La Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP) reporta, desde el inicio de este año, un alza alarmante de cuatro a siete delitos de alto impacto –ejecuciones, feminicidios, asaltos– sin que los tres niveles de gobierno elaboren una estrategia de seguridad adecuada para enfrentar esta situación.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, fue atacado a balazos el pasado primero de marzo cuando se hallaba afuera de una vulcanizadora situada en la calle del Potosí y a una cuadra de la avenida Salvador Nava, en las inmediaciones de Lomas Primera Sección.

 Un día después hubo otro atentado en la calle Monte Calvario, del fraccionamiento Bellas Lomas, donde resultaron lesionados dos jóvenes y los responsables se dieron a la fuga. El cuatro de marzo 2021, una pareja fue ejecutada en la esquina de avenida Tecnológico y la lateral de carretera a Rioverde.

Agentes policiales de diferentes corporaciones acudieron al sitio, mediante llamadas telefónicas realizadas al número 911, en el que se le informó que las víctimas habían sido baleadas mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los sicarios les dispararon en varias ocasiones hasta que lograron abatirlos.

Una semana después, una niña de nueve años perdió la vida por arma de fuego, con heridas en varias partes del cuerpo; los hechos sucedieron en la colonia El Morro, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

Los reportes detallaron que la menor se encontraba en la vía pública cuando llegó un vehículo y se detuvo; al ver esto, el padre de la víctima corrió hacia ella para protegerla, pero los individuos del automóvil efectuaron las detonaciones. “Nadie le devolverá la vida a mi niña, solo espero que se haga justicia”, lamentó la madre de la menor.

Casi de manera simultánea y en un lapso no mayor a dos horas, en otros puntos de la ZMSLP se suscitaron otros hechos armados en los que perdieron la vida cuatro personas y cinco más fueron heridas.

Bajo asedio de la delincuencia

En 2019, las fiscalías del país registraron 35 mil 588 homicidios –de los cuales 34 mil 582 fueron dolosos y mil feminicidios–, cuyo promedio diario es de 97.5 asesinatos. Aquella cifra de crímenes superó a la registrada en 2018, que fue de 34 mil 655 (con un incremento del 2.7 por ciento) y fue evaluada como la más alta en el país desde el registro de este tipo de delitos.

En 17 estados de la República creció el número de asesinatos entre 2018 y 2019. Entre ellos se halló SLP que, en 2020 y en lo que va de 2021, se ha incrementado en materia de inseguridad y violencia delictiva; ya que la frecuencia criminal es alarmante y ha cobrado dimensiones insospechadas.

El año pasado, la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 no logró aminorar la incidencia delictiva y la ola de homicidios se incrementó durante los meses que se prolongó el confinamiento. Incluso trascendió que 2021 puede convertirse en el más violento de la historia local.

Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelaron que 2020, aún con la pandemia, fue el año con más asesinatos en SLP desde que se proyectan las estadísticas delictivas hace 24 años; ya que por primera vez se rebasó la cifra de mil víctimas de homicidio en un año.

Además, las extorsiones se incrementaron el 24.7 por ciento y las denuncias de acoso sexual crecieron el 33.5 por ciento. El narcomenudeo fue el delito que más creció en un año, pues pasó de 578 a 779 denuncias entre un año y otro, con un alza del 74.1 por ciento. Pero los homicidios tuvieron un crecimiento dramático el año pasado, al sumar mil 91 víctimas, el número más alto desde 1997.

El mismo fenómeno se observó en los homicidios dolosos, pues en 2020 fueron 732 los asesinados, contra los 494 de 2019, lo que implicó un alza del 48 por ciento. Este año abrió con 97 víctimas de homicidio, lo que representa un incremento del 25.7 por ciento más comparado con enero de 2020, cuando se registraron 72 víctimas.

En lo que respecta al robo a casa-habitación, se incrementó en 8.7 por ciento y los robos de vehículos automotores aumentaron un 20.6 por ciento en el mismo lapso. Otros delitos al alza son feminicidio y extorsión con 33.3 por ciento cada uno; violencia interfamiliar 1.6 por ciento y narcomenudeo 9.1 por ciento. Los delitos contra la libertad y seguridad sexual registraron 114 casos; mientras que, en enero 2021, la cifra fue de 142.

Gobierno fallido: sin estrategias ni resultados

San Luis Potosí se ha convertido en un territorio peligroso y sus habitantes no se sienten seguros, ya que diariamente se registran entre cuatro y siete ejecuciones en la ZMSLP. La percepción ciudadana de inseguridad pública en la capital potosina revela que nueve de cada 10 potosinos se muestran incertidumbre en las calles y, peor aún, que siete de cada 10 incluso se sienten en riesgo al interior de sus hogares.

La violencia y la delincuencia son los problemas principales que actualmente se padecen la entidad, percepción que comparten con muchos habitantes del país. La seguridad pública es uno de los reclamos sociales más persistentes en los últimos años, ya que los problemas de inseguridad afectan la integridad física, los derechos humanos y bienes patrimoniales de los mexicanos.

A estos problemas se suman la falta de estrategias de seguridad pública en las autoridades públicas, quienes se muestran incompetentes e indiferentes para frenar las ejecuciones criminales, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, discriminación, impunidad, que son violaciones a los derechos humanos; en tanto que el Gobierno Federal parece enfocado a instaurar un régimen autoritario y militar en el país.

