Los diputados de oposición en San Lázaro coincidieron que la reforma aprobada por Morena y sus aliados atenta contra la división de poderes y los pesos constitucionales.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks planteó que la reforma representa la corrupción de algunos miembros de los tres poderes para violar la Carta Magna y, advirtió, se podría hundir el Poder Judicial. Además, daría paso al gobierno de un solo hombre.

“Estaríamos ante una imposición del Ejecutivo en favor del presidente de la Suprema Corte”, remarcó.

Por el PRI, el diputado Enrique Ochoa Reza expuso que la Constitución está por arriba de las leyes secundarias. “Discutimos una transformación a esta ley para mejorar la impartición de justicia en nuestro país, o bien viviremos una noche de profunda oscuridad en la historia del parlamento mexicano”, dijo.

¿La que va a discutir las leyes que van a fortalecer el Poder Judicial de la Federación o el artículo transitorio que va a minar la credibilidad de la democracia mexicana? La decisión está en todas y todos nosotros. Hagamos lo correcto por la patria”, expuso.

Adriana Gabriela Medina Ortíz, de Movimiento Ciudadano, expresó que el problema del dictamen no solo es el transitorio, el cual deja ver una mentalidad poco democrática y sin visión de Estado, sino que es una reforma no para el Poder Judicial, sino para el ministro presidente de la Suprema Corte.

En el caso del Encuentro Social (PES), que es aliado de Morena y del presidente López Obrador en voz del diputado Edgar Guzmán Valdéz voto en contra de la reforma, “no podemos hacer leyes con dedicatoria y permitir no respetar la Carta Magna. Hagamos honor a ese juramento y quitemos este artículo 13°. De no hacerlo, estaríamos violentando la supremacía constitucional, pues un artículo transitorio no puede modificar el periodo para el cargo de Presidente de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aclaró.

Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez señaló que “la disposición que se pretende aprobar contenida en un transitorio viola flagrantemente la Constitución”. Esta reforma “de manera vergonzante establece la ampliación de ese plazo constitucional por dos años más”.