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Persecución política
El bloqueo o “congelamiento” de cuentas, como medida cautelar de parte de la UIF de la SHCP, es arbitrario e inconstitucional.
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Quiero informar a la nación sobre la arbitrariedad y la persecución política del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta que, secundado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Santiago Nieto, ordenó el congelamiento de mis cuentas bancarias en mi condición de militante del Movimiento Antorchista Nacional (MAN). Mediante una notificación del banco y sin más explicación, debía presentarme en tal oficina. Acudí a la UIF en aras de conocer de qué se me acusaba y la razón por la cual bloqueaban mis cuentas. Me hicieron esperar un rato y luego me pasaron a un pequeño cubículo del edificio de Constituyentes 1001 que decía Oficialía de partes. Ahí me dijeron que me comunicarían por teléfono, con alguien de responsabilidad de la UIF y que esperara. Al poco rato, el joven de la Oficialía de partes, que se nota recibió instrucciones por teléfono, me dijo que tenía que llevar mis “alegatos” por escrito, pero ¿qué voy a alegar si no sé de qué me acusan y por qué congelan mis cuentas?

Al salir de la UIF, vi un video de Santiago Nieto en el que refería lo siguiente: “paralelamente, pues, lo que hicimos también fue hacer el congelamiento de cuentas en un trabajo conjunto con la Fiscalía de Puebla y del Estado de México (sic) de dirigentes de Antorcha Campesina, esta organización que al margen de la ley había recibido recursos en efectivo”. Vi también una nota periodística que decía que a siete personas físicas y tres morales del MAN les habían bloqueado sus cuentas.

De la declaración de Nieto se desprenden tres aspectos: primero, que se confirma nuestra sospecha de que Miguel Barbosa estaba detrás de esta persecución política, pues las cuentas bloqueadas pertenecen a compañeros nuestros y a razones sociales que funcionan de manera legal, pero que la Fiscalía de Puebla pidió que se “congelaran”; segundo, que la UIF se presta a servir de garrote contra los enemigos de la “Cuarta Transformación” (4T) de Puebla; y, tercero, que se hacen acusaciones sin prueba alguna. El titular de la UIF afirma que se recibieron “recursos en efectivo al margen de la ley” sin dar ni una sola prueba: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién los recibió? Nada de eso argumentó. Se trata, entonces, de una arbitrariedad, de una ilegalidad y, también, de una persecución política y linchamiento mediático en nuestra contra.

Posteriormente, en la prensa, que no en las instancias judiciales correspondientes, cambiaron el argumento: que ya no es que se haya recibido dinero en efectivo al margen de la ley, sino que se investiga a Antorcha por su presunta actividad en el huachicoleo de Puebla; acusación también sin prueba alguna y cruzada por la prensa, a la que la 4T usa como paredón. Por lo visto, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus gobernantes ya no encuentran qué inventar, porque las dos imputaciones son inventos.

Doy algunos elementos legales para mostrar el atropello y la arbitrariedad cometida contra Antorcha. La UIF solo podría cancelar nuestras cuentas a pedimento de un gobierno extranjero o de una entidad internacional autorizada con base en los tratados internacionales suscritos por México, pero antes debía haber un juicio donde se haya demostrado nuestra culpabilidad en el delito que se nos imputa. Ése no es el caso, porque no hemos recibido ningún citatorio de juzgado alguno para solventar una causa legal en nuestra contra.

Por ello, el bloqueo o “congelamiento” de cuentas, como medida cautelar de parte de la UIF de la SHCP, es arbitrario e inconstitucional porque: a) invade atribuciones del Ministerio Público; b)al decretar la medida cautelar vulnera el principio de presunción de inocencia al aplicar una sanción sin previa demostración de que la persona cometió el delito; c) vulnera el principio del Debido Proceso, ya que se da cumplimiento a una medida cautelar sin una orden judicial de por medio y d) violenta la garantía de audiencia de los ciudadanos, ya que, en mi caso, ésta se concedió con posterioridad al bloqueo de las cuentas, lo que implica una diligencia adicional de investigación de un delito y no necesariamente un mecanismo de defensa de la persona afectada.

Precisamente por estas razones muchos, integrantes de la Cámara de Diputados, incluidos algunos morenistas que lograron ver la arbitrariedad que se venía, no aprobamos una reforma de ley que le daría a la UIF facultades de Ministerio Público, incluso así, sin esas facultades, su titular sigue haciendo de las suyas.

El “congelamiento” de cuentas efectuado por la UIF, al margen de la ley y de la constitucionalidad, atenta contra el patrimonio de los mexicanos, al someterlos a procesos en total estado de indefensión. La notificación es realizada por una institución bancaria y no una autoridad competente; no se informa el motivo por el que se emitió la medida cautelar, ni el motivo por el cual se le está acusando; para realizar las aclaraciones correspondientes, citan ante la SHCP, autoridad que se convierte en juez y parte en este proceso y con el bloqueo de las cuentas impiden que el acusado tenga acceso a los recursos económicos que le permitan contar con una asesoría legal especializada.

Todo parece indicar que la UIF se ha prestado a servir a los objetivos políticos del gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el peor calificado en todo el país. En lugar de dar resultados a los poblanos, Barbosa persigue políticamente a quienes se atreven a criticarlo. ¿Estamos regresando a los tiempos de Victoriano Huerta, cuando criticar al gobierno tenía como consecuencia un sacrificio criminal como el que acabó con la vida del senador Belisario Domínguez?

Llamo al pueblo de México a la solidaridad porque no somos el único caso de arbitrariedad de este gobierno de la 4T. Llamo, como señala nuestro dirigente nacional, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, a todos aquellos que son damnificados de la 4T a que formemos un frente nacional que defienda la Constitución y los derechos democráticos que con tanto esfuerzo se han construido en nuestro país y que las políticas de la 4T están destruyendo. ¡No a la persecución política en México!


Escrito por Brasil Acosta Peña

Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.


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