La nueva administración federal, desde diciembre pasado, comenzó a generar desempleo en diversas áreas de la burocracia federal y ha logrado incrementar la tasa nacional en este rubro del 3.3 al 3.6 por ciento. El mismo 1º de diciembre, fecha de la feliz asunción de la “república amorosa” a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un recorte de 222 mil 600 empleados de confianza del Gobierno Federal, cifra equivalente al 70 por ciento de las plantillas laborales.

“Hay estados que tienen hasta 20 delegaciones de las dependencias federales y, además, tienen delegaciones estatales y distritales. Todo esto lo fui observando durante la campaña, mucha burocracia, (…). Entonces se van a respetar a los trabajadores de base, sindicalizados, pero arriba vamos a hacer ajustes”, dijo AMLO en julio de 2018, a unos días de haber ganado las elecciones. A partir de diciembre comenzó el despido de miles de empleados gubernamentales de todos los niveles, incluidos muchos con base sindical.

Los gobiernos locales y las corporaciones empresariales se adhirieron a esta política que el Presidente llamó de “austeridad” y en las primeras semanas de la hoy llamada Cuarta Transformación (4T), 145 mil personas perdieron su empleo, de acuerdo con el corte informativo del 22 de enero de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra impactó severamente la tasa del desempleo directo, por lo que a finales de diciembre de 2018 el número de personas en esta situación se elevó a dos millones, la cifra más alta desde 2016. Hoy, muchos de estos mexicanos se hallan en la informalidad, que acopia al 59 por ciento de la población económicamente activa (PEA).

“Estamos limpiando al gobierno de quienes no eran necesarios y que por su labor no ayudaban, sobre todo altos funcionarios públicos", afirmó el Presidente en la conferencia matutina del cuatro de febrero desde su palestra de Palacio Nacional. Pero la mayoría de los miles de despedidos no han sido “altos funcionarios”, sino empleados de confianza de bajo nivel burocrático que laboraban en la precariedad laboral. Por ello, días después de iniciado el despido masivo, en una manifestación pública en el Zócalo, denunciaron con gritos de protesta: “¡No somos aviadores, ni somos de los de arriba!”.

“Ha habido una campaña muy dura de desprestigio hacia nosotros como trabajadores estatales, diciendo que somos aviadores y otras cosas. La verdad, a la gente que yo conozco y que han despedido, trabajaba de nueve a 12 horas en condiciones adversas y sin derechos laborales. Si nos llaman un sábado o un domingo, tenemos que ir. Nos quedamos dos o tres horas extra a nuestro horario y no hay pagos adicionales. Si se está pensando en abatir la pobreza y mejorar el bienestar de las personas, no es quitándole el trabajo como se va a conseguir. Con esto están ampliando los problemas.

“En el caso de quienes seguimos laborando, se nos está cargando el trabajo muchísimo por los despidos; ahora tenemos que cubrir las actividades de dos o tres personas más. Incluso se nos está asignando trabajo de otras áreas que no era propiamente el que nosotros veníamos realizando. Hay preocupación porque sabemos que el plan es recortar a 222 mil 600 trabajadores en esta administración”, denunció en este semanario la socióloga Flora Aco, empleada del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien al cierre de edición luchaba, junto con otros trabajadores, para no formar parte de la estadística en la ola de despidos de la 4T.

Flora Aco forma parte del colectivo #queremostrabajodigno, que se inició como una campaña en twitter y reunió a unos 200 empleados y exempleados de diferentes dependencias federales del DIF, de los institutos Nacional de Bellas Artes (INBA), Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Juventud  (Injuve) capitalino, además de algunos de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. El colectivo está apoyado por abogados y organizaciones como la Agrupación General de Trabajadores (AGP), entre otras asociaciones políticas y estudiantiles que se organizan para defenderse del desempleo.

