La deportación de cientos de migrantes venezolanos a un centro antiterrorista de El Salvador es una expresión más de las prácticas neofascistas del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, contra el gobierno de una nación soberana.

Pero, además de ofender al gobierno de Venezuela, Trump falsificó los hechos y contravino la decisión de un juez federal de esta nación latinoamericana; por lo que resulta previsible que, en adelante, no negociará con otros gobiernos y utilizará todos sus recursos para presionar e intimidar.

Es por esto que las movilizaciones sociales masivas se mantendrán como la última línea de defensa contra esta estrategia nazifascista de la Casa Blanca, cuyos tecnogobiernos tienen más de 20 años atacando a la revolución bolivariana.

El envío de decenas de migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador representa uno de los capítulos más dramáticos de esta actitud imperialista que, además, hizo del vocablo “venezolano” un sinónimo de criminal.

Es una campaña “infame e injusta” que evoca el horror de los campos de concentración nazi, denunció el presidente Nicolás Maduro durante una manifestación pública realizada en el centro de Caracas ante miles de venezolanos.

Familiares de los expulsados ondearon carteles con retratos y nombres de sus seres queridos, injustamente acusados de pertenecer a pandillas de delincuentes y que han sufrido la persecución de las autoridades del país que se ostenta como “líder de la democracia”.

Ésta es la esquizoide segunda presidencia de Donald Trump que, por un lado, finge dialogar y, por el otro, esgrime el garrote. Así lo denunció el Capítulo México de la Internacional Antifascista, constituida en Caracas en septiembre de 2024.

Trama esquizoide

El 31 de enero llegó a Caracas Richard Grenell, enviado especial de Trump para negociar la liberación de seis presos estadounidenses a cambio –ése fue el único requisito‒ de la deportación de venezolanos a su país. Sin embargo, después de reunirse con el presidente Maduro en Miraflores, Grenell retornó a su país insistiendo en acusar a los venezolanos de conspiración y terrorismo.

Ese día, el veleidoso magnate-presidente estadounidense anunció que no renovaría licencias a empresas como Chevron para comprar crudo venezolano, tal como lo hizo su predecesor Joseph Biden a propósito de la crisis energética generada por el conflicto en Ucrania.

Mes y medio después, el 15 de marzo, el republicano invocó la obsoleta Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a El Salvador a 238 migrantes venezolanos indocumentados capturados de manera violenta.

La medida fue interpretada como una exhibición de fuerza bruta que, además de los abusos físicos, violentó las garantías individuales y el derecho internacional de los migrantes. Sin embargo, Trump respaldó su actuación ante la supuesta amenaza que para él supone el gobierno bolivariano.

Hace tiempo que las cúpulas políticas de la superpotencia militar presentan a Venezuela como “su enemigo” para “justificar” lo injustificable y superar la pérdida de reservas petroleras mundiales. 

Por ello, en 2015, el expresidente demócrata Barack Obama declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad y la política contra su país, sin que aportara ninguna prueba; y en marzo de 2024, Biden extendió un año más ese decreto.

Los artífices de la necro y tecno-fascista política estadounidense son por igual demócratas y republicanos que coinciden en sus esfuerzos por perpetuar la ofensiva contra la revolución bolivariana, política que incluye el patrocinio de grupos terroristas infiltrados en la oposición venezolana.

Esta saña estuvo detrás de la reciente operación de captura y entrega de cientos de migrantes venezolanos que, la noche del 15 de marzo, fueron capturados e introducidos por la fuerza en aviones que partieron de Laredo, Texas hacia El Salvador.

Esta operación violó la orden del juez federal de primera instancia en Washington, James Boasberg, quien bloqueó esa deportación por 14 días y apoyó a los abogados de los demandantes para certificar su protección temporal.

En lo que los medios periodísticos llamaron “guerra de insultos”, Boasberg ordenó: “cualquier avión con pasajeros que vaya a despegar, o esté en el aire, debe regresar a EE. UU.”. Indiferente a este ordenamiento, el huésped de la Casa Blanca insistió en que los migrantes son delincuentes. El cómplice de esta estratagema fue el presidente salvadoreño Nayib Bukele Ortez, quien incluso ironizó: “¡Uy!... demasiado tarde”.

Guantánamo outsourcing

Convertir a El Salvador en el Guantánamo centroamericano a cambio de un acuerdo monetario parece el ideario de la política exterior de Bukele, el empresario, y “libertario” presidente del país, que entre 1979 y 1992 libró una larga guerra civil promovida por EE. UU., que después derivó en crisis de seguridad.

En ese conflicto, EE. UU. financió, entrenó y armó al ejército que masacró a civiles. Con esa historia a cuestas, los salvadoreños hoy soportan la infame “política de seguridad” de Bukele, cuyos efectos funestos alcanzan hoy a los venezolanos extraditados.

