“Le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas… si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos, ¿por qué no vamos a poder nosotros?”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 25 de noviembre de 2021, cuando anunció que el Ejército distribuiría las medicinas del sector salud para superar el problema del desabasto.

Hoy, a inicios de agosto de 2022, y a tres años de que se desatara esa crisis, pacientes afectados por la falta de fármacos, asociaciones civiles e investigadores especializados afirman que incluso se ha agravado; y recuerdan que fue originada en 2019, cuando el Presidente ordenó la suspensión de contratos de compra y distribución a empresas privadas proveedoras sin antes disponer de un plan logístico alternativo.

“Desmantelar el sistema que se tenía antes y querer hacer uno nuevo de la nada, evidentemente resultó mucho más complejo de lo que se creía. Por ello, ha habido problemas y seguimos con el lamentable hecho de que, al final, quienes pagan por estos errores son los pacientes”, reveló a buzos Andrés Castañeda Prado, médico especializado en comportamiento económico y políticas de salud, coordinador del colectivo Cero Desabasto, integrado por más de 80 organizaciones de pacientes que exigen medicamentos completos.

Para desmontar el anterior esquema de compra y distribución de medicinas, el Presidente argumentó la presunta corrupción de 10 empresas del sector farmacéutico, a las que se les pagaban 100 mil millones de pesos (mdp), y entre las cuales había tres que obtenían la mayor parte de los contratos del sector salud y que meses después volvieron a vender al actual gobierno. Una de ellas es Pisa, fabricante de medicinas contra el cáncer.

“Si entendemos que es importante atender el tema de ser transparentes, de actuar con valores, eso es importante, el tema es justo que se toman decisiones tan radicales sin tener un plan que no afecte a las personas; en este caso, hablando de los pacientes”, dijo a buzos la trabajadora social Yareli Escudero Guadalupe, directora de la organización civil Pacientes en Acción.

“Creemos que todavía sigue siendo un tema bastante pobre, en el sentido de poder dar una solución al paciente, que es quien requiere medicamento; pobre en el sentido de que no va orientada al beneficio del paciente, sino que está más enfocada a este tema de combatir la impunidad, cosa muy distinta a la realidad que vive la persona enferma.

“Al paciente por supuesto que le impacta que haya malas licitaciones, que haya desvío de recursos; pero lo que más le interesa es que haya un medicamento en la farmacia (del servicio público); que lo distribuya quien lo distribuya no resuelve el problema que le aqueja a la persona que requiere estos medicamentos de alto costo (como los usados contra el cáncer)”, agregó Escudero.

Después de esa infortunada decisión –que afectó a los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– las compras estuvieron a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y luego fueron transferidas a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por solicitud del Presidente para, supuestamente, adquirirlas más baratas en el extranjero y transparentar la operación.

Pero pronto, las compras se realizaron nuevamente en México; y a ellas se sumaron las adquisiciones destinadas al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Para el segundo semestre de 2022, según la oficina de la ONU en México, en un informe conocido el pasado 28 de mayo, el 91 por ciento de las medicinas requeridas por el sector salud serán compradas en el país.

El Ejército en escena

El 25 de noviembre de 2021, AMLO aseguró en Zacatecas que el problema de la compra de medicinas estaba resuelto en 90 por ciento, que solo faltaba distribuirlas; y que para ello echaría mano del Ejército, que en adelante también se convertiría en repartidor de fármacos, además de constructor y administrador de obras públicas.

El 30 de noviembre de 2021, el general en retiro Jens Pedro Lohmann fue designado director de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) a quien, al día siguiente, dio posesión el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Birmex es una empresa privada con participación mayoritaria del Estado que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas y antivenenos; aunque también vende vacunas y productos de diagnóstico clínico fabricados por otras empresas, entre las que se hallan los biológicos antiCovid que el Ejército ayuda a distribuir.

¿Ha mejorado la distribución del 1° de diciembre de 2021 a la fecha?, le preguntaron al doctor Andrés Castañeda. Su respuesta fue contundente: “No, la verdad es que no. Tenemos datos de cómo hay un problema importante en la distribución, que no están llegando los medicamentos, que a pesar de que se compraron no llegan, primero a los estados, y de ahí a las clínicas, que es un reto mayor.

