El 11 de diciembre de 2019, la senadora zacatecana del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Soledad Luévano, presentó una iniciativa de ley para formalizar la “cooperación política” que diversas iglesias y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) establecieron en los últimos meses.

Esta  iniciativa aspira a reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para legalizar la colaboración que diversas iglesias –en particular las evangélicas– realizan con el gobierno de AMLO en distintos ámbitos sociales y cívicos, entre ellos el de garantizar la seguridad y conservación a sus templos.

También se propone que los padres de familia participen durante la educación de sus hijos en los recintos escolares –lo cual supondría la autorización de enseñanza religiosa en escuelas públicas, como ya ocurre en algunas privadas– la autorización de ritos religiosos en espacios públicos, la presencia de funcionarios en éstos y la concesión de medios de comunicación masiva a las confesiones religiosas.

Tras la difusión de la iniciativa, AMLO declaró que el texto no salió de su oficina. Sin embargo, algunos analistas alertaron que éste conocía previamente el proyecto y que el objetivo de la propuesta no es su aprobación, sino sondear a la opinión pública nacional respecto al grado de aceptación de tal iniciativa. 

Desde mediados de 2019, varias iglesias incorporadas a la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) se mostraron dispuestas a trabajar activamente con el Gobierno Federal y a repartir la Cartilla moral, que tiene el objetivo de “transmitir sus enseñanzas” a la población mexicana. “El hecho de que Confraternice participe en la distribución de la Cartilla moral, nos lleva a avanzar en la ‘Cuarta Transformación’, necesitamos principios y valores”, declaró, en julio pasado, el presidente de esta organización, Arturo Farela Gutiérrez.

Pero la relación del clero evangélico con el gobierno de Morena no se limita a este nexo: la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) reveló que Josué Farela Pacheco, hijo de Arturo Farela –quien ora frecuentemente con AMLO, según declaró él mismo– trabaja como coordinador regional de los Siervos de la Nación, grupo que figura en la nómina oficial del gobierno de la 4T.

Josué Farela es el encargado de la estrategia de contacto social, creada por AMLO para levantar el Censo del Bienestar, que consiste en empadronar a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal –estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.; y, al mismo tiempo, para hacer proselitismo en favor de AMLO y promover La Biblia mediante la Cartilla moral, de cara a la “constitución moral” anunciada por el propio Presidente.

Jugar con la laicidad

De acuerdo con especialistas, estas acciones de AMLO ponen en riesgo la laicidad del Estado mexicano, cuya conquista costó muchas vidas durante la guerra de facciones del Siglo XIX, entre 1855 y 1863, a raíz de la promulgación de las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, cuando destacó el impulso de mandatarios liberales como Juan Álvarez, Benito Juárez e Ignacio Comonfort, a quien el Presidente dice admirar.

El analista político y de la Constitución, Ramiro Bautista Rosas,  expuso a este semanario que el marco legal de las relaciones Iglesia-Estado debería respetarse como se ha venido haciendo. “En términos generales se ha venido respetando después de que se superaron grandes confrontaciones que hubo en el país. Sin embargo, reconozco que AMLO tiene una cierta tendencia de carácter religioso que ha influido en esto. No sé si sea de labios para afuera su dicho de que no se toque el tema. Tengo duda en eso, porque las cosas se siguen moviendo. Lo mejor sería continuar como estamos, con un Estado laico, y que cada quien tome el camino que quiera en cuestiones de creencias religiosas. Si vuelve a intentarse la implantación de una religión de carácter oficial, se van a generar confrontaciones que ya han sido superadas”.

Con él coincide el abogado y exlegislador del Partido Acción Nacional (PAN) Juan José Rodríguez Prats, quien aseguró a buzos que “aparentemente ese conflicto estaba superado; estamos hablando de mediados del Siglo XIX. Sin embargo, en el Constituyente de Querétaro (1916-1917) ese tema fue el más discutido… ¡y seguimos en lo mismo! Otra vez se abren viejas querellas que ya dábamos por superadas después de la reforma de 1992, con el presidente Salinas en donde ya se permitía la libertad de creencia, y ahora vamos de nuevo a eso”.

Rodríguez Prats consideró que hay una tendencia a la construcción de un marco de derecho irresponsable, donde unos impulsan la ideología de género en la Constitución y otros tratan de promover la instauración de una constitución moral, cuyo contenido es abstruso. “Me parece que hay una tarea importantísima que debemos asumir los partidos políticos y la clase política y es definir ¿para qué sirve el derecho?”.

