“No tengo mamá ni papá… para sobrevivir buscábamos botellas de aluminio y cobre en el basurero… dejé la escuela para ayudar en mi casa con el dinero… a mis 14 años mi padrastro intentó abusar de mí”.

Cuando tenía 15 años, estas experiencias vitales indujeron a Alicia, primero a fumar marihuana y luego a consumir “la piedra, el crack, la cocaína y el resistol”; ahora lleva nueve en la cárcel por la comisión de un homicidio calificado por el que la condenaron a 25 años.

La falta de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas como vivienda, salud, alimentación y educación, junto a los altos niveles de violencia física, verbal y sexual del entorno familiar y social, son factores determinantes de la conducta delictiva de muchos niños y adolescentes, sostiene la organización no gubernamental (ONG) Reinserta.

En una encuesta que esta ONG realizó en febrero pasado a cinco mil 539 de 230 mil 730 personas encarceladas en diversos centros penitenciarios de la República Mexicana, pudo detectarse que 522 mujeres y cinco mil 37 hombres con un promedio de 35 años de edad iniciaron sus actividades delictivas cuando eran infantes y adolescentes.

Estas conclusiones de la muestra conforman el estudio Exposición a la violencia en la infancia y adolescencia de personas privadas de libertad, que permite explicar por qué en México, un país donde gran parte de la población es pobre, en los titulares de la prensa diaria predominan las noticias como:

Detienen a distribuidor de drogas de La Unión Tepito… Un grupo armado irrumpió a las seis de la mañana en un domicilio y mató a dos niñas, a su madre y a su abuela… En Ecatepec detienen a cinco por robo con violencia… Hallan a una mujer sin vida en el fraccionamiento Ana de Torreón…

Antes encabezados tan escalofriantes, que provocarían enojo en los lectores e inclusive deseos de represión violenta contra los delincuentes, muy pocos son quellos quienes llegan a preguntarse ¿qué lleva a los sujetos a cometer actos que dañan al prójimo? En palabras de la directora general de la ONG Reinserta, Mercedes Castañeda Gómez Mont, al principio del documento, muchas personas no entienden que detrás de los hechos delictivos hay un contexto familiar y comunitario estructural que promueve la normalización de acciones violentas, como lo sugiere la lectura objetiva de los resultados de la encuesta de Reinserta.

Cuatro de cada 10 entrevistados afirmaron haber presenciado actos delictivos en sus comunidades durante su adolescencia; el 90 por ciento expresó haberse involucrado en actividades delictivas antes de los seis años; y que cuando tenían entre 12 y 18 (la edad de mayor vulnerabilidad psicológica) habían consumido drogas como tabaco, marihuana, piedra y heroína.

El informe de la ONG –que apoya a niños y adolescentes que han sufrido situaciones traumáticas vinculadas con la violencia en México– revela que la falta de acceso a la educación y la deserción escolar son factores muy influyentes de la conducta violenta en muchas personas cuando llegan a la vida adulta.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), durante 2019 en México, el 63.4 por ciento de las niñas y el 62.7 por ciento de los niños de uno a 14 años sufrió alguna agresión psicológica o daño físico. En el ambiente escolar, el 37 por ciento de las jóvenes y el 35 por ciento de los varones entre 12 y 17 años padeció violencia.

Inevitable deserción escolar

“Yo tenía que hacerme cargo de mis hermanos todo el día. Me tuve que salir de la escuela para cuidarlos”, afirma Ilse, de 27 años. En la misma situación se encuentra Esther, quien ahora tiene 32 años, pero empezó a trabajar a los ocho años para ayudar a su abuelita “con la luz eléctrica y el agua mientras mi abuelito daba para la comida y lo demás”.

Otro factor importante de las actitudes violentas en los menores es el ambiente en el entorno escolar, donde la socialización, en lugar de propiciar mejores conductas, facilita las prácticas de violencia física, verbal y sexual; porque algunos estudiantes tienen acceso a sustancias tóxicas y armas.

Reinserta sostiene que muchos docentes en México carecen de la sensibilidad y las herramientas indispensables para detectar y prevenir –mediante la supervisión e intervención de los padres– los graves riesgos que enfrentan sus alumnos, como es el caso de la deserción escolar.

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), coincidente con este diagnóstico, ha denunciado reiteradamente la nula importancia que el actual Gobierno Federal brinda a la educación básica, en particular el abandono de muchos estudiantes.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en el ciclo escolar 2021-2022 se inscribieron 633 mil 967 estudiantes menos en el nivel escolar básico en comparación con el ciclo anterior; en tanto que el Banco Mundial (BM) afirmó que debido a la falta de acciones eficaces para combatir la pandemia de Covid-19 y la violencia física, los niños y adolescentes de México perdieron dos grados de escolaridad.

En relación con este último factor, la FNERRR ha denunciado que las autoridades no realizan acciones para frenar la violencia existente en las aulas, cuya incidencia resulta alta; según la organización Bullying sin Fronteras, siete de cada 10 alumnos han sufrido o sufren acoso escolar.

Además, en 2022, con el regreso a clases presenciales luego de la contingencia sanitaria generada por la pandemia, se registró un incremento de hasta 90 por ciento en la incidencia del bullying con respecto a los dos años anteriores.

En sus estudios especializados, Reinserta insiste en que las experiencias traumáticas por agresión física, maltrato verbal y victimización en general desempeñan un papel decisivo para que los niños y adolescentes se inicien “en los caminos de la drogadicción y la violencia delictiva”.

