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La contención de migrantes en la frontera sur
El aumento del flujo migratorio de Centroamérica ha modificado las rutas de su desplazamiento en territorio nacional; y aunque las autoridades han incrementado el despliegue policial, militar y administrativo, su control es sólo de contención.
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La oscuridad nocturna aún precede al amanecer sobre el río Suchiate, que sirve de frontera entre México y Guatemala, desde cuya ribera oriental, los migrantes cruzan para llegar a la ciudad de Tapachula, Chiapas. Un pequeño grupo de haitianos logró acceder a territorio mexicano, pero de inmediato fue interceptado por las autoridades migratorias.

Ahora, El Armadillo es el paso más conocido por los migrantes. Desde muy temprano aguardan la “luz verde” para trepar a las balsas. Los lancheros afirman que ellos no los transportan, y que son los migrantes quienes pasan por sí mismos al “otro lado”.

Una vez sorprendidos en la rivera mexicana, esa misma mañana, los haitianos fueron llevados en transporte público a Tapachula, donde permanecen varados miles de migrantes que, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, esperan un permiso para regularizar su viaje hacia Estados Unidos (EE. UU.).

Habitantes de Ciudad Hidalgo, poblado contiguo al río Suchiate, señalan que la afluencia migratoria sigue, aunque ya no de manera masiva, y que el despliegue de elementos de diferentes instituciones, maximizado por los medios de comunicación, no ha logrado frenarla. El flujo es constante.

En marzo pasado, el gobierno de México anunció oficialmente, en Tapachula, operativos antimigrantes, con los que participaron tres mil elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM); la policía estatal, Protección Civil y, adiestrada para apoyar a los migrantes vulnerables, la Secretaría de Salud.

Pero la principal línea de acción de estas medidas no consistía en el rescate humanitario de las personas indocumentadas que cruzan ilegalmente la frontera sur, sino contener su flujo procedente de Centroamérica, pero al que, desde 2018, se han agregado migrantes de Haití, Cuba, Congo, Ghana, Angola, Argelia, Paquistán, Bangladesh; además de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros países.

La afluencia es abrumadora. En el centro de Tapachula trabajan cientos de haitianos mientras regularizan su situación migratoria. En la misma situación se hallan otros migrantes interceptados por el INM que, el año pasado, justificó así la política del Gobierno Federal frente a este problema internacional:

“Se tomó la decisión de implementar acciones interinstitucionales consistentes en el despliegue de activos a lo largo del río Suchiate, puentes y puntos de internación o acceso del perímetro fronterizo, donde se contempla la instalación de filtros sanitarios y de inspección para verificar la documentación y condición migratoria de personas y familias que pretendan ingresar a territorio nacional”.

 

Vigilancia en carreteras

Antes del ingreso masivo de migrantes o en caravanas a partir de octubre de 2018, un visitante ilegal tenía que recorrer los 38 kilómetros que de Ciudad Hidalgo a Tapachula. Ahora, con el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno Federal, los migrantes deben eludir retenes imprevistos en las carreteras y buscar senderos donde no sean sorprendidos por los elementos de migración.

El recorrido del tren entre Ciudad Hidalgo y Arriaga ha sido explorado por ellos mismos para escabullirse de autoridades migratorias y no ser deportados. Un grupo de seis jóvenes hondureños pudo burlar a los elementos de migración siguiendo la vía del tren; durmió sobre un puente cerca de un poblado de Puerto Madero y, a la mañana del día siguiente, continuó su recorrido sobre esa línea después de abastecerse de agua.

“Ya pudimos entrar a México. Ahora esperamos ir poco a poco caminando para llegar hasta Arriaga. Nos han dicho que hay más vigilancia, pero esperamos tener suerte”, reveló un joven de escasos 19 años. La empatía de los lugareños se expresa con ayuda. Les comparten agua o tortillas para que sorteen la sed y el hambre. Superan el miedo al caminar en grupo.

De acuerdo con el Censo de Población 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chiapas hay 60 mil 438 extranjeros, distribuidos en 10 municipios. Tapachula tiene 22 mil ocho; Suchiate, cinco mil 269; Frontera Comalapa. cuatro mil 232; La Trinitaria, dos mil 969; Tuxtla Gutiérrez, dos mil 279; Comitán de Domínguez, mil 719; Cacahoatán, mil 596; Tuxtla Chico, mil 498; Mazatán, mil 414 y Huixtla, mil 374.

La mayoría de estos municipios se ubican en la frontera con Guatemala. La población extranjera más alta es de origen guatemalteco, con 33 mil 177; le sigue la hondureña, con nueve mil 947; la salvadoreña, con cinco mil 24 y la de otras nacionalidades suma 12 mil 290.

La principal causa de migración es el deseo de reunirse con familiares, con el 40.3 por ciento; le sigue la búsqueda de trabajo con 16.7 por ciento; el cambio u oferta de trabajo con el 11.7 y el cuarto factor, la reunión conyugal, con el 8.03 por ciento. La mayoría son mujeres, con 30 mil 560 y 29 mil 878 son hombres.