Apenas habían transcurrido tres meses del triunfo de López Obrador, cuando Ralph Drollinger, pastor de la poderosa agrupación religiosa Capitol Ministries y “guía espiritual” del presidente estadounidense Donald Trump, abrió una oficina en México para “asesorar” al nuevo Gobierno Federal mexicano en la elaboración de legislaciones y políticas públicas acordes a los principios morales derivados de La Biblia.

Esto ocurrió el 12 de octubre de 2018, dos meses antes de la toma de posesión de AMLO; y el anuncio de la apertura de tal oficina se emitió en la sede del Club de Banqueros de México, en el Centro Histórico de la capital de la República. Durante esa reunión, Drollinger indicó a los banqueros: “la visión de nuestro ministerio es poder llevar el evangelio a los líderes políticos de todo el mundo. Y nuestra estrategia, nuestra manera de hacerlo, es tener en cada una de las legislaturas a una persona que sea confiable en hacer discípulos y en desarrollar a otros”.

Drollinger presentó, como titular de la oficina en México, al pastor evangélico Ricardo Arizmendi, declarado promotor de la transformación social mediante normas morales derivadas de Los Evangelios. El modelo evangélico para el combate a la corrupción a través de la “transformación social” y el diseño de gobiernos regidos directamente por normas morales derivadas de La Biblia, fueron anunciados el 13 de octubre de 2017, en la conmemoración de 500 años del movimiento protestante en occidente, iniciado por el monje Martín Lutero en el Siglo XVI, quien criticó duramente a la Iglesia Católica por la venta de indulgencias.

Con tal celebración se abrió una campaña mundial de renovación moral y proselitismo evangélico, que en México fue conocida con la proclama Las 500 razones. En un video difundido en Youtube, publicado en la cuenta de la Sociedad Bíblica de México A.C., fechado el 24 de mayo de 2017, el pastor evangélico Arizmendi asegura: “estamos en un proyecto nacional buscando la transformación del país y qué mejor que La Biblia… La Biblia, sabemos que al leerla, al estudiarla y meditarla seremos transformados de muchas maneras, y nos hemos sumado… nos hemos sumado a esta visión de las 500 razones para poder llevar La Biblia. Sabemos que si compartimos La Biblia, compartiremos vida”.

Con esta encomienda en sus hombros, el representante de la Capitol Ministries en México inició sus actividades sobre la confección de legislaciones y políticas públicas de acuerdo al mandato de Dios, acorde con el proyecto de “renovación moral” de la sociedad mexicana para abatir la corrupción, difundido por AMLO. 

El protestantismo gana terreno en Latinoamérica 

En Brasil, donde el 64.4 por ciento de la población es católica, el protestante judeo-evangélico proestadounidense Jair Bolsonaro obtuvo la presidencia en segunda vuelta el 29 de octubre de 2018. En México, país con el 82.9 por ciento de católicos, según el Censo 2010, el declarado cristiano-evangélico AMLO hizo lo propio en julio del mismo año.

Países de Centro y Sudamérica han sido penetrados por el movimiento político evangélico judeocristiano. En Guatemala, el presidente anterior, Jimmy Morales, es pastor evangélico y el nuevo, el ultraderechista Alejandro Giammatte, ofreció (como AMLO y su 4T) acabar con la corrupción y encabezar un gobierno austero, porque “no debe haber un pueblo pobre con un gobierno rico”. Para demostrar su austeridad y abstención corrupta, ofreció a los invitados a su toma de posesión agua de horchata y jamaica, igual que AMLO.

Para el abogado José Luis Espinosa Piña, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el marco descrito debe verse desde un análisis sociológico y una perspectiva global: “en el mundo hubo cierta gobernabilidad mientras existía un código de comportamiento moral, instituciones sólidas; las personas se guiaban conforme a principios y tenían una formación religiosa; ¿por qué? Porque toda religión, la que sea, es un mecanismo de contención o de autocontención de la conducta, que finalmente beneficia al Estado.

“Cuando las personas creen que sus actos los pueden llevar a la siguiente etapa de la vida a un lugar mejor o peor, entonces adoptan su propio código de comportamiento. En México, la Iglesia Católica contribuyó mucho a que ese código de comportamiento se reflejara en las leyes, en la conducta social de la gente, y esto era un factor de aglutinamiento, de civilización asociado al cristianismo. Esto ha sido muy estudiado en Europa”.

