En su libro No es normal, la doctora Viridiana Ríos describe el juego perverso que alimenta la desigualdad mexicana y hace propuestas para su solución, además de que pone de manifiesto el efecto negativo que el fortalecimiento de los monopolios tiene en nuestra sociedad. En una economía de libre mercado, como es la nuestra, la competencia económica representa una posible fuente de disminución de los precios; pero el poder de mercado de los monopolios tiende a elevarlos y a afectar a los consumidores. Se conoce como “competencia perfecta” el escenario donde las acciones de los competidores son incapaces de modificar los precios; pero las acciones de un monopolio sí logran tal objetivo, porque no tiene competidores y “hacen lo que quieren” con los precios.

En El Capital, la obra cumbre de Carlos Marx, se describe el efecto que la competencia tiene sobre la productividad del trabajo y, por ende, su importancia social y económica. Pone como ejemplo de cooperación simple la que existía en el taller de un comerciante que reúne a productores artesanos de zapatos, que trabajan de manera dispersa. El solo hecho de juntarlos generó competencia –pues el hombre es por naturaleza competitivo, como lo evidenciaban los juegos olímpicos de la antigua Grecia, mucho antes de que surgiera el capitalismo– y propició un incremento en la productividad, pues aumentó la cantidad de zapatos producidos en el mismo periodo. Lo mismo sucede con las empresas cuando compiten: incrementan su capacidad productiva y reducen los precios.

Sin embargo, cuando se concentra el mercado en pocas empresas, se afecta a los consumidores porque suben los precios, se impide la entrada de nuevos competidores. Éste es el caso del mercado de cervezas en México, que está muy concentrado; y no cualquier empresa capitalista cuenta con la inversión necesaria para insertarse en él, a menos que sea igual de poderosa a las que existen, que pondrán todas las barreras posibles para evitar su entrada). La prevalencia de los monopolios en una economía nacional conlleva, como efectos directos, la no generación de nuevos empleos, una mayor desigualdad en los ingresos y más pobreza.

Distintas investigaciones académicas aportan los siguientes datos:

Andrés Aradillas estima que tan solo en frutas, pan y materiales de construcción hay un sobreprecio superior al 113 por ciento. Para que se entiendan un poco mejor estos datos, hay que decir –citamos al doctor Aradillas– que una tonelada de cemento debería ser adquirida en mil 775 pesos; pero su precio de mercado es de tres mil 780 pesos y su sobreprecio corresponde a dos mil cinco pesos. Esto mismo ocurre con los productos lácteos, que se venden 95 por ciento más caros; con las verduras, con el transporte aéreo de pasajeros; con las tortillas (cuyo kilogramo tiene un sobreprecio de entre el 20 y el 26 por ciento), mientras que los del pollo y el huevo se aproximan al 14 por ciento.

Viridiana Ríos señala las consecuencias de estos sobreprecios en el ingreso de las familias: señala, por ejemplo, que los hogares de niveles más bajos de ingreso pierden el equivalente al 11.3 por ciento de su dinero por la presencia de monopolios y poder de mercado (también, para que se entienda mejor, según el Inegi, un hogar de los más pobres, ingresa nueve mil 938 pesos cada tres meses; eso quiere decir que cuando gasta su dinero pierde mil 123 pesos cada tres meses por los altos precios derivados de la existencia de los monopolios); para los niveles medios, la perdida es de solo el seis por ciento; y para los ricos, del 3.4 por ciento.

La investigadora sugiere “la eliminación de los monopolios que han enriquecido a unos pocos a costa de debilitar al empresario chico y al consumidor” y que para remediar esta situación se “requiere fortalecer las instituciones que como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)” para que “sancionen las concentraciones de mercado”. En atención a este planteamiento, propusimos una reforma en la Cámara de Diputados para robustecer el mecanismo de inconstitucionalidad contra cualquier iniciativa legal destinada a violentar el principio de la competencia económica establecido en nuestra Constitución.

El Artículo 28° de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición absoluta a la creación de monopolios, así como a las prácticas monopólicas. Su segundo párrafo dicta a la letra “que la Ley deberá castigar, y las autoridades perseguir con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos o consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios… para evitar la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados”.

Para garantizar el derecho a la competencia y el pago de precios justos en bienes y servicios se cuenta con la Cofece, que pese a contar con atribuciones constitucionales para eliminar las barreras a la competencia y a la libre concurrencia, ha sido rebasada por la realidad. Efectivamente, el andamiaje jurídico de la Cofece hoy resulta insuficiente, pues los juicios generados por las denuncias contra los monopolios son largos y los equipos jurídicos de estas empresas cuentan con grandes presupuestos y son difíciles de vencer. El presupuesto de la Cofece en 2018 era de 618 millones de pesos (mdp) y en 2020 fue de 581 mdp, 37 mdp menos.

La iniciativa que introdujimos en San Lázaro busca incorporar a la Cofece la capacidad legal para promover acciones de inconstitucionalidad y para que, a través de ellas, combata normas generales que tiendan a limitar la competencia, a prevenir el fortalecimiento o el surgimiento de monopolios y las prácticas monopólicas. Es decir, aspira a atacar todo tipo de violaciones y evitar los vacíos legales que tiendan a fomentar tales acciones.

Los cambios legales no son suficientes. Necesitamos cambiar el modelo económico para acabar con las injusticias en México. El capitalismo genera desigualdad y con ello la pobreza. El modelo económico que propone el Movimiento Antorchista Nacional tiene el objetivo de generar una mejor distribución de la riqueza creada por los trabajadores; y para ello es necesario que el pueblo, con su fuerza, combata la concentración del mercado a través del impulso de la competencia. Pero también propone generar empleo para todos los mexicanos con edad y deseos de trabajar; elevar los salarios para que sean remuneradores y, asimismo, una reforma fiscal progresiva para que paguen más impuestos quienes tienen más ingresos, entre ellos los monopolios y, finalmente, proponemos una redistribución del gasto social; de manera que lo recaudado garantice un proceso de inversión pública integral que realice obras a favor de los trabajadores de México: hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de transporte, seguridad pública, etc.

Por ello, en el Congreso de la Unión hacemos lo que nos corresponde, pero más importante es que el pueblo se eduque, se organice y que, con su fuerza social y su inteligencia, luche por el poder político nacional; para combatir con eficacia la concentración del mercado y hacer de México una patria más justa y mejor para todos.