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El pasado viernes 25 de octubre, los representantes del Senado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (BM) se declararon satisfechos con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2020 porque, señalaron, garantizará la estabilidad macroeconómica del país. Arturo Herrera, titular de la SHCP y responsable de la propuesta, se congratuló porque el resultado final de la LIF, tras el análisis del Congreso, fue satisfactorio. Asimismo, Gerardo Esquivel, subgobernador del BM, declaró que “Es positivo que se haya aprobado la Ley de Ingresos. Tal como ha sido planteada junto con la propuesta de Presupuesto de Egresos (…) plantean una política fiscal prudente (…) es una garantía que se mantendrá la macro estabilidad económica en el país”.
La discusión sobre los presupuestos del Estado en las cámaras de Diputados y Senadores se basa en el supuesto de que en estas instituciones efectivamente están representados los intereses de los distintos grupos sociales que conforman a la sociedad mexicana, y que, por lo mismo, ahí se defienden aquéllos y se hace una distribución equitativa de la riqueza social generada por el pueblo. Cada año se discute el llamado “paquete fiscal”.
Éste consiste, por un lado, en la propuesta que el Presidente de la República hace sobre el monto de los ingresos que el Gobierno Federal dispondrá el año siguiente con sus respectivas fuentes; es decir, los impuestos, los derechos y las ganancias de las empresas paraestatales y servicios públicos que presta el Estado. El paquete fiscal, como se mencionó arriba, incluye el proyecto del gasto gubernamental, es decir, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Los presupuestos para 2020 se hicieron con el mantra del Presidente de la austeridad republicana. Y como éste se comprometió a no incrementar la deuda y los impuestos, ya que según su diagnóstico para resarcir las injusticias que hay en México solo se necesita combatir la corrupción, el monto de su propuesta de ingresos apenas aumentó. De acuerdo con la LIF el gobierno dispondrá de seis billones de pesos, equivalente a poco más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Los ingresos del Gobierno Federal serán muy similares a los que tuvo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, especialmente a partir de la caída del precio internacional del barril de petróleo en 2015, cuando su gobierno se quedó sin una fuente importante de ingresos.
La aplaudida aprobación de la LIF 2020 genera una pregunta relevante para prever lo que podría ocurrir el año que entra: ¿qué significa la estabilidad macroeconómica? Esencialmente que habrá poca variabilidad del poder adquisitivo del peso mexicano; es decir, que primero habrá una inflación controlada y por debajo de la tasa objetivo del BM (tres por ciento); y, segundo, que habrá un comportamiento estable del tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar. Estas explicaciones, sin embargo, omiten otros costos consustanciales de la estabilidad macroeconómica que el actual gobierno pretende soslayar u ocultar a la ciudadana.
Entre los efectos negativos más importantes de la estabilidad macroeconómica destacan la contención de las inversiones productivas, de la demanda de los consumidores, del crecimiento económico y, por lo tanto, de la generación de empleos. Una estabilidad macroeconómica así no es benéfica para todos por igual, sino para los que ya tienen garantizado un ingreso. Hay que recordar que, en México, los desempleados abiertos, subempleados y autoempleados en el sector informal alcanzan la impresionante cifra de 45 millones de personas. ¿A quién, entonces, beneficia la estabilidad macroeconómica?
Ahora sabemos que la persistencia y ahondamiento de esa desigualdad ya no se explica por factores naturales sino por razones en el fondo económicas. O, dicho brevemente, por razones estrictamente humanas.
“No queda claro cuales las diferencias reales entre lo que se implementó y lo que se pretende hacer ahora”, dijo Francisco Rivas.
El Gobierno de AMLO gastó 29 por ciento más que el de Enrique Peña Nieto.
Lleva dos años en el poder y no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar para bien.
El Vocero Nacional del Movimiento Antorchista, Homero Aguirre Enríquez denunció que la administración de Andrés Manuel López Obrador aplica una política basada en la ausencia total de obras y servicios para los mexicanos.
El presidente López Obrador gestionó mal la pandemia, al grado de que hasta ayer, la Secretaría de Salud reportó 259 mil 326 defunciones a causa del Covid-19.
Debido a la pandemia por Covid-19, los panteones del área metropolitana de la capital permanecerán cerrados para impedir aglomeraciones y evitar más contagios de coronavirus.
El número de ocupados informales fue 31.6 millones, lo que representó 55.8 por ciento de la población ocupada, y subió en 2.16 millones respecto al mismo lapso de 2020.
El dinero se le fue entregado en al menos tres encuentros que sostuvo David León con el hermano del presidente.
El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) arrojó que el porcentaje de participación osciló entre el 7.07 y el 7.74 por ciento.
El embajador estadounidense Ken Salazar publicó un comunicado en el que calificaba la reforma judicial como “un riesgo para la democracia”.
El Presidente y su partido se han limitado a difundir que la corrupción se oculta hoy en el Poder Judicial
“El Movimiento Antorchista hace arte porque así lo demanda nuestra labor política, nuestra labor de organización y educación de un auténtico movimiento
En agosto de 2017 Lozoya envió una carta al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra.
Y añado que un periodista de verdad no puede ni debe dejarse arrastrar por sus fobias personales cuando escribe sobre alguien a quién reprueba de antemano.
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Escrito por Vania Sánchez
Licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por El Colegio de México y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).