Para empoderarse, las bandas criminales aprovecharán las elecciones de este año, la polarización social y el debilitamiento del Estado de derecho fomentados desde la Presidencia de la República durante estos poco más de cinco años de gobierno.

En el análisis Diez riesgos políticos para 2024, publicado el nueve de enero, analistas especializados de la empresa Integralia Consultores revelan que a la polarización provocada por las competencias partidistas se suman los cinco años de lances autoritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la cada vez más evidente intención de los grupos criminales de ampliar su impunidad y redes de influencia política y gubernamental.

“Se gestan conflictos poselectorales (nacional y/o locales) alimentados por campañas polarizantes; por el intervencionismo del gobierno; por una violación abierta, continua y simulada de las reglas; por un arbitraje político inoportuno o débil”, alertan.

Los expertos destacan que el asedio del Presidente contra los árbitros electorales (Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y la incitación a un clima de polarización política, “hacen de 2024 un año de riesgo político alto”, porque AMLO se muestra decidido a conservar en el poder a Morena a cualquier costo.

Los comicios del próximo dos de junio serán los más amplios de la historia, porque se renovarán 20 mil 367 puestos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX); 16 alcaldías capitalinas, mil 802 presidencias municipales, mil 98 diputaciones locales, poco más de 14 mil regidurías, más de mil sindicaturas, así como unos 400 cargos auxiliares locales.

Luis Carlos Sánchez, especialista en Seguridad Pública de la organización civil Causa en Común (CC), comentó a buzos que se advierte un deterioro en el país, no sólo en el rubro de seguridad, sino también en la sociedad misma que parece empezar a ver la violencia como si fuera algo normal.

De acuerdo con la firma T-ResearchMX, que se ocupa, entre otros problemas sociales, de contabilizar los homicidios, hasta el pasado 18 de enero se habían registrado 176 mil 931 homicidios en lo que va del gobierno de AMLO, cifra que supera los 122 mil 472 registrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto y los 96 mil 495 en el de Felipe Calderón.

El especialista expuso que además de la inaudita cantidad de homicidios acumulados, que van en ascenso, parecen normalizarse socialmente las casi 112 mil personas desaparecidas, la búsqueda constante de éstas y el hallazgo de fosas clandestinas y cadáveres descuartizados; “es decir, estamos en un proceso de descomposición social”.

Sánchez resaltó que más allá de la violencia y del creciente número de víctimas, también “se empieza a revictimizar a las personas que sufren estos eventos; ya que desde la política se les estigmatiza”, es decir, por ejemplo, se les señala falsamente como ligadas al narco.

“Si a alguien lo asesinan, será porque algo habrá hecho; si alguien desaparece, seguramente es porque andaba en malos pasos… desafortunadamente hacia allá ha ido la narrativa oficial; y creo que es algo muy peligroso, porque sabemos que no todas las víctimas estaban involucradas con asuntos criminales”.

El investigador advirtió que con esta actitud se alienta indirectamente la impunidad, porque las autoridades no investigan ni castigan debidamente los crímenes. Y a todo esto se agrega el riesgo generado por el constante debilitamiento de las instituciones, a causa de los ataques al Poder Judicial y a los órganos autónomos desde el Gobierno Federal.

“En este constante discurso de querer desaparecerlos, está el riesgo de que no exista división de poderes, lo que sería algo muy grave. Creo que es algo que se debe entender”, insistió Luis Carlos Sánchez.

Fracaso rotundo en seguridad

En su artículo ¿Será necesario comenzar de cero en seguridad el nuevo sexenio?, publicado el cuatro de enero anterior, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, especializado en seguridad pública y justicia, aseveró que en el quinto año de la actual administración Federal “queda perfectamente claro que el gobierno fracasó en cumplir sus metas de seguridad: el país no se pacificó; los delincuentes no dejaron las armas por los tractores; los delitos no bajaron”.

El experto agregó que las cifras estadísticas sobre la inseguridad pública “corresponden al dolor de millones de mexicanos; a la pérdida de vida de más de 170 mil personas; a estragos por lesiones; al miedo de muchos; al desplazamiento forzado de tantas comunidades; a la mala fama de nuestro país en el extranjero y a menos oportunidades de progresar y mitigar la desigualdad social”.

Rivas señaló que el actual gobierno terminará como el peor de la historia en materia de seguridad pública. “La ausencia de una verdadera estrategia de seguridad y la puesta en marcha de proyectos sin planeación adecuada y deficiente ejecución ha derivado en que el país se encuentre en su peor momento de violencia e incidencia delictiva”.

En julio de 2023, el Observatorio Nacional Ciudadano señaló que el primer semestre del año pasado destacó por su alto nivel de violencia, y denunció una estrategia del Gobierno Federal encaminada a tergiversar la información sobre seguridad pública mediante la manipulación de cifras; esto se observa –expuso– en “la inconsistencia existente entre las declaraciones oficiales y los datos que se presentan, así como las evidencias que apuntan a un maquillaje sistemático de los delitos por parte de diversas autoridades.

