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Reportaje
Inundaciones: una tragedia por negligencia y respuesta gubernamental tardía
El paso de las tormentas Jerry y Raymond dejaron estragos en decenas de municipios sobre los estados completos de Veracruz, Puebla e Hidalgo.


El paso de las tormentas Jerry y Raymond dejaron estragos en decenas de municipios sobre los estados completos de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Ríos desbordados, deslaves de laderas e inundaciones afectaron a miles de personas como resultado de las lluvias que se intensificaron durante la madrugada del viernes 10 de octubre; en tanto, la respuesta de las autoridades federales resultó lenta, como lo aseguraron cientos de damnificados.

No hubo advertencia ni alerta. La tragedia golpeó sin tregua: ríos desbordados, deslaves, postes y árboles caídos, lluvias torrenciales que, durante varios días, inundaron y oscurecieron la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla; en Poza Rica, Veracruz y en la Sierra Otomí-Tepehua y Sierra Alta de Hidalgo.

“Nos quedamos sin nada”, lamenta María del Rosario Carmona Jiménez, mientras observa los restos de su vivienda arrasada por la crecida del río Cazones. La escena en Poza Rica, al norte de Veracruz, es devastadora: casas arrancadas desde sus cimientos, vehículos incrustados en techos y calles convertidas en lodazales. Colonias como Las Granjas, Morelos, Ignacio de la Llave, Palma Sola y 27 de Septiembre parecen zonas de guerra, narran los damnificados.

El nivel del agua alcanzó hasta nueve metros de altura, atrapando a familias en sus hogares; algunas lograron salir, otras fallecieron. Los damnificados señalan que el desfogue de presas como Necaxa, Tehuipango, Nexapa y especialmente La Soledad –administrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– contribuyó al desastre.

“La cantidad de lluvia no era para que las afectaciones fueran mayores que las de 1999. Hubo mano del hombre en esta desgracia”, reveló el meteorólogo Isidro Cano Luna, quien denunció que, aunque la CFE avisó a los alcaldes con cinco a seis horas de anticipación, no se realizaron las evacuaciones necesarias.

“Se hubiera podido evitar la tragedia en Poza Rica”, el rebalse de las presas Necaxa, Tehuipango y Nexapa, pero sobre todo, La soledad en la sierra norte de Puebla, administrada por la CFE, “también fue un factor para el desbordamiento del río Cazones”, apuntó el experto.

El desastre sucedió el viernes 10 de octubre, pero la gobernadora Norma Rocío Nahle, acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum, acudieron hasta el día domingo 12 para realizar un recorrido. Los damnificados de Poza Rica recibieron a las funcionarias en medio de reclamos; ellas iban con resguardo militar para recorrer las calles y colonias afectadas por las aguas del río Cazones.

Durante el recibimiento, los ciudadanos denunciaron la falta de apoyo para localizar a sus familiares desaparecidos. “Escúchenme, ¿me van a escuchar?”, repetía la Presidenta ante la multitud molesta que no le permitía hablar. Los afectados denunciaban que la nula atención municipal, así como la estatal, no permitían que recibieran ayuda de ciudadanos organizados o influencers.

Cabe destacar que la magnitud de la tragedia revela que, en Veracruz, el Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y otros siniestros sufrió diversos recortes presupuestales desde su creación en 2021, tras la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Actualmente, el fideicomiso se ejerce con un recorte presupuestal de más de 15 millones de pesos (mdp), mientras que 48 municipios veracruzanos, entre ellos Poza Rica, enfrentan severas afectaciones por las recientes lluvias e inundaciones.

Desde el 1o de junio de 2025, el estado de Veracruz se encuentra sin cobertura de seguros catastróficos para enfrentar fenómenos meteorológicos. La póliza contratada con la aseguradora Seguros BX+ no fue renovada, lo que deja a la entidad vulnerable y sin respaldo financiero ante posibles desastres naturales.

Puebla: Huauchinango necesita mucha ayuda

El paso de las tormentas JerryRaymond dejaron estragos en Huauchinango; los ríos se desbordaron, las laderas se derrumbaron y una explosión de gas convirtió la incertidumbre en tragedia. En la colonia Everardo Cruz, perteneciente a Villa Ávila Camacho (La Ceiba), más de 400 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de los ríos San Marcos y Silima, y al menos 100 fueron alcanzadas por llamas tras la ruptura de un ducto de la empresa Gas Nieto.

