Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su administración, ordenó sustituir el padrón de beneficiarios de los programas sociales de los gobiernos anteriores —a los que acusó de repartir “frijol con gorgojo”— por un listado nuevo que integrarían sus promotores del voto en la campaña presidencial de 2018.

Una vez en Palacio Nacional, estos gestores de la imagen política de AMLO –cuyo número ascendía entonces a 19 mil– quedaron adscritos a la Presidencia de la República como funcionarios públicos con el nombre de Servidores de la Nación y la tarea complementaria de realizar padrones y entregar apoyos sociales de la Secretaría del Bienestar (SB), versión actual de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu).

El 16 de agosto de 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió aplicar medidas cautelares para modificar las labores de estos promotores, ya que cuando cumplían funciones oficiales, aprovechaban su encargo para promover la imagen del Presidente y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La medida fue solicitada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para evitar el uso indebido de recursos públicos en la promoción personal de AMLO y partidista de Morena; el dictamen fue elaborado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y aprobado, de manera unánime, en una sesión extraordinaria de los consejeros de esta institución autónoma.

La tutela preventiva ordenó la inmediata suspensión del uso del nombre del Presidente de la República en la indumentaria, los chalecos, las gorras, las mochilas y los gafetes de las personas encargadas del censo y la asignación de beneficios de los programas sociales del Gobierno Federal.

Esta prohibición se debió a que, en dichos aditamentos, los SN portaban la leyenda “Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, 2018-2024”. En su reporte 236, el Consejo General estableció, asimismo, que los promotores no debían citar a AMLO durante la entrega de estos apoyos, ya que “… de igual manera, se desprende que en dichos actos se ha hecho mención de este servidor público como benefactor o persona que ha instruido u ordenado la entrega de los beneficios sociales”.

Hacer “como que cambianˮ

La Comisión de Quejas del INE resolvió que los hechos mencionados podrían ser violatorios del Artículo 134° Constitucional y constituir promoción indebida del voto, “así como un quebrantamiento de los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse al ejecutarse o implementarse los programas sociales, a fin de no afectar las condiciones de la competencia entre los partidos políticos”.

El INE ordenó, además, el retiro de publicaciones en los sitios de Internet, entre ellos redes sociales, donde también se hacía promoción. “La Comisión determinó declarar procedente la medida cautelar y ordenó el retiro de las publicaciones denunciadas, en un plazo no mayor a doce horas, así como abstenerse de realizar publicaciones de similar naturaleza”.

Desde entonces, Morena y el Presidente buscaron el modo de que los Servidores de la Nación pudieran continuar sus actividades propagandísticas a pesar de las restricciones ordenadas por el INE. Los chalecos guindas, asociados al color oficial de Morena, desaparecieron a medias, al integrárseles una parte de color beige, y se retiró el nombre de “López Obrador” en su indumentaria de trabajo.

Ahora, los chalecos guindas tienen el escudo nacional en la espalda con el nombre “Servidores de la Nación” y los de color beige aparecen con el logotipo oficial de la “Cuarta Transformación” (4T), es decir, con los perfiles de Hidalgo-Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas.

Pese a los cambios ordenados por el INE, los Servidores de la Nación han continuado con sus actividades de propaganda partidista ya que sus supervisores son militantes de la 4T y trabajan con los mismos objetivos. Gabriel García Hernández, ex Secretario de Organización de Morena y encargado de las redes de promoción del voto en favor de AMLO en la campaña 2018, es hoy el coordinador nacional de los SN.

El 1° de noviembre de 2019, el exlegislador federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, presentó su libro Servidores de la Nación: la operación política del gobierno de la 4T, en el que desenmascara la naturaleza del equipo de los Servidores de la Nación, integrado por 18 mil 500 activistas, como parte de una estructura de operación electoral del gobierno de AMLO a favor de Morena y con un costo para el erario de tres mil 300 millones de pesos (mdp) al año, solamente en salarios y gastos de operación.

