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Los pepenadores del relleno sanitario de El Huixmí, en Pachuca, Hidalgo, vaciaron 10 camiones de basura en protesta por la amenaza a su fuente de ingresos. Esta acción tuvo lugar frente a las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, luego de que la titular, Mónica Mixtega, anunciara que a dicho vertedero de basura le quedan dos meses de vida y que cerrará indefinidamente.
El grupo de pepenadores aseguró estar dispuesto a hacer lo necesario para defender su sustento, ya que obtienen de ahí los ingresos para mantener a sus familias.
Asimismo, este grupo de pepenadores estimó que alrededor de 200 personas trabajan en El Huixmí, donde se dividen turnos y acuden tres días a la semana.
Además, denunciaron que realizan su labor sin guantes, cubrebocas u otro tipo de protección, y que no cuentan con seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por ello, pidieron a las autoridades que no cierren su fuente de empleo; por el contrario, les brinden las condiciones para realizar sus actividades.
Por su parte, Mónica Patricia Mixtega, directora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, informó a los diputados locales que el relleno sanitario de El Huixmí concluirá operaciones en diciembre, debido a que ya no cuenta con espacio para habilitar nuevas celdas.
Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del PJF, respondió a los señalamientos que hizo AMLO.
El “fugitivo” cuenta con una orden de aprehensión junto a su esposa, la alcaldesa María del Rosario Matías Esquivel.
La medida fue anunciada a la población a través de carteles y lonas en diversos espacios públicos.
A la manifestación se sumaron trabajadores del Poder Judicial de otros estados entre ellos, Durango, Oaxaca y Querétaro.
Presencia de grupos armados, supuesta compra del voto y retraso en apertura de casillas fue el saldo de las elecciones en Hidalgo.
Acosta Naranjo llamó a la población a participar en la manifestación del próximo 8 de septiembre.
La “Ley Leslie” contempla una pena de seis a 17 años de cárcel.
La nueva diputada, dirigente de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, sufrió un atentado el 17 de octubre del año pasado.
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El día del informe, un grupo de alrededor de seis mil personas decidió manifestarse públicamente por la falta de obra pública y atención a diversas demandas.
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Médicos y enfermeras exigieron el pago de sus prestaciones, salarios atrasados y mejores condiciones laborales.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.