La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 303 mil millones de pesos (mdp) del gasto público en los primeros cinco años de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El morenista presentó el combate a la corrupción como bandera para ganar voluntades, lo logró; pero en los hechos, no sólo no combatió ni acabó con la corrupción, sino que ésta se incrementó, como lo evidencian las auditorías.

La mayoría de las observaciones formuladas entonces por el órgano auditor corresponde a montos de las cuentas 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Se encuentra pendiente el resultado de la revisión de la Cuenta 2024, que se conocerá en febrero del próximo año. Las principales observaciones se relacionan con el gasto de las llamadas “magnas obras” de AMLO, a los programas educativos, a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a otras contrataciones. 

En sus conferencias matutinas, AMLO agitó en varias ocasiones un pañuelo blanco proclamando la erradicación de corruptelas; a la vista de los datos, las escaleras no se barrieron de “arriba para abajo”, como aseguró tantas veces, pues las auditorías efectuadas a las cuentas públicas de 2019 a 2023 revelaron que, lejos de desaparecer la corrupción, ésta aumentó en varias dependencias del gobierno morenista. México es ahora uno de los países más corruptos del mundo.

En 2018, cuando Morena recibió el Gobierno Federal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –integrada por 38 naciones– situaba a México en el último lugar de su lista sobre transparencia administrativa, posición que conservó hasta 2024.

Dinamarca, país modelo del gobierno morenista, refrendó en 2024 su primer lugar en transparencia de gastos gubernamentales, tanto de la OCDE como de la organización Transparencia Internacional (TI); pero en la lista de esta última –que supervisa a 180 países– México descendió del lugar 126 al 140.

A pesar de que la corrupción persiste, se incrementa y se ostenta en México, las consecuencias “alcanzan a muy pocos responsables; y los casos muy graves parecen no afectar la popularidad de los encargados de combatir este problema”, reveló Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). En su análisis La paradoja de la corrupción en México, publicado en diciembre pasado, explica que con la corrupción pasa un fenómeno particular: “Sabemos que está ahí, que no se ha acabado”, sin embargo, “puede persistir como el elefante en la sala, que está presente, pero no hacemos nada para moverlo.

“Tenemos miles de ejemplos en la vida pública nacional. Y así dejamos pasar colectivamente la deshonrosa impunidad… a todos nos indigna la corrupción, pero no exigimos necesariamente la sanción ni su combate efectivo. Millones de recursos públicos son gastados a través de malas prácticas que han derivado en hechos de corrupción.

En el caso Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), por ejemplo, la primera señal de alerta fueron cientos de millones otorgados sin licitar (sin concursos entre proveedores o contratistas), así como la adjudicación directa a empresas fantasma”.

Paradero “desconocido”

En su informe de la auditoría aplicada a la Cuenta Pública de 2023, la ASF descubrió irregularidades por 51 mil 765 mdp que, para entonces, habían aumentado; y en total sumaban ya 303 mil 544 mdp sin destino fijo o claro durante el sexenio de AMLO. 

A la fecha (marzo de 2025), el gobierno morenista no ha podido aclarar, justificar o devolver esos 51.7 mil mdp, comentó Leonardo Núñez González, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Se trata de una cantidad de recursos tan grande que, para ponerla en perspectiva, equivale a que cada hora se usaron irregularmente 5.9 mdp, o que 141.8 mdp fueron usados fuera de la ley cada día”, explicó el especialista en un informe difundido el 21 de febrero.

Pero aún falta el reporte de la ASF correspondiente a la Cuenta Pública de 2024, “por lo que todavía no sabemos realmente cuánto de nuestro dinero fue usado irregularmente en su gobierno (el de AMLO)”.

MCCI señala las dependencias con el mayor número de irregularidades detectadas por la ASF: fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 61 mil mdp; seguida por la Secretaría de Marina (Semar), con 52 mil mdp; la Secretaría de Turismo (Sectur), con dos mil 593 mdp y Pemex, con dos mil 58 mdp.

Entre las irregularidades más frecuentes destacan la suscripción de contratos directos con proveedores privados, es decir, sin concurso o licitación pública de por medio, práctica que, originalmente inhibe el alto riesgo de corrupción, pero muchos de los funcionarios públicos de Morena no la atendieron y otorgaron contratos sin reglas y a quienes quisieron dárselos. 

La ASF ha ubicado la entrega de apoyos gubernamentales a personas que no cumplen los requisitos establecidos en las reglas de los programas sociales; así como a personas que no aportaron la documentación completa, incluso a fallecidos. 

Una de las irregularidades más frecuentes en estos casos es la falsificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de muchos beneficiarios en los programas sociales, de acuerdo con las verificaciones emprendidas por la ASF; también la concesión de ayudas a escuelas públicas que ya las habían recibido en años anteriores, pese a que las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) establecen que ese apoyo se entrega una sola vez.

En la construcción de las “magnas obras” de AMLO faltan facturas que justifiquen los gastos y casos extraordinarios como la compra de un predio para el Tren Maya, que no estaba contemplado en el proyecto oficial.

