La consulta ciudadana del próximo 10 de abril no se hará realmente para “revocar” el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sino para que sea “ratificado” o avalado por sus seguidores y que continúe alimentando su megalomanía y ocurrencias en lo que resta del sexenio.

La “revocación de mandato” convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE) es solo una farsa de consulta cívica colmada de irregularidades y no será una verdadera expresión de la democracia representativa porque, en su promoción, participan diputados y senadores morenistas, secretarios del propio Presidente y otros funcionarios públicos en clara violación de la legislación electoral.

Inicialmente, el INE pidió posponer la convocatoria a la consulta de revocación porque la Cámara de Diputados, con mayoría legislativa del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recortó dos mil 554 millones de pesos (mdp) a los gastos destinados a este proceso en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, dejándolos en solo mil 275 mdp, monto insuficiente.

El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello había solicitado a los legisladores tres mil 830 mdp para organizar la consulta conforme a lo dispuesto en la ley; pero después del recorte aplicado el 10 de diciembre, el INE ajustó su proyecto de gasto a esa cantidad y le sumó 227 mdp de sus ahorros hasta completar mil 703 mdp.

En todo momento, el Presidente ha acusado a Córdova Vianello y a los consejeros del INE de obstaculizar la revocación de mandato; y en una ocasión los criticó de percibir sueldos muy elevados: “Todos los consejeros y el presidente del INE ganan el doble de lo que yo gano y tienen muchísimas prestaciones”.

A mediados de diciembre del año pasado, el INE intentó posponer la consulta, pero la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional para evitarlo. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el trámite y las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, quienes presidieron la Comisión de Receso, aceptaron la controversia e instruyeron al INE para que organizara la consulta.

El 22 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, promovió otra controversia constitucional ante la SJCN en el mismo sentido y ésta ordenó reponer el procedimiento.

Tras el embate contra el INE, partidos políticos, académicos e integrantes de la sociedad civil respaldaron al consejero presidente. En un posicionamiento público, la Barra Mexicana de Abogados afirmó que las denuncias de los dirigentes y legisladores de Morena “constituyen un acto de intimidación, una amenaza y un ataque injustificado a la autonomía de la institución (INE)”.

Es solo propaganda política

En su conferencia de prensa del 27 de marzo, AMLO festinó la decisión de la Corte y recordó que la revocación de mandato queda establecida en la Constitución “que es la ley de leyes”. Y como no había veda electoral, invitó a los electores a participar en la consulta, además de que denunció que el INE no difundía la consulta ni convocaba a los ciudadanos para que acudieran a las urnas el próximo 10 de abril.

“Es el ejercicio más importante de todos. Ya lo hemos dicho, es el pueblo el que decide y es muy importante; primero porque se reafirma la democracia, porque democracia es el poder del pueblo, se reafirma el principio constitucional, se reafirma el criterio de que el pueblo es el que manda, el soberano, el que manda; y se reafirma el principio de la democracia participativa para que el pueblo sea, en todo momento el que decida”, argumentó.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y director de Integralia Consultores, reveló que la consulta de revocación de mandato del Presidente es un “ejercicio de propaganda política”. Desde su perspectiva, el ejercicio de la consulta popular contemplada en la Constitución ha sido tergiversado por Morena y el propio Mandatario.

“Después de deformar un ejercicio de consulta de revocación para convertirlo en propaganda de ratificación, en las últimas semanas se gesta –desde el mismo gobierno, el Congreso y el partido oficial– un abierto desacato a las reglas electorales de la consulta”, escribió en un artículo publicado en El Financiero titulado Crece el engaño de la consulta de revocación.

El especialista afirma sus objeciones a ésta en siete puntos. En el primero recuerda que la “revocación es un derecho de los agraviados. No obstante, es claro que se ha convertido en la fiesta de los porristas del Presidente: ellos recopilaron las firmas, ellos promueven el voto y ellos han convertido un derecho en propaganda política”.

