En la fase final de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una nueva campaña de propaganda electoral rumbo a los comicios del dos de junio, con un políticamente explosivo paquete de veinte iniciativas de reforma, especialmente de tipo constitucional, para atraer los reflectores nacionales hacia su persona y debilitando más la imagen pública de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, indican analistas políticos.

La serie de iniciativas incluye un sorpresivo aumento en las pensiones laborales, que se calcularían sobre la base del 100 por ciento del último salario del trabajador, y ya no con base en el 50 por ciento, como ocurre actualmente, lo que es calificado como un proyecto “absurdo” por especialistas en materia económica y pensionaria, porque sería financieramente insostenible, debido a los reducidos ingresos federales, mermados con los crecientes gastos y menores ingresos del gobierno saliente de la “Cuarta Transformación” (4T).

A decir de dirigentes nacionales de los partidos PRI, PAN y PRD, integrantes de la alianza “Va por México”, AMLO está realizando una operación político-electoral, tomando como pretexto el financiamiento requerido por su reforma a las pensiones, para alcanzar su objetivo de desaparecer la mayoría de los organismos públicos constitucionalmente autónomos, creados para salvaguardar derechos ciudadanos fundamentales ante posibles abusos del poder presidencial.

Los especialistas en el tema de las pensiones exponen que en lugar de afrontar el riesgo de un colapso financiero nacional por el abultado sostenimiento de las pensiones, AMLO ha profundizado el problema multiplicando durante su administración la cantidad de recursos públicos destinados a sus pensiones del “Bienestar”, sin preocuparse por garantizar, primero, ingresos públicos suficientes para sostenerlas.

Conforme a lo ocurrido con reformas pasadas, anticipando que AMLO busca exhibirlos como “anti-pueblo” al no aprobar sus iniciativas, fundamentadas en absurdos técnicos y contenidos inconstitucionales, los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD manifestaron que apoyarían su reforma pensionaria siempre y cuando puntualice cómo se financiaría esa ampliación al 100 por ciento de las pensiones, rechazando de antemano que implique desaparecer organismos constitucionalmente autónomos.

En los últimos cinco años, varias iniciativas de AMLO, integradas en esas maniobras político-electorales, sin un adecuado sustento técnico y de contenido anticonstitucional, no solamente han sido rechazadas por la oposición en el Congreso, sino que, en algunos casos, fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el 31 de enero declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, una legislación de tipo secundario, supeditada a lo dispuesto en la Constitución, aprobada por Morena en 2021, por orden de AMLO.

Los opositores advirtieron que votarán en contra de la iniciativa de reforma que pretende desaparecer los organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

AMLO excluye de su iniciativa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Instituto Nacional Electoral (INE), organismos públicos en los que ya impuso a titulares afines a Morena.

Pensiones para una semana

Cuestionado sobre con qué dinero se financiaría el enorme gasto requerido para cubrir las pensiones, AMLO aseguró que el Gobierno Federal aportaría una parte sustancial del dinero, el cual provendría fundamentalmente del presupuesto de los organismos autónomos que desaparecerían según otra de sus veinte iniciativas, con temas diversos, algunos de ellos ya rechazados, entregadas al Congreso federal el cinco de febrero pasado.

Tras el anuncio de la iniciativa de reforma pensionaria, hecho durante la conferencia de prensa matutina presidencial del nueve de enero de 2024, analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) expusieron en sus redes sociales:

“¿Qué tan realista es la propuesta? En comparación con el gasto estimado para pensiones en 2024 (1.96 billones de pesos), el presupuesto de estos organismos representa 2.1 por ciento. El gasto diario promedio en pensiones será de 5.4 mil mdp, por lo que el presupuesto de los órganos apenas permitiría financiar las pensiones una semana”.

Por separado, Orlando Corona, presidente del comité de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), advirtió el 16 de enero que una reforma de amplio alcance a las pensiones debe ir acompañada de profundos estudios técnicos, lograr un acuerdo con los involucrados en el tema y, sobre todo, evitar “poner en riesgo la sostenibilidad financiera” generando desequilibrios en las finanzas del país, esto es, en la relación entre ingresos y gastos”.

En este marco, Corona también advirtió que el crecimiento del gasto público destinado a financiar las pensiones no laborales, del Bienestar, se ha nutrido con reducciones en otros rubros fundamentales de la política social, como los servicios de salud y educación.

Desesperación política de AMLO

“Veo una especie de desesperación política. AMLO cayó en la trampa de una excesiva demagogia y populismo extremo; él sabe, y todo mundo sabe, que no tiene la mayoría calificada (dos terceras partes de los votos en el Congreso de la Unión) que establece la Constitución para modificar la Carta Magna, ¿por qué lanza iniciativas de reforma a la Constitución, si sabe que no van a proceder?”, preguntó a buzos José Luis Espinosa Piña, analista político y académico en Derecho.

“Primero, para justificar y decir: ‘yo lo propuse y me detuvieron los conservadores, pero yo lo puse en la mesa’. Esto es un acto demagógico”, apuntó. Sobre el proyecto de desaparecer organismos autónomos, Espinosa Piña expuso que “éstos no fueron creados por capricho partidista, fue por el consenso de las fuerzas nacionales en otros momentos”.