Espinoza Piña, exlegislador y expanista, indicó a buzos que la imagen de la Iglesia Católica está desvirtuada, sobre todo después de la revelación de múltiples escándalos de abuso sexual, aunque tienen aún presencia en la educación, en hospitales privados y en la prestación de servicios de atención social. Sin embargo, ha habido una intensa penetración de las corrientes cristianas y evangélicas, en el sur y centro del continente. México no es la excepción.

“Es así. Por ejemplo, en el Sureste de México –la región más pobre y con presencia mayoritaria de grupos étnicos– la Iglesia Católica ya no es la mayoritaria, sino las iglesias evangélicas. En Brasil vemos que la capacidad de crecimiento de las iglesias evangélicas está desplazando a la Iglesia Católica, al grado que ya tienen preponderancia en muchas decisiones, incluso políticas”, aseguró.

Por ello, la propuesta legislativa de la senadora Luévano consiguió, por ahora, desenterrar una controversia que se mantenía bajo llave desde 1992, en el cajón de la historia reciente de México, cuando el presidente Carlos Salinas impulsó una serie de reformas a los artículos 3^o, 5^o, 24^o, 27^o y 130^o constitucionales, con lo que se otorgó el reconocimiento jurídico a las iglesias como asociaciones religiosas; asimismo, abrió la posibilidad de ser propietarias de bienes patrimoniales, aunque todavía con la tutela del Estado, restableció relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, concedió el voto a los ministros de culto y se permitió la realización de eventos en espacios públicos previa autorización estatal.

El 10 de septiembre de 2018, la doctora Reneé de la Torre, socióloga y antropóloga integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), publicó el estudio titulado Alianzas interreligiosas que retan la laicidad en México, donde escribió: 

“El triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República abre la posibilidad de acceso directo de los pentecostales a la toma de decisiones en las Cámaras de Diputados y de Senadores para, desde ahí, librar la guerra contra el maligno. Este modelo partidista, con bases confesionales, pone en riesgo el respeto a la laicidad, al convocar al voto clientelista de hermanos evangélicos con la consigna “hermano vota por hermano” (como ya en otros países de Latinoamérica se ha hecho, Brasil, Colombia y Costa Rica son claros ejemplos), para con ello realizar presiones políticas y ganar cuotas de poder”.

Consultada por este semanario, la doctora De la Torre precisó que los promotores, en la realidad no son solamente activistas evangélicos de la transformación social, sino también católicos y miembros de la extrema derecha política que se suman a un movimiento cristiano –su punto de convergencia– en una alianza estratégica generada como contraparte a la promoción mundial de la “ideología de género”.

“¿Cuál es el riesgo de esto? En primer lugar, los artículos que buscan transformar se enfocan a poner al Estado por debajo de la religión; no solamente es estar a la par, sino realmente poner al Estado al servicio de las religiones. Y esto es algo que estamos viendo en el mundo, en donde las religiones se vuelven cada vez más extremistas y esto es sumamente peligroso”, insistió la especialista.

De la Torre explicó que la figura “objeción de conciencia”, mencionada en la iniciativa de la senadora Luévano, resulta peligrosa porque permitiría que personas con una función pública, incluso profesionales como los médicos, tuvieran derecho a rehusarse contra las leyes vigentes; y que se negaran a realizar determinadas acciones por ir en contra de su religión. 

Otro aspecto negativo es la promoción del voto ciudadano con base en principios religiosos. “Todo esto tiene que ver con el desgaste de los sistemas del Estado. Hay un reconocimiento de los políticos que ven a la religión como una fuente estratégica del poder, en donde los grupos evangélicos, aunque no son mayoritarios, sí tienen mayor capacidad de cohesión y también tienen una mayor capacidad de ejercer, digamos, ventajas clientelares que la Iglesia Católica no tiene. Por ahí va”, destacó la doctora De la Torre.

Y advirtió que las llamadas iglesias neopentecostales instrumentan alianzas y buscan obtener un lugar específico y estratégico en las estructuras del Estado. “Sobre todo en México no son mayoritarias, pero tienen una capacidad de negociación clientelar con el Estado, que es lo que vimos con el Partido Encuentro Social (PES), que aunque no cumplió con los votos que había prometido sí consiguió llegar a donde tenía que llegar”, indicó.