El Senado pausó la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Pleno, pero nada garantiza que se modifique a fondo y sigue latente la posibilidad de que se apruebe tal como la envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Diversas voces han advertido sobre los riesgos que encierra la reciente iniciativa contra la libertad de expresión de medios independientes y, sobre todo, de voces críticas que disientes del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T).

Conocida también como “ley mordaza”, la “aplanadora legislativa” de Morena “propuso” la realización de cinco mesas de conversaciones públicas programadas del ocho al 29 de mayo para su “análisis y discusión”. 

Pero pusieron candados. Por lo que la tendencia está definida: quienes busquen participar en las mesas sobre la iniciativa de ley en telecomunicaciones y radiodifusión deberán inscribirse con su hoja de vida o currículum, indicar si hablarán a favor o en contra y proporcionar una sinopsis o resumen de lo que dirán en cinco minutos.

Los temas de las mesas serán: “Políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”; “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”; “Servicios digitales”; “Servicio público de radiodifusión”, y “Derechos de usuarios y audiencias”.

Antes de aprobar reformas anteriores que recibieron numerosas críticas, la 4T ha intentando legitimarse convocando a “diálogos” y a “foros de consulta”, como en los casos de las reformas al Poder Judicial y al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin realizar cambios posteriores, sino ajustes formales para decir esencialmente lo mismo. 

Ha habido varias simulaciones legislativas para mostrar que la 4T está por encima de los derechos civiles y las leyes, que valora la opinión de los involucrados en los sectores afectados: académicos, analistas, organizaciones civiles e investigadores especializados; pero en los hechos, se aprueban las leyes tal como fueron enviadas desde Palacio Nacional. 

Durante la administración pasada, comunicadores y medios de comunicación que expusieron la corrupción del gobierno del expresidente AMLO fueron denostados ante la ciudadanía, tachados como “conservadores” y “corruptos”, inclusive fueron calumniados. Hoy, la 4T recurre totalmente a censurar la libertad de expresión, pisoteando, además, el derecho social a la información.

Imponer “verdades” prefabricadas y que se aplaudan los abusos de poder, corruptelas, manipulaciones, incoherencias y destrucciones ha sido el objetivo del gobierno morenista desde 2018, y ahora podría convertirse en política pública con una legislación que incluya medidas para censurar información incómoda y callar voces críticas. 

El 23 de abril, Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión al Senado en la que propone eliminar contenidos y medios electrónicos incómodos dentro y fuera del país, medida que evidencia una estrategia gubernamental de censura.

La iniciativa, con 283 artículos básicos y 27 transitorios, fue aprobada “al vapor” el 24 de abril, horas después de ser recibida por las bancadas del gobierno de la 4T en las comisiones de estudio previo, creando una nueva “superagencia” oficial retacada de atribuciones, entre ellas la de censurar.

Los legisladores de “la aplanadora” morenista aprobaron una iniciativa desglosada en 311 páginas, “sin haberla leído siquiera”, como fue expuesto durante la sesión de trabajo de comisiones.

Profundizar la censura 

En 2014, el expresidente priista Enrique Peña Nieto impulsaba una reforma en telecomunicaciones; buscaba introducir restricciones al acceso a Internet en zonas o regiones específicas bajo argumentos de seguridad nacional. En ese entonces, AMLO opinó que Peña se estaba comportando como un “dictadorcillo”.

La iniciativa del actual gobierno pretende sustituir la “Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión” expedida en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por una “Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión” que concreta los esquemas represivos contra medios críticos. 

Para estas tareas, “la aplanadora legislativa” de Morena creó la “Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones” (ATDT), cuya principal actividad sería eliminar contenidos y medios electrónicos “incómodos” para el gobierno.

El Artículo 109° de la iniciativa señala: “Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la ATDT para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.

Ese artículo señala “Plataforma Digital” de una manera general, suprimiendo sus múltiples variantes: portales de medios informativos, prestadoras de servicios de comunicación (Facebook, X, Youtube, etc.) de productos streaming (Netflix, etc.), comercio y negocios (Amazon, etc.); y deja ambiguo el concepto de “normativas” aplicables e indefinido lo “temporal” de un bloqueo. 

La ATDT podría quitar concesiones de radio y televisión anteponiendo el “interés público”, con bajas posibilidades de defensa legal para los afectados; mientras, a la mejor usanza autoritaria en el mundo, también ejecutar “apagones” de Internet en zonas o regiones específicas, aduciendo razones de Estado.

Esa nueva dependencia con nivel jerárquico de Secretaría de Estado, sustituiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que es un órgano técnico constitucionalmente autónomo, instaurando uno gubernamental a modo de “superagencia” más perfilado a actuar bajo criterios políticos. 

