Los gobiernos de Guatemala y México persisten en hacer el trabajo sucio a Estados Unidos (EE. UU.) en la contención de las caravanas migrantes de Centroamérica, advirtió Ivonne Álvarez Gutiérrez, doctora en ciencias sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), al analizar la más reciente movilización de este fenómeno social.

La investigadora criticó esta tarea, porque además del “muro de contención” dispuesto en la frontera de ambas naciones, las autoridades mexicanas y guatemaltecas se han propuesto dispersar y deportar a los migrantes mediante un tremendo despliegue policiaco-militar y agentes de migración que no consideran la presencia de personas vulnerables en estas marchas colectivas.

En entrevista con buzos, Álvarez Gutiérrez destacó que los organizadores de la caravana 2021 mandan al frente a niños y mujeres con el propósito de inhibir la represión violenta; pero, como pudo verse en la actitud de la Policía Nacional de Guatemala, las autoridades de ese país y México –que ha desplegado más de 500 efectivos de la Guardia Nacional (GN) en el río Suchiate– están dispuestas a cumplir su compromiso con EE. UU.

Explicó que esto se evidencia en los supuestos de que la caravana debe conducirse “segura, ordenada y regular”, y en el uso de estos eufemismos para referirse a las medidas de control y contención de un problema socioeconómico tan complejo como el que se vive en los países de Centroamérica y la expresión caótica a lo largo de la frontera mexicano-guatemalteca.

La experta recordó, por ejemplo, que desde el año pasado, Honduras padece no solo el ataque de la pandemia, sino también las secuelas de dos huracanes de intensidad impresionante, que a su vez son efecto del cambio climático y que golpearán con mayor incidencia esa región de Centroamérica.

“Entonces, la postura está siendo de desprotección, aún con estas acciones de enviar camiones de aparente solidaridad; pero que no tiene otro objetivo más que contener, retener y regresar. ‘Antes que el problema me llegue aquí a mi frontera, prefiero que tú, Guatemala, y yo, con toda esta solidaridad aparente que tengo, te mando los camiones para que regresen a su país’. Pero creo que no estamos viendo esos movimientos justamente con esos lentes humanitarios; por lo que debemos de verlo con toda esta crisis que estamos viviendo, y no se está mirando con esa postura crítica hacia el país de origen”, explicó Ivonne Álvarez.

La investigadora se pregunta qué es lo que se está haciendo para evitar o por lo menos prever los efectos adversos de los desastres naturales en las comunidades más pobres y marginadas.

Su respuesta es que no se está haciendo nada, porque los gobiernos de los países del llamado “triángulo norte” –Honduras, El Salvador y Guatemala– ven como solución natural la migración hacia EE. UU., incluso, como en el caso de Guatemala, piensan que una caravana puede ser “segura, ordenada y regular” en el contexto del caos, la inseguridad, pobreza e incertidumbre que se viven en esa región.

La migración es un derecho humano

Pero las expulsiones de gente derivadas de problemas socioeconómicos –desempleo, bajos ingresos, violencia intercomunitaria, etc.– no se detendrán; continuarán porque “la migración es un hecho histórico. Es un derecho de las personas decidir a dónde movilizarse y buscar mejores condiciones de vida, aunque todavía no está reconocido como derecho humano; en otras palabras, existe el derecho de salir de tu país, pero no tienes el derecho de ingresar a otro país y todavía esa regulación está en manos de los países de destino. Por eso es que las políticas migratorias son diferentes en cada país. Falta justamente ese otro derecho de entrar a cualquier país, que es por el que se está luchando actualmente”, agregó Ivonne.

Para diversas organizaciones civiles en Chiapas, las políticas de detección, contención y devolución no están funcionando: “Los lentes tienen que ser otros; tienen que ser de seguridad humana; tienen que ser de derechos humanos. Ahorita que estamos tanto en el argot de los derechos humanos, esos lentes han estado ausentes en las políticas migratorias. Dicho de otra manera: no estamos poniendo en el centro a las personas, sus necesidades y su dignidad humana. Estamos poniendo en el centro la propia seguridad nacional de cada país y, en función de esto, cada país hace con los movimientos migratorios lo que se le da la gana. Y ahí mucho está en influir en los países de origen, y no necesariamente con políticas de rotación de recursos, de generación de empleo, porque estas acciones generan cierta incertidumbre, sino que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o desde la propia Organización de Estados Americanos (OEA), se puedan generar políticas o programas que obliguen a los países de origen a atender a su población”, asegura la investigadora de la UNACH.

