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Guerra total de Trump contra inmigrantes en Los Ángeles
Esa operación puso al borde del conflicto abierto a México contra Estados Unidos (EE. UU.), donde lo geopolítico rebasa la cuestión migratoria.
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No se rinden, están en la tierra que vio nacer a sus tatarabuelos y donde crecen sus hijos, además de ser quienes más impuestos pagan. Contra ellos, para paliar su debacle económica, el imperio lanzó todo su poder: miles de tropas, camorristas y agentes antidisturbios, tanques, granadas aturdidoras y gas lacrimógeno en una Ciudad Santuario, a cuyo gobernador el presidente quiere arrestar.

Esa operación puso al borde del conflicto abierto a México contra Estados Unidos (EE. UU.), donde lo geopolítico rebasa la cuestión migratoria. Los residentes más antiguos, y primera minoría en ese país, son mexicanos, incluidos 14 millones sin permiso migratorio. Por su trabajo allá, envían remesas a sus familias; que sólo de enero a abril de 2025 sumaron 13 mil 870 millones de dólares (mdd).

Latinos y algunos asiáticos fueron el blanco de la cacería ordenada por Donald Trump a sus agencias. Tal violencia desató el terror, caos e indignación en esas comunidades de Los Ángeles, marcadas por el desdén de la clase política por su aporte al desarrollo estadounidense en general y en particular al estado de California, el más rico del país y la cuarta economía mundial.

Todo indica que el magnate-presidente diseñó emocional, más que racionalmente, su operativo del seis de junio con cuatro causales: la presión del “Estado Profundo” para consumar un EE. UU. supremacista. También, cumplir la promesa a sus electores de arrestar a un millón de inmigrantes en su primer año de gestión tras su descrédito por la disputa con Elon Musk.

También, querría mostrar al mundo su dureza tras el fracaso de sus guerras: la proxy en Ucrania y la tecnológica-comercial con China. Y finalmente, lo habría hecho por afán de lucro, pues confinar a miles de migrantes en centros privados a costa del erario federal y estatal aporta beneficios a su clase.

El ataque

El viernes seis de junio, cuando celebraba un año más del Desembarco en Normandía con sus aliados, Trump ordenó la mayor razzia antiinmigrante en la historia de Los Ángeles, California. 

Sin órdenes de aprehensión –colectivas o individuales–, caravanas de agentes federales irrumpieron en tiendas de materiales de construcción en el corazón de Los Ángeles, y en el Distrito de la Moda para arrestar a decenas de trabajadores y solicitantes de empleo.

Los perpetradores eran miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), del Departamento de Seguridad Interior (DHS), así como personal armado y encubierto de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Enterados de lo sucedido, se movilizaron decenas de defensores y activistas que intentaban cerrar el paso de las caravanas y evitar la arbitraria detención de los “sin papeles”. Se los impidieron elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (DPLA) que luego negaron su intervención. 

La tensión aumentó. Fue feroz la represión de agentes federales que, tras arrestar a personas por su origen étnico, se perfilaron contra defensores de derechos humanos que hacían plantones ante comercios y empresas, potenciales objetivos de redadas.

Al aumentar la agresión en su contra, decenas de angelinos tomaron la calle. Denunciaron la neofascista política antiinmigrante y calificaron como “cacería fascista” a la acción de los agentes donde sabían que los inmigrantes buscan trabajo legal.

La noche del viernes y la madrugada del sábado, las protestas ya eran masivas, lo que aumentó el temor en la Casa Blanca, cuyos agentes cerraron el acceso al Centro Cívico de la ciudad para evitar reuniones de manifestantes. Pese a la euforia y enojo, no hubo denuncias de saqueos a comercios, salvo daños a algunos edificios, bloqueos a la autopista 101 y plantones ante la Corte de Inmigración.

La provocación

Manifestantes de origen mexicano enarbolaron orgullosamente la bandera nacional. Imágenes de reporteros gráficos dieron la vuelta al mundo mostrando ese gesto de identidad; sin embargo, con intención de distorsionarla, se mostró en redes sociales a un personaje anglosajón encubierto, con un letrero del grupo palestino Hamás en la cabeza ondeando la bandera mexicana.

