La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
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El Congreso de la Unión ha autorizado el 50 por ciento de las 20 reformas propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como Plan C; sin embargo, las iniciativas más urgentes para la población siguen detenidas, como: protección de la salud, alimentación sana y el derecho al agua; así como el aumento al salario mínimo.
De las 20 iniciativas enviadas, 11 reformas han sido aprobadas hasta el 2 de diciembre de 2024. De estas, cinco ya están en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras que tres más tienen declaratoria de validez, pero aún no entran en vigor. Otras dos reformas están en el proceso de validación por parte de los Congresos estatales y se espera que se aprueben en las próximas semanas.
Entre las reformas que ya son una realidad se encuentran la relacionada con el Poder Judicial, el retorno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos de México (Pemex) como empresas públicas, la Guardia Nacional y el transporte ferroviario; pero, iniciativas como la reforma sobre el aumento al salario mínimo sigue estancada, a pesar de que ha sido validada en los Congresos locales, pues aún no ha sido ratificada por los senadores ni diputados.
A pesar de contar con mayoría calificada en el Congreso, el 45 por ciento de las reformas siguen pendientes. Las más relevantes, como la constitucionalización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el aumento al salario mínimo, han encontrado resistencias políticas que han frenado su avance.
El paquete de reformas incluye 18 modificaciones constitucionales y dos legales. De las iniciativas constitucionales que aún están por aprobarse, destacan las relacionadas con la protección de la salud, la alimentación sana, y la austeridad republicana, que aún no han sido discutidas en profundidad. Además, la reforma sobre el derecho al agua, que también busca la prohibición del maíz transgénico, no ha avanzado en las comisiones correspondientes.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera