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Más artificios electorales, las pensiones y otras reformas
López Obrador estaría en una operación político-electoral para lograr desaparecer la mayoría de los organismos públicos autónomos, que protegen los derechos ciudadanos ante posibles abusos del Ejecutivo.
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En la fase final de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una nueva campaña de propaganda electoral rumbo a los comicios del dos de junio, con un políticamente explosivo paquete de veinte iniciativas de reforma, especialmente de tipo constitucional, para atraer los reflectores nacionales hacia su persona y debilitando más la imagen pública de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, indican analistas políticos.

 

La serie de iniciativas incluye un sorpresivo aumento en las pensiones laborales, que se calcularían sobre la base del 100 por ciento del último salario del trabajador, y ya no con base en el 50 por ciento, como ocurre actualmente, lo que es calificado como un proyecto “absurdo” por especialistas en materia económica y pensionaria, porque sería financieramente insostenible, debido a los reducidos ingresos federales, mermados con los crecientes gastos y menores ingresos del gobierno saliente de la “Cuarta Transformación” (4T).

 

 

A decir de dirigentes nacionales de los partidos PRI, PAN y PRD, integrantes de la alianza “Va por México”, AMLO está realizando una operación político-electoral, tomando como pretexto el financiamiento requerido por su reforma a las pensiones, para alcanzar su objetivo de desaparecer la mayoría de los organismos públicos constitucionalmente autónomos, creados para salvaguardar derechos ciudadanos fundamentales ante posibles abusos del poder presidencial.

Los especialistas en el tema de las pensiones exponen que en lugar de afrontar el riesgo de un colapso financiero nacional por el abultado sostenimiento de las pensiones, AMLO ha profundizado el problema multiplicando durante su administración la cantidad de recursos públicos destinados a sus pensiones del “Bienestar”, sin preocuparse por garantizar, primero, ingresos públicos suficientes para sostenerlas.

Conforme a lo ocurrido con reformas pasadas, anticipando que AMLO busca exhibirlos como “anti-pueblo” al no aprobar sus iniciativas, fundamentadas en absurdos técnicos y contenidos inconstitucionales, los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD manifestaron que apoyarían su reforma pensionaria siempre y cuando puntualice cómo se financiaría esa ampliación al 100 por ciento de las pensiones, rechazando de antemano que implique desaparecer organismos constitucionalmente autónomos.

En los últimos cinco años, varias iniciativas de AMLO, integradas en esas maniobras político-electorales, sin un adecuado sustento técnico y de contenido anticonstitucional, no solamente han sido rechazadas por la oposición en el Congreso, sino que, en algunos casos, fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el 31 de enero declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, una legislación de tipo secundario, supeditada a lo dispuesto en la Constitución, aprobada por Morena en 2021, por orden de AMLO.

Los opositores advirtieron que votarán en contra de la iniciativa de reforma que pretende desaparecer los organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

AMLO excluye de su iniciativa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Instituto Nacional Electoral (INE), organismos públicos en los que ya impuso a titulares afines a Morena.