“Creo que nos hace falta, como sociedad, exigir que se garantice el acceso a los medicamentos, que se mejoren los procesos; creo que en este tema de la distribución en concreto, esa idea de que van a llegar como si fueran papitas y refrescos, habla mucho del desconocimiento sobre la complejidad que implica la compra y distribución de medicamentos. No, no, de ninguna manera es algo parecido a las papitas y los refrescos.

“A los ciudadanos nos toca exigir, ser escuchados, exigir que haya espacios formales de interlocución, porque no se ha escuchado a las mismas instituciones de salud, a la industria farmacéutica, a profesionales de la salud y, sobre todo, a los pacientes”, explicó el coordinador de Cero Desabasto.

La información del colectivo Cero Desabasto revela que, al primer cuatrimestre de 2022, el desabasto de medicinas aumentó en 25 por ciento en las dos principales instituciones destinadas a la atención de personas sin acceso a servicios médicos: IMSS-Bienestar e Insabi.

La afectación a los pacientes no solo se produce en términos sanitarios sino también económicos; porque se ven obligados a comprarlos en farmacias comerciales pese a sus escasos ingresos. En el caso del Insabi, según una encuesta de Cero Desabasto, en 2021 solo el 66 por ciento de los pacientes fue surtido con medicamentos.

En el tercer cuatrimestre de 2021, en las unidades médicas rurales se registró un 80 por ciento de abasto de medicinas; y en el primer cuatrimestre de 2022, éste se redujo al 73 por ciento; mientras que el IMSS-Bienestar reportó el 74 por ciento en el primer cuatrimestre de 2021; y en el mismo periodo de este año era del 71 por ciento, su nivel más bajo en seis años.

El colectivo Cero Desabasto, que conforma la organización social Nosotrxs, puntualizó que, solo en 2021, ya no se surtieron más de 24 millones de recetas a las instituciones del servicio sanitario público, sobre todo a derechohabientes del IMSS; y detalló que en el primer trimestre de 2022, el IMSS negó más recetas que en todo 2019, y más que en 2017 y 2018 juntos.

Según esta agrupación, entre los afectados también hubo pacientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar).

Pobres, los más vulnerables

Las personas con menos ingresos se ven obligadas a comprar las medicinas que no tiene el sistema de salud pública. La organización Soy Paciente informó, el 24 de mayo de 2022, que los precios de los fármacos se habían incrementado 16 por ciento en un año, casi tres veces más que el gas, cuya alza fue del 5.58 por ciento; la inflación llegó al 7.65 por ciento y en la primera quincena de julio al 8.16 por ciento.

Pero los mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud pública, que son más de 35 millones de personas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), deben pagar medicamentos, consultas y otros servicios especiales, como los análisis clínicos.

Según informes de la organización Cero Desabasto, estas personas sin servicios de salud acuden, sobre todo, a los consultorios médicos y laboratorios integrados a las farmacias comerciales –incluidas las de genéricos– cuyo número creció 140 por ciento solo en 2021.

El 15 de febrero de 2022, en el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, padres de niños con este padecimiento se manifestaron frente a Palacio Nacional en demanda de medicinas especializadas; y en protesta por el fallecimiento de menores por la falta de éstos, encendieron veladoras en el piso.

La abogada de más de 200 padres inconformes, Andrea Rocha Ramírez, reportó haber entregado un oficio dirigido al Presidente en el que demandan una explicación de por qué promovía una consulta de revocación de mandato, con un costo de mil 100 mdp, mientras tres mil niños carecían de medicinas y tratamiento de quimioterapia en el país.

La litigante declaró que los padres llevaban tres años con protestas no atendidas por el Gobierno Federal; e informó que habían presentado ocho denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios del Gobierno Federal por el desabasto de medicinas; y reveló que los familiares del niño Evan, recién fallecido de cáncer, presentaron una denuncia por homicidio debido a la desatención sanitaria y la falta de medicamentos.

