Engañosamente nos venden la idea de que México tiene un enorme gasto público y social, pero en la realidad esta tesis no se sostiene. En 2020, el gasto público (porcentaje del PIB) de algunos países fue: Francia, 62.1; Finlandia, 56.7; Canadá, 52.4; España, 52.3; en México, apenas 29.1 (Banco Mundial 2020). En gasto social (OCDE): Francia, 31.2; Dinamarca, 28; Alemania, 25.1; Estados Unidos, 18.7; Chile, 10.9; México, 7.5 por ciento. La Jornada, periódico defensor de la 4T, publicó el 26 de noviembre pasado: “México es el país con menor gasto social entre los países de la (…) OCDE, incluso por debajo de otros países de América Latina como Chile, Colombia y Costa Rica, reportó el organismo. El gasto público de México en pensiones, servicios de salud, de sistemas de cuidado a infantes, a desempleados, a educación, entre otros, alcanzó 7.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), menos de la mitad del promedio de 20 por ciento en la OCDE”. Expansión. Datosmacro señala: “En 2020 el gasto público per cápita en México, fue de 2,454 dólares por habitante. En 2019 fue de 2,603 dólares (…) ha descendido en 149 dólares. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto público por persona era de 2,571 dólares (…) México se encuentra en el puesto 83 de los 190 publicados”.

Concretamente, por ejemplo, en medicinas, según el portal Dineroenimagen (16 de septiembre de 2020), en plena pandemia: “Datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 señalan que se asignaron 68 mil 407 millones a la partida de adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, lo que implicará un avance marginal de 0.1% en términos reales (…) Para el caso del IMSS, la reducción presupuestal será de 1.8% anual real (…) el recorte al gasto en medicamentos del ISSSTE, que será del orden de 2.1% (…) para el resto del sector público federal (…) una reducción de 20.3% real anual”.

En educación (El Financiero, 25 de mayo 2021): “Escuelas recibirán a los estudiantes con carencias en infraestructura para poder cumplir con medidas de higiene para evitar los contagios de COVID (…). De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se estima que para un regreso seguro a clases se requieren, al menos, 10 mil 376 millones de pesos para dotar de lavamanos a 62 mil 629 escuelas públicas básicas que no cuentan con esta infraestructura sanitaria. Para financiar esta inversión sería necesario un aumento de 1.2 por ciento en el gasto educativo de 2021, que en comparación con el Presupuesto (…) 2020 tuvo un nulo crecimiento en términos reales. En el ciclo escolar anterior, 27 por ciento de los planteles de educación básica y 22.8 por ciento de las escuelas de educación media superior carecieron de agua potable, mientras que 17.3 por ciento de las escuelas de educación básica y 15.8 por ciento de las escuelas de nivel medio superior no contaron con sanitarios. A estas carencias se suma la austeridad, ya que el presupuesto para infraestructura educativa en 2021 equivale a (…) 51.5 por ciento menos en términos reales que el asignado en 2020”. El Sol de México, 1º de agosto de 2020, dice: “El cierre del primer semestre de 2020 (…) De acuerdo con el reporte semestral del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Educación sufrió una reducción de 5.34 mil millones de pesos en su gasto, mientras que Seguridad Pública ejerció 2.84 mil millones de pesos menos de su presupuesto programado…”. La criminalidad desbordada, ¡y hay subejercicios!

Pero es falso que la austeridad se deba al combate a la corrupción: eso lo desmienten tantos casos de escándalo en las altas esferas gubernamentales. La política antes descrita es componente básico del modelo neoliberal, sobre todo en economías subdesarrolladas. “El economista Ha-Joon Chang señala como características principales del neoliberalismo (…) la reducción del gasto público (…) la reducción de impuestos a las personas más ricas con el fin de impulsar una «economía de la oferta», bajo la teoría de la filtración descendente, también conocida como «teoría del derrame»…” (2015, Economía para el 99% de la población, Buenos Aires: Debate). Chang, Ha-Joon: economista sudcoreano, profesor de la universidad de Cambridge. En su artículo Tendencias neoliberales en la reforma de la gestión pública en América Latina (Revista Gerencia y Políticas de Salud, 2007, Scielo), Teresa Gamboa Cáceres y Madelein Arellano Rodríguez escriben: “¿Cuáles son los rasgos dominantes de la modernización de la administración pública a comienzos del Siglo XXI (…) prevalece fundamentalmente la búsqueda de eficiencia y la disminución del gasto público; esto exige (…) contener el costo de la atención directa, reducir la intervención estatal y favorecer la transformación de los servicios sociales hacia modelos propios de la economía de mercado y los intereses de los grandes monopolios mundiales, con la finalidad de liberar recursos para cumplir compromisos con la deuda externa, respondiendo de esta forma a los intereses de los mercados financieros internacionales…”. Finalmente, Expansión publica (16 de julio de 2020): “Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) han advertido que la austeridad no es recomendable para la recuperación económica…”.

Tres razones fundamentales, a mi modo de entender, explican esta política de austeridad y no aplicar el régimen fiscal progresivo. Primero, para dejar hacer a las empresas libremente; un Estado débil en los países pobres conviene al capital internacional para imponer su dominio directamente, sin riesgos de interferencia de fuerzas políticas populares que, en caso de llegar al poder, puedan disponer de recursos suficientes y poderes para proteger a la sociedad y la soberanía, y distribuir el ingreso, afectando la acumulación. Los países nórdicos, de alto desarrollo humano, captan ingentes recursos, sobre todo de grandes empresas, y los aplican a la sociedad, precisamente lo que aquí se rehúye. Para no incomodar al gran capital (preocupación central del neoliberalismo) se limitan los ingresos del Estado y, consecuentemente, aumenta la deuda; al fin todo se encubre pontificando “austeridad”, esencialmente antipopular y promotora de la acumulación. Segundo, con un Estado rico en recursos, los países llamados “en desarrollo” podrían resistir con mayores probabilidades de éxito la injerencia de las potencias imperialistas, políticamente, o de los monopolios, su estructura ósea. Tercero, escamoteando recursos a la sociedad se la obliga a asumir los costos de mantener la infraestructura y operación de muchas instituciones y servicios. Todo esto encubre la prédica de “pueblo pobre, gobierno pobre”.

Absurdo sería (un retorno al pasado) ver como alternativa un gobierno obeso, sobreempleado, peso muerto para la sociedad, con una burocracia ineficiente y corrupta –una razón del fracaso del modelo ISI a finales de los setenta–. Se trata, en cambio, de que el Estado tenga la presencia, recursos y poder suficientes para atender oportuna y plenamente las necesidades sociales y salvaguardar la soberanía. Así, vale preguntarse: que todas las colonias populares tengan luz eléctrica, alumbrado público, agua potable, pavimento, banquetas, ¿es gastar “mucho”? Exigir que todas las escuelas tengan pupitres, espacios deportivos dignos, ventanas y puertas, ¿es corrupción y lujo execrable? Que al Metro se le dé mantenimiento regular, ¿es un despilfarro, exigencia de los fifís? Que todos los hospitales públicos dispongan de lo necesario, ¿es un abominable exceso neoliberal? Esa visión, franciscana solo en apariencia, en realidad raya en crimen de lesa humanidad. La paga la población, con carencias, enfermedades e inseguridad; con la vida misma.