Frente al grave incremento de la violencia delictiva en muchas regiones del país, la respuesta armada impulsada por el Gobierno Federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no ha producido buenos resultados, ya que su estrategia de sacar a los militares de sus cuarteles y mandarlos a las calles para enfrentar a los delincuentes –quienes muchas ocasiones están mejor armados– no ha funcionado.

Las diferentes expresiones de pobreza y el considerable aumento en los índices de violencia deberían ser las principales causas de preocupación en las políticas públicas de seguridad y los factores prioritarios en el diseño de planes de desarrollo integral gubernamentales. Es decir, es indispensable asumir que la pobreza generalizada que agobia a gran parte de la población nacional es la causa principal de esta situación.

En específico: la incapacidad política y administrativas las autoridades federales, estatales y municipales para generar bienestar económico, educativo y laboral en los sectores más vulnerables de la población, es el principal problema que hoy padece México; y la razón por la que la violencia delictiva y la inseguridad pública crecen en lugar de disminuir.

El reciente acercamiento de actores académicos al fenómeno de la inseguridad pública en varias entidades estatales y municipios ha detectado varias causas complejas. En la numerosa lista de autores que han escrito sobre el tema, sobresalen las reflexiones de Azaola (2012) y Bergman (2012), quienes coinciden en que hay al menos tres factores que provocan el actual incremento en los niveles de violencia registrados en México:

Uno de ellos, el primero, consiste en la persistencia tolerada, permisiva o ignorada de algunas formas de violencia practicadas desde tiempo atrás por los grupos de la delincuencia organizada cuya acumulación, o suma a otros factores coyunturales, ha contribuido al actual escalamiento de la violencia delictiva.

El segundo factor responde al debilitamiento y la descomposición de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, lo cual ha provocado una mayor falta de competencia para investigar los delitos y, por lo mismo, mayor descoordinación de las instituciones de seguridad pública, mayor corrupción e impunidad.

Tercero. Insuficientes políticas sociales y económicas encaminadas a reducir las desigualdades y que promuevan la inclusión de amplios sectores que cada día ven reducidas sus expectativas de desarrollo, así como una mayor y mejor articulación e integración de estas políticas con las políticas de seguridad.

A decir de los especialistas, la inseguridad y la violencia se inician en el ámbito familiar. Es decir, hay un marcado deterioro de las condiciones de vida al interior de la familia. Se ha observado gran deterioro en los niveles de ingreso económico familiar debido a las carencias de empleo y salarios bajos y regulares, lo que repercute en las actividades de los individuos y las comunidades.

En los relatos de padres de familia entrevistados se advierte, por ejemplo, que cuando aquellos disponen de trabajos de tiempo completo, descuidan su convivencia con los hijos, por lo que los jóvenes buscan otras opciones. En otros casos, la violencia se experimenta en el interior mismo de los hogares.

Pero uno de los principales generadores de conflictos es la falta de trabajo, ya que la carencia de éste contribuye a la generación de pobreza, se fomenta la exclusión y se cancelan las oportunidades a una mejor vida de los miembros de la comunidad, en particular para los más jóvenes.

Las medidas que se necesitan

Durante el Foro Forbes La Ruta Decisiva, el presidente de Airbus Secure Land Communications (SLC) para México y Latinoamérica, Fred Gallart, advirtió que para establecer la paz en el país se requiere mejorar las condiciones sociales de las personas, así como generar más empleo y elevar el nivel de vida de la población.

Más allá de incrementar la eficiencia de los instrumentos de control de confianza institucional, hace falta desarrollar los mecanismos internos y externos de “contrapeso” policial; mejorar las prácticas de capacitación y profesionalizar el sistema de seguridad pública; generar sistemas de evaluación al desempeño e impacto del gasto público de los fondos dedicados a la seguridad y crear un “sistema nacional de prevención y reinserción social”.

Por su parte, el director general de Grupo IPS y coordinador general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), Armando Zúñiga Salinas, explicó que los programas gubernamentales deben enfocarse al rescate de la juventud para reducir gradualmente la violencia; y aseguró que la estrategia del gobierno federal vigente no ha sido adecuada, porque solo ha invertido en armamento policial.

Los autores Jesús Alberto Santoveña García y Deyanira Rodríguez Sánchez, en un texto editado para exponerlo en el quinto certamen de ensayo sobre derechos humanos, afirman: “La seguridad pública es una función a cargo del Estado cuya finalidad es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Pero esto no queda allí, el ordenamiento en mención señala que las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como con la reinserción social del delincuente y del menor infractor.

“De igual forma establece las bases de la política nacional en cuanto a prevención, al expresar que el Estado se encargará de combatir las causas que dan origen a la comisión de los delitos y conductas antisociales, desarrollando programas y acciones que fomenten en la colectividad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad.

“Este aspecto –añaden– es imprescindible para lograr un avance palmario en materia de seguridad pública, por tal motivo, mediante la puesta en marcha de programas específicos, en los que participen autoridades federales, estatales y municipales, más los diferentes grupos sociales, será posible incidir en las zonas más afectadas por riesgos delictivos e infracciones”.

Para Santoveña García y Rodríguez Sánchez “los programas deben contemplar estrategias que involucren a la sociedad por completo y no solamente al sector público, para que, con una acción concertada, desde diversos frentes puedan disminuirse las causas de infracciones y delitos que se originan en el seno de la misma sociedad; estas acciones deben dirigirse a la persona tanto en lo individual como colectivo, en el plano laboral, educativo y cultural, es decir, mejores condiciones de vida”.