Hernández Soriano denuncia en dicha obra que la mayoría de los actuales Servidores de la Nación fueron promotores del voto en favor de AMLO y que hoy controlan el acceso de los ciudadanos a los programas sociales del Gobierno Federal, atribuyendo la entrega de recursos públicos al mandatario, con lo que violan el Artículo 134° de la Constitución, que afirma con absoluta claridad lo siguiente:

“(…) Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

“La propaganda de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Matías Bueno, secretario general del PRD en el estado de Morelos, aclaró a este semanario: “AMLO mantuvo un discurso muy claro en contra de la corrupción y fue un férreo crítico de los momentos de mayor totalitarismo que llegó a tener el PRI como partido hegemónico desde el gobierno, con control de la Cámara de Diputados y el Senado, incluso, hasta del propio Poder Judicial. Todo aquello que señaló, que observó, hoy parece volver a editarse en la política o en la estrategia pública del actual Gobierno Federal regresando a ese corporativismo.

“Los Servidores de la Nación juegan un papel importante a través de actores netamente políticos, con una estructura de superdelegados, van tomando control de aquellos grupos clientelares, beneficiarios de algún programa social, para que el partido en el poder, en este caso Morena, pueda refrendar una actitud antidemocrática”. 

José Luis Espinosa Piña, analista político, abogado y exlegislador federal, informó a buzos que “los Servidores de la Nación en realidad no son servidores de la Nación, sino servidores de los intereses electorales de Morena. Deberían cambiarles de nombre para ya no simular, que los quiten de la nómina gubernamental y los pongan en la de su partido político, y nos dejen de engañar a todos. Con recursos públicos no se puede financiar esto”.

Proselitismo sanitario

Matías Bueno precisó que la actividad de los Servidores de la Nación en las brigadas de vacunación locales, se mantiene pese a que no tienen una actividad concreta en el trabajo de inoculación del personal médico especializado y en el de los elementos de las fuerzas armadas.

Cada una de las 10 mil brigadas encargadas de vacunar a 300 mil personas a la semana está formada por cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Armada de México, dos encargados de la aplicación de la vacuna, dos voluntarios y dos miembros de los Servidores de la Nación, en suma, unas 120 mil personas involucradas en el programa de inmunización en el país.

El 16 de enero de 2021, se agudizó la controversia sobre la participación de los Servidores de la Nación en estas brigadas de vacunación, debido a que se divulgó que fueron vacunados al mismo tiempo que los médicos y enfermeros, a pesar de que no realizan ningún trabajo sanitario.

José Luis Espinosa sostiene que “politizar el tema de la pandemia y las vacunas solo contribuye a agravar las cosas. Hay asuntos que no pueden pasar por una politización, una partidización, siempre sale el tiro por la culata. Los asuntos de salud, los asuntos de emergencia nacional, de crisis social, requieren otra lógica y otro tratamiento.

“Creo que cuando la historia juzgue este periodo, uno de los juicios más terribles que va a hacer la historia, va a ser precisamente sobre el pésimo manejo de la pandemia, asumiendo decisiones políticas, en donde debería haber decisiones administrativas, científicas, colectivas, decisiones de la sociedad, solamente coordinadas por el gobierno. Pero el gobierno quiere hacer todo y lo está haciendo bastante mal, no solo a los ojos de los mexicanos, sino de la comunidad internacional”.

La coordinadora de los diputados federales del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que “la incapacidad del Gobierno Federal y la decisión del Presidente de la República de centralizar la aplicación de las vacunas ha generado abusos y anarquía, y permitido que funcionarios públicos que no están en la primera línea de combate al Covid-19 se salten el orden y se vacunen.

“Si al Presidente y a las autoridades sanitarias les incomoda que se les acuse de utilizar con fines políticos y electorales las vacunas, es muy simple, que se apeguen a las normas ya establecidas y que permitan que sea el Consejo Nacional de Vacunación el que se haga cargo de la campaña de vacunación contra el Covid-19”, destacó Juárez Piña.

