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La Universidad Autónoma de Coahuila enfrenta su mayor crisis financiera
La UAC atraviesa su peor crisis financiera debido a los recortes que el gobierno de López Obrador aplicó a la educación superior sin considerar sus efectos en la educación y futuro de miles de jóvenes.
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La Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) atraviesa su peor crisis financiera debido a los recortes que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha aplicado a la educación superior sin considerar sus efectos en la formación educativa ni el futuro de vida de miles de jóvenes.

Actualmente, la UAC tiene pasivos por mil 537 millones de pesos (mdp); y de este déficit se responsabiliza a los gobiernos Federal y estatal, aunque auditores y especialistas han detectado graves irregularidades atribuidas a la mala administración de la institución educativa.

Sin embargo, sus problemas financieros se han agudizado desde que AMLO llegó a la Presidencia de la República en diciembre de 2018, cuando ordenó reducir las asignaciones a las universidades públicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019.

 

 

El problema se agudizó a tal nivel que, a finales de diciembre de 2021, los trabajadores de la UAC se manifestaron en las calles para exigir el pago de su última catorcena. En esa ocasión, el gobierno de Coahuila tuvo que hacer una aportación millonaria para cubrir este adeudo y para pagar los aguinaldos, cuyo monto fue de 290 mdp.

La universidad pública coahuilense brinda servicios de educación superior y bachillerato a cerca de 30 mil 200 estudiantes a través de 67 unidades académicas en tres sectores: Saltillo, Torreón y Torreón Norte. Cuatro planteles son de bachillerato; 45 son facultades y ocho son centros de investigación especializada.

Su planta docente está integrada por tres mil 77 maestros, de los cuales 804 son de tiempo completo. La Auditoría Superior del Estado (ASE) observó que 620 trabajadores tenían doble función laboral y que cerca 100 tienen dobles plazas de tiempo completo.

 

Cruce de acusaciones

En vísperas de la Navidad de 2021, el estado amaneció con una noticia inusual: los maestros de la UAC se manifestaban en Torreón y bloqueaban una de las vialidades más importantes de la ciudad en demanda del pago de su última catorcena y el aguinaldo que no se les había depositado. A la movilización acudieron cerca de dos mil educadores y personal administrativo.

A partir de ese momento comenzaron las acusaciones entre el gobierno estatal y las autoridades universitarias. Sin embargo, ambos coincidieron en que la falta de recursos tenía una misma causa: la reducción de recursos de la Federación destinada a Coahuila, aunque el delegado federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado, aclaró en redes sociales que esa información era errónea, porque las asignaciones se ajustaban al PEF y a la Ley de Coordinación Fiscal; por lo que la disminución era legal, además de que argumentó que en la misma situación se hallaban las universidades de 29 entidades de la República.

“Dejar sin pago a los trabajadores de la Universidad es una omisión que ni el Gobierno del Estado de Coahuila ni la Universidad tienen por qué atribuir al Gobierno federal”, precisó Flores Hurtado en un video en su página de Facebook en el que precisó que estaba dando “seguimiento al conflicto que se ha generado por la omisión en el pago de la última quincena a los trabajadores de la UAC y que ha dado seguimiento a los comunicados de esta casa de estudios por parte del Estado”.

 

 

“Y quiero puntualizar dos cosas; primero, que no existe una reducción de las participaciones federales ni del Gobierno de Coahuila ni de la UAC, tampoco se les debe un peso por concepto de participaciones federales”. El funcionario destacó que el gobierno aportó el 100 por ciento de lo establecido en el PEF y la Ley de Coordinación Fiscal y advirtió:

“Es irresponsable que se pretenda acusar al Gobierno de la República de esta omisión de pago; el salario de los trabajadores es sagrado y es lo primero que debe garantizarse y más en el Gobierno”.

Sin embargo, ante estas palabras del delegado federal, el rector de la UAC, Salvador Hernández reveló que los tres centros de educación superior en la CDMX –la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– no enfrentan una situación deficitaria porque reciben al 100 por ciento los recursos federales; y la Federación no distribuye éstos en forma equitativa.

Hernández Vélez precisó además que la situación crítica de su escuela deriva también del hecho de que la nómina de trabajadores pensionados en cuatro años elevó su costo de 320 a 430 mdp, lo que hace insostenible su situación financiera. A este problema se suma el escándalo de los trabajadores de tiempo completo con doble plaza; y que algunos sueldos son superiores a los 100 mil pesos mensuales, lo cual está bajo averiguación.

Pero el mayor problema provino de la decisión del Gobierno Federal de solo incrementar en 3.7 por ciento el presupuesto para la máxima casa de estudios de Coahuila para 2022, cuando la inflación registrada en el país fue mayor al siete por ciento. Este hecho aumentó su déficit y, de acuerdo con especialistas, esta situación se mantendrá así en lo que resta del primer semestre de este año.

