros, exigieran resguardo físico a las autoridades del municipio. Gracias a ello, aunque de manera aleatoria, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional realizan rondines y recorridos en las áreas comerciales.

“Necesitamos seguridad, porque la delincuencia ahora realiza ejecuciones a plena luz de día y en zonas céntricas, esto además de generar inseguridad y miedo también nos afecta directamente en nuestras ventas, porque la gente ya no quiere salir como antes “aseguró en entrevista con buzos Tomas Cruz, presidente de la Unión de Uniones (UU).

En Actopan, los ciudadanos se defienden

Actopan, gobernada por la morenista Tatiana Ángeles Moreno, es otro de los municipios hidalguenses con violencia elevada. En octubre de 2021, los principales delitos fueron el robo de vehículo, con 16 reportados; la violencia familiar sumó 14, siete fueron los robos a negocios y cinco las violaciones.

En su comparecencia, el director de SPP, Roberto García Vite, reconoció que el mayor foco de atracción es el robo de autos, pues solo de enero a diciembre del año pasado hubo 98 quejas ciudadanas.

García Vite reveló que uno de los factores con mayor incidencia en este delito son la no denuncia y la falta de seguimiento a las denuncias que interponen las víctimas; ya que la mayoría de quienes cometen este delito jamás son requeridos por la justicia o salen en libertad muy pronto porque sus acusadores no siguen el proceso legal en su contra con la debida atingencia.

Apenas el 24 de enero, los pobladores de la comunidad de Dos Cerros lograron detener a dos presuntos delincuentes cuando intentaban huir a bordo de una camioneta robada y los entregaron a policías estatales. Sin embargo, tres días después, los imputados fueron liberados; y cuando la población advirtió esto se enardeció, los volvió a capturar, pero esta vez los amarró en el centro del municipio, los golpeó y los desnudó para exhibirlos ante la sociedad.

Además, la comunidad los obligó a declarar todo lo relacionado con su forma de operar. En su confesión revelaron la relación de complicidad que tienen con la policial estatal; después fueron a las oficinas de ésta e incendiaron sus instalaciones; posteriormente fueron a la presidencia municipal para exigir ser atendidos por la alcaldesa Tatiana Ángeles Moreno, quien dialogó con los quejosos, incluso los acompañó ante el Ministerio Público para levantar las denuncias.

Entrevistado por buzos, Óscar Ramírez, líder de los comerciantes en la región, aseveró que la inseguridad pública en Actopan se debe a la inadecuada estrategia de las autoridades municipales, a quienes calificó de incompetentes porque ni siquiera pueden evitar el alto índice de robos de vehículos, la corrupción de algunos funcionarios públicos y la elevada incidencia de drogadicción que presentan los jóvenes de la ciudad.

También destacó que la mayoría de las capturas de robacoches se da gracias a la coordinación y comunicación entre los comerciantes y la población. “Los rateros han sido detenidos porque a través de nuestros grupos de WhatsApp nos avisan de los hechos y entonces nos coordinamos todos para atraparlos sin que logren escapar”.

Mixquiahuala, otro foco rojo

Mixquiahuala, gobernada por el alcalde Ramón Amieva Gálvez, también de extracción morenista, ha incumplido con sus compromisos a la comunidad. Datos del portal del semáforo delictivo en Hidalgo informan que la violencia familiar se coloca en el primer lugar, pues en octubre de 2021 se registraron 11 denuncias por este delito y en diciembre, 12. En noviembre hubo denuncias de robos a casas-habitación, a negocio y dos homicidios.

El 25 de octubre, Víctor “N”, director de Protección Civil Municipal, fue vinculado a proceso por el delito de violación contra una menor de 15 años que prestaba su servicio social en Cruz Ámbar, una institución a cargo del imputado. La denuncia fue interpuesta por los padres de la menor.

Según el semáforo delictivo, en octubre de 2021, el municipio con mayor porcentaje delictivo en Hidalgo fue Tizayuca, localidad que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es el cuarto municipio más poblado de la entidad, factor relevante en la incidencia delictiva.

Solo en octubre del año pasado hubo en Tizayuca cuatro homicidios, 27 casos de robo a vehículo, 17 de robo a casa-habitación, 14 de robo a negocio, 46 por lesiones, cuatro por violación y 66 por violencia familiar, cifras que lo ubicaron como el municipio más peligroso, porque en esa demarcación se cometen siete de los 11 delitos contemplados para definir tal clasificación.

Tizayuca es otro de los municipios donde Morena obtuvo el triunfo con Susana Ángeles Quezada quien, prácticamente desde el inicio de su administración, se ha ganado la antipatía de los pobladores por la frecuencia con que ocurren actos delictivos, entre los destacan robos a casa habitación, a negocios y a transeúntes.

La mayoría de los afectados se quejan, además, de que Quezada no atiende sus peticiones y no cuenta con una estrategia viable para hacer frente a la delincuencia. En esto se parece mucho al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en cuya administración, hasta ahora, han asesinado a 105 mil 794 personas, según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En estas cifras se incluyen los casos clasificados como homicidio doloso, que son 102 mil 820 y los feminicidios, dos mil 974. En el gobierno de AMLO se ha cometido un 74 por ciento más de delitos que los producidos en el mismo lapso del sexenio de Enrique Peña Nieto y 123 por ciento más con respecto al de Felipe Calderón Hinojosa.

Cada administración ha enfrentado la violencia de manera distinta. Calderón y Peña enfrentaron abiertamente a los cárteles de la delincuencia organizada y AMLO ha optado por su política de “abrazos, no balazos”, que no ha funcionado, como evidencian los resultados durante los más de tres años de su mandato.

En su II Informe de Gobierno, AMLO rechazó que esté militarizando al país; aseguró que ha logrado bajar en 0.07 por ciento el delito de homicidio doloso, e insistió en defender su estrategia porque considera que la fórmula correcta para evitar la violencia consiste en atender las causas sociales que la generan; pero la realidad muestra “otros datos”.