Expertos analistas hablan esta semana en buzos acerca de la propuesta de reforma constitucional electoral de AMLO, su “Plan B” y el objetivo de continuar a como dé lugar en el poder durante el próximo sexenio; objetivo que se transparenta en la tenaz campaña contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y la iniciativa de reforma constitucional enviada al Poder Legislativo; ambas operaciones persiguen lo mismo: asegurar a toda costa la Presidencia en 2024 y continuar al mando del país.

Unos analistas muestran el carácter antidemocrático de la iniciativa morenista; otros demuestran la inconstitucionalidad de la misma; algunos comparan esta reforma con las que se han realizado desde el último tercio del Siglo XX hasta principios del XXI y señalan que las reformas electorales siempre fueron enviadas por acuerdo de los partidos contendientes, que en esta ocasión es el Poder Ejecutivo quien envía la propuesta y afirman que se trata de una imposición. Finalmente, los estudiosos de la trayectoria de AMLO y su partido califican la combinación de la feroz campaña contra el INE y la reforma electoral como una maniobra política para retener el poder en sus manos. Estos observadores concluyen que el partido en el poder está dispuesto a llevar a la práctica un viejo y conocido lema, pero con un nuevo sujeto: “¡Morena nunca pierde y cuando pierde, arrebata!”.

Durante más de cuatro años, los morenistas se han preparado para ese momento decisivo: desarrollaron una campaña electoral permanente desde el primer día de su llegada al poder; no vacilaron en atropellar las normas constitucionales que regulan toda actividad electoral; utilizaron los medios de comunicación como instrumento oficial publicitario con el disfraz de conferencias de prensa del Presidente para bombardear a sus adversarios políticos; y usaron combinadamente las facultades del Ejecutivo con la mayoría en el Poder Legislativo para reformar las leyes.

Con esta acción combinada se trata de sacar adelante la reforma electoral morenista aplicando todos los artilugios posibles e instrumentando un “Plan B” para el caso de no ser aprobada la iniciativa en el Poder Legislativo. Leída con un poco de cuidado, tal iniciativa revela que, de aprobarse, el INE, o cualquier nuevo órgano electoral, quedaría en manos del partido en el poder, pues los integrantes serían designados por éste y los procesos electorales, por tanto, quedarían bajo su jurisdicción.

Los analistas afirman que AMLO y su partido se han venido preparando, y están listos, para aplicar los mismos métodos que han usado durante décadas para desconocer el triunfo ajeno en caso de que la iniciativa presidencial no fuera aprobada en el Congreso de la Unión; que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarara inconstitucional o que Morena resultara perdedor en las próximas elecciones. Y habrá que añadir que ahora los perdedores tienen en sus manos la Presidencia de la República, que AMLO ha privilegiado al Ejército y puesto bajo su mando a la Guardia Nacional; y que en 2024 su partido ya no sería el mismo perdedor de sexenios anteriores porque ahora él es un jefe de Estado poderoso y autoritario capaz de arrebatar el triunfo a cualquiera.