Todo apunta a la inminente invasión de Venezuela desde Colombia. Asesores de élite del Comando Sur de Estados Unidos (EE. UU.) llegaron a ese país para librar una supuesta misión antinarcóticos y de “agentes malos” en la región.

Con el permiso incondicional del presidente Iván Duque, los extranjeros dictan estrategias de combate, definen objetivos y operan equipos de alta tecnología. Las fuerzas progresistas del mundo denuncian que la superpotencia, a la que no le interesa restringir la narcoadicción de millones de sus ciudadanos, ni destruir las redes de narcotráfico en su propio territorio, envió asesores a Colombia para diseñar una embestida militar contra el gobierno bolivariano.

Los 50.3 millones de colombianos fueron sorprendidos por el comunicado de la embajada estadounidense, mediante el cual supieron sobre la llegada de esa brigada, ya que el presidente de su país no les informó en torno a esa decisión no autorizada por el Senado. Así, en medio de la pandemia de Covid-19 que supera los 38 mil casos positivos y mil 220 fallecidos, Bogotá permitió a Washington iniciar el supuesto operativo antinarcóticos por la Unidad Especializada en Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB).

La presencia de tropas y asesores de alto nivel estadounidenses y de otros países no es nueva. En la etapa más intensa del Plan Colombia, pactado hace más de dos décadas por el entonces presidente Andrés Pastrana, y cuyo financiamiento corrió a cuenta del país sudamericano, hubo miles de tropas extranjeras. Lo característico de este despliegue es que incluye más inteligencia, declaró el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller.

Para los analistas, esta misión agudiza el confllicto de baja intensidad protagonizado hace años por Colombia y Venezuela. Los dos “se están mostrando los dientes” desde que barcos iraníes llevaron combustible a Venezuela y ambos quedarían en medio de la tensa relación entre Irán y EE. UU., explicó Carlos Arévalo, expresidente de la Academia Internacional de Derecho ante medios de prensa locales.

El presidente Iván Duque evadió las críticas a la operación de las SFAB. Desdeñoso con sus ciudadanos, no les informó su decisión hasta que el asunto ya era tendencia en redes sociales. Salió al paso el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro Jiménez, y el Senado protestó porque no se le pidió autorización para el tránsito de tropas extranjeras en el país.

El presidente de ese órgano, Lidio García, recriminó al presidente Iván Duque y el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, y acusó: “han llegado 800 gringos sin cumplir con el Artículo 173º de la Constitución Nacional, violando el principio de la integridad territorial y de soberanía nacional”.

El partido Polo Democrático denunció por escrito el desdén al Senado y reiteró que la presencia de militares extranjeros representa una “seria amenaza para la paz regional y de Colombia”.  Alexánder López, también del Polo, llamó dictador a Duque.

El gobierno respondió que la unidad de élite extranjera solo tendrá funciones de asesoría y no era necesario consultar al Congreso. Es un “honor” contar con el entrenamiento de ese tipo de fuerzas de élite, replicó la senadora del Centro Democrático y exasesora del entonces presidente Álvaro Uribe, Paola Holguín, quien aprobó que el Senado no fuese consultado.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, puntualizó que esas tropas “en ningún momento” transitarán solas ni participarán en operativos militares que desarrollarán “tropas colombianas”. Una vez más, la sangre correrá a cuenta del país anfitrión.

En general, el oficialismo cerró filas y desafió a los opositores. “La pregunta debiera ser quiénes y por qué no quieren o temen que nuestro país se fortalezca para combatir el narcotráfico”, sostuvo Holguín.

Contra Venezuela

En medio de ese debate hubo una voz que presagió el objetivo real de la misión. Al recordar que, por ser una operación de asistencia técnica, no se requiere el aval del Senado, el exministro de Defensa Rafael Pardo declaró: “A menos que sea, por ejemplo, una plataforma de tránsito a Venezuela, pero como no es el caso, no necesitan” ese aval ¡Y todo indicaría que así es!

Hace años que el presidente estadounidense, Donald John Trump, creó una situación de conflicto con Venezuela, que incluyó amenazas de invasión militar, más sanciones comerciales, financieras y el cerco a sus exportaciones de petróleo. Esta crisis se suma a la compleja coyuntura geopolítica en América Latina (AL) creada por la pandemia del Covid-19.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, propuso, el 31 de marzo, un gobierno de transición en Venezuela. Esta delirante visión también contemplaba la participación de representantes “chavistas” en condición de igualdad con la oposición para celebrar elecciones presidenciales y legislativas en seis o 12 meses.

El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó acusando al gobierno de EE. UU. por distraer al mundo con el Covid-19, mientras ataca a Venezuela con infamias y amenazas. Pero cuando la pandemia se dispersaba en ese país, el magnate insistió y recurrió a su habitual estrategia distractora.

El 1° de abril, Trump anunció la Operación Reforzada contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Su tesis destaca que organizaciones del narcotráfico y terroristas, entre otros grupos, aprovechan la actual crisis intercapitalista y social para expandir su poder.

Ese día, el secretario de Defensa, Mark Esper, ansioso por activar el ataque contra Venezuela, deslizó un concepto sin relación con el plan antinarcóticos de su jefe: sostuvo que “el régimen ilegítimo de Maduro depende de los beneficios de la droga para mantener su poder opresor”.

