El juicio de amparo es un medio por el cual, el ciudadano común puede defenderse de cualquier norma, acto u omisión de las autoridades, que viole sus derechos humanos. Este juicio parte del principio de que, por encima de cualquier acto de autoridad, debe prevalecer siempre nuestra Constitución, por lo que nada que contravenga los derechos y principios que en ella se contienen, puede tener cabida en nuestro sistema jurídico. 

Durante el gobierno del presidente López Obrador, con la violación recurrente de derechos humanos y principios constitucionales, el juicio de amparo ha cobrado mayor relevancia como arma para resistir e impugnar las decisiones de su gobierno que han perjudicado derechos como la salud, los derechos de la niñez, el medio ambiente sano, entre otros. Así, supimos del trámite de amparos para combatir el cierre de las estancias infantiles, la falta de entrega de medicamentos a personas con cáncer, etc. Esto llamó la atención del presidente y, como es su costumbre, cuando se refirió a los cientos de amparos que se tramitaron en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia, los calificó de “sabotaje legal” orquestado por sus adversarios, “tácticas dilatorias”, “chicanadas” y “amparos a modo”. Tanto le molestó el asunto que los senadores morenistas amenazaron con reformar la Ley de Amparo para evitar que, con estos juicios, se bloquearan las obras del gobierno federal. 

A pesar de ello, la ciudadanía ha insistido en defenderse con amparos para impugnar varios actos del gobierno de la Cuarta Transformación: el acuerdo emitido por el CENACE contra las energías renovables; la omisión de la Secretaría de Salud de entregar insumos y equipos adecuados para el personal médico que atiende a los enfermos de covid-19; incluso, contra la construcción del Tren Maya, que amenaza con destruir miles de hectáreas de selva y vestigios arqueológicos en el sureste del país. Dichos trámites son valiosos y se deben mencionar puesto que, a pesar de las hostilidades existentes por parte del Ejecutivo contra el Poder Judicial, varios jueces que han conocido de estos amparos han emitido suspensiones y han paralizado, aunque temporalmente, la construcción del aeropuerto, algunos tramos del Tren Maya y han obligado a las autoridades federales a entregar medicamentos e insumos mientras se resuelven los juicios, en definitiva. 

Desde luego que, por estas resoluciones, no podemos afirmar que el Poder Judicial sea ya un verdadero contrapeso, pues falta conocer las sentencias definitivas que se emitan en los amparos enunciados y ver si realmente alguna de ellas invalida los actos del gobierno federal que vulneran derechos humanos. Pero la existencia de los mecanismos y facultades para hacerlo, el papel de garante del sistema constitucional que los jueces deben jugar; y el empuje de la ciudadanía, deben llevar a que, en estos tiempos donde el gobierno desprecia la ley y las instituciones, se hacen leyes a modo para materializar caprichos presidenciales, y donde todos los días se atropellan derechos fundamentales, el Poder Judicial  sea verdadero freno a los excesos de lo que hoy en México, ya se asoma como una verdadera dictadura.