Artículos inconstitucionales 

Erick Huerta Velázquez, exconsejero del Ifetel reveló a buzos que en la iniciativa destacan dos artículos claramente inconstitucionales: el referido 109° sobre plataformas digitales, y el 201° sobre restricciones a la transmisión de programación e información internacional.

El 201° establece una censura previa por la Secretaría de Gobernación (Segob) que supervisaría y autorizaría por escrito la divulgación de contenidos financiados por gobiernos extranjeros (como TV y radio pública), así como por organismos e instituciones internacionales.

Erick Huerta apuntó a este semanario que ese artículo es inconstitucional, porque establece una censura previa; pero, además –explicó– porque resultará imposible una supervisión así, por la cantidad de materiales de ese tipo actualmente usados por medios electrónicos comerciales y públicos, incluida la radio comunitaria.

“Además de que también es inconstitucional, por ser censura previa, es de imposible cumplimiento”, porque incluidos los medios públicos, radio y televisión tienen contenidos financiados por gobiernos extranjeros, como Alemania o Francia. 

“Muchos medios comunitarios, también utilizan contenidos financiados por fundaciones internacionales”, expuso el también experto en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y actualmente coordinador de la organización civil especializada Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

Destacó que una supervisión permanente sobre todas esas transmisiones y materiales es imposible, “¿cuánta gente tendría que haber en la Segob viendo contenidos para poder revisar toda esa cantidad que sale en televisión, en radio, mucho más en la radiodifusión pública?”.

Por otro lado, destacó que “en el Artículo 109° se señala que la agencia (ATDT) va a poder hacer el bloqueo de plataformas digitales con base en los lineamientos que ella misma genere; en realidad es un artículo inconstitucional, porque todos los actos que limiten y suspendan derechos deben estar establecidos en la ley.

“No se puede, a través de un reglamento, que no tiene determinadas las causales legales para realizar ese tipo de acciones, imponer una sanción; no se puede hacer, es totalmente inconstitucional”.

Esos artículos no pueden pasar, y si pasan, tendrían que anularse por inconstitucionales −resaltó Huerta–, “pero, bueno, no sabemos qué va a pasar ahora con esto de la reforma al Poder Judicial (que quedaría bajo el control directo de la 4T)”.

“Cuentos” oficiales 

El senador morenista y dirigente magisterial, Alfonso Cepeda Salas, quien recientemente ofreció 5.5 millones de afiliaciones de profesores y sus familias a Morena, declaró el 24 de abril: “estamos ante la gran oportunidad de poner un alto, un freno a la infodemia para dar paso a lo que debe ser una información veraz y ética”, es decir, una “veracidad ética” prefabricada por la 4T.

Que el gobierno decida la veracidad de la información, “esto es censura pura y dura nunca antes vista en México”, alertó, el 24 de abril de 2025, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), encabezado por Gerardo Soria Gutiérrez, maestro en Derecho. 

“Las multas que se pretende imponer a plataformas digitales, radiodifusión y Apps (Facebook, X, Instagram, YouTube, etc.) harán un efecto censor”, previó el IDET en un análisis sobre la reforma. 

El 24 de abril de 2025, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunció que la iniciativa abre “riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas”. 

“Posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y de la gravedad para justificar dicha medida”.

El bloqueo de plataformas digitales completas “constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio y televisión, que no puede justificarse frente a la prohibición de censura previa que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, expuso en su análisis R3D.

También menciona el Artículo 8° fracción LXV de la iniciativa e insiste en la creación de un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, lo que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 y que también quedaría a cargo de la superagencia ATDT que, además, permitiría el acceso a las bases de datos a “otras autoridades”.

En el Artículo 161° se faculta a instancias federales de seguridad pública y de seguridad nacional para utilizar equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen. De acuerdo con R3D, esto permitiría los “apagones de Internet”, es decir, los cortes de conexión a la red internacional en zonas o regiones específicas. 

Restricción sobre restricción 

El Artículo 53° de la iniciativa abre la posibilidad de que la Presidencia ordene cancelar concesiones de operación a medios de comunicación electrónicos por motivos de “interés público”.

En el 280° se plantea que las inconformidades por decisiones gubernamentales podrán ser objeto de “amparo directo”, pero elimina la posibilidad de suspender el acto, es decir, que aun en el caso de una arbitrariedad, la acción oficial se aplicará.

Con base en el Artículo 210°, los medios electrónicos quedarían impedidos para divulgar propaganda de gobiernos extranjeros; esto derivó del conocido episodio del video antiinmigrante del gobierno estadounidense de Donald Trump inicialmente difundido en redes sociales y luego insertado en TV abierta.