“No importa cuántas veces nos repitan que vamos bien en seguridad, que maquillen los datos, la violencia no desaparece por decreto y éste se coronará, por mucho, como el sexenio más violento de la historia”, aseveró el Observatorio Nacional Ciudadano.

En su informe difundido el 10 de enero de 2024, especialistas de la agrupación civil Data Cívica detallan que del 1° de diciembre de 2018 a lo que va de 2024, han ocurrido mil 610 ataques violentos (asesinatos y amenazas) en contra de ciudadanos que realizaban campañas electorales y funcionarios públicos, así como de instalaciones oficiales y partidos políticos.

El documento detalla que el 78.3 por ciento de las víctimas fueron hombres; el 9.3 por ciento eran candidatos a un puesto de elección popular; el 47.6 por ciento se desempeñaban como funcionarios y el 7.8 por ciento eran familiares de las víctimas.

El estado de Guerrero encabeza la lista de más ataques con el 11.3 por ciento; seguido de Veracruz, Guanajuato y Oaxaca que, en conjunto, suman el 38.2 por ciento de las acciones de violencia. En cuanto a municipios, Tijuana, Baja California, es el primero en el listado, seguido de Chilpancingo, Guerrero; Celaya, Guanajuato; y Taxco de Alarcón, Guerrero.

Violento año electoral

Empezando 2024, el cuatro de enero, fue asesinado a tiros Giovanni Lezama Barrera, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, cuando se encontraba en un gimnasio de la ciudad de Cuautla; Lezama Barrera era aspirante a una diputación federal. El siete de enero, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la CDMX, Guadalupe Barrón, denunció que en esa madrugada fue baleada su camioneta estacionada afuera de su casa.

El seis de enero fueron abatidos dos precandidatos a presidente municipal: David Rey González Moreno, aspirante del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) a la alcaldía de Suchiate, Chiapas; y Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano (MC) al Ayuntamiento de Armería, Colima.

El 11 de enero fue asesinada a balazos Miriam Ríos, comisionada municipal de MC en la localidad michoacana de Jacona, quien además era presidenta del Colectivo Vive Libre Jacona. El hecho ocurrió mientras atendía su puesto comercial sobre la avenida Juárez, en la ciudad de Zamora.

El ocho de diciembre de 2023 se registró un violento enfrentamiento entre pobladores de Texcapilla, Texcaltitlán, Estado de México, que se defendieron de los integrantes de una célula armada del crimen organizado: el resultado fue de 14 muertos, cuatro heridos y 14 personas desaparecidas.

En Salvatierra, Guanajuato, el 17 de diciembre de 2023, un grupo de sujetos atacó con armas largas a las personas que asistían a una posada en la exhacienda San José del Carmen, sobre la carretera Salvatierra-Cortázar, donde murieron 12 jóvenes y al menos 11 resultaron heridos.

En una de sus conferencias de prensa “mañaneras” el Presidente quiso relacionar esta masacre con el narcotráfico, pero las primeras averiguaciones policiacas estatales lo desmintieron.

La noche del 30 al 31 de diciembre de 2023 fueron secuestrados en Tamaulipas 32 migrantes procedentes de Honduras y Venezuela, 12 mujeres, nueve hombres y 11 niños y adolescentes, que viajaban en un autobús sobre la carretera Matamoros-Reynosa para llegar a la frontera con Estados Unidos (EE. UU.) y solicitar asilo, a decir de la CBP One que portaban.

Después de su liberación, registrada tres días después de su rapto, en su “mañanera” del cuatro de enero, AMLO intentó atribuir este logro al mandatario estatal morenista Américo Villarreal; pero luego se confirmó que fueron dejados en libertad después de que sus familiares, domiciliados en EE. UU., pagaran los rescates exigidos por los delincuentes.

La organización internacional Fundación para la Justicia, especializada en problemas migratorios con presencia en México y Centroamérica, sostiene que este hecho evidenció “la falta de voluntad del gobierno mexicano para frenar y prevenir este delito (la agresión y secuestro de migrantes)”.

“Cada año, cientos de miles de personas migrantes intentan atravesar México con el fin de llegar a EE. UU. En su travesía son objeto de múltiples delitos, como robo, extorsión, violación, agresiones físicas y secuestros, como ocurrió el pasado 31 de diciembre en Tamaulipas”.

El pasado tres de enero, en una zona de comercio popular ubicada sobre la avenida Rojo Gómez, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, CDMX, se suscitó una balacera en la que murieron dos personas y siete más resultaron heridas, entre ellas una bebé de nombre Ángela, quien fue herida en un pulmón.

Según las autoridades hubo un enfrentamiento entre policías y miembros de una banda dedicada a la extorsión de comerciantes, a quienes exigían pagos por “derecho de piso”.