La alteración fue deliberada para crear sentimientos antimexicanos entre los estadounidenses. La mayoría de ellos, víctima de la desinformación mediática, asocia la resistencia palestina de Hamás con violencia; les es muy difícil vincular la resistencia de la comunidad mexicana en su país contra un gobierno neofascista.

Por eso fue muy peligrosa la coartada de Trump y su gobierno en torno a que los manifestantes eran agresivos y mostraban comportamientos violentos; el alguacil del condado de Los Ángeles justificó el lanzamiento de granadas aturdidoras y gas lacrimógeno contra mujeres y hombres desarmados.

El sábado, un irascible y autoritario presidente vio aumentar las manifestaciones proinmigrantes y escribió un memorándum urgente: “Las cosas en Los Ángeles se ven muy mal ¡¡¡Manden Tropa!!! Sostuvo que la ciudad estaba ocupada por “turbas violentas e insurrectas” que se rebelaban contra la autoridad y desplegó a dos mil elementos de la Guardia Nacional (GN).

Alegar “insurrección” le permitió al presidente estadounidense evadir el requisito constitucional de autorización gubernamental; por lo que invocó el criterio del Código de las Fuerzas Armadas de llamar a la GN: “si existe una rebelión contra el Gobierno”.

Una vez más, el republicano recurrió al miedo y chovinismo para alentar el choque frontal de la fuerza armada contra civiles. Y una vez más, se hundía en una guerra asimétrica sin éxito a corto plazo.

Su estrategia arbitraria e ilegal antiinmigrante escaló en inédito cruce de ofensas y acusaciones entre autoridades federales y locales. El gobernador californiano Gavin Newsom rechazó la intervención de la GN y alegó que debió ser consultado.

La alcaldesa angelina, Karen Bass, denunció que el operativo buscaba sembrar el terror; le respondió el Zar fronterizo, Tom Homan, cuando advirtió que era un delito impedir que las fuerzas del orden efectuaran su trabajo y que, si Bass lo hacía, pediría al Departamento de Justicia “que la procese”.

Un agresivo director interino del ICE, Tod Lyons, afirmó que Bass se ponía del lado del caos y la anarquía y amagó: “No se equivoquen, el ICE continuará cumpliendo la ley”. Otros personeros de la Casa Blanca amenazaban: “Esto va a continuar. Es el primer aviso”. 

En ese clima de crispación, el gobernador Newsom exigió a las agencias federales quitar las manos de encima de niñas que quieren estudiar y desafió a Trump que azuzaba a Homan exclamando: “¡Vengan por mí, arréstenme! ¡Acabemos con esto ya, hombre, duro!”.

A la vez, el gobernador advirtió por X a los manifestantes: “No le des a Trump lo que quiere. Mantén la calma”. Con clara intención de mostrar al presidente como autor de una política equivocada que erosiona la confianza de su nación, les aseguró que espera el caos para justificar más represión, “más miedo, más control”.

En su inaudito juego de guerra, el magnate-presidente reconoció que respaldaría a Homan si arrestaba a Newson quien, alertado sobre la posibilidad de ser arrestado como gobernador en funciones, escribió en X: “Es un día que nunca esperé ver en EE. UU. No importa si eres demócrata o republicano, es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso al autoritarismo”.

Sin atender ese mensaje, el Comandante en Jefe de EE. UU. ordenó al Pentágono movilizar a 700 marines, que llegaban a la ciudad el domingo ocho para sofocar toda protesta contra su cacería de inmigrantes indocumentados.

Un día después, el gobernador californiano Gavin Newsom, denunciaba al gobierno de Trump por extralimitarse en su autoridad, porque ordenó el operativo antiinmigrante violando la soberanía de su estado y, por tanto, la Constitución de EE. UU. Además, acusó al presidente de enviar tropas sin combustible, comida y agua ni darles lugar para dormir.

En una escena inesperada, Kamala Harris aprovechó el momento para apoyar a Newsom y a la protesta proinmigrante, como herramienta de justicia. De esa forma, la demócrata se posicionó como candidata para gobernar California.

