El pasado seis de junio, César Gerardo Medina, estudiante universitario de 21 años, falleció después de sufrir un terrible accidente en las instalaciones de la empresa Vertiche, ubicada en el centro de la ciudad de San Luis Potosí (SLP).

Gerardo se desempeñaba como bodeguero; ese día (cinco de junio) le fue ordenado que limpiara el techo de la tienda, que se halla a casi 14 metros de altura. Mientras realizaba esta actividad, el joven dio un paso en falso y cayó a la planta baja; de inmediato, sus compañeros lo auxiliaron y un grupo de paramédicos lo trasladó a la clínica número 2 Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Medina carecía de la capacitación y el equipo de protección necesarios para ejecutar esa tarea, además de que la tienda lo obligó a realizar un trabajo para el cual no lo había contratado, por lo que la empresa Vertiche violó el Artículo 512° de la Ley Federal del Trabajo que suscribe: “Esta Ley y en los instructivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que éste se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores”.

Pero el joven no recibió la atención médica oportuna ni adecuada debido a que la Clínica Número 2 del IMSS no dispone de área de terapia intensiva y la severa contusión cerebral que sufría le fue diagnosticada en un área de choque. Además, poco después, uno de sus familiares posteó en redes sociales el siguiente mensaje:

“Desde anoche, el IMSS Hospital General de la Zona no. 2 no lo puede atender y necesita de urgencia que lo operen para abrirle su cabeza y poder sacarle toda la sangre coagulada. Necesitan trasladarlo a urgencias a la clínica 50, pero si se traslada puede morir; y si lo llevamos a un particular ya no cuenta como riesgo de trabajo y el IMSS no se hace responsable de nada… él debería estar en terapia intensiva y está en área de choque... no hay un neurocirujano que lo pueda operar, no nos dan más información sobre cómo sigue mi primo… por más que exigimos, nadie nos hace caso; no le dan atención para salvarlo”.

La noche del martes seis de junio, alrededor de las 10 de la noche, se difundió el fallecimiento de Gerardo a través de redes sociales. La familia del joven exige justicia por la doble negligencia de la que fue víctima: la de la tienda Vertiche –especializada en la venta de ropa para dama– y la de los malos servicios médicos del IMSS, donde no fue atendido en tiempo y forma por el accidente que sufrió horas antes.

Según la Carta de los Derechos Generales de las y los Pacientes que la Secretaría de Salud (SS) publicó en 2001, los usuarios de los servicios de salud pública tienen derecho a: 1) Recibir atención médica adecuada; 2) trato digno y respetuoso; 3) información suficiente, clara, oportuna y veraz; 4) decidir libremente sobre su atención; 5) otorgar o no su consentimiento válidamente informado; 6) ser tratado con confidencialidad; 7) contar con facilidades para obtener una segunda opinión; 8) recibir atención médica en caso de urgencia; 9) contar con un expediente clínico y 10) ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.

Magaly de Jesús Rangel reveló que, durante 20 horas, el IMSS no informó nada a los familiares de Gerardo, pese a que lo solicitaban y que solo “hasta que mi primo falleció”, dio información. Y con respecto a la actitud de la tienda, reveló que ésta se deslinda de toda responsabilidad, porque el joven no murió en sus instalaciones y que se limitó a colaborar con dos mil pesos para los gastos funerarios.

La empresa Vertiche, asimismo, hizo público un comunicado oficial en el que afirma que la limpieza del techo de la segunda planta formaba parte de las actividades de trabajo que desempeñaba Gerardo; pero su prima plantea la siguiente pregunta: “¿si ése era el caso, por qué lo hacía sin el equipo de seguridad necesario para ese tipo de labor?”.

Negligencia laboral y médica

En años recientes, Gerardo no ha sido el único trabajador potosino que pierde la vida a causa de la negligencia de las empresas. El pasado 30 de septiembre de 2022, dos trabajadores de la zona industrial de San Luis capital murieron intoxicados mientras limpiaban el interior de un tanque que transportaba sustancias químicas.