Con respecto al INAI, al que AMLO ha atacado frontalmente e intentado destruir desde su arribo al Gobierno Federal, el especialista explicó que este organismo público se creó para “ampliar las libertades, los derechos ya establecidos en la propia Constitución, con el consenso de las fuerzas políticas… y porque implica un beneficio para el ciudadano y fortalece los alcances del Estado Mexicano, la transparencia.

“Como esta introducción del INAI deriva de un derecho establecido por el Artículo 6° constitucional (sobre libertad de expresión y derecho a la información), no se puede desaparecer, porque la propia Constitución habla de la progresividad de los derechos humanos; es decir, lo ya alcanzado no se puede quitar, no se puede retroceder. Progresividad implica sólo hacia adelante, no hacia atrás, y el INAI amplía derechos fundamentales”, anotó.

Fallida reforma de las Afores 

Consultado por buzos, el doctor Gregorio Vidal Bonifaz, académico e investigador en materia de Política Económica y Estado, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que, a partir de la reforma pensionaria de 1997, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) pertenecen a bancos privados, y recordó que diversos especialistas, entre ellos él mismo, advirtieron que con ese modelo el problema se complicaría más.

“Lo único que se iba a lograr, y en efecto se ha logrado, es que quienes administran esas cuentas (bancos nacionales y trasnacionales) sí han conseguido alcanzar utilidades importantes; eso sí ha sido un resultado neto de ese proceso… pero la mejoría en el monto de las pensiones no se logró”, señaló.

Vidal explicó que parte del problema es el hecho de que “el 55 por ciento de la ocupación en el país (trabajadores en activo sin contratos ni prestaciones sociales) no cotiza en ningún régimen de pensiones o cuentas individuales de Afore”.

Otro factor que pesa sobre las Afores, en particular las que administran los fondos de los trabajadores formales inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son las intermitencias en la vida laboral de muchos de ellos, quienes por tal motivo ya no cotizan y provocan retrasos para completar el número de aportaciones requeridas para obtener su pensión laboral.

Analistas advierten otro grave problema que impide la creación de un fondo idóneo para el retiro: los bajos ingresos de muchos trabajadores formales que les impide hacer aportaciones voluntarias (ahorros) a su cuenta de Afore para incrementar el monto de su pensión.

Debido a lo antes descrito, a partir de la reforma de las Afores, expedida en 1997, gran parte de los trabajadores en edad de retiro obtienen, en el mejor de los casos, pensiones equivalentes a aproximadamente 30 por ciento de su último salario; porque, con el paso del tiempo, sus fondos se reducen en lugar de aumentar.

Kristóbal Meléndez, especialista en economía, explicó a buzos que “en el sistema de pensiones anterior (antes de la reforma de 1997), los jóvenes financiaban las pensiones de los adultos mayores, y lo siguen haciendo actualmente; pero cuando ellos se vayan a pensionar, no recibirán lo mismo que estuvieron pagando, sino un monto mucho menor”.

El experto destacó que entre las acciones requeridas para mejorar el funcionamiento del sistema pensionario federal, está la de evaluar con objetividad si se deben seguir pagando pensiones tan altas como las que reciben los jubilados de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Debería analizarse si es sostenible o no seguir pagando pensiones altas. La reforma debería ser que se retiren unas pensiones muy altas, de 100 mil pesos. Hay quienes a través de resoluciones (legales o laudos) o convenios sindicales, siguen recibiendo unas pensiones muy elevadas”, apuntó Meléndez.

Entrevistado por este semanario, el doctor Gregorio Vidal advirtió que si la economía no comienza a crecer a ritmos cercanos al cinco por ciento anual (en los últimos años ha crecido entre 1.5 y dos por ciento anual) no se resolverán problemas como el de las pensiones, sino que se complicarán aún más, advirtió.

Menos ingresos, más gastos

En tanto, los expertos en análisis económico sostienen que el gasto del Gobierno Federal destinado a las pensiones, que en el caso específico de 2024 alcanza casi dos billones de pesos; representa un fuerte reto para las finanzas públicas, porque en los últimos cinco años, los ingresos por impuestos y la venta de petróleo en el exterior han disminuido.

En el estudio Implicaciones del Paquete Económico 2024, difundido el 12 de septiembre de 2023, especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A. C. (CIEP) explican que para el gasto pensionario de 2024 se prevé un billón 991 mil mdp, un aumento del 11.8 por ciento con respecto al asignado para 2023 y equivalente al 22 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

Para las “pensiones contributivas” (las del IMSS, ISSSTE, etc.) se destina un billón 49 mil mdp; y a las “no contributivas” o del “bienestar”, 465 mil 48.7 mdp, cuyo incremento ha sido constante desde finales de 2018, pero su alza mayor se produjo este 2024, año electoral, al pasar de cuatro mil 800 pesos en 2023 a seis mil pesos bimestrales actualmente.