“Las cartas están echadas” entre ambos poderes: federal y local. Ese enfrentamiento sólo beneficiará políticamente a Newsom, quien ya se perfiló como precandidato presidencial demócrata contra un Trump que poco tiene para ofrecer a su nación, salvo la guerra.

Impacto binacional

El énfasis antiinmigrante estadounidense radica en “la securitización” del fenómeno. Así lo hacen republicanos y demócratas que compiten en diseñar y aplicar las más agresivas estrategias antiinmigrantes al interpretar la falta de documentos, que permitan la estancia legal en ese país, como de seguridad nacional.

Esa respuesta se orquesta con discursos de odio, miedo, prácticas neofascistas y de Apartheid en un contexto de desafío geopolítico por la movilidad humana entre México y EE. UU., donde el espacio mexicano resulta clave en la reconfiguración de su frontera, donde enfrenta evoluciones inciertas, explica Laurent Faret, experto en migración y movilidad territorial.

En ese contexto de securitización, el martes 10 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, desde el Despacho Oval, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas. “Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se llevan a cabo; y la condeno por eso”. La mexicana respondió que esa visión era “absolutamente falsa” tras sostener que ha condenado la violencia.

Los acontecimientos de Los Ángeles y la actitud de la secretaria Noem son señal clara de que a Trump no le importa el costo geopolítico. Presionará a México con medidas geoestratégicas, militares y de control territorial y recursos, así como de imposición de aranceles –elevados por el magnate con 50 por ciento al acero y aluminio– y tasar las remesas.

En ese marco de hostilidad, la Presidenta recibía, el 11 de junio, al subsecretario de Estado, Christopher Landau, con quien preverá asuntos de seguridad, migración y comercio antes de concertar un encuentro con el radical secretario Marco Rubio. Y él podría reunirse con Trump en el marco de la Cumbre del G-7 en Canadá del 15 al 17 de junio.

Es previsible un endurecimiento verbal de Trump, pues pretende capitalizar esa presión en la elección legislativa de noviembre, donde renovarán escaños la Cámara de Representantes, el Senado; y nueve estados elegirán gobernadores.

Como el neoyorquino insiste en reelegirse en 2028, debe cuidar su mayoría electoral en estados con mayoría de inmigrantes en un país donde la mayoría de mexicanos tiene residencia legal y altos aportes a la economía estadounidense. Además, no todos se emplean en la construcción y manufactura o servicios; hay mexicanos muy calificados que trabajan en Silicon Valley, California, donde las empresas se oponen al llamado Estado Policial y a sus políticas antiinmigrantes. 

 

CONTRA LOS SANTUARIOS

En EE. UU. existen unos 230 estados, condados y ciudades-santuario: concepto surgido en la década de los 80, cuando miles de centroamericanos llegaban a ese país huyendo de los conflictos armados en El Salvador y Guatemala. Los acogieron paisanos y religiosos, principalmente en condados con mayoría de hispanoparlantes. Las autoridades de Berkeley, San Francisco y Los Ángeles en California, y Tucson, Arizona, crearon programas de protección contra políticas federales xenófobas. En 1987, el primer estado-santuario fue Oregon y lo siguieron Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, California y Washington.

El Movimiento Santuario se extendió a Connecticut, Colorado, al limitar la información que esos estados comparten con la Unión. Un estudio reveló que esas entidades tienen menor tasa de delincuencia por la confianza entre la comunidad migrante y autoridades, refiere el Centro para Estudios de Inmigración.

En 1994, hace 30 años, fue la última vez que Los Ángeles escenificó el despliegue de fuerzas federales para aplicar medidas antimigratorias, cuando el republicano Pete Wilson invocó la iniciativa de Ley 187 que negaba servicios sociales, médicos y educación a indocumentados, denuncian la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que exigió a las autoridades mantener a Los Ángeles como Ciudad Santuario.

También lo demandan líderes como David Huerta, liberado el domingo tras ser acusado de conspiración por obstaculizar la detención de un migrante. La Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés) protestó por vejar flagrantemente y lanzar gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos.

 


Escrito por Nydia Egremy

Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.


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