Ahora habrá que esperar lo que vendrá después del inédito pacto outsourcing entre Washington y San Salvador; ya que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaron la decisión conjunta de fortalecer la cooperación bilateral, en la que está incluido el campo energético. Este acuerdo tiene el propósito de profundizar su ya amplia cooperación, justo cuando la Casa Blanca libra batallas perdidas en varios puntos del planeta.

A Trump y Bukele, sin embargo, no parece importarles el aspecto legal o violatorio de derechos humanos de su operación, concebida como negocio. Bukele ofreció a Trump alojar en el temible Cecot a los expulsados a cambio de seis millones de dólares en el primer año.

Como mercader de esclavos del Siglo XVI, Bukele escribió en la red social X: “EE. UU. pagará una tarifa baja para ellos, pero alta para nosotros”. Sin rubor, difundió las impactantes imágenes de los detenidos escoltados por agentes armados, ingresando encadenados de manos y pies, en prendas menores y caminando encorvados hacia sus estrechas celdas.

Cada preso representa 20 mil dólares anuales para el erario salvadoreño y serán seis millones de dólares (mdd) que deberán erogar los contribuyentes de EE. UU., aunque el Departamento de Estado ya reservó 15 mdd. Ésta es una cantidad ridícula para la superpotencia bélica mundial, que con su acuerdo tipo outsourcing convierte de facto a El Salvador en su Guantánamo centroamericano.

Los migrantes venezolanos “son mercancía negociable como en la esclavitud”, ya que no tendrán derecho a ser visitados y estarán expuestos a torturas y riesgo de muerte, como lo ha denunciado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y en días pasados alertó el grupo humanitario venezolano Provea, que pide la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Resulta evidente que la OEA se mantendrá al margen de esos riesgos potenciales porque desde su nacimiento está al servicio de la Casa Blanca y porque ahora Trump disfruta el éxito de su operativo; y después de violar al poder judicial de su país, cree que pondrá en el limbo legal a sus víctimas en otros países, a las que secuestrará, encarcelará y torturará.

En esta situación de alto riesgo se hallan ahora los 238 venezolanos recluidos en El Salvador, a pesar de que el gobierno venezolano contrató abogados que exigen su liberación y han interpuesto juicios de amparo. La pregunta actual es: ¿quién definirá la libertad de esos hombres: los jueces de EE. UU. o los salvadoreños?

Una cacería

El gobierno estadounidense elaboró una estrategia específicamente dirigida a cazar venezolanos; y sin importarle que muchos de ellos tenían años de residir, trabajar y contribuir al desarrollo económico de la potencia, fueron capturados con violencia por agentes migratorios.

El temor se expandió como tsunami entre esa comunidad, cuyo número oscila entre 700 mil y un millón. La cacería se extendió entre quienes “parecen” latinos o tienen algún tatuaje en el cuerpo, seguida por la delación de sus jefes en centros de trabajo o por los vecinos.

Son víctimas de la campaña de desinformación urdida por la Casa Blanca y los convirtió en criminales de “la banda Tren de Aragua”, a pesar de que jóvenes y adultos explican que sus tatuajes no simbolizan tal filiación, sino que únicamente se los pintaron “por moda”.

Esta afirmación fue hecha por un venezolano que vive en EE. UU. desde hace 15 años. Pero todos temen su expulsión, incluidos los 600 mil beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que Washington les brindó para alentar su emigración y acusar al gobierno bolivariano por reprimirlos.

Hoy muchos trabajan con sus documentos migratorios para evitar la orden de captura y la deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este acecho afecta a cientos de ellos. Ya no frecuentan sitios donde se reunían con paisanos; caminan rápido a su destino y viendo sobre sus hombros, aunque por años han contribuido al desarrollo de EE. UU. y respetado las leyes.

Pero, “¡Ojo!, ésta es una persecución selectiva, pues los venezolanos ricos, los opositores al gobierno bolivariano o con nexos en los círculos de poder estadounidenses reciben el TPS, en particular los que viven en Florida y en las entidades republicanas”.

Para el analista Raúl Llarul, el 16 de marzo pasará a la historia de El Salvador como el día en que esa pequeña nación soberana y digna, cuyo pueblo ha dado múltiples muestras de lucha y rebeldía, “retrocedió por decisión de un grupo de poder vendepatrias a la forma más indigna de dependencia, el colonialismo”.

Es un retroceso civilizatorio que pretende borrar el derecho internacional y las normas humanitarias de la historia, añade Llarul: “Trump sostiene que sólo deporta a personas realmente malas; pero hoy en EE. UU. cada venezolano se siente como con una diana en la frente”, denuncia Adelys Fierro, de la organización Venezuela American Caucus.