El cinco de abril se difundió que el fiscal general de EE. UU., William Barr, desclasificó las acusaciones por narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 14 funcionarios y personal no activo.

En mayo, el asesor de Seguridad Nacional explicó que el operativo con Colombia reducirá el apoyo financiero recibido por Maduro y otros “actores malos”. En Washington está el comité de asuntos militares del Senado de EE. UU. y opera activamente con intervención militar en AL como se evidenció antes del golpe en Bolivia.

Invasión de élite

Investigaciones de observadores y analistas revelaron que, en la última semana de mayo, llegaron a Bogotá un oficial de alto rango, con 20 años de servicio y cuatro militares estadounidenses, quienes serían responsables de organizar la logística de instalación y ubicación de la SFAB.

El gobierno no precisó cuántos asesores militares son, aunque para los expertos representa una compañía (entre 60 y 200 hombres). Con ellos vienen expertos en inteligencia, buques de combate en litorales, navíos de la Guardia Costera, aeronaves, armas, drones y tecnología de comunicaciones.

Contra el desdén del Ejecutivo hacia el Senado colombiano, el Comando Sur rindió una explicación al Congreso de EE. UU.: trabajará con unidades colombianas en logística, servicios y capacidades de inteligencia. Esto incluye compartir información, lo cual es regularmente rechazado por ejércitos del mundo.

Las SFAB trabajarán con las fuerzas de tarea conjunta colombianas Hércules, Vulcano, Omega y la Brigada Especial contra el narcotráfico (situada en Caquetá, una de las más representativas por la abundancia de cultivos ilícitos). Se concentrarán en 44 municipios de las llamadas zonas Futuro.

El almirante Faller reconoció que, por primera vez, un aliado recibe a un equipo de esa naturaleza en AL, por ser “más que consultivo”. El tiempo de la misión es indefinido. Al principio se habló de permanecer cuatro meses en Colombia, pero se prevé ampliar ese periodo.

Su primera estancia es la base militar que EE. UU. tiene en Toleimada, donde permanecerá 14 días en aislamiento para confirmar que no son portadores del virus Covid-19.  Descartado el contagio, la misión se iniciará formalmente entre el 16 y 17 de junio.

Fuentes castrenses revelaron a la prensa local, y más tarde otros grupos mostraron que la SFAB se dividirá y distribuirá en cuatro bases designadas por el Comando colombiano. Cada equipo está integrado por un oficial, dos suboficiales y 10 soldados, cuya primera tarea es enfrentar a quienes lucran en la cadena productora de cocaína. Desde Bogotá  recibirán apoyo de la Brigada contra el Narcotráfico.

El segundo equipo se instalará en la base de Tumaco en Nariño, junto a la Fuerza colombiana de tarea Hércules para “resguardar” el litoral del Pacífico. Para el gobierno de Duque, las 50 mil 291 hectáreas de la región Nariño Cauca y Valle son prioritarias por los cultivos de coca.

En el Catacumbo se apostará el tercer equipo, junto a la fuerza colombiana Vulcano. El gobierno de Duque afirma que ahí actúan tres grupos delictivos “que tienen a su favor” la frontera con Venezuela.

El cuarto, el mayor, se asentará en el Meta, con la fuerza Omega, especializada en disidencias y redes delictivas que, desde el oriente, transportan coca a Brasil. Los estadounidenses estarán uniformados y solo contactarán a jefes de Estado Mayor de cada unidad que, a su vez, reportarán al general Navarro. Fue en estas condiciones como los soldados de élite de la SFAB llegaron el 28 de mayo a un país latinoamericano.

Un país cooptado

Además de que en Colombia las multinacionales controlan la economía y la política para lucrar con la extracción, la agroindustria y el narcotráfico, la delincuencia trasnacional lo convirtió en uno de los Estados más “capturados” en AL. Desde finales del Siglo XX, hasta ahora, todos los gobiernos de ese país han tomado decisiones a favor del gran capital en detrimento de las mayorías.

La privatización de granjas colectivas y cooperativas; el abandono de la reforma agraria y la descolectivización de tierras que aumentó el acaparamiento, la expansión del capital financiero, la pérdida de soberanía alimentaria, la persecución y muerte de sindicalistas y opositores, así como el mayor desplazamiento de población, fueron el retrato del neoliberalismo colombiano, la “extranjerización del territorio” que trastocó la geopolítica de seguridad nacional, advirtieron  Fernando Soto Baquero y Sergio Gómez para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El cinco de marzo, representantes de las oficinas de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) e Internacional de Asuntos de Aplicación de la Ley sobre Narcóticos del Departamento de Estado (INL), reunidos con homólogos colombianos, pactaron un plan de acción para reducir al 50 por ciento los altos niveles de cultivo de hoja de coca.

Según la agencia Reuters, en 2019, la coca de Colombia se cultivó sobre 212 mil hectáreas, cifra superior a las 208 mil del año anterior. Esas hojas produjeron entre 951 y 879 toneladas de cocaína, según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca. El gobierno de Duque se comprometió a destruir, este año, 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos y superar las 100 mil del año pasado. Incluso esbozó la posibilidad de reiniciar las fumigaciones con el glifosfato, prohibido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015, ya que causa cáncer, tuberculosis y males dérmicos.