Hay en el país 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 72 por ciento del empleo formal. El problema de estos establecimientos es que, por sus debilidades, por lo general duran poco: 38 por ciento de las que tienen hasta dos empleados quiebran antes de un año de funcionamiento, y para el segundo año, hasta el 57.4. En las de tres a cinco empleados, en el primer año 28.6 por ciento y para el segundo, hasta el 45.5. En las de seis a 10 empleados, 22.1 y 34.2 por ciento, respectivamente (Enaproce, 2018). Al aumentar el tamaño, baja la mortandad, y también al correr el tiempo: las más antiguas, consolidadas, con clientes, proveedores seguros y experiencia, viven más. En México, la esperanza de vida de una empresa nueva es de 7.8 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las empresas grandes ganan la competencia y se agigantan, gracias a sus muchas ventajas que las hacen más productivas y competitivas, y les reducen costos. Las más automatizadas gastan menos en personal; producen más, en menos tiempo, productos más baratos; acceden a mejores materias primas y consiguen insumos al mayoreo, a menor costo; capacitan a su personal y logran una división del trabajo y especialización más eficientes; obtienen créditos en mejores condiciones, plazos e intereses; pueden esperar mejores precios para sus productos, o transportar éstos a buenos mercados; en fin, realizan campañas de marketing y hacen investigación de mercados.

También tienen buenas relaciones políticas y mayor poder de negociación, así como fuerza para contratar y hacer respetar sus contratos, protegiéndose de fraudes que frecuentemente dañan a los pequeños. Esta ventaja política ha aumentado desde el advenimiento del imperialismo, y aún más con el neoliberalismo, pues ya no solo influyen en el gobierno: ahora lo controlan directamente, y el Estado acata, por muy “Cuarta Transformación” que se diga. Personeros de los corporativos negocian, dictan leyes o son funcionarios gubernamentales o diputados; con su dinero pueden sobornar jueces; obtienen subvenciones para adquirir terrenos baratos, pavimentar accesos, conexión a la red eléctrica, capacitación de trabajadores, devoluciones de impuestos; gracias a la asesoría legal y contable de que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) carecen.

Todo esto, y más, ha hecho quebrar a los pequeños y concentrar el mercado, por obra de la ley de la acumulación del capital. Éste no se distribuye, sino que crece su poder en forma de monopolios y arruina a las pequeñas empresas. Ejemplos sobran. En 1993, Walmart abrió su primera tienda en México; hoy es líder en venta minorista, con 11 por ciento del mercado. En un año, 2018, Oxxo abrió mil 422 tiendas, acumulando 18 mil en total.

Las crisis catalizan la acumulación, dejando como secuela, en una suerte de selección natural, incontables quiebras de empresas pequeñas y débiles, y un número menor de gigantes corporativos. La crisis actual, gestada desde antes del Covid-19, y detonada por éste, una más de las que periódicamente sacuden al capitalismo, parece ser particularmente devastadora. Según Censos Económicos de 2019, hay 1.8 millones de empresas con menos de cinco años, en riesgo de cerrar. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) contabiliza 500 mil negocios en el sector (485 mil son pequeños), y estima que: “El 65 por ciento de los restaurantes en México ‘morirá’ o tendrá ‘alto riesgo de quebrar’ por coronavirus” (Forbes, 11 de mayo). Según la Cofederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), un millón 170 mil empresas cerrarán por Covid-19. A estas fechas, es difícil saber exactamente la magnitud del desastre.

En cuanto a la acción gubernamental ante el problema, la triste realidad es que se ha dejado a su suerte a los millones de pequeños empresarios que luchan día a día para ganar su sustento digna y legalmente. A lo más, el dos de abril, el gobierno ofreció dos millones de créditos de 25 mil pesos para cada una de las Pymes (recuérdese, hay 4.1 millones) registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El 23 de abril, el director del Instituto declaró que, de 645 mil candidatos al llamado Crédito Solidario, se habían validado 64 mil 609, el 10 por ciento; la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, reportó que en el Crédito a la palabra, para registrados en el Censo del Bienestar, de un millón posibles estaban aprobados 149 mil 946. Los microempresarios, o no califican, o no aceptan los créditos porque la cantidad no les sirve; a muchos ni para la nómina.

Se escamotea el apoyo a las Pymes y se recurre, en cambio, a forzar la reapertura económica, con el consiguiente riesgo, para que se sostengan solas. Se las obliga, criminalmente, a regresar, en condiciones en que la curva de contagios sigue subiendo. Nunca se ha aplanado. El gobierno aprovecha la desesperación de la gente, su necesidad, ofreciéndole como única opción, opción mortal, retornar al trabajo, salida inviable, pues al propagarse la epidemia con mayor virulencia no habrá clientes, y los propietarios de las Pymes también se contagiarán; así, morirán empresas y más personas.

Contrasta ese abandono a las Pymes con la esplendidez hacia los grandes corporativos. Un ejemplo: la construcción del Tren Maya, que costará 139 mil millones de pesos. Basta ver los contratos: la Oficina de Gestión fue asignada, por adjudicación directa, a la española Mextypsa por 573 millones (empresa filial de la que construiría la torre de control del aeropuerto en Texcoco); el Tramo 1, a Mota-Engil México, de origen portugués, y otros asociados, 15 mil 538 millones; el Tramo 2, a Operadora Cicsa y FCC Construcción, ambas de Carlos Slim, 18 mil 533 millones; el Tramo 3, a Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones (esta empresa construyó los segundos pisos en el DF, cuando López Obrador gobernaba la capital), 10 mil 192 millones; el Tramo 4, a ICA, por adjudicación directa, 25 mil millones. Sumas gigantescas gastadas en beneficio de consorcios, para un proyecto de muy cuestionable necesidad; dinero que podría mitigar las penurias de las víctimas de la pandemia, de quienes perdieron su empleo, y de los millones de Pymes en riesgo de quiebra.

Mucho puede hacerse por éstas, como muestra la experiencia de países con niveles de desarrollo y PIB similares o inferiores al nuestro, o propuestas por los pequeños empresarios mismos: reducir o diferir impuestos hasta el fin de la pandemia; devolución oportuna del IVA; créditos blandos, de montos mayores y a largo plazo; subsidiar tasas de interés en créditos, moratoria temporal de pago de hipotecas y deudas con bancos y gobierno; simplificar trámites burocráticos; apoyos temporales para pago de salarios. Condonar el pago de electricidad durante la contingencia. Evitar especulación, aumento de precios en materias primas; otorgar crédito comercial; reducir tarifas de servicios gubernamentales; reforzar seguridad para reducir pérdidas por robos y extorsión, entre otras acciones ya probadas en otros países. Apoyos así deben ofrecerse, pero en grande, a las Pymes. Lamentablemente, estamos en manos del neoliberalismo salvaje, que protege a los corporativos, facilita y acelera la acumulación, mientras deja morir a las pequeñas empresas, ya de por sí vulnerables.