En el sexenio próximo (2024–2030), el actual presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO) mantendrá su influencia y dominio sobre su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el control del erario. Esto será posible porque, en el gabinete de la presidenta electa, AMLO instaló a dos de sus colaboradores de mayor confianza para las secretarías de hacienda y crédito público (SHCP) y del bienestar (SB), que se encargan de presupuestar, recaudar y distribuir los recursos públicos.

Rogelio Ramírez de la o y Ariadna Montiel fueron ratificados en ambas dependencias, respectivamente. En el caso del primero, fue el propio AMLO quien lo anunció, el pasado tres de junio, al día siguiente de las votaciones generales; en tanto que la confirmación de Montiel fue promovida por claudia Sheinbaum varias semanas después.

Pero lejos de que esto ocurra dentro de “una transición ordenada, sin sobresaltos, tersa, muy responsable que ni se va a sentir”, como prometió el presidente durante su conferencia matutina del nueve de julio, el cambio de gobierno se gesta ante un desequilibrio financiero de casi seis por ciento con respecto al producto interno bruto (PIB) y un incremento de la deuda pública de casi 80 por ciento en seis años, pues transitó de 10.5 billones de pesos (bdp) en 2019 a 18 bdp durante este año.

Este gran incremento en la deuda pública se debió fundamentalmente a que la administración de AMLO desembolsó gran parte del presupuesto en los programas del “bienestar” y en sus obras “emblemáticas” –tren maya, refinería de dos bocas, aeropuerto internacional Felipe Ángeles (Aifa)– sin ocuparse de aumentar los ingresos fiscales del gobierno federal.

En los precriterios de política económica para 2025, documento que Ramírez de la o entregó al congreso de la unión el pasado 27 de marzo con los proyectos para gasto gubernamental de Sheinbaum, se anticipa un aumento de 17 mil 600 millones de pesos (mdp) en el presupuesto para los programas del bienestar, ya que pasarían de 535 mil 243 mdp en 2024 a 552 mil 313 mdp en 2025.

Las pensiones para adultos mayores, que absorben la mayor parte del gasto en los programas sociales, recibirían el incremento de 17.9 mdp, ya que ascenderían de los actuales 464 mil 400 mdp a 482 mil 900 mdp el año próximo.

Su aprobación es en extremo factible porque, de acuerdo con los resultados de las elecciones generales del dos de junio, el congreso de la unión será controlado por morena y sus aliados de los partidos del trabajo (pt) y verde ecologista de México (PVEM), que contarán con mayoría calificada.

La bancada de esta coalición parlamentaria aprobará cualquier otra iniciativa de reforma a las leyes secundarias o a la carta magna, como seguramente lo hará con los proyectos de ley de ingresos y egresos de la federación de 2025, que deberán presentarse antes del próximo 15 de noviembre y ser aprobados a más tardar el 15 de diciembre, fecha aplicable hasta el 31 de ese mes.

El pasado 13 de junio, la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel, difundió, durante la conferencia “mañanera”, que esas pensiones y las de los demás programas sociales actualmente se entregan a 14 millones 433 mil 422 beneficiarios, que en conjunto implicarán el gasto de 534 mil 903 mdp en este año; y que los adultos mayores beneficiarios del dinero otorgado mediante tarjetas del bienestar son 12 millones 231 mil 625.

Pero el incremento de las pensiones de los adultos mayores en 2022 se realizó a costa de la disminución en el presupuesto destinado a la atención médica, no sólo en este grupo de edad, sino para la población en general. En el rubro de salud, la encuesta nacional de la dinámica demográfica (Enadid) 2023 realizada por el Inegi, reveló que apenas 18.5 por ciento de la población fue atendida en los “centros de salud, hospitales u otro servicio de salud pública”, lo que significa una disminución de 13.3 puntos porcentuales en comparación con 2018, cuando el 31.8 por ciento de los entrevistados aseguró recibir atención médica.

Más dinero a las “megaobras”

En los hechos, la asignación de recursos para obras que interesan al gobierno saliente ya fue aprobada para el próximo ejercicio; así lo confirmó el morenista Marcos Rosendo medina filigrana, presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública de la cámara de diputados, quien reconoció que para 2025 se destinarán más recursos públicos para los “proyectos prioritarios” de AMLO, entre ellas, las “magnas obras”, que para esas fechas estarán concluidas, pero que requieren más dinero para detalles adicionales como servicios, vías terrestres, entre otros.

Con relación a la refinería de dos bocas, medina filigrana agregó que su retraso se debe a un problema “técnico y que seguramente, en las próximas semanas, también habrá avances sustantivos”. Pero esta visión optimista del futuro próximo no es compartida. En los precriterios de 2025, texto oficial de la SHCP, se prevé un magno recorte del erario debido al riesgoso desbalance en las finanzas del gobierno federal, por la disminución de los ingresos fiscales y las libertades ejercidas por AMLO con sus planes “prioritarios”.

