La reforma avalada por Morena y sus aliados permitirá anular elecciones federales y estatales cuando se compruebe intervención extranjera; oposición advierte riesgos de discrecionalidad.
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Como cada fin de sexenio, al aproximarse el momento en que se defina la sucesión presidencial, es decir, se elija un nuevo Presidente de la República, los dirigentes de los partidos y analistas políticos de todo tipo se ocupan más del tema electoral y de la situación previa al momento culminante, al enfrentamiento definitivo.
En esta etapa preelectoral destacan dos o tres aspectos muy peculiares de este fin de sexenio o, más precisamente, de todo el periodo presidencial. El primer aspecto es la práctica ilegal del partido oficial, de sus líderes y de sus precandidatos presidenciales que buscan a toda costa ocupar un cargo de primer orden si no les toca en suerte llegar a la Presidencia o siquiera competir por ella. Esta conducta, que sin recato alguno atropella la ley electoral, se deriva de la confianza, de la seguridad que tiene el partido Movimiento Regeneración Nacional del respaldo presidencial.
El segundo aspecto es la intervención, evidente para todos, del Presidente de la República en los asuntos electorales; sus ataques contra los organismos autónomos legalmente constituidos, sus opiniones –prácticamente actos de campaña electoral– cuando se refiere a la necesidad de dar continuidad a la supuesta “transformación” que su gobierno viene realizando. Pero dar continuidad a esta “transformación” es darla, piensan algunos; al mismo partido y al mismo gobernante.
Esta “continuidad” de un mismo hombre hasta llegar a extremos increíbles ya se ha vivido en México, lo registra la historia: el Maximato del general Plutarco Elías Calles, quien llegó a ser, como se dijo alguna vez, “el poder detrás del trono” por varios años, hasta la llegada del General Lázaro Cárdenas del Río a la Presidencia de la República. La posibilidad de una repetición de este nefasto fenómeno se basa en algunas semejanzas de aquel periodo con el actual: el uso y el abuso del poder, la incondicionalidad de los funcionarios del partido oficial y la obediencia ciega de los otros poderes.
Un tercer aspecto, no menos importante, preocupa a los analistas: la descarada violación a la legislación electoral que ha causado tanta controversia desde el principio de esta administración entre el gobierno de la “Cuarta Tranformación” y los partidos opositores, así como una constante andanada de improperios y descalificaciones contra todos aquellos que difieren y se atreven a señalar lo que creen es una conducta ilegal, incorrecta o defectuosa por parte del Gobierno Federal.
Los lineamientos electorales no son respetados por el gobierno y su partido; y cuando las autoridades en la materia protestan por esta violación y exigen el cumplimiento de la ley, se les descalifica y se propone su desaparición; se hace caso omiso de los tiempos fijados oficialmente para la actividad electoral; se designan candidatos con otro nombre (corcholatas, en vez de tapados); se inventan actividades como giras o visitas cuando evidentemente se trata de proselitismo; se crean cargos oficiales para “defender el interés social” cuando en realidad se trata de madrugar a los opositores; y se desarrolla una campaña electoral durante todo un sexenio, desde el poder, para asegurar la sucesión presidencial. Con todo esto se viola el principio de equidad en la contienda y se asegura la permanencia en el poder del partido gobernante. De todo esto se ocupa, esta semana, el Reporte Especial de buzos.
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Escrito por Redacción