José Ezequiel García Vargas, de la coordinación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), dijo a buzos: “Lo que se había informado por parte del presidente López Obrador, era en el sentido de que la reducción de salarios era solamente para los de mayores ingresos, y en la misma cuestión, que no iban a perder su empleo. Pero estos trabajadores por honorarios, despedidos, no eran de los niveles más altos y los están dejando sin trabajo. Se decía que en las dependencias había personal de más, pero esto habría que revisarlo. Hay una política que no está bien definida”.

Por su parte, Alejandro Vega, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), aseguró a buzos que los despidos del gobierno se están haciendo de forma masiva sin estudios previos y es ésta la razón por la que están teniendo consecuencias. “Hay funciones que se tienen que cumplir y que realizaban empleados de confianza; y ahora nadie las va a hacer; y no es aceptable que simple y sencillamente se le cargue la chamba a trabajadores de base. Este asunto está lejos de resolverse, va a seguir dando complicaciones por un buen tiempo. En sexenios pasados se daba el caso de que llegaba un nuevo jefe y pedía que desocuparan algunos lugares para meter a su gente; eran casos muy localizados. Sin embargo, ahora es diferente, porque se está haciendo de forma masiva y eso está haciendo aún más grande el problema”.

Durante mucho tiempo, los gobiernos federales –explicó el investigador– se acostumbraron a disfrazar la contratación de personas de su confianza personal por la vía de los honorarios, pese a que había trabajos permanentes y que, por lo mismo, debieron disponer de plazas definitivas o de base, con lo que incurrieron en la ilegalidad. “Éste es el sector de trabajadores al que se sacrifica para cumplir con los recortes de presupuesto, pero no es correcto. Como se suele decir, el hilo se rompe por lo más delgado y se sacrifica a rajatabla, como se dice, a trabajadores de manera masiva, sin analizar casuísticamente el asunto”.

Desempleo encubierto con informalidad

“Nosotros decimos: ¡que nos comprueben que somos aviadores! No somos gente inútil y solo estamos defendiendo nuestro trabajo. Como trabajadores de confianza sufrimos de inestabilidad laboral. Firmamos contrato cada mes o cada tres meses o hasta seis meses; los más largos llegan a ser de 11 meses. En 2018 yo firmé contratos por tres meses, pero iniciado 2019 estamos sin contrato. Empezamos a trabajar el dos de enero y no hemos firmado contrato; no nos han pagado. Hacen de todo para no reconocer una relación laboral. No quisieron darnos ni siquiera una credencial por ese motivo, y no se nos ha planteado que todo esto se vaya a regularizar”, expresó Flora Aco.

Como ella, los 200 empleados y exempleados que integran la agrupación #queremostrabajodigno están luchando por recuraperar sus trabajos o por no perder la poca estabilidad laboral que hasta ahora tienen. En la Ciudad de México, éste y otros grupos que han perdido sus empleos –entre ellos extrabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional del Electricidad (CFE) y grupos de bomberos capitalinos– se han manifestado frente a Palacio Nacional para exigir al Presidente su reinstalación.

“Este discurso de austeridad se ocupa de forma diferenciada: mientras son despedidos miles de trabajadores sociales, profesores comunitarios, terapeutas, trabajadores que operaban los programas sociales, se destinan sumas millonarias al Ejército y a la Marina. El argumento del gobierno para justificar el recorte es que los despedidos son personal de confianza, de los de arriba. Sin embargo, los despedidos trabajamos de forma precaria: contratados por honorarios, vía outsourcing, servicios profesionales, eventuales y otras formas con las que se nos niega todo derecho laboral básico”, expusieron en un documento los integrantes de #queremostrabajodigno.

En los últimos 36 años, las administraciones neoliberales de México han favorecido el crecimiento exponencial del empleo informal, que ha aumentado debido a la necesidad de subsistencia de los trabajadores, pero la aportación de los gobiernos a ese desempleo en específico no han sido registradas en los cómputos del Inegi en las tasas de este rubro. Estas estadísticas oficiales son utilizadas sin revisión por organismos internacionales para evaluar el grado de marginación y pobreza en el país.

Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó como dato positivo que México presentó en 2018 la cuarta tasa de desempleo más baja de entre los 37 miembros, al registrar el 3.3 por ciento, comparada con la tasa promedio OCDE del 5.3 por ciento. Con este sesgo en la estadística, resulta que la economía mexicana tuvo mejor desempeño en materia laboral que Alemania, país líder de la Unión Europea (UE), que registró el 3.4 por ciento de desocupación en 2018 y que otras naciones, entre ellas Corea, Países Bajos y Polonia con el 3.8 por ciento o incluso Estados Unidos, con el 3.9 por ciento.

Los datos sobre el empleo tampoco muestran la realidad de la precariedad laboral. El ingreso mexicano, de acuerdo con el reporte de la OCDE en diciembre de 2018, representa el peor de los 37 integrantes, con 4.6 dólares diarios (cálculo de 95 pesos diarios sin tomar en cuenta el incremento a 102.68 pesos a partir de 2019, ya dentro de la gestión de la 4T, mientras el promedio de ese club neoliberal es de 16.6 dólares, que equivalen a 315.4 pesos al día con base en un tipo de cambio de 19 pesos por dólar.

Los mismos datos oficiales son utilizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Con base en los datos del Inegi, esta institución evidenció en diciembre pasado el mayor incremento en el desempleo en los últimos dos años, cuando la tasa se ubicó en el 3.6 por ciento. La estimación de la Cepal es que debido al “enfriamiento” que sufrirá la economía mexicana en este año, habrá un repunte del desempleo del 3.3 por ciento en 2018 al 3.4 por ciento en 2019, esto sin tomar en cuenta la oleada de despidos de personal burocrático que lleva a cabo el gobierno de AMLO.

Al último trimestre de 2018, el trabajo informal había registrado un aumento del 1.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017, para sumar 30 millones 693 mil 39 personas; es decir, seis de cada 10 personas con trabajo realizan alguna actividad informal en México, quienes tienen ingresos precarios e inestables y carecen de contratos laborales, seguro social y otras prestaciones. A este universo se están sumando en masa los despedidos del gobierno de “primero los pobres” y la “república amorosa”.

Graves violaciones contra la legislación laboral

El despacho de abogados Trusan & Roma representa hoy jurídicamente los derechos de múltiples trabajadores gubernamentales en peligro de ser despedidos. Esta firma ha acogido casos de funcionarios que se han amparado para que no se les reduzca el sueldo o no se les retiren prestaciones como el seguro médico; también defiende casos de empleados de confianza presionados para que firmen su renuncia voluntaria. Rodolfo Martínez, litigante de la firma, manifestó a buzos que estos trabajadores tienen opciones para no perder su empleo, porque la autoridad debe demostrar primero que son empleados de confianza.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó qué es un servidor público de confianza, no por la categoría del puesto ni por la denominación que se le dé, sino por las funciones que realiza. En el caso del SAT, demostramos que no eran empleados de confianza y les han basificado sus plazas. Pregúntenle al SAT cuántos pasivos laborales tiene que deben pagar. Yo puedo asegurar que ahorita, con los despidos masivos, los pasivos van a ascender a miles de millones de pesos. Con esta ola de despidos, los pagos por concepto de salarios caídos que el Gobierno Federal va a tener que hacer a los trabajadores con cinco o siete años de labores va a ser muy altos”.

El abogado aseguró que “se han cometido una serie de pifias y aberraciones anticonstitucionales, vergonzosas equivocaciones y garrafales violaciones a los derechos fundamentales descritos en la Constitución y en las leyes laborales. Por un lado, está la inconstitucionalidad de bajarle el sueldo a funcionarios públicos, porque no es que hubiera quienes ganaran mucho; la falsa creencia popular de que todos los servidores públicos ganaban cientos de miles de pesos al mes no fue más que un argumento de odio engendrado para legitimar precisamente esa serie acciones ilegales”, señaló.

