En el último trimestre de 2022, la percepción de inseguridad en el estado de Puebla subió de 70 a 75 por ciento, índice mayor al de otras entidades con niveles más altos de violencia delictiva como Chihuahua, que registró 73 por ciento; Tamaulipas, 69 por ciento; Baja California, 66 por ciento; y la media nacional, que es de 64 por ciento.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 66.7 por ciento de los poblanos ve la inseguridad pública como el problema más grave; y casi ocho de cada 10 se sienten inseguros en la entidad.

Además, Puebla ocupa el 20° sitio en la lista de incidencia delictiva del Inegi, con 36 mil 234 denuncias; y la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que entre enero y mayo de 2023 se acumularon 348 homicidios dolosos y 497 culposos, que sumaron 845 en solo151 días. Es decir, la delincuencia ha matado a 5.5 poblanos diarios en lo que va de 2023.

En ese mismo lapso se cometieron mil 483 delitos contra la seguridad sexual, tales como abuso, acoso, hostigamiento, violación simple, violación equiparada y otros. El mes con mayor incidencia fue marzo, con 382. Los delitos contra el patrimonio de las personas fueron 17 mil 714.

Los poblanos reportaron que se sienten más inseguros cuando caminan en las calles, viajan en vehículos del transporte público o asisten a los bancos; y la encuesta del Inegi destaca que Puebla es la segunda ciudad con mayor número de habitantes que cuando salen de sus hogares no llevan consigo cosas de valor para evitar ser víctimas de robo.

El mismo estudio de opinión informó que el 69.5 por ciento de los ciudadanos de Puebla considera que la delincuencia seguirá igual y que, incluso, empeorará en los próximos 12 meses debido a la ineficacia de la estrategia en seguridad pública estatal y federal.

El peor inicio en un lustro

Las seis mil 14 carpetas de investigación levantadas en enero de este año por la comisión de delitos del fuero común han sido el peor inicio anual en ocho años; pues desplazaron a las cinco mil 897 de enero de 2022. La misma FGE reveló que en esos primeros 31 días se registró “algún delito cada cuatro minutos”.

En febrero de 2023, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, difundió la estrategia de “Paz, Seguridad y Justicia”, que incluyó un aumento del 10 por ciento en los salarios a los elementos de seguridad pública del estado y del 12 por ciento para compensaciones.

Sin embargo, el recorte de 108 mil millones de pesos (mdp) de las aportaciones federales a estados y municipios representó la mayor reducción presupuestal para Puebla en una década; ya que, en 2021, perdió 5.5 por ciento de sus ingresos. Los municipios no pudieron fortalecer su capacidad de respuesta a las demandas de educación, salud, infraestructura básica y seguridad.

El alza en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) elevó el costo de los intereses que el sector público –Gobierno Federal, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), banca de desarrollo, entre otras instancias– paga por su deuda; y los estados y sus municipios pagaron las consecuencias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reajustó sus proyecciones para el pago del costo financiero del sector público en 2023 y determinó que éste se incrementará en 21 mil 200 mdp, en comparación al aprobado en el Paquete Económico a finales del año pasado. A este aumento hay que sumarle el alza del 30 por ciento en el costo financiero aprobado.

Los 23 mil 515 mdp que les descontarán a los estados este año, representan dos por ciento del monto total que se les asignó originalmente en participaciones federales, de acuerdo con los Precriterios. El monto total pasó de mil 220 billones de pesos a mil 196 billones.

El descuento es cercano al presupuesto que se espera al cierre del año para el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, con 23 mil 90 mdp; al que destina la Secretaría de Marina (Semar) para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales, que es de 21 mil 592 millones; o al de la Secretaría de Protección Ciudadana (SPC) para la administración del Sistema Federal Penitenciario, que es de 21 mil 994 mdp.

Las participaciones federales representan casi el 80 por ciento de los ingresos de los gobiernos estatales y municipales; ya que los impuestos locales son pocos y mínimos, entre ellos el predial, revela el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Antes esta situación, el gobernador Céspedes Peregrina demandó a los alcaldes de los 217 municipios de la entidad a que se destinaran más recursos en seguridad pública a cambio de que el gobierno estatal invierta en proyectos de infraestructura básica para sus territorios.

“Les pedí su apoyo y compromiso, y les pedí que invirtieran por lo menos el 25 por ciento de los recursos municipales en seguridad pública, porque estoy seguro de que para la ciudadanía es importante la infraestructura, el baile también; pero es más importante la paz y la tranquilidad de las familias”, declaró el titular del Ejecutivo local.

Asimismo se comprometió a que las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y Gobernación (Segob) crearán la Unidad de Análisis Seguimiento y Vigilancia a Policías Municipales, que realizaría visitas itinerantes a los ayuntamientos para evaluar sus trabajos, y si cumplen su compromiso de aplicar el 25 por ciento de su presupuesto en materia de seguridad y prevención del delito.

También les recordó que recientemente se firmó el convenio del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) con la Federación, a través del cual ambos gobiernos destinarán 87 millones 459 mil 956 pesos al reforzamiento de las policías municipales.

Pero el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, reconoció públicamente que el nuevo departamento funcionará con el presupuesto que actualmente tiene; que “no habrá ningún egreso extraordinario” y que será el personal de esta secretaría el que cumpla con las funciones de la “unidad de vigilancia”.

Todo esto, que se suma a los recortes presupuestales, sugiere que la seguridad pública no aparece en las prioridades de los gobiernos estatal y federal morenistas, ya que condicionan los gastos de educación, vivienda, salud y otras necesidades básicas para forzar a los municipios a que inviertan en seguridad.

Tal estrategia no es la indicada para robustecer la seguridad en los municipios poblanos, ya que de los tres niveles de gobierno son los que menos recursos financieros tienen y los que más atados de manos se hallan frente a sus pares institucionales del estado y los delincuentes comunes u organizados.