Recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó el documento titulado La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, donde afirma que habrá un incremento, en números redondos, de 10 millones de mexicanos en pobreza. No es novedad que México sea una de las primeras economías productoras de riqueza a nivel mundial, mientras concentre gran cantidad de pobres. Según el Coneval, en 2018 había 52.4 millones de personas en pobreza, pero Julio Boltvinik, investigador serio de este problema, afirmó que el número de mexicanos pobres rondaba en los 100 millones.

La trágica y agresiva pandemia que azota el mundo solo vino a agravar la difícil situación de pobreza que el país ya padecía, por ello no debe sorprendernos que el Coneval afirme que crecerá y alcanzará a 62.4 millones de personas. Este problema plantea un cuestionamiento obvio: ¿qué hará el Gobierno de la República para amenguar las graves consecuencias de la crisis económica que ya está apareciendo y que en poco tiempo mostrará sus peores efectos?

El empleo representa un indicador clave para saber cómo va la economía. Cuando una economía crece, las fuentes de empleo también aumentan. Las personas que tienen ocupación, obtienen recursos para enfrentar a sus necesidades de consumo y con ello mejoran sus condiciones de vida. Por el contrario, cuando una economía no crece o, en el peor de los casos disminuye, las fuentes de empleo se reducen; las personas con capacidad para trabajar no encuentran lugar dónde emplearse y la falta de ingresos les impide satisfacer sus necesidades propias y familiares.

Pues bien, México se halla en esa situación. Las cifras del empleo en abril son ya catastróficas. Contrario a la meta del Gobierno Federal de crear dos millones de nuevos empleos, solo en ese mes se perdieron 493 mil 746. Es decir, casi medio millón de familias se quedaron sin ingresos. Y ante este panorama económico desastroso, el Gobierno de la República, además de mostrarse incapaz para hacerle frente con decisión y certeza, se ha limitado a reiterar las premisas de la llamada “Cuarta Transformación” (4T).

En un nuevo texto que tituló La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, el titular del Poder Ejecutivo insiste en que para hacer frente a los nuevos retos, solo es necesaria más “democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar” y, dejando de lado la necesidad de formular un plan económico, cae en la palabrería. Una verborrea con la que no propone acciones concretas y se empeña en no aplicar políticas contracíclicas, como lo sugieren los especialistas.

Las políticas contracíclicas consisten en hacer que el Estado gaste más cuando la economía se contrae para que crezca. Están aplicándose en todo el mundo para evitar crisis mayores; pero Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se obstina en dos cosas: seguir con los programas sociales electoreros y en construir sus obras del “sexenio” como la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto General Felipe Ángeles. Estos proyectos van en sentido opuesto porque acaparan el presupuesto federal destinado a la infraestructura pública y distraen el dinero de otras inversiones más urgentes del Estado, como dar préstamos y apoyos a las empresas que sostienen el empleo en México.

Es necesario que de cara a la “nueva normalidad”, se diseñe urgentemente un plan dotado con los recursos indispensables para crear empleos y sufragar el gasto básico de los mexicanos, ya que el programa de apoyos no está mal, pero es absolutamente insuficiente. Si AMLO no quiere que otros 10 millones de mexicanos ingresen a las filas de la pobreza como consecuencia de pandemia, debe escuchar a los especialistas y rectificar su política económica.

México requiere hoy una política económica libre de dogmas y caprichos, y sustentada en evidencias científicas. Solo así podremos salir bien librados de la crisis y evitar un fracaso de consecuencias catastróficas para la mayoría de los mexicanos.