Afirmó que el tope salarial de 108 mil pesos mensuales que el Presidente de la República se autoimpuso afectó a los funcionarios públicos por igual e incluso a los trabajadores de la burocracia federal más modestos, como es el caso de las secretarias que ganan solo ocho mil pesos al mes, a quienes además de reducirles su ingreso se les retiró la prestación del seguro de gastos médicos. “Entonces, aquí lo que tenemos es una violación a los derechos adquiridos de los servidores públicos con años de esfuerzo”, dijo el abogado a fin de resaltar por qué se impugnaron ante SCJN la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFSP) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF-2019).

Trusan & Roma logró suspensiones definitivas en la mayoría de los amparos que promovieron en contra de la LFSP y el PEF-2019. Actualmente, las dependencias tienen la obligación de continuar depositando los gastos, los seguros de separación y abrir una cuenta de servicios médicos nueva a los trabajadores que intentó separar de sus cargos. “Si no, violan la suspensión provisional, con lo cual incurrirían en desacato y esto provocaría la destitución del funcionario. Es decir, los funcionarios están obligados a acatar la orden judicial”, informó el abogado.

El encargado del “caso SAT” aseguró que ha habido despidos injustificados de funcionarios públicos de dependencias y órganos dependientes del Poder Ejecutivo Federal (PDF), que forman parte del Servicio Profesional de Carrera (SPC), con lo que se violentó la ley laboral. “Dependencias que debían ser ejemplo del irrestricto cumplimiento de la ley, la han violado de forma flagrante, al cesar a funcionarios públicos del SPC”, enfatizó.

Despidos para contratar morenistas

El escándalo y la irritación social van más allá de los despidos, pues tras el cese de trabajadores gubernamentales que tenían muchos años de experiencia en sus funciones, los medios de comunicación revelaron que el actual Gobierno Federal estaba sustituyéndolos con militantes o simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que carecen de calificación profesional y aptitudes para desempeñarlos.

Éste fue el caso de Edith Arrieta Meza, licenciada en diseño de modas por la Universidad Jannette Klein, Ciudad de México, quien fue designada como subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y quien después de una controversia pública fue despedida. Arrrieta fue promotora de las campañas morenistas en la alcaldía de Tlalpan.

En la misma situación estuvo David Alexir Ledesma, nombrado subdirector de Comunicación e Información Estratégica en el Conacyt, pero quien debió renunciar en medio de un escándalo mediático durante el cual incluso fue exhibida su vida íntima, pues en las redes sociales se publicaron fotos donde apareció desnudo. Este hecho, sin embargo, no fue el que determinó su fugaz aventura burocrática, sino su preparación profesional toda vez que solamente había cursado el tercer semestre de la carrera de comunicación.

Otro caso más es el de María Chávez García, diputada local de Morena entre 2015 y 2018, quien previamente había sido vendedora de lencería y el gobierno de la 4T la designó secretaria administrativa del Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energia-Sustentabilidad Energética, donde debía supervisar los fondos sectoriales Conacyt-Sener.

La socióloga Flora Aco expuso que hay puestos laborales de empleados despedidos “que van a ser ocupados por jóvenes del programa Construyendo el Futuro (ninis) a quienes se le pondrá a cargo de la operación de programas sociales (sin formación ni experiencia alguna). Es una mentira decir que se recortó personal que sobra. En realidad, lo que están haciendo es llenar los espacios dejados por personal despedido con estos becarios o beneficiarios de programas sociales, como se les diga”, denunció.

Mientras tanto, AMLO continúa con su política de “austeridad”, con la cual sigue teniendo en el filo de la navaja a los “empleados de confianza” que le faltan para completar su meta de despedir a 222 mil 600 trabajadores no sindicalizados de la burocracia federal, cuya plantilla laboral íntegra era de un millón 567 mil personas.