Según el colectivo Cero Desabasto, en 2021, pacientes solicitaron 15 mil 980 amparos ante el Poder Judicial en demanda de medicamentos contra el cáncer, diabetes, hipertensión y para pacientes con trasplantes orgánicos.

En noviembre de 2021, la organización Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer reportó que entre 23 y 30 mil infantes no recibían atención ni medicamentos del Sector Salud.

El caso del laboratorio Pisa

Entre las empresas vetadas por AMLO en 2019, y que luego fueron contratadas de nuevo, destaca el laboratorio Pisa, que fabrica y comercializa Metotrexato, sustancia fundamental para el tratamiento contra el cáncer, empresa a la que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le clausuró siete de sus 14 plantas el 27 de agosto de 2019 por “inconsistencias” en la producción del medicamento.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) acusó también a Pisa de ofrecer datos incorrectos en un contrato obtenido en 2017; y el 16 de octubre de 2020, la inhabilitó durante 30 meses para obtener contrataciones gubernamentales, por presuntamente ofrecer datos falsos en una adjudicación directa con el IMSS en 2017; además, le impuso una multa de un millón mil 95 pesos. La SFP advirtió que Pisa tenía otros cinco expedientes.

Semanas después, el 13 de noviembre de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TSJA) amparó al laboratorio Pisa y su filial de distribución Dimesa y otorgó una suspensión contra la sanción impuesta en octubre del mismo 2020 por la SFP, por lo que el laboratorio podía suscribir contratos con el gobierno mientras el tribunal resolvía el asunto de fondo.

El 13 de enero de 2021 se informó que el gobierno de AMLO había contratado a Pisa para la compra de artículos médicos por poco más de 16 mdp, entre los que había 100 mil jeringas desechables y cerca de 25 mil ampolletas de cloruro de sodio –utilizado en la mezcla de vacunas como la de Pfizer– para la campaña de vacunación contra el Covid-19.

Unos meses después, el seis de abril de 2021, el TSJA ordenó suspender en definitiva la inhabilitación por 30 meses impuesta por la SFP; y el mismo día, la SFP publicó la tarjeta informativa 003/2021, en la cual advirtió que mantendría la defensa de la sanción impuesta a la empresa Pisa el 16 de octubre de 2020, porque la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de ninguna manera anulaba la sanción impuesta a Pisa.

El 23 de diciembre de 2021 se divulgó el resultado de una licitación internacional, mediante la cual el Gobierno Federal había contratado nuevamente al laboratorio Pisa, ahora con 52 claves de medicamentos (códigos de identificación administrativa) que distribuiría en centros sanitarios del Insabi durante 2022.

El 17 de junio de 2022, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó una nueva circular del TFJA que informaba su decisión de anular en definitiva la sanción impuesta a Pisa por la SFP del 16 de octubre de 2020, que la inhabilitaba por 30 meses para obtener contratos gubernamentales.

El 28 de febrero de 2022, la consultora Instituto Farmacéutico México (Inefam) reportó que el Insabi y la UNOPS de la ONU, a la que AMLO había invitado para verificar la transparencia y encargarse de comprar medicinas a mejor precio en el extranjero, adeudaban más de 10 mil mdp a firmas de la industria farmacéutica en México por la compra y distribución de medicamentos.

“La deuda a la industria debe ser superior a 10 mil mdp, hay que recordar que el hecho de tener más de dos procesos de compra ante un sistema de distribución y logística con muchos rezagos ha llevado a desfases importantes en la comunicación para que corran los pagos a proveedores”, declaró el 28 de febrero pasado Enrique Martínez Moreno, vicepresidente de la consultora Inefam al diario El Financiero.

También se cita a Rafael Gual, titular de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), quien explicó que de esos 10 mil mdp citados por Inefam, por lo menos seis mil mdp eran adeudos gubernamentales a 186 firmas agremiadas.

“Hay mucha opacidad en todos los procesos que se llevaron a cabo. De las empresas que nos han reportado, que no es el total, son más de seis mil millones de pesos, es impresionante lo que se le debe a la industria”, afirmó Gual al periódico especializado en economía.