A finales de julio cayó en manos de las fuerzas policiacas estadounidenses uno de los narcotraficantes más buscados: Ismael El Mayo Zambada. Como es costumbre en este tipo de casos, la noticia encabezó los titulares de los medios nacionales e internacionales, presentándose como un golpe duro contra el cártel de Sinaloa quien, se presume, es el principal sintetizador y exportador de fentanilo, el estupefaciente más problemático en Estados Unidos hasta el día de hoy. Pero, en realidad, es probable que la captura del narcotraficante en Texas sea simplemente una cortina de humo que esconde una avanzada política contra el gobierno de México. Concretamente, podría ser un golpe estadounidense por el control del tráfico de drogas.

Algunos historiadores del narco transfronterizo han dado elementos que permiten apuntar esta posibilidad. Especialmente me refiero al trabajo La droga. La verdadera historia del narcotráfico en México (Debate, 2022), del profesor Benjamin T. Smith. Entre los notables hallazgos del autor está un móvil fundamental para el tráfico: las llamadas “redes de protección”. Se trata de estructuras coordinadas, por llamarlas de alguna manera, que a cambio de un pago adecuado protegen la producción, el trasiego y la exportación de drogas; de la misma manera, han garantizado la existencia de los grandes mayoristas (como los cárteles) y eliminado a sus competidores.

Sin embargo –y a pesar de que el lado gringo protege con celo su información–, algo muy significativo que documenta Smith es cómo estas redes están enraizadas en los Estados mexicano y estadounidense. Es más, demuestra que la implicación estatal en ese sentido ha sido progresivamente mayor. Los primeros protectores del narco eran los policías locales o municipales. Después, fueron desplazados por grupos más poderosos, ligados inicialmente con los gobiernos estatales y después con las instancias federales de esos países. Así, hacia la segunda mitad del Siglo XX habrían estado comprometidos, como protectores y beneficiarios, el Ejército mexicano, las policías fronterizas y aduanales de ambos lados del border, la Procuradoría General de la República, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, algunos organismos de seguridad aeroportuaria, los organismos antinarcóticos estadounidenses como la FBN, la BNDD y la DEA. Incluso la agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, documenta Smith, ha estado dentro del juego.

En aquellos tiempos, cada vez que cambiaba el gobierno estatal o federal, había un reacomodo violento. En México, los nuevos aparatos institucionales elegían a algún narcomayorista favorito, eliminaban a sus competidores, destruían los resabios de la red de protección anterior y establecían un nuevo dominio, así como un nuevo ritmo comercial. Esto habría cambiado más o menos a partir de los 90. Smith identifica que, desde esa década, la decadencia de nuestro Estado y las ganancias del narco incrementaron sobremanera, y esta situación habría empujado a los propios narcotraficantes a tomar, hasta cierto punto, el control. Sin embargo, desde mi punto de vista, varios hechos del gobierno en turno podrían indicar que las redes estatales siguen funcionando de alguna manera. Me refiero especialmente al coqueteo de Andrés Manuel López Obrador con los narcos, en especial con los de Sinaloa. ¿No fue él quien saludó a la mamá de El Chapo?, ¿no fue él quien liberó a Ovidio Guzmán?, y, sobre todo, ¿no es su política la de “abrazos, no balazos” para los narcos?

Toda la atención internacional sigue ahora el proceso de aquel líder de Sinaloa, de Zambada. Pero su captura ocurrió en El Paso, Texas, y el jefe del Poder Ejecutivo mexicano, en sus mañaneras, dio muestras de no conocer ni un ápice de esta operación. ¿No será que los gringos están haciendo una limpieza de narcomayoristas mediante sus organismos con tradición de protección al narco, como la DEA, que detuvieron a ese capo? ¿No será que el Estado vecino ha dado ese golpe para favorecer a algún nuevo favorito? ¿No será que, más allá de procurar la extinción del narcotráfico, los estadounidenses desean tomar en sus manos el jugoso business de las drogas, en especial el del fentanilo sinaloense? Y, finalmente, si está pasando lo anterior, ¿no estaríamos ante una nueva imposición comercial de los gringos? ¿Qué haría la 4T frente a ese escenario?, ¿ofrecería sus “abrazos, no balazos”?