Ante la falta de alternativas viables ofrecidas en la Casa de Gobierno de Morelia, Michoacán, a padres de familia de niños humillados por maestras contratadas por la Secretaría de Educación del estado, para resolver el problema de los reiterados abusos en contra de los alumnos de la Escuela primaria “Maestro Aquiles Córdova Morán”, se ha decidido enfocar la lucha por justicia en los edificios de la institución.

Lo anterior, luego de que solicitaran la intervención del gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla para la destitución de maestras asignadas que humillaron y maltrataron a los niños de Primero y Quinto de primaria en la institución, pero sin obtener alguna respuesta.

Tras estar más de tres horas esperando en las afueras de la Casa de Gobierno, las autoridades atendieron a los agraviados. Les recomendaron tratar el asunto con altos funcionarios de la Secretaría de Educación en el estado, a lo cual los afectados se negaron, ya que tanto José Luis Arias, supervisor de la Zona Núm. 226, como el encargado de Escuelas de Tiempo Completo, Simuhé Puente Fivela y el Jefe de Sector, José Rubio, tienen conocimiento oficial del tema desde hace varios meses, pero nunca hicieron algo para hacer justicia a los padres de los menores.

“Es, por tanto, muy válido concluir que tienen compromisos inconfesables con las agresoras. Como no sea para que se burlen, no sirve de nada una entrevista con ellos”, sostuvieron.

“Insistimos respetuosamente en que el asunto se trate con el Señor Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla o, en su defecto, en las áreas de Gobierno con las que ya se había entablado diálogo”.

En ese sentido, acusan a José Luis Arias, Supervisor de la Zona Núm. 226; a Simuhé Puente Fivela, encargado de Escuelas de Tiempo Completo; y a José Rubio, Jefe de Sector. También responsabilizan a Leticia García Díaz, Norma Angélica Acosta Avilez, Martha María González García, Claudia Rojas Morales, Lizbeth López Toledo y a Fidel Cuauhtémoc Arreola, “de cualquier agresión y daño a la integridad física y a la vida de nuestras compañeras y compañeros.

“Sabemos muy bien que cuando se trata de defender los intereses de altos funcionarios gubernamentales, la represión no necesariamente tiene que ser ejecutada por algún cuerpo uniformado, también se echa mano de provocadoras y provocadores “ciudadanos” a quienes se garantiza impunidad”, finalizaron los padres de los afectados en un comunicado.