Se rompe el núcleo familiar

“En varias ocasiones vi a mi mamá meter a sus amantes a la casa cuando mi padrastro no estaba. Sabía quiénes eran porque nuestra casa era humilde y se escuchaba todo a través de las paredes. Cuando mi padrastro se dio cuenta de lo que hacía mi mamá, la golpeó y se fue por un tiempo. A partir de ese día, creo que mi mamá sacó su frustración con mi hermano y conmigo porque se volvió más violenta; nos pegaba, nos gritaba y nos humillaba”, recordó Amanda, de 27 años, quien cumple una condena por homicidio, aunque se ha declarado inocente.

La familia está considerada el núcleo de toda comunidad social y nacional; en ella, los infantes reciben las primeras atenciones vitales (comida, protección física, afecto, etc.), pero recientemente algunos estudios especializados la han interpretado como una de las principales fuentes de violencia física y vulnerabilidad psicológica contra infantes y adolescentes.

La encuesta que Reinserta, A.C. efectuó a principios de este año concluye que muchos de los niños y adolescentes que sufrieron rupturas, agresiones y abandono familiares se vieron obligados a buscar protección, afecto y sentido de pertenencia en los grupos delictivos. El estudio detalla que muchos de los presidiarios consultados revelaron que durante su adolescencia padecieron tres experiencias traumáticas: saber que tenían un familiar en la cárcel, haber perdido a su padre o madre biológica y vivir con alguien con problemas de adicción a alguna o varias drogas.

Es por ello que esta ONG ha exhortado a las autoridades, a la sociedad civil y a las instituciones académicas a unir esfuerzos para realizar propuestas de solución a este grave problema y a restituir los derechos de los menores. Las principales recomendaciones de Reinserta están divididas en cinco ámbitos de acción: 1) Gestión política 2) Seguridad y justicia 3) Educación 4) Cultura ciudadana y 5) Salud.

Entre sus llamados a las autoridades federales, estatales y locales destaca la demanda de que se cumplan la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; que elaboren un plan nacional que prevenga y atienda los problemas que vulneran los derechos de la infancia mediante ONG´s, centros educativos y organizaciones empresariales.

“La calle fue la que me terminó de criar, me enseñó a robar, a delinquir y a drogarme; es lo único que aprendes ahí… a los 13 años empecé a consumir drogas, marihuana, resistol, cocaína; al principio era mi manera de divertirme, mi pasatiempo y era la principal razón para delinquir; necesitaba dinero para comprar mi vicio… poco a poco, en vez de pasatiempo, se volvió una adicción”, reconoce Alejandro, quien hoy tiene 43 años y a los 31 fue acusado y sentenciado por homicidio calificado.

AMLO niega la realidad de México

En una de sus mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que su gobierno había logrado reducir los altos índices de violencia que dejaron los gobiernos federales que lo antecedieron; afirmó que en materia de seguridad, los delitos del fuero federal se habían reducido 30 por ciento, mientras que los homicidios dolosos, más de 11 por ciento.

Durante su visita del pasado 14 de abril a Zacatecas –donde en los últimos cinco años, según datos oficiales, han ocurrido tres mil 528 asesinatos y desapariciones– el primer mandatario reconoció que tiene “mucha confianza y fe de que vamos a resolver el flagelo de la violencia”, tanto en esa entidad como en el resto de país, con el apoyo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Pero en el transcurso de los cuatro años y medio que lleva, su gobierno se ha convertido en el más violento de la historia reciente de México, según el análisis de incidencia delictiva del primer trimestre de 2023 realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano, y que su director Francisco Rivas difundió en un artículo suyo publicado el 26 de abril en El Universal.

Con dos por ciento más víctimas que en 2022 y más de 150 mil homicidios dolosos en lo que va del presente sexenio, el gobierno de AMLO suma el mismo número de asesinatos registrado en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y supera con 22 por ciento los contabilizados en la de Felipe Calderón Hinojosa.

En el actual gobierno, la violencia delictiva se ha incrementado de forma alarmante, como lo muestran los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi (2023); pues el 64.2 por ciento de las personas encuestadas (todas mayores de 18 años) dijeron sentirse inseguras en el lugar donde viven; el 60.6 por ciento afirmó haber observado a gente consumiendo alcohol en la vía pública; 52.2 por ciento ha visto robos, el 42.7 por ciento actos vandálicos; 39.8 por ciento, venta de drogas; y el 38.3 por ciento aseguró haber escuchado con frecuencia disparos con armas de fuego.

“Este sexenio también es el peor en desaparición de personas, feminicidios, delitos que atentan contra la libertad personal; robos a negocio, narcomenudeo, trata de personas, delitos que atentan contra la sociedad; lesiones dolosas, violencia familiar y violaciones, entre otros delitos”, escribió Rivas Rodríguez.

En cuanto a los delitos cometidos contra niños y adolescentes (es decir, en edades entre cero y 17 años) hubo un aumento de 912 víctimas más con respecto a 2021, cuando se registraron 22 mil 969; ya que de enero a octubre de 2022 se reportaron 27 mil 881, según el Inegi.

Hasta noviembre de 2022 se contabilizaban cuatro millones de niños y adolescentes que se arriesgaban a ser reclutados por las agrupaciones delictivas, según el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia.

En su informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamiento a un problema complejo, revela que los infantes más vulnerables son el 82 por ciento de los que no asisten a la escuela (3.4 millones) y el 32.5 por ciento de los niños y adolescentes que trabajan (1.3 millones).

“El involucramiento de los niños, niñas y adolescentes es una ‘excelente inversión’ para la delincuencia organizada. La corta edad de los miembros les permite retomar actividades ilegales con facilidad, en caso de tener breves encuentros con el sistema de justicia; además, otro beneficio de su juventud es la creación de lazos profundos con las personas con quienes se relacionan a partir de la colaboración o el miedo”, se lee en el documento.