Aunque se han ubicado las fuentes contaminantes, prevalece la inacción de los gobiernos locales.
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buzos se ocupa nuevamente de la política de salud pública bajo el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T). A los efectos sobre la población de medidas como el desmantelamiento del Seguro Popular o la falta de una estrategia general oportuna para el combate de la pandemia de Covid-19, se suman ahora las consecuencias de la crisis por desabasto de medicamentos.
A decir de especialistas, investigadores y dirigentes de asociaciones civiles, esta crisis comenzó en 2019, es decir, durante el primer año de la 4T, con la suspensión, ordenada por el Gobierno Federal, de contratos de compra y distribución con empresas privadas que proveían de medicamentos a las instituciones del sistema de salud pública en el país. El desabasto se ha agravado desde entonces, provocando la inconformidad y las protestas de los pacientes, cuyos representantes se han dirigido a la máxima autoridad del país sin que a la fecha se haya reanudado el abasto.
Suman ya millones los pacientes que han resultado afectados; sus recetas no son surtidas y las instituciones del sistema se hallan imposibilitadas para entregar los fármacos. Decenas de organizaciones de pacientes se han manifestado, protestan y exigen atención; entre ellas se encuentran los padres de niños con cáncer, que han denunciado las cuantiosas erogaciones para atender asuntos mucho menos urgentes que la vida de sus hijos, por ejemplo, el multimillonario gasto que el gobierno morenista efectuó con motivo de la consulta para la revocación de mandato del presidente AMLO.
Las víctimas del desabasto de medicamentos podrían añadir a su denuncia que las necesidades más urgentes de la sociedad mexicana se atienden desigualmente, que se le da prioridad a los megaproyectos que reditúan políticamente al Gobierno Federal y a su partido y que aseguran su triunfo electoral en 2024; pero que para los niños con cáncer cuya atención no puede esperar, y para los millones de pacientes cuyas recetas no son surtidas no existen megaproyectos, así como no existen para los mexicanos que mueren de sed en el norte del país.
Aunque se han ubicado las fuentes contaminantes, prevalece la inacción de los gobiernos locales.
Detrás de esa próspera imagen existe otra realidad: la de miles de comunidades rurales que sobreviven alejadas de los centros urbanos.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
Ojalá los políticos que tanto pregonan que estamos pasando por una verdadera transformación en el sistema de salud se atendieran ellos o sus familiares en un hospital público.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
Las personas con discapacidad registraron la calificación más baja con 7.99 puntos, seguidas por quienes hablan una lengua indígena, con 8.33, ambas inferiores al promedio nacional.
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Autoridades piden limitar el uso del agua cuando presenta olor o coloración marcada.
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En México, el 18 por ciento de la población adulta padece diabetes, aunque cerca de 1 de cada 3 afectados ignora su condición.
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Tras la llegada de una empresa que promete progreso, se encuentran intereses políticos, irregularidades y posibles afectaciones a un ecosistema que internacionalmente está protegido.
El nuevo modelo de salud federal no ha hecho sino agravar los problemas de los enfermos que solicitan atención médica y sólo encuentran carencias y desabasto.
El costo de estas retribuciones crecerá de manera sostenida dado el ritmo de envejecimiento poblacional.
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Escrito por Redacción