A este problema se añade la desaparición de la partida 081 del Gobierno Federal, ordenada por el Presidente, que dejó a las universidades públicas sin posibilidades de acceder a recursos extraordinarios para enfrentar problemas financieros que las ha puesto en severos aprietos para solventar sus gastos más indispensables.

Por ello, el rector Hernández Vélez prevé que, en 2027, la situación se volverá mucho más compleja porque la UAC necesitará recursos extraordinarios hasta por 720 mdp; y que la crisis financiera se extenderá hasta 2035, según estimaciones de las que no citó fuentes.

 

 

Antes de la pandemia de Covid-19, la matrícula de la universidad coahuilense era de 37 mil 297 estudiantes; pero en el inicio de este año es de 30 mil 200 y sus problemas financieros podrían evitar que ofrezca sus servicios educativos, cubrir a tiempo los salarios para su personal y dar mantenimiento a su infraestructura y tecnologías.

 

Crisis financiera en universidades

En la República son siete las universidades públicas con difícil situación financiera: la Autónoma de Chiapas (Unach), la del Estado de Morelos (UAM); la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); la Autónoma de Zacatecas (UAZ); la Juárez del Estado de Durango (UJED); la Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC).

Todas padecen un problema en común, que su presupuesto no es proporcional a su matrícula estudiantil; y a causa de dos años sin clases presenciales en sus aulas debido a la pandemia, los más afectados han sido los maestros despedidos, los aspirantes a suplirlos –cuya contratación quedó pendiente–, la infraestructura física de las escuelas.

Las instalaciones de la UAC en Torreón y Saltillo, por ejemplo, se sitúan en las orillas de estas ciudades, es decir casi en medio de la nada; además de que algunas han tardado hasta una década en completarse. En este caso se encuentra la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la UAC en Torreón, cuyo edificio fue inaugurado el año pasado, pero su construcción se inició en 2008. Es decir, debieron pasar más de 10 años para que esta facultad tuviera instalaciones propias.

La falta de presupuesto en la universidad afecta mucho más a los proyectos de innovación tecnológica e investigación científica. Desde la desaparición de los 109 fideicomisos que apoyaban precisamente esta última, los programas de investigación están “en la cuerda floja”, porque en la tesorería de la UAC no hay un solo peso destinado a ellos.

En entrevista con buzos, Jorge Arturo Martínez, coordinador de la carrera en Ciencias de la Humanidad en la UAC-Torreón, advirtió que se están preparando para obtener recursos propios a través de actividades académicas que puedan organizarse dentro del recinto universitario, entre ellas cursos de verano y talleres.

Por su parte, Ricardo Lozano, secretario académico de la FCPYS-Torreón, comentó que “la crisis es una realidad; y como comunidad universitaria, todos debemos cerrar filas por la autonomía de esta universidad”.

Dijo asimismo que la comunidad docente de la UAC debe hacer un esfuerzo máximo para ahorrar y seguir trabajando para conseguir recursos propios y que no se vean afectados por la falta de dinero para los proyectos de las escuelas y facultades”.

La coordinadora de la UAC-Torreón, Sandra López Chavarría, en su II Informe de resultados 2021-2022, aseveró que el recorte en el presupuesto Federal ha afectado a todas las escuelas y facultades; pero sobre todo a los planes de infraestructura. No detalló el monto económico, se limitó a informar que “son muchos millones los que ya no van a llegar a la Universidad. Tenemos que salir adelante con los recursos propios”, enfatizó.

 

 

Hasta ahora, la única salida que el rector ha encontrado para atenuar la grave crisis financiera es el recorte de trabajadores, especialmente los que tenían contratos eventuales y no se les renovaron. Son cerca de dos mil; y la mayoría eran del área administrativa, que no afecta la educativa.

La mayor parte del presupuesto de la universidad se asigna al pago de la nómina y el resto al gasto corriente, incluido el mantenimiento de las instalaciones. De acuerdo con la rectoría, esa medida permitirá ahorrar a la institución educativa 130 mdp; pero su efecto no será inmediato debido al ajuste gradual; y se dará cada catorcena.

Finalmente, Salvador Hernández informó que los altos directivos acordaron reducir en ocho por ciento sus salarios a partir de la primera catorcena de febrero, porque con ello contribuyen a resolver la complicada situación financiera que atraviesa la máxima casa de estudios en Coahuila.

Sin embargo, la salida no será próxima para quienes hoy cursan bachillerato, licenciaturas, ingenierías y posgrados, inclusive los futuros alumnos; porque la creación de nuevas instalaciones universitarias está “congelada” por completo debido a que la bolsa de los fondos concursables de la Federación cayó de 11 mil mdp a 132 mdp.



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