Ivonne Álvarez afirmó que urge la presencia de los defensores de derechos humanos en la primera caravana migratoria, porque sus organizadores exponen a mayor violencia, en primer lugar, a los migrantes más vulnerables, y porque la estrategia de los gobiernos que la atajan, en vez de observarlas y brindar seguridad a las personas, en realidad están trabajando por desarticular su marcha y enviándolas a migrar por lugares peligrosos, ocultos y en pequeños grupos.

Es en estos “puntos ciegos”, explica, donde operan los grupos de crimen organizado. “Definitivamente, la migración es algo que no se va a parar, es imposible lograr pararlo y es imposible principalmente por las condiciones en las que se origina”.

De acuerdo a diversas investigaciones de campo, uno de los principales factores de la migración en el “triángulo del norte” es la violencia extrema que generan los grupos delictivos autodenominados Maras Salvatruchas, que inicialmente surgieron en El Salvador, ahora han proliferado en Honduras y tienen como caldo de cultivo la pobreza extrema y la desintegración familiar.

La presencia de estos grupos obliga a muchas personas, especialmente a los jóvenes, a huir hacia EE. UU. en busca de empleo y seguridad. Los que logran acceder a México, se quedan un tiempo en su territorio. Justamente por este tránsito hacia la frontera norte, es que algunos expertos se refieren a la “verticalización” del fenómeno migratorio, aunque otros lo atribuyen a la “externalización”, porque el Gobierno de México trasladó el muro de contención norte a la frontera sur con Guatemala.

Cabe destacar que recientemente hubo un cambio en la Ley de Migración Mexicana para armonizarla con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y establecer que, a partir de enero de 2021, ningún menor de edad deberá ser detenido y deberá albergarlo el INM, que debe alojarlos en el sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o colocarlos en familias que les den acogida.

En 2019, el INM reportó la presencia de un alarmante número de migrantes con edades inferiores a los 11 años, que viajaban solos y que superaban la cifra de los adolescentes y que, por supuesto, son mucho más vulnerables que otras personas. En esta transformación del fenómeno migratorio, deberían obligar a las autoridades a ver más “en la seguridad humana y no en la seguridad nacional”, insistió Ivonne.

La académica señaló que aunque pudiera resultar difícil y hasta utópico un cambio en la actual política migratoria, México está en la posibilidad de brindar mejor trato a los migrantes solo con aplicar sus leyes vigentes, las cuales excluyen medidas de contención y expulsión y prevén la satisfacción de las necesidades básicas de los migrantes –alimentación, alojamiento, atención médica– y su regularización.

Recordó que la estrategia implementada por el Gobierno Federal cuando llegó la primera caravana masiva, incluyó la entrega de visas humanitarias para que los migrantes estuvieran un año en el país, y que esta medida fue muy aplaudida por la ONU y las organizaciones civiles de muchos países en el orbe. El único que no estuvo conforme fue el gobierno de EE. UU. porque el destino final de esos migrantes era su territorio.

Mientras tanto, la violenta represión ordenada por las autoridades de Guatemala, como el gran despliegue de la GN y agentes del INM, han puesto en alerta a los defensores de derechos humanos que integran la Red de Monitoreo de la Frontera Sur, que se dedicarán a observar el comportamiento de la seguridad pública mexicana frente a la posible irrupción de los migrantes centroamericanos.

Las Redes de las OSC suponen que será muy difícil que la caravana llegue con la misma organización o estructura con que se inició en Honduras, y que lo más probable es que después de su dispersión en Guatemala, llegue informe y fragmentada a la frontera sur de México, donde espera un fuerte operativo militar y los agentes INM, que incluso revisan a quienes cotidianamente cruzan el río Suchiate en Tapachula.

“Por ello, la actitud que debería adoptar nuestro país es de atención de las personas que vienen en la caravana y sus propias necesidades. Esperemos que así sea y que se atienda, se reciba y que no se reprima”, concluyó la investigadora.