En el documento de la SHCP se fija el objetivo de disminuir el déficit fiscal a la mitad que, a finales de este año, equivaldrá al cinco por ciento del PIB; y se pretende bajar al 2.5 por ciento. De concretarse este objetivo en 2025, el gasto público se reducirá en 833 mil 664 mdp por lo menos; y en 2024, el presupuesto de egresos bajará de 9.14 bdp a poco más de ocho bdp.

En un análisis publicado el pasado 1° de abril, especialistas del instituto mexicano para la competitividad a.c. (Imco) revelaron que los recortes afectarían mayormente a los bienes y servicios públicos brindados por el gobierno, pues “el gasto programable pasaría de 6.62 bdp en 2024 a 6.04 bdp en 2025: un recorte de 578 mil 900 mdp o 12.1 por ciento menos en términos reales”.

El fondo monetario internacional (FMI) y especialistas en economía consideran inviable una reducción del déficit fiscal en sólo un año; además de que su monto real no corresponde al cinco, sino a cerca del seis por ciento del PIB; y no se vislumbra que en el gobierno de Sheinbaum se vaya a aplicar una política fiscal distinta para incrementar significativamente los ingresos federales.

Agencias internacionales que califican el crédito, como Moody’s, han advertido que lo más recomendable para estabilizar las finanzas mexicanas sería bajar el déficit fiscal en dos o tres por ciento del PIB, como en años anteriores, para evitar que aumente la deuda pública.

Sin embargo, según los expertos, la medida más acertada para equilibrar las finanzas del gobierno debería ser el aumento de sus ingresos, porque los previstos hasta ahora en el documento de la SHCP son menores con respecto a los de 2024.

En los precriterios se calcula un precio internacional del petróleo crudo de 58.4 dólares por barril para 2025, lo que representa 12.9 dólares menos con respecto al 71.3 de este año; de este modo, los ingresos gubernamentales por venta de petróleo sumarían 990 mil 370 mdp, cifra 13.5 por ciento menor a la calculada para finales de 2024.

Disminuyen las espectativas de crecimiento

El gobierno morenista asume también que, en 2025, sus ingresos serán menores por el bajo rendimiento de la economía ya que, en los precriterios 2025, se prevé que ésta crezca entre dos y tres por ciento, después de que, este año, las expectativas disminuyeron del 3.5 al 2.5 por ciento.

El banco de México (banxico) prevé incluso uno más bajo para el año próximo: 1.5 por ciento, menor en casi un punto porcentual al 2.4 calculado para este año y muy lejos del cuatro por ciento anual comprometido por AMLO en diciembre 2018.

Gregorio Vidal Bonifaz, especialista con doctorado en política económica de estado, explicó a buzos que el año próximo el gobierno federal enfrentará severos problemas para solventar las pensiones del bienestar y en materia de deuda pública, debido al desequilibrio existente entre sus gastos e ingresos fiscales.

Sin embargo, explicó Vidal Bonifaz, académico de la universidad autónoma metropolitana (UAM), el problema central “será el crecimiento de la economía… de hecho, las estimaciones que se han estado corrigiendo conforme avanza el año prevén un menor crecimiento en 2025”.

Aseveró que la causa del bajo crecimiento económico aún consiste en el reducido nivel de inversión tanto del gobierno como de empresarios nacionales y extranjeros:

“si no hay un crecimiento mayor en la inversión, la economía no crece más”, y agregó que su alcance “no es un hecho técnico, sino político y social… actuar con los que realizan las inversiones, de desarrollar nuevas iniciativas, incluso por parte de la propia administración federal desde el gobierno”.

Según Vidal, otro factor motivador de la crisis económica sería la aprobación de la reforma judicial planteada por el actual gobierno: “hay fuerzas que no están de acuerdo con esa reforma, y algunas de esas fuerzas tienen significación en términos de la inversión. Esto es parte de la complicación”.

Otro riesgo financiero para 2025, previsto por otros especialistas, las calificadoras de crédito internacional –como Moody’s y Fitch– y organismos como el FMI, radica en que el desbalance entre gastos e ingresos gubernamentales impulse un mayor incremento en la deuda pública a corto plazo.

En un análisis divulgado el 17 de abril de 2024, el FMI, uno de los principales supervisores de los mercados financieros globales, reportó que la reducción del déficit fiscal no será suficiente para evitar el incremento de la deuda.

Y detalló que, a finales de 2024, la deuda de México pasaría del 47.9 por ciento del PIB (15 bdp) al 50.3 por ciento (18 bdp); y que en los siguientes cinco años se mantendría por encima del 50 por ciento del PIB.

