Más allá de triunfalismos y los golpes del “fuego amigo”, el actual gobierno de España se halla inmerso en una compleja negociación con los movimientos autonomistas del País Vasco y Cataluña, que trasciende la clave nacional y se extiende a la Unión Europea (UE), aún fascinada por la utopía estadounidense y muy temerosa de las soberanías.

Por ello, es previsible que el 28 de mayo, cuando se defina el nuevo mapa político frente a una intensa polarización ideológica en el poder central, el fascismo hispano hostigue, desde el Parlamento, con mayor furia al nacionalismo soberanista acentuado en ambas regiones de la antigua Iberia.

La experta rusa María Kovalchuk, sin embargo, diferencia al independentismo vasco –posición política que alienta el abandono de España– del separatismo catalán que exige a ésta reconocerle una posición “especial” con respecto al resto del país.

El País Vasco y Cataluña reivindican orígenes etnoculturales, geográficos e históricos diferentes a los de las demás regiones de España. Pese a ello, hoy es difícil imaginar la separación de ésta porque, tanto en lo económico como en lo sociocultural, tienen mucho en común con ésta, revela la especialista de la Universidad MGIMO.

Dos lecciones se desprenden del pasado proceso electoral: 1) nada se decidirá en el presente y futuro sin considerar el peso y los intereses de las nacionalidades; y 2) a pesar de que la izquierda independentista quedó “tocada”, aún no ha sido hundida.

En ese contexto asciende la extrema derecha como fuerza divisiva y hábil para capitalizar tanto el descontento generado por los yerros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dirigido por Pedro Sánchez, como la incertidumbre geopolítica existente en Europa.

El resultado de las elecciones generales de 2023 dejó en suspenso el futuro de España, y ni la derecha ni la izquierda triunfaron contundentemente. El Partido Popular (PP), dirigido por Alberto Núñez Feijoó, ganó 136 diputados pero VOX, de Santiago Abascal, perdió 600 mil votos, por lo que ese partido representa un trampolín de sus aliados ideológicos hoy por hoy para las elecciones europeas del nueve de junio.

De ahí que su cónclave fascista del 19 de mayo en Madrid reuniera al presidente argentino Javier Milei, a la primera ministra italiana Marine Le Pen, al ministro de la diáspora israelí, Amchai Chikli, al exPremier polaco Mateusz Morawiecki, al excandidato de la derecha argentina José Kast, al portugués André Ventura y al premier húngaro Víktor Orban.

Por ello, la escritora española Cristina Fallarás advirtió: “Ellos avanzarán rodeados del silencio de los tibios. Son dirigentes organizados para destrozar la mera idea de los derechos humanos, la decencia, toda ética, toda igualdad y la paz a que aspira toda sociedad”.

Nacionalidades a las urnas

Las 17 comunidades autónomas de España flotan entre la “semiautonomía” y la dependencia; según el Estatuto de 1983, poseen “determinadas competencias legislativas, ejecutivas, administrativas y autonomía financiera”; pero no tienen poder judicial propio y únicamente algunas tienen medios autónomos. Se les suman dos ciudades: Ceuta y Melilla, cuyos territorios se encuentran en el norte de África.

El País Vasco, Cataluña y Galicia tienen el objetivo de concretar su independencia del Estado español, sustentadas en que cuentan con una identidad nacional propia que se diferencia de la española.

Este nacionalismo, quizás bien conocido en México, desde el Siglo XVI, ostenta las denominaciones Euskal/Euskal Herria, Vasconia o País Vasco, para aludir a siete provincias vascas: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Baja Navarra, Labort y Sola.

Pamplona sería el centro histórico-cultural y se divide en Norte (Iparralde o lado francés) y Sur (Hegoalde o lado español). Ya en mayo de 1931 se establecía el primer autogobierno vasco con el Estatuto de Estella, con asertiva capacidad de decisión y gobernabilidad.

Sin embargo, en el Siglo XX, la presión político-cultural del franquismo se perfiló contra esa posición soberanista que, por su expansión industrial y urbanización, era una de las regiones más prósperas.

Durante los llamados “años de plomo” (1968-2001), periodo de confrontación armada entre el grupo separatista ETA y el Estado español, con el Partido Nacional Vasco (PNV) resurgió el ánimo nacionalista-soberanista en los 80, que a lo largo de 43 años apoyó leyes progresistas (eutanasia y matrimonio homosexual); pero en 2022 vetó la reforma laboral.

El análisis sobre Euskal Herria se ha silenciado en la prensa occidental y mexicana. Por ello es difícil explicar detalladamente lo que hoy ocurre ahí con relación a la emergencia de nuevos movimientos sociales, ecologistas, pacifistas y antimilitaristas. Es necesaria la mirada desde la transición del franquismo a la democracia del siglo actual, apunta David Beorlegui.

A la par conviene observar que el País Vasco es la cuarta economía de España por su participación en el Producto Interno Bruto (2.8 por ciento) y la segunda en ingreso percápita; después de Madrid, sus ciudadanos gozan de mayor riqueza y calidad de vida que otros en la península y se oponen a mantener a España.

Según BBVA, el País Vasco y Aragón son las dos comunidades autónomas que liderarán el crecimiento económico en 2024. Sin embargo, a finales de 2023, la economía vasca –aunque sólida– perdió dinamismo por la incertidumbre geopolítica. Ése y los retos sociales serán prioridad del nuevo jefe de gobierno (Iehendakari).

Cataluña es otra próspera región autónoma, cuya identidad data de la Alta Edad Media, cuando los territorios al sur de los Pirineos se independizaron del dominio árabe protegidos por los carolingios franceses. En el Siglo XIX se conformó la doble identidad catalana con apego a su lengua y tradiciones y la integración a la España castellana.