En febrero de 2023, en su tercer informe sobre la Cuenta Pública 2021, la ASF reportó inconsistencias por dos mil 346 mdp en Segalmex, los cuales se sumaron a otros millonarios desvíos de dinero que alcanzaron un total de 15 mil 517 mdp. El caso de corrupción en Segalmex fue el más “emblemático” en el gobierno de AMLO, pero no el único.

Como se ve, en varias áreas gubernamentales impera la corrupción y las investigaciones no se integran adecuadamente, como en el caso de Segalmex, donde sólo fueron procesados mandos menores, mientras los altos directivos ligados a Morena gozan de plena libertad. 

Falta de rendición de cuentas

Los subejercicios y sobrejercicios en el gasto público –gastar más o menos del dinero presupuestado– fueron otras de las prácticas frecuentes en las dependencias del Gobierno Federal anterior. 

Un ejemplo de sobregasto fue la construcción de la refinería Dos Bocas, ubicada en Tabasco, que a la fecha no refina nada: en 2019 se le proyectó un costo de ocho mil millones de dólares (mdd); y a la fecha ha gastado más de 18 mil mdd.

“Notamos que sigue habiendo fuertes modificaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de forma discrecional, por parte de la Secretaría de Hacienda (SHCP) a voluntad del gobernante; eso se demuestra en los sobregastos y recortes en áreas sensibles como pueden ser salud y educación”, explicó a buzosJorge Cano, de México Evalúa.

El coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de esta organización citó los ejemplos de recortes significativos aplicados a rubros prioritarios como la Secretaría de Salud (SS), a la que se le quitaron 14.7 mil mdp anuales en promedio.

A los gobiernos de estados y municipios se les recortaron anualmente 38 mil mdp en promedio, monto contrastante con el incremento promedio anual de 127 mil mdp a Pemex, detalló. 

“¿Se puede saber en dónde termina el dinero originado con los cambios imprevistos al presupuesto?, preguntó Jorge Cano, lamentablemente, no: gran parte de los recursos se manejan en una bolsa general de la Tesorería de la Federación; incluso, los recursos que se obtienen por endeudamiento. 

“Todo va a una misma bolsa y de ahí se reparte. Entonces, si no se gasta un presupuesto aprobado en un lugar, en realidad no se sabe hacia dónde va a cambio. Definitivamente, falta esa mayor trazabilidad (mapa de ruta del dinero)”, alertó. 

Desde su perspectiva es importante que tanto en el gasto de inversión de programas sociales como en el endeudamiento, los ciudadanos conozcan el destino de los recursos, incluso aquellos que ya no se gastaron en algún programa.

Rechazo a las licitaciones

En un estudio publicado en diciembre de 2024, el IMCO destacó que la administración morenista utiliza preferentemente la contratación directa de proveedores sin realizar concursos públicos o licitaciones. 

“Se mantiene el uso extendido de los procedimientos de excepción: adjudicación directa e invitación restringida”, denuncia el reporte Riesgos en las compras públicas a nivel federal.

En 2023, varias instituciones federales pagaron 2.5 mil mdp “a empresas que han sido sancionadas por malas prácticas en procedimientos de contratación”, entre las que destacaba el incumplimiento de contratos anteriores.

En ese año, las instituciones públicas suscribieron 167 mil 987 contratos directos por una cantidad de 676.7 mil mdp, sin que a sus directivos les preocupara el alto riesgo de corrupción implicado.

Tres dependencias federales destacaron en este tipo de operaciones: la Semar, mediante el fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena); el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la construcción del Tren Maya; y Diconsa, que formaba parte de Segalmex, ya que, en enero pasado, se anunció la fusión entre ambas.

En su reporte de la Cuenta Pública de 2021, la ASF informó que había detectado un número “récord” de tres mil cuatro acciones relacionadas con inconsistencias administrativas y otras tres mil 128 que únicamente ameritaron “recomendaciones”; en 2019, éstas fueron 257 y 932 en 2020.

En el reporte anual presentado el 20 de febrero de 2023 ante la Cámara de Diputados, la ASF precisó que en los años 2019 a 2021 ejecutó cinco mil 478 acciones: en 2021 fueron tres mil cuatro; mil 988 en 2020 y 486 en 2019.

Irregularidades en la SEP 

Como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) entre 2021 y 2022, Delfina Gómez –gobernadora del Estado de México (Edomex) desde septiembre de 2023– presupuestó 13.5 mil mdp al programa LEEN, en cuya administración del dinero público la ASF halló inconsistencias y ninguna evidencia de mejora en los planteles escolares del país.

LEEN fue creada en 2019 para financiar trabajos de mantenimiento, remodelación, construcción de nuevos espacios y de recursos educativos en los centros escolares públicos.

En su auditoría 264 sobre el programa LEEN de 2021, la ASF detectó que se duplicaron apoyos a cinco beneficiarios por 1.1 mdp, además de 1.5 mdp a siete Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) cuyos tesoreros eran personas fallecidas.

