Las empresas productivas del Estado enfrentaron un año marcado por metas incumplidas, costos al alza y obligaciones financieras crecientes.
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Durante la primera mitad del año, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó diversos decretos para otorgar estímulos fiscales enmarcados en el Plan México, una estrategia con la intención de desarrollar y fortalecer la economía a largo plazo. Los estímulos del plan se asignarían a través de un Comité de Evaluación en el que, además de las secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público, tenía un lugar el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), que agrupa a los empresarios cercanos a Sheinbaum Pardo. Desde entonces se podía prever que tales estímulos fiscales beneficiarían a las grandes empresas, pues la mayoría, o casi todas las ramas de producción contempladas en el decreto, son ramas cuyos empresarios participan y cuentan con cuotas de mercado de hasta 30 o 50 por ciento. Ejemplo de ello es Minsa, de Altagracia Gómez, presidenta del CADERR; o el ejemplo de Sigma Alimentos, propiedad de Grupo Alfa, representado en ese Consejo por Armando Garza Sada, sin olvidar a Grupo Cuervo, primer productor mundial de tequila y representado por Juan Domingo Beckmann.
En ese contexto, se efectuaron más acciones, entre las que destacan dos: el Acuerdo del nueve de mayo de 2025 entre el Banco de México y la Asociación de Bancos de México y el Decreto de Polos del Bienestar, del 22 de mayo. El primero consiste en el aumento del financiamiento destinado a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en 3.5 por ciento anual hasta 2030. El acuerdo reconoce que estas unidades representan, según los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 70.6 por ciento del empleo nacional, con más de 19.6 millones de personas ocupadas. Sin embargo, sólo 4.4 por ciento de estas empresas recibe financiamiento bancario.
A pesar de su importancia, no se planteó nada sobre las altas tasas de interés que sufren los mexicanos, tanto de préstamos personales como de créditos a empresas pequeñas, por la falta de límites a los bancos mexicanos con los que precisamente se firmó la colaboración. Además, este acuerdo representa una mera colaboración, donde realizar tal aumento queda a discreción de los grandes bancos, sin ningún tipo de seguimiento ni obligación con la autoridad.
En cuanto al Decreto de los Polos de Bienestar, que busca fortalecer las cadenas productivas para mercancías de exportación, emplea las mismas herramientas de estímulos fiscales que el decreto del Plan México, dos en específico: la deducción acelerada de inversiones y deducción adicional por capacitación; ambos en municipios que el gobierno ha designado. Es decir, aquellas personas que inviertan en estos municipios, pagarán menos impuestos, pues para el primer estímulo, el cálculo tributario se desarrolla sobre un ingreso reducido artificialmente mediante esas deducciones; con la deducción acelerada, estos activos pueden restarse de tus ingresos desde el primer año, aunque en realidad, la vida útil sea de cinco a 15 años. El segundo estímulo es similar, la deducción aumenta 25 por ciento del gasto real invertido en capacitación. Dado que, por un lado, el financiamiento no es accesible y, por otro, ya existe una concentración de la producción, altas necesidades de capital para entrar a producir en algunos sectores económicos y concentración territorial de esta producción, ¿quién resultará beneficiado? Aquellos que tengan el capital y/o acceso a financiamiento. Es decir, los monopolios que se establezcan en determinados lugares, donde precisamente se prioriza el requisito de infraestructura suficiente para que alcance la denominación de Polo del Bienestar.
A partir del primer decreto que inauguraba el Plan México y con estas dos nuevas acciones, es difícil afirmar que la “Cuarta Transformación” (4T) realmente generará los resultados proclamados. Tanto por los intereses que existen en los organismos que se encargan de su realización, como por los obstáculos reales para las Pymes, ambas cuestiones se pasan por alto al momento de diseñar políticas para abordar la raíz del problema. Por más que la 4T declare que su gobierno está interesado en el desarrollo de nuestro país, que es un gobierno humanista y que piensa a largo plazo, sus prácticas todavía benefician a los de siempre. ![]()
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Escrito por Nadia Campos
Licenciatura en derecho por la UNAM. Maestra en políticas públicas. Analiza temas de derecho y política fiscal.@NatiaGambos