El independentismo-separatismo de Cataluña (Catalunya, para esa comunidad) defiende una visión más allá de su propio territorio; pues incluye a Andorra, Valencia, Islas Baleares, El Carche (en Murcia) y la Franja de Aragón, una región catalanófona, así como la Cataluña del Norte, en los Pirineos orientales franceses.

Ya entre 1931 y 1934 se proclamó la “República catalana” que “naufragó” con el franquismo. Y ahora, con un PIB anual de 277 mil 460 millones de dólares (mdd) en 2023, los catalanes se oponen a transferir sus beneficios al resto de España, de la que exigen separarse para recuperar su prosperidad.

El gobierno central, no pocas empresas y sectores –como el financiero– se oponen a esa independencia y amagan con trasladarse a otras comunidades. Ese afán escaló en 2012, cuando el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó el pacto fiscal para acabar con el déficit catalán.

Esa negativa de Rajoy desencadenó sucesos imprevistos para Madrid y alentó el procés soberanista catalán. Como ese pacto era un compromiso del presidente de la Generalitat (autogobierno catalán), Arthur Mas, los partidos Junts pel Sí (JxSí) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) pactaron sustituirlo por Carles Puigdemont.

El 1° de octubre de 2017, Puigdemont celebró el referéndum de independencia, que el gobierno español prometió evitar como “ilegal’. Se requería mayoría de dos tercios para cambiar el estatuto catalán; y en medio del acoso policial votaron dos millones 266 mil 496 personas, de las cuales, 90.18 por ciento declaró “Sí” a la soberanía y sólo el 7.83 por ciento se adjudicó el “No”.

Madrid no reconoció el resultado, que apuntaba a la declaración de independencia catalana y alegó que solamente votó el 43 por ciento de los cinco millones 313 mil electores registrados. El 28 de ese mes cesó a Puigdemont, lo acusó de rebelión, sedición, malversación y buscó su captura.

Ocho años después, ese diferendo derivó en una paradoja: el factor independentista catalán fue factor más importante para que Pedro Sánchez y el PSOE volvieran a formar un gobierno de coalición en julio de 2023.

La elección del 12 de mayo exhibió las diferencias entre la Cataluña metropolitana (donde Barcelona concentra 75 por ciento del electorado que votó por el Partido Socialista Catalán) y la del interior (con Girona, Tarragona y Lleida, que votaron por los partidos independentistas ERC y Junts).

La alianza por el independentismo (soberanismo secesionista) se hundió al perder la mayoría absoluta y producir el peor resultado desde 1980. Es previsible que el PSC lidere un gobierno más nacionalista que socialista y que se deteriore la igualdad, considera el secretario de Izquierda Española, Guillermo del Valle.

Terrorismo de Estado

Deliberadamente se han silenciado las causas de la estrategia armada de la organización separatista ETA (Euskadi Ta Askatasuna: País Vasco y Libertad), que había sido un movimiento de liberación nacional que pasó a la acción directa con los principios de independencia, arbetzale (patriotismo, en lengua vasca), socialismo y revolución. 

Hacia 1959, con el franquismo en auge y derechos civiles ausentes, ETA prosperó entre círculos juveniles del nacionalismo en Euskal Herria; en 1968 produjo su primer acto armado al atacar a un guardia en Guipúzcoa y concluyó su ciclo histórico el cuatro de mayo de 2018, medio siglo después.

El gobierno español calificó a ETA como “banda terrorista” debido a sus dos mil 400 operativos que, según diversas fuentes, dejaron unas 829 víctimas. Su afán independentista le ganó tal notoriedad cuando, en 1970, la presión mundial obligó al franquismo a parar la ejecución de varios de sus presuntos miembros en Burgos.

En 1973, ETA realizó la Operación Ogro, una gran acción antifranquista con la que hizo explotar un coche bomba que asesinó al expresidente de gobierno y futuro sucesor del dictador Francisco Franco, almirante Luis Carrero Blanco. Esta acción replicó el primer coche-bomba de la historia, que estalló en Wall Street, Nueva York, con 45 kilos de dinamita, costó la vida a 40 personas y supuestamente fue obra del anarquista italiano Mariano Buda.

Después de la muerte de Franco (1975) llegaron los “años de plomo” en respuesta a la violencia de la derecha y la ultraderecha. En 1982, miembros de la ETA político–militar se sumaron a la izquierda después de la amnistía decretada por el presidente Adolfo Suárez.

El primer gobierno del socialista Felipe González recurrió a la “guerra sucia” mediante el empleo de los “parapolicías” de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que liquidaron en suelo francés al Batallón Vasco y una veintena de víctimas. Durante casi seis décadas, la lucha antiterrorista del Estado español incluyó la infiltración de ETA y topos en movimientos sociales, político-sindicales y la izquierda.

En toda la península reclutó a personas del entorno independentista a cambio de impunidad; también pagó a ultraderechistas, mercenarios extranjeros, topos vinculados a la estructura policial, miembros de la delincuencia organizada, agentes de la Guardia Civil, el ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En esa guerra, todo recurso fue válido, explican Luis Barcenilla y Ahoztar Zelaieta.

Cuando España se sumó a la UE en los 90, minó el apoyo social de ETA que, para mostrar su poder, en 1997 había secuestrado y asesinado al concejal del PP, Miguel Blanco. En respuesta, dispersaron a todos los presos para evitar su cohesión. La última gran acción de ETA fue una bomba en el aeropuerto de Barajas, lo que socavó el diálogo con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2017, ETA se declaró desarmada y aseguró que su arsenal estaba en manos de la población. Numerosos testimonios confirman que la organización ofreció desarmarse, pero el gobierno español no aceptó, explica el investigador Enekoitz Esnaola.