La deuda pública ha aumentado debido a la solicitud de nuevos préstamos y el incremento en los intereses; de tal forma que los 10.5 bdp de la deuda existente en 2019, el 30 de abril de 2024 se habían convertido en 13.3 bdp, y al finalizar este año alcanzarán los 18 bdp.

AMLO señaló reiteradamente que su gobierno no solicitaría préstamos, pero un día después de las elecciones del dos de junio, el bm informó que había concedido al gobierno mexicano un nuevo crédito por mil millones de dólares (mdd) tramitado el 11 de abril de 2024.

En 2022 y 2023 había solicitado dos préstamos por 700 mdd anuales; y otro más de mil mdd el año pasado, para sumar la contratación de dos mil 331 mdd como deuda externa en sólo año y medio. 

Aprobación de las reformas de AMLO 

Los riesgos arriba enunciados deben sumarse a las posibles consecuencias económicas de las reformas promovidas por el presidente en el congreso de la unión para aprobarse por la mayoría legislativa integrada por morena, el pt y el PVEM en septiembre próximo.

Entre sus iniciativas de reforma, destaca la que pretende desmontar la estructura del poder judicial de la federación (pjf) mediante la reducción de 11 a nueve los ministros de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN) y que éstos sean designados mediante elección popular.

También echaría a la calle a mil 600 magistrados y jueces integrantes del actual consejo de la judicatura federal, quienes igualmente serían sustituidos por integrantes electos por los ciudadanos.

El 21 de febrero de este año, AMLO reconoció públicamente que entre 2019 y 2022 intervino en decisiones del pjf por conducto del exministro y expresidente de la SCJN, el morenista Arturo Zaldívar, quien actualmente forma parte del equipo de transición de claudia Sheinbaum.

Previamente había colocado a dos de sus incondicionales en el pleno de 11 ministros de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, y más recientemente, a Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno saliente de la ciudad de México, Martí Batres.

Entre las iniciativas de reforma también figuran unas que pretenden suprimir varios organismos constitucionalmente autónomos que pueden servir como “contrapeso” a las decisiones del poder ejecutivo y evitar los abusos presidenciales.

Entre ellos figuran el instituto nacional de transparencia y acceso a la información (INAI), responsable de poner a disposición de los ciudadanos la información sobre el funcionamiento del gobierno.

Igualmente, las comisiones de energía y nacional de hidrocarburos, que regulan la inversión privada en el sector energético y otros organismos autónomos relacionados con la aplicación de los 14 tratados comerciales internacionales firmados por México, como el suscrito con estados unidos y Canadá (Tmec), así como el instituto federal de telecomunicaciones y la comisión federal de competencia económica.

Una política al servicio del gran capital

Representantes de capitales nacionales y extranjeros reunidos recientemente con la presidenta electa claudia sheinbaum pardo han condicionado la disposición de sus inversiones en la economía del país a la permanencia de las reglas aún vigentes en las leyes nacionales y en los acuerdos comerciales.

Los 57 empresarios que integran el consejo mexicano de negocios –dueños de las firmas más grandes del país, como Carso (Telmex), Kimberly–Clark, FEMSA (Coca Cola); Grupo Modelo,Centos Chihuahua, Grupo Vitro y Grupo Posadas– figuran entre los suscriptores de ese condicionamiento.

Especialistas del instituto mexicano de ejecutivos en finanzas (Imef) advirtieron, el 18 de junio de 2024, que si se concreta la reforma judicial proyectada, se reducirá más el crecimiento económico porque esto frenaría las inversiones privadas. Lamentaron también que podrían derrumbarse los acuerdos comerciales internacionales firmados por México, especialmente el Tmec, en 2020, cuya revisión está programada para 2026.

“si los mercados sienten que no están dadas las condiciones que les garanticen inversiones de largo plazo, simple y sencillamente dejarán de invertir; y eso traerá como consecuencia un detrimento en el crecimiento económico y será más difícil combatir la pobreza”, sentenció el presidente del Imef, José Domingo Figueroa.

El pasado 11 de junio, Sheinbaum pardo sostuvo una reunión privada con enviados del gobierno del presidente estadounidense Joseph bien; según ella, fue para conversar sobre varios asuntos bilaterales, entre ellos el comercial.

Sin embargo, el 12 de junio, el gobierno estadounidense aludió a la iniciativa de reforma judicial y advirtió que su nueva versión debe ofrecer certidumbre a las inversiones dentro del marco legal del Tmec.

Brian Nichols, subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental, aclaró: “seguiremos insistiendo, sea cual sea el futuro régimen legal en México, que todos los firmantes del Tmec respeten las disposiciones de protección de inversión extranjera contenidas en el acuerdo”.