Destaca además que la revocación es un ejercicio ciudadano y que por ello se prohíbe que los gobiernos y los partidos la promuevan. “Pero desde el primer día ha sido Morena el gran promotor del ejercicio mediante la asociación civil Que siga la democracia, una agrupación que coordina Gabriela Jiménez Godoy, candidata a diputada federal por Morena en 2021”.

Por ello, Ugalde advierte que “la actitud más responsable desde el punto de vista democrático es abstenerse de participar en la consulta. La única forma de combatir la violación al marco legal y las provocaciones de Morena y del gobierno es darle la espalda a este ejercicio de propaganda política. Las urnas vacías serán la mejor señal de que, ante el engaño, es mejor la abstención”.

En el mismo sentido se pronunció el académico Ricardo Raphael mediante el diario estadounidense The Washington Post: “lo que comenzó mal puede terminar peor. Un ejercicio democrático que debía potenciar los derechos ciudadanos podría naufragar con estrépito porque, desde su nacimiento, está plagado de irregularidades.

Luego cuestiona: “¿dónde se torció la revocación? Una respuesta simple llevaría a decir que desde el momento en que las personas que la promovieron no querían una revocación de mandato presidencial, sino su ratificación”.

Pero no solo expertos en temas electorales han criticado la consulta. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que la consulta del 10 de abril es una violación al Artículo 40° Constitucional. En resumen, enfatizó: “es una farsa, es un circo” y previó que la militancia de su partido no acudirá a votar.

En una rueda de prensa que compartió con los presidentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el priista denunció que la consulta para ratificar al Presidente sirve para distraer a la ciudadanía de los grandes problemas que aquejan al país.

“Morena es una tragedia y una desgracia para México. No hay crecimiento económico, no hay apoyo para el tema de medicamentos; desaparecieron las escuelas de tiempo completo y al final del día es un gran golpe a las familias mexicanas”, refirió el pasado 28 de marzo.

AMLO se queda gane o pierda

En diciembre de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se “declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato”.

El Presidente anunció, en esos días, que dejaría el cargo si la consulta del 10 de abril no logra la participación del 40 por ciento de la lista nominal, como lo estipula la ley para que sea vinculatoria y agregó, asimismo, que promovería una reforma legal para reducirla al 30 por ciento.

“Si no se llega al 40 por ciento, no tiene carácter vinculatorio, aunque se diga que se vaya el Presidente, si el Presidente dice no me voy, no se iría porque no se llegó al 40 por ciento de los ciudadanos. En mi caso, aunque no se llegue al 40 por ciento, porque es mi compromiso, aunque no llegue al 40 y pierdo, si la gente dice que me vaya, me voy, porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo y menos cuando se está llevando una transformación; si no se tiene el apoyo del pueblo, no se puede hacer nada, lo tumban a uno, entonces para qué estar sin hacer nada”, reconoció.

Sin embargo, es difícil que se dé este escenario debido a que la legislación vigente no lo prevé; a que el objetivo político de la consulta es “ratificarlo” y, sobre todo, a que los morenistas no lo dejarían que se fuera a La Chingada, su rancho en Palenque, Chiapas.

El Artículo 60° del Capítulo VII de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada en el DOF, estipula: “Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo, cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación”.

Una vez ratificado por el Tribunal, se procederá a aplicar el Artículo 84° de la Constitución, el cual afirma que “En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al Presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”.

En este caso, quien asumiría la Presidencia provisional sería el morenista Adán Augusto López, gobernador con licencia de Tabasco, estado natal de AMLO; pero si la ausencia derivara de la consulta de revocación de mandato, el interinato le correspondería al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien actualmente es el también morenista Sergio Gutiérrez Luna.

“En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional”, advierte el mismo Artículo de la Ley de Revocación de Mandato.

