La oposición asegura que, con una “trampa”, regresa la retroactividad de la reforma, pues la ley se aplicará a juicios en proceso.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirmó el pasado 15 de diciembre que concluirá este año con al menos 90 denuncias contra autoridades que violentaron los derechos de los ciudadanos pertenecientes al estado de Veracruz.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha estado en tendencia debido a la reciente persecución política que ha desatado en contra del líder social de esa entidad, Samuel Aguirre, perteneciente al Movimiento Antorchista.
Debido a que dicho movimiento le ha exigido resultados de su gobierno, en beneficio de los más pobres, así como la resolución de las demandas de cientos de veracruzanos, el gobernador del estado desencadenó una persecución política en contra del dirigente, ya que realizó una maniobra en la que falsificó la firma de Samuel Aguirre para culparlo de fraude y meterlo a la cárcel.
A principios de este mes, la organización no gubernamental Resistencia Ciudadana Xalapeña, que ofrece asesoría jurídica, denunció que cada semana recibe entre 150 y 200 reportes de detenciones bajo la imputación de “ultraje a la autoridad” en todo Veracruz.
Lo anterior, debido a que el gobernador García Jiménez mandó a arreglar la ley para que lo respeten. En febrero pasado, ordenó reformar el Código Penal del estado de Veracruz para endurecer el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual castiga las “amenazas” o agresiones a los servidores públicos. La mayoría morenista de la legislatura local obedeció.
Desde entonces, a la autoridad no se le ofende en Veracruz, y menos al gobernador. Quienes desobedecen pueden pagar su atrevimiento hasta con siete años de prisión, más el periodo en que las instancias judiciales procesen la sentencia.
La oposición asegura que, con una “trampa”, regresa la retroactividad de la reforma, pues la ley se aplicará a juicios en proceso.
José María Tapia Franco, exsenador del PRI, se unió a Morena y se postuló como candidato a la alcaldía de Querétaro por coalición.
La iniciativa no incluye acciones para castigar a los responsables de este delito ni menciona los 177 mil millones de pesos presuntamente desviados.
“Un polo industrial sin un entorno económico que demande sus productos termina siendo sólo un negocio inmobiliario”: Vázquez Handall.
Se emitieron 369 resoluciones, de las cuales 164, equivalentes a 44.4 por ciento, resultaron con sanciones.
La denuncia fue interpuesta ante el INE y exige suspender los eventos realizador por la presidenta toda vez que utiliza recursos públicos para llevarlos a cabo.
Tres presidentes de las comisiones encargadas se rebelaron contra la imposición de la retroactividad en la reforma de propuesta por Sheinbaum.
Internautas demandan sanciones para el coordinador de Morena.
El balance del primer año refleja avances limitados en la inversión energética y en el impulso de un crecimiento económico sostenido.
Se requieren alrededor de 1.2 millones de nuevos empleos al año para reducir la informalidad.
En 2024, el 57.6 por ciento de las personas acudió a estos centros, mientras que solo el 40.6 por ciento recibió atención en instituciones públicas.
Desde que llegó Morena al gobierno la deuda en México se duplicó, asegura la oposición.
Por consenso se concretó el nombramiento para el segundo año de la LXVI Legislatura.
Los magistrados y jueces rendirán protesta de manera escalonada cada media hora, desde las 19:30 horas y hasta las 23:00 horas.
Además de la elección de Castillo Juárez, Morena definió a las demás integrantes de la Mesa Directiva.
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Escrito por Redacción