“Cuando quisimos salir de la casa, a eso de las siete, ya no pudimos: el agua nos llegaba arriba del pecho, relata para buzos doña Gabriela Cruz Espinoza, madre de cuatro hijos y vendedora de tamales en la región. Nos preocupaban los niños, el agua ya los pasaba por completo. Nos fuimos al fondo de la casa, que está más alta; pero en la madrugada escuchamos la explosión y nos salimos nadando como pudimos”.

Gabriela y su familia alcanzaron la loma más cercana, donde auxiliaron a un niño que su hija cargó en hombros para salvarlo: “Gritaba a mis vecinos que se salieran, que nos fuéramos todos –cuenta–. Quisimos regresar por un vecino de la tercera edad; pero la corriente era demasiado fuerte, fue imposible”.

Mientras las familias intentaban salvar lo poco que les quedaba, la tragedia de Huauchinango expone una más grande: la desaparición del Fonden. Este ahorro, creado en 1996, permitía liberar inmediatamente recursos tras las emergencias, sin depender de los trámites burocráticos del presupuesto federal. Su propósito era claro: responder con rapidez y suficiencia a los desastres naturales que azotan a un país tan vulnerable como México.

Desde su desaparición, los gobiernos estatales y municipales enfrentan las tragedias “a pecho descubierto”. Los recursos prometidos se liberan con lentitud y bajo criterios políticos. El Imparcial y El Financiero difundieron que el Gobierno Federal aseguró disponer de 19 mil mdp para emergencias, pero sin detallar cuánto se ha ejercido ni con qué mecanismos. En la práctica, los damnificados de la Sierra Norte no han recibido apoyo federal directo.

En esta región, la ayuda gubernamental tardó en llegar. Las donaciones de vecinos, organizaciones y gobiernos locales alivian por ahora el hambre, pero no resuelven el abandono estructural. La tragedia de Huauchinango no sólo exhibe las consecuencias de las lluvias y el fuego: es el resultado de un Estado que decidió enfrentar los desastres sin herramientas, y dejar a su pueblo solo.

“Ya no queremos promesas –rechaza Gabriela mientras observa lo que fue su casa–, queremos que el gobierno nos mire. El agua se llevó todo, pero también se llevó la esperanza de que alguien responda. Hace cinco años pasó el huracán, nos dejó sin nada y el gobierno no nos ayudó en absolutamente nada. Ahora vienen a censarnos, no nos queda más que confiar en que ahora sí ayuden”. Mientras la lluvia sigue cayendo sobre los escombros, el fuego de la explosión aún huele a injusticia. Y Huauchinango, como tantas veces, vuelve a resistir solo.

Tragedia en la Sierra Norte: tormenta, muerte y olvido

Miles de familias afectadas por las intensas lluvias aún no reciben ayuda y no saben cómo sortearán las próximas semanas; pues sin ahorros y sin poder trabajar por las inclemencias climatológicas, no tienen con qué cubrir sus gastos, ni siquiera de alimentación.

De acuerdo con los datos oficiales reportados por el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, durante su conferencia mañanera del 13 de octubre, el saldo es de 13 personas fallecidas, cuatro no localizadas, 23 municipios afectados (17 de ellos prioritarios) y 23 mil 395 personas damnificadas; Huauchinango, Xicotepec, Pahuatlán y Tlacuilotepec son los municipios más afectados.

El reporte indica daños en 33 tramos carreteros, 19 puentes, 930 hectáreas de cultivo, 77 comunidades aisladas y 404 derrumbes, entre los que destaca un talud que sepultó a una familia completa en colonia Nuevo Monterrey del municipio de Huauchinango, y se le atribuyen dos desaparecidas.

Los municipios de la Sierra Norte con afectaciones en vías de comunicación y puentes –corte al 12 de octubre– son Honey, Huauchinango, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Zacatlán, Zihuateutla, Francisco Z. Mena, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Xochitlán de Vicente Suárez, Jalpan y Juan Galindo. En la Sierra Nororiental: Hueytlalpan, Hueytamalco, Acateno y Tlatlauquitepec.