Judith Zenyazen Méndez, directora adjunta del CIEP, expuso en la presentación del citado análisis: “el crecimiento en las pensiones contributivas, que son estas pensiones IMSS, ISSSTE, CFE, Luz y Fuerza, crece 7.3 por ciento; la pensión del Bienestar crece 31 por ciento; y aquí lo que queremos decir es que no hay un crecimiento (de la economía nacional) que alcance para estos niveles de incremento que se tienen en las pensiones”.

A su vez, la directora ejecutiva de la misma organización, Alejandra Macías Sánchez, consideró muy preocupante “que los ingresos vayan a la baja, con un IVA que no se está recuperando, con una renta petrolera que se quedará en Pemex, y con fondos de estabilización que están muy por debajo de los niveles de como empezamos el sexenio”.

En su análisis del PEF 2024, los especialistas del CIEP agregaron que hay menos ingresos, un gasto público récord y un endeudamiento sin precedentes: “El Paquete Económico 2024 es el resultado de no haber implementado una reforma fiscal durante los últimos años, por lo que se requieren cambios que aseguren un sistema fiscal sostenible, justo y progresivo”.

En su estudio Pensiones en México: retos y recomendaciones, publicado el 11 de octubre de 2023, Ana María González Franco, especialista de la organización civil México ¿Cómo Vamos?, explica que el problema financiero con las pensiones se está agravando paulatinamente porque, entre 2020 y 2050, los mexicanos con edades de 65 años y más se incrementarán más del doble.

González Franco maneja datos del censo de población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y detalla que, en ese año, la población de 65 años era de 9.7 millones de personas (7.7 por ciento), y que según cálculos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2050, los mexicanos de esa edad serán 24.8 millones (16.5 por ciento).

Pensiones sin sustento financiero 

En su estudio de agosto de 2022, Las pensiones y las finanzas públicas en México, 1997-2030, especialistas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados advirtieron que las pensiones no están debidamente fondeadas, es decir, no están respaldadas financieramente, por lo que demandarán cada vez más dinero público.

Explican también que “los esfuerzos por reformar los sistemas existentes fueron, en gran medida son resultado de la demanda creciente por recursos públicos. En muchos casos, las reformas han significado ahorros netos para las finanzas públicas; esto no significa que los sistemas se encuentran totalmente fondeados, por lo que requerirán recursos fiscales durante los siguientes años”.

El CEFP considera que “pese a que muchos de los sistemas (pensionarios) ya han sido reformados, esto no significa que su sostenibilidad esté garantizada; pues no están capitalizados y requerirán cada vez mayores recursos fiscales (se refiere a los provenientes de los impuestos)… en el caso de México, el sistema de pensiones permanece como una pesada carga fiscal que absorbe una quinta parte de los ingresos presupuestarios anuales”.

Los investigadores del CEFP explican que “a 25 años de haberse implementado, las cifras demuestran que el sistema de ahorro para el retiro (las Afores) no ha alcanzado su objetivo; y que el problema no sólo persiste, sino que se ha incrementado; y se prevé un aumento en la carga financiera que representa la protección social en las finanzas públicas.

“La poca capacidad de ahorro de los trabajadores, como consecuencia de los bajos sueldos, provoca que los trabajadores no logren financiar la pensión mínima garantizada que les corresponde, por lo que el Estado tendrá que cubrir este déficit y continuará siendo una carga significativa en las finanzas públicas”.

Bomba de tiempo

En la presentación de su libro Pensiones en México, la próxima crisis, el economista Pedro Vázquez Colmenares Guzmán alertó hace casi 12 años, el 20 de junio de 2012, que el financiamiento de las pensiones públicas se estaba convirtiendo en una “bomba de tiempo”.

Vázquez Colmenares detalló que la deuda nacional por pensiones, que en ese año superaba el 100 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México (104 por ciento hasta 2010, según lo que expertos denominan “pasivo actuarial”) terminará por “reventar” las finanzas de los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal.

En el análisis Nueva Seguridad Social y la Crisis de las Pensiones, difundido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2013, Vázquez Colmenares explicó que el problema financiero se relaciona con la existencia de los 138 regímenes de pensiones que operan en los niveles federal, estatal y municipal, cuya enorme fragmentación dificulta su supervisión y la aplicación de cualquier reforma.

El experto detalla que “la característica común en 95 por ciento de los sistemas es que carecen de mecanismos que les garanticen suficiencia financiera, por lo que dependen parcial o totalmente de subsidios o aportaciones que se originan en partidas diversas del presupuesto del Gobierno Federal”.

Explica también que una reforma integral requiere de una aplicación gradual para ajustarse de manera paulatina a esos 138 regímenes pensionarios: en el caso de los operados por la administración pública Federal, los órganos autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial, se necesitan cinco años; y en los de los sistemas estatales, municipales y universidades públicas, ocho años.

Vázquez Colmenares agrega que los desequilibrios deben atenderse con base en una sola institución nacional; esto es, “a través de la creación de un organismo autónomo supervisor que tutele derechos y analice en forma permanente el equilibrio y sustentabilidad de los sistemas de salud y de pensiones”.