El Registro Nacional de Electores (RNE) enlista hoy a 92 millones 823 mil 216 ciudadanos y para que el 40 por ciento de éstos logre hacer vinculatoria la consulta tendrán que acudir a las urnas 37 millones 129 mil 286 mexicanos y para enviar a descansar a su rancho al Presidente, según la Ley Federal de Revocación de Mandato, se requiere que vote en su contra el 50 por ciento de esos 37 millones de ciudadanos.

La boleta que el 10 de abril se entregará a los electores contendrá esta pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Las opciones de respuesta serán: “A) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. B) Que siga en la Presidencia de la República”.

Con respecto a los resultados, Luis Carlos Ugalde prevé dos escenarios. En uno es posible esperar que la noche del 10 de abril el Presidente, en el supuesto de que no se logre el 40 por ciento de participación ciudadana, salga a dar un mensaje en cadena nacional para decir al pueblo que éste tiene la última palabra con el fin de decidir que presente su renuncia y se marche.

“Pero, ¿ustedes creen que eso fuera posible? ¿Que el Presidente, quien nunca en su vida ha aceptado una derrota, en esta ocasión lo haga?”, preguntó Ugalde, quien en una mesa de análisis organizada por El Financiero propuso un segundo escenario:

“Desde las siete de la noche, seguidores de Morena empezarán a aglutinarse en el Zócalo de la Ciudad de México, que para cuando salga el consejero del INE a anunciar la votación, haya gritos de furia, gritos de fraude y la plaza esté llena con 600 mil personas (...) se atrinchera el Presidente de la República, denuncia fraude electoral del INE y entramos en un proceso de crisis política constitucional”.

Los morenistas pisotean la Ley

El analista insiste en que los morenistas, desde un principio, han estado violando los derechos constitucionales de millones de mexicanos cuando avalaron que AMLO se encaprichara en aplicar la Ley de Revocación de Mandato en su sexenio, ya que solo debía ser ejercida después de 2024.

De acuerdo con el Artículo 14° de la Constitución “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Por ello, una de las “víctimas” de este atropello a la ley es el propio Presidente, toda vez que la primera consulta debió ser posterior a las elecciones de 2024. Pero hay otra violación más: su promoción o demanda corresponde a los ciudadanos inconformes con titular del Ejecutivo Federal.

El hecho de que el propio AMLO, sus secretarios de despacho, otros funcionarios públicos y los correligionarios de Morena sean los más interesados en la consulta, además de sospechoso, es claramente violatorio de la legislación específica y otras regulaciones; porque para promoverla, incluso dieron un “albazo legislativo”, interpretaron a su modo aquélla y la publicaron en el DOF el pasado 17 de marzo, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la “echó para atrás”.

En la última etapa rumbo al 10 de abril, en las principales ciudades del país “aparecieron” cientos de anuncios espectaculares con la difusión de la imagen del Presidente y la frase “que siga”, otra violación más a la veda electoral. Mario Delgado y otros morenistas aseguraron que los espectaculares los habían pagado los “ciudadanos”, argumento nada creíble. La Comisión de Quejas del INE identificó que en 278 estructuras se colocaron espectaculares cuya renta es de varios miles de pesos, por lo que fijó un plazo de 72 horas a los propietarios de dichos espacios publicitarios que para informaran sobre los contratos y aclararan el origen de los recursos. Sin embargo, la Unidad de los Contencioso sigue a la espera la documentación solicitada.

A todas estas irregularidades hay que sumar dos actos de corrupción de extrema gravedad: el primero, que cerca del 25 por ciento de las firmas ciudadanas para demandar la consulta para la revocación del mandato de AMLO fueron rechazadas porque eran falsas, pero aun así superaron el monto mínimo legal exigido por la ley, que en números redondos era de tres millones de ciudadanos.

Y el segundo: que el mismo presidente de Morena, Mario Delgado y los funcionarios públicos del gobierno de AMLO han condicionado la entrega de las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes y el dinero público que se entrega a través de otros programas sociales, a la participación en la consulta ciudadana del próximo 10 de abril, como consta en redes sociales y en la publicidad morenistas.