Ninguno de los dos tenía el equipo adecuado para realizar esa tarea; a la fecha, la compañía sigue impune y las autoridades laborales aún solapan a este tipo de empresas inhumanas que ponen en riesgo la integridad y la vida de sus trabajadores porque no capacitan ni prevén las medidas e higiene para protegerlos.

Así como César Gerardo, en San Luis Potosí, en México entero, diariamente muchos trabajadores pierden la vida electrocutados, prensados, por caídas, golpes o por su exposición cotidiana a sustancias químicas y altas o bajas temperaturas; otros, los más, sufren el deterioro gradual de articulaciones, vista, oído por estas mismas causas, o incluso por el maltrato psicológico y físico de sus patrones, que se aprovechan del alto desempleo que existe en el país y consideran desechables y reemplazables a los trabajadores.

Según información estadística del IMSS, en la última década se han registrado 410 mil accidentes de trabajo cada año, es decir, 2.2 por cada 100 trabajadores; además, hubo 120 mil accidentes viales en trayectos al trabajo. Se han definido al menos 12 causales de accidentes de trabajo:

Métodos de trabajo o procedimientos de trabajo incorrectos; defectos en equipos, maquinarias, herramientas e instalaciones; inadecuada colocación de materiales y productos en las áreas de trabajo; instalaciones con mantenimiento deficiente; falta de orden que genera situaciones de riesgo; uso inapropiado de manos u otras partes del cuerpo; falta de adiestramiento en los trabajadores; la operación de equipos sin autorización: limpieza y reparación de maquinaria cuando se encuentra en movimiento y el no uso de equipos de protección.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cada año mueren 1.9 millones de personas en el mundo a consecuencia de accidentes y enfermedades laborales, debidos fundamentalmente a la desatención de las empresas que únicamente quieren aumentar sus ganancias a costa de la explotación de los trabajadores.

Con respecto a la negligencia médica de la que fue víctima César Gerardo, hay que destacar que el sistema de salud pública empeoró con la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19. En el caso del IMSS, que funcionó bien hasta finales de la década anterior, ahora se encuentra en franca crisis. Para conseguir una consulta en cualquier clínica hay que hacer fila desde las cinco de la mañana, además de que la mayoría de las clínicas carece de áreas de especialidad, de urgencias y su desabasto de medicamentos es sistemático.

En San Luis Potosí hay dos millones 822 mil 255 habitantes, de los cuales un millón 116 mil 471 están afiliados a los servicios de salud del IMSS. Según la plantilla de la Subdirección de Recursos Humanos, la institución dispone, en la entidad, de 679 médicos generales, 683 médicos especialistas y mil 952 enfermeras. Su cobertura en 2018 era de 0.60 médicos generales, 0.61 médicos especialistas y 1.74 enfermeras por cada mil habitantes.

Actualmente, el aumento en el número de derechohabientes no ha sido proporcional a la contratación de médicos y enfermeras; la capacidad de las unidades médicas está rebasada; se requiere contratar personal médico para atender la demanda de los pacientes, y el IMSS-SLP solo tiene 852 camas censables, es decir, menos de una cama por cada mil habitantes.

En 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó más de 794 millones de pesos (mdp) del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad; redujo en 30 por ciento los gastos operativos con respecto a los montos aprobados y en 50 por ciento los relativos a servicios personales. A esto se debe el despido de numerosos médicos y enfermeras en la entidad y en todo el país.

En contraste con el regateo del dinero que urge en el sistema de salud, en 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció 350 mdp para promover el beisbol, cifra equivalente al 44 por ciento de lo que la SHCP bloqueó a los hospitales; y envió más de 20 mdp a la Secretaría de Turismo, la dependencia federal que se encarga de la construcción del Tren Maya, una de sus obras “prioritarias”.

México es el país que menos gasta en salud entre los 36 Estados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); pues solo destina 2.8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), cifra que contrasta con el promedio de 6.6 por ciento en los otros países.

La familia de César Gerardo exige justicia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, en la que ya interpuso una demanda; y exige que tanto al IMSS como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realicen efectivamente sus labores para evitar que los derechos médicos y laborales sean vulnerados por empresas como la tienda Vertiche.