Establece que solamente podrán incluirse promociones culturales y turísticas, advirtiendo sanciones −de publicar lo prohibido− sobre dos y cinco por ciento de los ingresos de la empresa, incluso podrían bloquearse sus transmisiones.

Protegen la explotación digital

Protegiendo la salvaje acumulación de riqueza de quienes abusan lucrando al máximo con modernas tecnologías de comunicación digital mediante Internet, la 4T se lanza a reprimir los contenidos divulgados en medios electrónicos, mientras convenientemente omite regular las plataformas corporativas trasnacionales que causan todavía graves daños sociales. 

El experto en Telecomunicaciones y exconsejero del Ifetel Erick Huerta       explicó que el citado Artículo 109° “es la única regulación que tiene la iniciativa de ley sobre plataformas; pero hay muchísimos abusos, evasión fiscal, por lo que deberían de regularse; pero no se dice nada de eso en la iniciativa; creo que sí hace falta una ley específica para ese tema”. 

Las startups constituyen una suerte de empresas virtuales dedicadas a amasar dólares; instauradas en Sillicon Valley, California, semillero de nuevas formas de explotación digital, cuyo desarrollo es financiado por potentados inversionistas, “tahúres” de los casinos-bolsa de valores que, si fueran útiles, operarían en Internet para saltarse inversiones físicas y gastos por regulaciones en los países donde se desplazan.

Como Airbnb, inmobiliaria en la nube digital, acapara viviendas en renta, que se promociona internacionalmente entre viajeros con pago en dólares, provocando gentrificación o expulsión de habitantes rentistas citadinos con bajo poder adquisitivo; busca abrir con esto zonas de alto consumo en beneficio de nuevos negocios con mayor rendimiento y orientados a consumidores pudientes. 

O Uber, un sitio de taxis virtual, que explota el trabajo de choferes “con todo y familia”, que encuentran sustento diario rentando autos usados, y están económicamente impedidos de comprar uno nuevo, como los que se necesitan para ser “socio conductor” de la trasnacional que, sin invertir, se embolsa enormes ganancias. 

Tampoco su tentáculo Uber-Eat, y otras plataformas de delivery, que se aprovechan de la necesidad económica de trabajadores-repartidores, especialmente jóvenes, y los explotan como supuestos “emprendedores”: trabajan a bordo de sus propias motos y bicicletas en las riesgosas ciudades sin protección laboral alguna. 

En ese marco de vaivenes de la 4T surge la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que borra de un plumazo derechos civiles fundamentales para la seguridad y protección de datos personales; de expresión y acceso a la información descritos en los Artículos 6° y 7° de la Constitución y convenios internacionales concernientes. 

Incluso, múltiples especialistas han aclarado que una parte medular de la ley en telecomunicaciones y radiodifusión producirá nuevos problemas internacionales a México, porque contradicen el tratado de libre comercio llamado T-MEC, con Estados Unidos y Canadá, pactado por la misma 4T, hoy vigente.

El IDET, por su parte, subrayó que varios artículos de la reforma “son abiertamente violatorios del T-MEC, como permitir que empresas del Estado se conviertan en monopolios “en violación a las reglas de competencia”. Y quizá lo más grave –indica– es el objetivo de “censurar o prohibir la información transfronteriza enviada por medios electrónicos”. 

Sobre la elevada concentración de facultades en la ATDT, el exconsejero del Ifetel, Erick Huerta, expuso que tal agencia absorberá las contenidas por el organismo autónomo en desaparición que, por sí mismo ya era amplio, sumadas a otras extraídas de varias dependencias federales. 

Asumirá funciones atribuidas a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía y Segob. “Es una locura; no se sabe con qué estructura va a poder funcionar una agencia de ese tipo; es una incógnita”, cuestionó.

La superagencia tendría la autoridad para regular y supervisar el uso y aprovechamiento del “espectro radioeléctrico” nacional (espacio por donde se difunden transmisiones) efectuado mediante redes para la prestación de servicios digitales. 

Además, el proyecto “gobierno digital” controlaría las bases con datos personales de la población, pero no garantiza su protección contra el dominio social, con el argumento de que trámites oficiales se realizarán utilizando sistemas biométricos, equipos identificadores de rostros y de huellas personales: digital y de iris ocular. 

Frente a la nueva agencia, la ley-censura y la amenaza del boqueo digital, impulsada desde Palacio Nacional, diversas voces se sumaron y la rechazarán, entre ellas los partidos de oposición, líderes de opinión, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas −como universidades− y privadas. Existe una posibilidad pero, como en otros casos, Morena sólo ha organizado un espectáculo y finalmente aprobará las leyes que sirvan a sus intereses aprovechando su mayoría legislativa.