Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirmó el pasado 15 de diciembre que concluirá este año con al menos 90 denuncias contra autoridades que violentaron los derechos de los ciudadanos pertenecientes al estado de Veracruz.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha estado en tendencia debido a la reciente persecución política que ha desatado en contra del líder social de esa entidad, Samuel Aguirre, perteneciente al Movimiento Antorchista.
Debido a que dicho movimiento le ha exigido resultados de su gobierno, en beneficio de los más pobres, así como la resolución de las demandas de cientos de veracruzanos, el gobernador del estado desencadenó una persecución política en contra del dirigente, ya que realizó una maniobra en la que falsificó la firma de Samuel Aguirre para culparlo de fraude y meterlo a la cárcel.
A principios de este mes, la organización no gubernamental Resistencia Ciudadana Xalapeña, que ofrece asesoría jurídica, denunció que cada semana recibe entre 150 y 200 reportes de detenciones bajo la imputación de “ultraje a la autoridad” en todo Veracruz.
Lo anterior, debido a que el gobernador García Jiménez mandó a arreglar la ley para que lo respeten. En febrero pasado, ordenó reformar el Código Penal del estado de Veracruz para endurecer el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual castiga las “amenazas” o agresiones a los servidores públicos. La mayoría morenista de la legislatura local obedeció.
Desde entonces, a la autoridad no se le ofende en Veracruz, y menos al gobernador. Quienes desobedecen pueden pagar su atrevimiento hasta con siete años de prisión, más el periodo en que las instancias judiciales procesen la sentencia.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Redacción