En 75 planteles beneficiarios, el dinero recibido no se aplicó totalmente a los fines descritos por el programa, porque hubo “tesoreros y facilitadores autorizados que tomaron recursos sin devolverlos”. 

Además, se compraron bienes no permitidos por los lineamientos del programa de la SEP. La ASF identificó tres comités escolares con estas prácticas en los estados de Coahuila y Oaxaca donde utilizaron 1.2 mdp. 

En esos comités se usaron 345 mil pesos para comprar un terreno de 150 mil pesos y dos autos por un costo de 195 mil pesos, “sin que dichos conceptos de gasto se encontraran permitidos dentro de los lineamientos del programa”.

Otros 30 comités escolares declararon mediante un “escrito libre”, su renuncia a 6.2 mdp asignados, “debido a que los planteles ya no se encontraban en funcionamiento, o bien por inconformidades de los integrantes del comité sobre las acciones por realizar”; pero no hay evidencias de que devolvieran el dinero.

En su informe de auditoría 280, del 11 de octubre de 2023, la ASF reportó haber auditado 12.9 mdp del programa LEEN de la SEP en 2022, y que no hubo supervisión adecuada sobre los comités escolares.

Encontró también duplicidades en la entrega de dinero a mil 935 planteles de educación básica, que ya habían recibido dinero en años anteriores para mejorar sus instalaciones. 

“Esto se efectuó aun cuando, en dichas reglas, también se señala claramente que los planteles previamente seleccionados en años anteriores no serían susceptibles de ser nuevamente apoyados”, advierte la ASF. 

A pesar de estas irregularidades sobre la aplicación de LEEN en los niveles de primaria y secundaria, el seis de enero de 2025 se anunció que, a partir de este año, se destinarán 4.6 mil mdp a planteles de educación media superior o bachillerato.

Los programas sociales 

En la Cuenta Pública 2021, la ASF detectó inconsistencias en los programas de pensión para los Adultos Mayores, para las Personas con Discapacidad, y Producción para el Bienestar. 

La mayoría de las irregularidades fueron la falta de documentación comprobatoria de gastos; aportaciones duplicadas y cobranza de apoyos, incluso tras el fallecimiento del beneficiario.

Se pagaron dos mdp a 105 personas con edades menores a los 65 años reglamentarios para recibir una pensión de adulto mayor, y 100 mil pesos a 11 personas registradas con el mismo número en el programa.

Con respecto al programa Sembrando Vida, la ASF reportó falta de documentos para acreditar la entrega de ocho mdp a 451 beneficiarios, así como la falta de evidencias requeridas para recibir el apoyo gubernamental.

Sobre Producción para el Bienestar, la ASF reportó que, en 2021, se otorgaron subsidios o apoyos gubernamentales directos por 8.3 mdp a mil 459 productores del campo beneficiarios, cuyos nombres corresponden a personas fallecidas entre 2015 y ese año.

En su auditoría 2024, al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en 2022, la ASF reportó que en la entrega de los 2.6 mil mdp hubo diferencias entre la cantidad de beneficiarios registrados y el número de apoyos otorgados.

En la Cuenta Pública 2023, la ASF encontró, por ejemplo, que en la construcción de los siete tramos del Tren Maya se produjeron “probables daños al erario” por 785.2 mil mdp; y en su auditoría 118 que Fonatur, encargada de este proyecto, no proporcionó información y documentos para justificar el pago de poco más de 10 mil mdp para liberar el “derecho de vía”, esto es, compra de tierras por donde pasaría el tren.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal”. Reconoció también que en la construcción del Tramo 1, de Palenque a Escárcega, quedaron 57.5 mdp por aclarar, relacionados con pagos de exceso en la adquisición de acero y otros materiales, y sin acreditarse la participación de una empresa de supervisión técnica en las obras.

En la auditoría 107, correspondiente a la revisión de Cuenta Pública 2022, la ASF encontró pagos indebidos por poco más de 256 mil mdp para adquirir materiales de construcción o equipos técnicos; y que se había comprado un predio no contemplado en el proyecto del tren.

En la auditoría de la Cuenta Pública 2023, difundida en febrero de 2025, se evidenciaron irregularidades por 2.5 mil mdp, como el pago con sobreprecio a contratistas para adquirir materiales, y en salarios para trabajadores.

En la refinería Olmeca de Tabasco (Dos Bocas), la ASF encontró una maraña de dependencias para mover 120 mil mdp en 2021, cantidad resultante tres veces mayor a la presupuestada originalmente para ese año.

AMLO prometió acabar con la corrupción en un país donde impera una economía capitalista. El discurso incendiario que prometía acabar con las corruptelas de “gobiernos anteriores le sirvió tanto a Morena que volvió a ganar en los comicios de 2024; pero pronto quedó demostrado que acabar con la corrupción, mal inherente al sistema capitalista, no era una tarea que pudiera ni estuviera dispuesto a realizar; y la realidad hoy lo demuestra. Según los resultados de la ASF, el gobierno de AMLO, es decir, de la “Cuarta Transformación”, resultó más corrupto que sus antecesores.