El 12 de enero de este año, AMLO negó que los Servidores de la Nación realizaran una actividad proselitista y aseguró que la participación de sus promotores sociales en las brigadas de vacunación no tendría fines electorales.

Sin embargo, el diputado federal panista Héctor Jaime Ramírez Barba presentó una denuncia el 21 de enero de 2021, por el presunto uso indebido de recursos públicos en propagada electoral del Presidente y los Servidores de la Nación quienes, además de ser servidores públicos al servicio del Gobierno Federal, forman parte de la estructura electoral de Morena.

Con su denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Ramírez Barba entregó copias de páginas capturadas de las redes sociales de AMLO y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en las que se mencionan asuntos de contenido electoral.

El legislador demandó la suspensión de las actividades de los Servidores de la Nación en las brigadas de salud que aplican la vacuna contra el Covid-19, aduciendo que el Artículo 134° constitucional prohíbe expresamente el uso de los recursos públicos en acciones de propaganda personalizada y electoral.

Servidores públicos en campaña

El activismo propagandístico de los Servidores de la Nación se remonta al inicio del actual gobierno sexenal y ha sido denunciada sistemáticamente por todos los partidos opositores que han asumido una actitud crítica hacia la administración de AMLO; es el caso de las denuncias interpuestas por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moreno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que forman la coalición Va por México.

“Respaldamos la decisión del INE de impedir que el Presidente use el aparato de comunicación a su alcance para hacer propaganda a favor de su partido y en contra de la oposición, pero también exigimos que se les cuiden las manos a los mal llamados Servidores de la Nación, que lo mismo reparten dinero en efectivo, que hacen propaganda política con la vacuna contra el Covid-19”, refirió Cortés el 17 de enero.

Cortés denunció que los Servidores de la Nación integran una organización de Morena que cobra en el gobierno y está encabezada por Gabriel García Hernández, operador electoral de AMLO, quien tiene además a su cargo a los superdelegados del Gobierno Federal en las 32 entidades, algunos de los cuales buscan la nominación de Morena en los 15 estados donde habrá comicios para renovar la gubernatura.

El dirigente panista aseguró que tales funcionarios “son los encargados de manipular el gasto electoral disfrazado de programas sociales… Si mantiene su obstinación en atacar a la oposición, si sigue usando su micrófono mañanero para beneficio de su partido, si sigue manipulando los programas sociales y vacunas como instrumento electoral, quedará marcado en la historia de México y del mundo como un Presidente completamente antidemocrático”, destacó Cortés.

García Hernández, exsecretario de Organización de Morena, creó la actual estructura de la SB donde los Servidores de la Nación están encargados de integrar los padrones de beneficiarios de los programas sociales, de entregar éstos en algunos casos y, como ahora, de sumarse a campañas masivas en las que pueden cooptar votantes para Morena.

Los 19 mil miembros del equipo de Servidores de la Nación forman una estructura subdividida en 2066 regiones a cargo de coordinadores y 32 delegados estatales, los denominados superdelegados, que tienen la facultad de decidir la incorporación de las personas a los programas sociales. El trabajo de campo de los Servidores de la Nación consiste en recorrer, casa por casa, las comunidades sociales marginadas del país, donde recogen datos, se enteran si las personas están afiliadas a algún partido político, si son beneficiarias de algún programa social y deciden la inscripción de ciudadanos a los nuevos programas de la 4T, además de actualizar los padrones de beneficiarios de la Secretaría del Bienestar.

Estos activistas también distribuyen las tarjetas del Banco Azteca, en las que se depositan los recursos monetarios de los 10 programas sociales, entre ellas las Becas Benito Juárez para estudiantes, las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, cuyo presupuesto global asciende a 300 mil mdp anuales.

Los “Servidores de la Nación” aprovechan estas encomiables tareas gubernamentales para entregar a los beneficiarios de los programas sociales folletos en los que se plantean los “grandes” resultados del gobierno de la 4T.