La población de migrantes en Chiapas creció casi un 50 por ciento pues, en 2010, era de 32 mil 868 personas: 15 mil 376 mujeres y 17 mil 492 hombres. En los últimos dos años el fenómeno migratorio registró un notorio ascenso como resultado del ingreso masivo de octubre de 2018.

La población centroamericana fue la de mayor presencia en las caravanas que se organizaron para viajar en masa hacia EE. UU. A causa de este fenómeno social, hoy, miles de esos migrantes que no lograron su objetivo ahora, radican en México.

 

Flujo detenido en el sur

Una política de “puertas abiertas” de las autoridades mexicanas aumentó el ingreso, así como los programas de atención a los migrantes, principalmente a los centroamericanos. Sin embargo, han cambiado las expectativas de los que se ven obligados a permanecer en Tapachula para tramitar su viaje al norte en la Comar, el cual constantemente se ve aplazado.

Tapachula no está ubicada físicamente en la frontera con Guatemala, pero es el principal centro de flujo y asentamiento de migrantes, debido a su dinamismo económico y a que ahí operan el INM, la Comar y abundan las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que trabajan en favor de los derechos de los migrantes.

 

La Comar ha recibido, de octubre de 2018 al primer trimestre de 2021, 31 mil 842 solicitudes de asilo en México, la mayoría promovidas en Tapachula, por lo que se espera que, para el cierre de año, el número llegue a 90 mil o 100 mil.

La nacionalidad de los migrantes con más peticiones de refugio es la hondureña, con 15 mil 842; la haitiana, tiene cuatro mil 315; la cubana, tres mil 91; la salvadoreña, dos mil 460; la venezolana, mil 818; y la guatemalteca, mil 615.

Las manifestaciones de inconformidad de la población migrante son continuas debido a las largas filas que deben cumplir frente a las oficinas del INM y la Comar. En algunas ocasiones han llegado a enfrentarse con las autoridades que resguardan estos lugares porque les aplazan las fechas de sus trámites.

El comercio informal es la opción laboral a la que recurren muchos migrantes para cubrir sus gastos de manutención. Esto resulta muy notorio en el centro de Tapachula, principalmente entre los haitianos, quienes se dedican a la venta de comida, bebidas, ropa, medicinas… incluso han establecido “barberías” en plena calle.

Esto ha provocado la inconformidad de los comerciantes locales, ya que el número de los negocios callejeros de los migrantes es alto. Gustavo Castellanos, representante de Slow food, asociación internacional ecogastronómica sin fines de lucro, abundó en que éstos chocan con una sociedad “algo racista” que no quiere darles empleo.

Antes de la contingencia sanitaria generada por el Covid-19, era complicado que los emplearan en Tapachula; pero ahora la situación ha empeorado; porque su alto número en las calles aumenta el riesgo de contagio y por ello provocan desconfianza.

Asimismo, la falta de empleo ha propiciado que haya muchos centroamericanos en situación de calle. Durante el día es común verlos en los cruceros con niños en brazos, pidiendo dinero para comer y las banquetas se convierten en recámaras porque la mayoría no tiene dinero para pagarse un cuarto.

En el parque central de la ciudad es común ver a las haitianas ofreciendo servicios de belleza. También hay restaurantes donde se exhiben comidas de diferentes países; que cubanos de ambos sexos trabajan en bares y algunas calles sean utilizadas para ofertar sexo-servicio de mujeres cis, transgénero y hombres.

 

Vigilancia en el centro

En las últimas semanas, elementos del INM, acompañados por integrantes de la GN, han emprendido operativos para revisar documentación de los extranjeros en el primer cuadro de Tapachula; y los que no acreditan su estancia regularizada o realizan el trámite correspondiente, son asegurados para deportarlos después.

“No se trata de una cacería”, revela un elemento de la GN que participa en el operativo, ya que únicamente se limitan a que los migrantes se sujeten a la reglamentación requerida por su propia seguridad y la de la población local.

Lo cierto es que el Gobierno Federal intenta cumplir con la exigencia de su homólogo de EE. UU.: frenar la migración proveniente de la región, cuyo destino final es precisamente su territorio. Su actual presidente, Joseph Biden, anunció que invertirá más de cuatro mil millones de dólares (mdd) para atacar las causas de origen de la migración en Honduras, Guatemala y El Salvador, los principales emisores de familias migrantes.

Pero ahora no hay un cronograma claro sobre cómo se invertirá ese dinero, ni qué organismos supervisarán su aplicación en manos de gobiernos caracterizados por altos niveles de corrupción. Por ello, ante los llamados a la paciencia, los migrantes se aferran a la esperanza de buscar empleos e ingresos, con los cuales satisfacer las necesidades de sus familias en otros países.


Escrito por Guadalupe García

Colaboradora


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