Para atender la contingencia, el gobierno estatal aclaró que se instalaron 139 albergues temporales, se desplazaron 70 equipos de maquinaria, además de tres mil elementos de la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Pública y Protección Civil en auxilio de las familias y municipios con mayores afectaciones. Sin embargo, las cifras y los hechos no corresponden con la magnitud de la devastación.

En la región nororiental, las afectaciones ocurrieron antes. En Hueytamalco, la noche del martes siete de octubre se produjeron deslaves sobre la carretera El Mohón-Hueytamalco.

Para el miércoles, los daños ya eran mayores: en Tlatlauquitepec se reportó un socavón en la carretera que va a la junta auxiliar de Mazatepec. En Xochitlán de Vicente Suárez, un tramo de la carretera interserrana sufrió un desgajamiento dejando la circulación reducida a un solo carril. En Huitzilan de Serdán cayeron árboles sobre la carretera Paraíso-Huitzilan y hubo derrumbes sobre la interserrana.

Alrededor de las 10 de la mañana del miércoles, estos municipios, así como Nauzontla, Olintla, Hueytlalpan, Zacapoaxtla y otros quedaron sin energía eléctrica, que tardó hasta tres días en reestablecerse completamente.

Las afectaciones no iniciaron el jueves por la tarde con las lluvias torrenciales, ese día se agravó la situación, no sólo por la intensidad de fenómeno meteorológico, sino porque nadie alertó a los pobladores sobre la crecida de ríos y arroyos para evacuar el lugar y salvaguardarse.

El presidente de Huitzilan, Josué Elías Velázquez, dio a conocer que la actuación rápida y eficaz, gracias a los protocolos de acción que aplicó su administración, fue la garantía para que la cabecera y sus comunidades no quedaran incomunicadas.

El alcalde, emanado de las filas del Movimiento Antorchista, señaló que la experiencia les va enseñando cuáles son las acciones urgentes, de manera que la primera acción fue abrir las vías de comunicación, al tiempo que se atendieron las situaciones de riesgo en algunas viviendas.

“Tenemos situaciones de riesgo en viviendas, en todas hemos tratado de atenderlas en la medida de las posibilidades. Como ayuntamiento, desafortunadamente, los recursos con los que contamos y con los que podemos ayudar son limitados, por la misma configuración de los fondos”.

Por ello, han presentado ante las diferentes dependencias de gobierno el reporte fotográfico y escrito de las afectaciones a la infraestructura y viviendas, de manera que el municipio pueda ser contemplado en los apoyos y acciones para atender los daños sufridos por el siniestro.

Durante la segunda visita del gobernador a Huauchinango, en una videollamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que eran más de 80 mil personas damnificadas, en tres regiones con daños y 38 municipios.

Al cierre de la presente edición, el gobernador solamente reportó afectaciones en las vías de comunicación y puentes en 18 municipios de la Sierra Norte, cuatro de la Sierra Nororiental y 20 mil personas damnificadas. Quedaron fuera de la lista municipios de la Sierra Negra como Zoquitlán, San Sebastián Tlacotepec, así como Eloxochitlán, cuyos caminos sufrieron daños.

También se omitió a Huitzilan de Serdán que, si bien ha realizado labores de limpieza y remoción de deslaves, requiere la intervención del Gobierno estatal para recuperar los caminos y regular el tránsito en ellos. En la misma situación quedó Zapotitlán y Hueytlalpan. Sólo en un tramo de aproximadamente siete kilómetros de la carretera que va de Zapotitlán a Cuatro Caminos, se contabilizaron 11 derrumbes que obstruyen la circulación a un carril.

En cuanto a los damnificados, a pesar de la presencia de los tres niveles de gobierno en Huauchinango y Xicotepec, aún hay familias y colonias que no han recibido auxilio.

Irene Aldama López reportó que, a pesar de estar a unos metros de la colonia Monterrey –donde se presentaron las mayores afectaciones– y a 15 minutos del centro de Huauchinango, no les ha llegado ningún tipo de ayuda. “Estamos muy abandonados. Todo lo que se ha vivido del otro lado –Poza Rica Veracruz–, entendemos que ha sido una emergencia; pero también aquí: les pedimos que sí nos echen una manita. Estuve buscando a Protección Civil, obras públicas y estaban ocupados; entiendo que hay emergencias”, subrayó.