El cuatro de enero, en el municipio del Centro, Tabasco, 24 establecimientos comerciales fueron asaltados por sujetos armados. Entre el 22 y 23 de diciembre de 2023 hubo varios hechos violentos en Villahermosa, Tabasco, entre ellos una balacera en el exclusivo fraccionamiento Club Campestre, donde vive el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSE), Hernán Bermúdez Requena, aunque éste negó oficialmente que se hubiera tratado de un atentado.

En los penales de Villahermosa, Huimanguillo y Comalcalco hubo motines con saldo de dos muertos y tres heridos. También bloqueos viales e incendio de vehículos en los municipios del Centro, Cárdenas, Paraíso, Teapa, Huimanguillo y Nacajuca.

El tres de diciembre de 2023, seis estudiantes, cinco de medicina y uno de preparatoria, fueron asesinados en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Los cinco primeros fueron encontrados en un vehículo estacionado sobre un camino vecinal detrás de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra.

Después se localizó el cuerpo inerte de un estudiante de preparatoria en la comunidad Primera Fracción de Crespo, de Celaya, una zona cercana al lugar en donde se hallaron los otros cinco jóvenes muertos.

Después de las primeras averiguaciones, Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General de la entidad, informó que los cinco estudiantes de medicina se encontraban en un balneario de la comunidad de Arreguín de Abajo, en la región sur de Celaya, donde fueron secuestrados por miembros de un grupo criminal que luego los asesinó y abandonó sus cuerpos.

Violencia electoral

Itzel Soto, coordinadora del estudio permanente Votar entre Balas, promovido por la organización Data Cívica, dijo a buzos que la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública en estados y municipios.

“Pueden disminuir los incentivos para ir a votar… lo que vemos es que también puede aumentar la cantidad de gente que participa, pero de manera presionada; obligan a salir a votar a la gente por un candidato en específico”, denunció.

Afirmó también que para los grupos de la delincuencia organizada, las elecciones representan una “oportunidad para tejer las redes de corrupción que necesitan… se da a nivel micro local como en las alcaldías, que pueden ofrecer impunidad a estos grupos… cuando hay elecciones, hay como un cambio de actores que pueden ofrecer esa protección…y aumenta la violencia, porque hay una lucha por imponer a los candidatos a conveniencia de esos grupos”.

Sandra Ley, investigadora en materia de seguridad pública de la organización México Evalúa, alertó, el siete de diciembre de 2023, sobre un posible incremento en la violencia este año contra candidatos a puestos de elección y otros actores políticos, debido a las disputas entre las bandas del crimen organizado por el control territorial de numerosas zonas del país.

Durante la presentación del informe Atlas de Homicidios: México 2022. Una crisis que no cesa, realizado por la agrupación México Unido Contra la Delincuencia, Ley reveló que en el periodo 2018-2023 incrementó el número de agresiones a políticos y que sólo en 2022 hubo al menos 400.

La investigadora advirtió que durante los procesos electorales aumenta el riesgo de violencia, sobre todo en estados y municipios donde a la polarización política se suma el interés de los delincuentes por establecer o fortalecer pactos oscuros con las autoridades políticas.

La creciente dinámica de violencia también perjudica a menores de edad, aunque la información oficial los hace a un lado. En su reporte anual 2023 sobre la situación de los derechos de niños y adolescentes en México, la agrupación civil Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunció que fue un año de persistentes agresiones.

“En 2023, niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otras graves violaciones que atentaron contra sus derechos humanos”, denunció la organización.

Precisó que entre enero y noviembre de 2023, “fueron asesinadas dos mil 95 personas titulares de derechos en edades entre cero y 17 años (como deben ser reconocidas nuestras infancias y adolescencias)” y especificó que 490 fueron mujeres y mil 605 hombres.

En el Balance Anual sobre la situación de los derechos de infancias y adolescencias, difundido el cinco de enero de 2024 por la Redim, que integra a 80 organizaciones sociales, se describen los actos de violencia en contra de niños y adolescentes, sector que representa el 30.4 por ciento de la población del país.

“Desde Redim constatamos múltiples vulneraciones contra la niñez y adolescencia, cometidas de manera recurrente y casi normalizada; derivada de la violencia armada, la expansión de actividades delictivas y las disputas entre grupos delincuenciales”, apunta el documento.

26 desaparecidos diarios

Otro de los graves problemas generados por la inseguridad pública es la desaparición de personas. A decir de especialistas de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desde 1962, cuando empezó el conteo oficial, a enero de 2024 ha habido 111 mil 10 desaparecidos en México.

“El promedio diario de personas desaparecidas ha aumentado considerablemente desde 2006; sin embargo, durante el actual gobierno ha crecido a una mayor velocidad que en sexenios anteriores. Mientras que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desaparecieron ocho personas en promedio cada día, en lo que va del mandato de AMLO desaparecen en promedio 26 personas”, destacaron.

El 19 de octubre de 2023, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el tercer trimestre de 2023, reportó que a “nivel nacional, en septiembre de 2023 61.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.