Desaparecidos y damnificados en Hidalgo

Desde el miércoles ocho de octubre, las lluvias torrenciales ocasionaron desborde de ríos, deslaves y derrumbes en un aproximado de 30 municipios del estado de Hidalgo, principalmente en la Sierra Otomí-Tepehua y en municipios de la Sierra Alta como Zacualtipán, Tianguistengo y Molango. Cientos de localidades permanecen incomunicadas, aisladas, y miles de familias, cuyas condiciones aún se desconocen, al cierre de esta edición, continuaban aisladas.

Las cifras oficiales registran 21 muertes y 43 desaparecidos, cifras que podrían aumentar en las próximas semanas. Los deslaves fueron el peligro más significativo en este siniestro: cerros desgajados y familias sepultadas en aludes de tierra fueron los causantes de muchos de los decesos. En Zacualtipán, dos menores, de uno y seis años, perdieron la vida el pasado nueve de octubre, cuando su hogar resultó afectado por un deslave en la colonia Las Cuevas.

El aislamiento de las zonas dañadas dejó a miles de familias sin energía eléctrica, agua, ni víveres y, en muchos casos, sin cobijo; se reportaron 364 caminos completa o parcialmente bloqueados por los derrumbes.

Comunidades en Huehuetla y San Bartolo Tutotepec, como en otros municipios, permanecen sin comunicación terrestre y, a decir de las autoridades estatales, no hay fecha estimada para la reapertura del camino. Un primer cálculo señalaba el miércoles 15 de octubre como fecha para restablecer los accesos; sin embargo, sin maquinaria y equipo suficiente, el avance es insuficiente. El Gobierno de Hidalgo anució el despliegue de un total de 177 máquinas en las regiones afectadas.

El actuar gubernamental fue ineficiente y lento. Hasta el 13 de octubre, tres días después, se registraron las primeras brigadas con víveres para los damnificados.

En Acuautla y Santa Inés, el desgajamiento de los cerros resultó brutal, San Esteban fue otra de las zonas afectadas, al igual que Santa Inés, Puntas Chicas, La Esperanza I, Río Blanco, El Dambó, Huasquilla, Los Planes, Chicuntla y Zicatlán.

Otro de los municipios afectados es Metztitlán, donde cerca de seis mil hectáreas de cultivo quedaron anegadas por el desbordamiento del río. La situación ha provocado pérdidas millonarias. El reporte oficial señala que son cinco mil 800 hectáreas las que aún permanecen bajo el agua y que dos mil 800 productores de la región sufrirán efectos negativos. Esta pérdida de cosechas representa uno de los impactos más severos en esta zona agrícola de Hidalgo.

“Lo peor viene después, porque el gobierno no lo dice, pero hay mucha gente sepultada: los desaparecidos aumentarán. También vendrá el hambre, porque se perdieron muchos cultivos. Además, ¿quién nos ayudará a reconstruir nuestras casas?”, lamentó el señor Abraham, de Huehuetla, uno de los afectados.

“No se ve el gobierno por ningún lado; nos están dejando a que cada uno se rasque con sus propias uñas; seguimos sacando el lodo de nuestras casas; estamos abatidos por la falta de energía eléctrica, por la falta de agua potable; y salvo dos helicópteros que nos dejaron algo de víveres, seguimos sin ver la ayuda de los gobiernos morenistas Federal y estatal”, demandó Estanislao López, habitante y líder social de Huehuetla.

La prevención también fue negligente, no se alertó con claridad a la población. “Ciertamente es un fenómeno natural, pero sus efectos, en algunas zonas, como Huehuetla, pudieron haberse mitigado si los tres niveles de gobierno hubieran asumido su responsabilidad y hubieran lanzado un llamado de alerta, se hubiera alertado a los vecinos a tiempo para evacuar sus domicilios y, por lo menos, tratar de salvaguardar algunas pertenencias. Decenas de familias lo han perdido todo en Huehuetla, una de las regiones más pobres del país: colchones, estufas, ropa, vehículos, incluso sus herramientas de trabajo para el campo o sus puestos, aquellos que se dedicaban al comercio informal”, agregó López López. 

 


Escrito por Corresponsales buzos*

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