En la comunidad Alcozacán, más de dos mil niños de 24 pueblos de la Montaña Baja de Guerrero, marcharon contra la violencia y para exigir seguridad pública en Chilapa de Álvarez, municipio asediado de manera permanente por los grupos delictivos.

Estos niños, de habla náhuatl, recibieron juguetes de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) el Día del Niño, para recordar que sus hijos deben disfrutar la niñez y que es a ellos a quienes corresponde defender a sus familias de los asesinatos, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados que se cometen en esa región.

En esa conmemoración recordaron, asimismo, que en enero de 2020 desfilaron 15 niños que se habían incorporado a la CRAC-PF armados con escopetas; éstos marcharon casi tres kilómetros sobre la carretera Alcozacán-Hueycantenango con lonas y pancartas, exigiendo justicia y seguridad para sus comunidades; algunos lo hicieron con la alegría juguetona propia de la infancia.

Ese hecho fue el que permitió a los integrantes de la fracción de la CRAC-PF en Alcozacán reparar en que los niños no deberían asumir una responsabilidad que corresponde a los adultos, la tarea de resguardar la paz y la tranquilidad de sus pueblos, junto a los tres niveles de gobierno.

Por ello, en la celebración del Día del Niño de este año rechazaron armar a sus hijos e hicieron un llamado al gobierno del estado para que cree las condiciones de seguridad, garantice la educación y la salud a los indígenas nahuas asediados por grupos delictivos.

Esta fracción forma parte del Consejo Indígena Popular del Estado de Guerrero (CIPOG), que encabeza Jesús Plácido Galindo, hijo de Cirino Plácido Valerio, uno de los primeros fundadores de la CRAC-PF. Ésta fue creada en las inmediaciones de las regiones Montaña-Costa Chica en la década de los 90.

El CIPOG se opone al grupo liderado por Bernardo Sánchez Luna, fundador de la CRAC-PF, que surgió en 2014, en la comunidad Rincón de Chautla para defender sus pueblos de los grupos delictivos. Ambos grupos coinciden en la necesidad de enfrentar a un mismo enemigo, pero no en involucrar a los niños para defender sus pueblos.

La denominada Marcha por la Paz del pasado 30 de abril inició a las 11:30. Más de mil niños se concentraron en la carretera para reclamar a los gobiernos la falta de apoyo a sus comunidades, en las que impera cotidianamente la violencia delictiva, y de la cual se olvidaron por un momento para disfrutar golosinas, piñatas, juegos y juguetes.

Inicialmente y en presencia de los medios de comunicación, el desfile del “ejército infantil” comenzó en Los Pinos, caminar los tres kilómetros que separan la carretera de Alcozacán y subir la calle principal del pueblo hasta la cancha techada de la comunidad. Una vez ahí, siempre jugueteando, se formaron para recibir las “armas”.

Pero antes, un niño leyó un mensaje dirigido al Gobierno Federal en el que informó que no pueden salir de sus comunidades porque están cercados por grupos delictivos; se reprochó la criminalización de los Gobiernos Federal y estatal a su anuncio de que el 30 de abril marcharán en Alcozacán y de que, al término de su manifestación, serían armados niños y niñas.

En posición de firmes y mostrando su adiestramiento tipo militar, se anunció la entrega de armas a los pequeños mientras los periodistas estatales, nacionales e internacionales alistaban sus cámaras. Pero de pronto, policías comunitarios, armados con escopetas, llegaron a la cancha con bolsas de juguetes y se dedicaron a entregar cochecitos, pelotas, juegos de té, muñecas, etcétera.

Más tarde llegó una camioneta con piñatas, aguinaldos y tres bicicletas que desbordaron la emoción de la niñez reunida en la cancha municipal. Gritos de felicidad inundaron la comunidad donde es común escuchar balaceras y lamentos de viudas, huérfanos y familiares de secuestrados y desaparecidos.

Una pequeña de siete años asegura que no han ido a la escuela desde hace un año y que recuerda dos balaceras. “Se oyeron los balazos y yo me escondí debajo de mi cama una vez; y al lado de un lavadero la otra. Sí, me dio miedo, pero no grité porque estamos acostumbrados a oír balas”.

En este festejo participaron niños de Ayahualtempa, quienes se alistaron a las filas de la Policía Comunitaria y por unos instantes dejaron las escopetas para jugar y recoger los dulces que caían de las piñatas.

En Ayahualtempa sí se armaron

El 10 de abril, en el 102 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, la CRAC-PC se movilizó para exigir seguridad a los gobiernos local y Federal. Durante el acto, 30 niños portaron armas y uno de ellos leyó un comunicado en el que se exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atención a sus reclamos, apoyo a nueve viudas, 14 huérfanos y 34 indígenas desplazados por la violencia.

El mensaje incluyó la demanda de escuelas y becas para los hijos de los 12 músicos que en enero de 2020 fueron asesinados cuando se trasladaban en una camioneta de redilas a un pueblo vecino; los atacantes forman parte de un grupo delictivo que opera en la región y que mantiene asoladas a las comunidades. Los manifestantes también recordaron que la violencia delictiva ha obligado a los campesinos a convertirse en policías comunitarios. El gobierno estatal ofreció realizar patrullajes y brindar apoyo a las viudas y huérfanos, pero dicho compromiso no se ha cumplido.

“Somos niños comunitarios que apoyamos a nuestra comunidad indígena que pertenece al municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango); no somos delincuentes”, sostuvo el pequeño en una parte del comunicado.

Los niños mayores de 12 años reciben adiestramiento tipo militar para disparar y posicionarse en los terrenos de la montaña; los más pequeños usan armas de madera que simulan ser rifles AK-47 o AR-15 y recorren caminos y sendas como si fueran adultos que resguardan sus pueblos y personas. Los niños tienen entre seis y 11 años.

Armados, desfilaron lanzando vivas a los huérfanos, a las viudas, a los pueblos originarios y al general Zapata. Fue el tercer año consecutivo que los menores se suman a los adultos de la Policía Comunitaria en un desfile tipo militar, el cual es un llamado de auxilio al Gobierno de México y una demostración de fuerza ante los grupos de la delincuencia organizada que asedia los pueblos de la Montaña Baja de Guerrero.

La decisión de armar a los niños el año pasado dio resultado, pues la alarma que este hecho provocó a nivel nacional e internacional obligó al gobierno de AMLO a advertir que los niños se arman contra los delincuentes y que están hartos de la presencia de éstos en sus comunidades.

En José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) viven nueve viudas, 14 huérfanos y 34 desplazados de comunidades asediadas.

Las autodefensas, que tienen muchos años funcionando en Guerrero, se han extendido en el país porque, solo de esta manera, la gente se protege de los peligros que la asechan ante la inoperancia e ineptitud de las autoridades, coludidas con los grupos de la delincuencia organizada. Según el comandante Bernardino Sánchez Luna, en los constantes ataques se pierden vidas de ambos bandos. En 2020 hubo seis ataques y el más reciente ocurrió hace un mes.

Fue ésta la razón por la que invitaron a los medios de comunicación al desfile del ejército infantil en Chilapa para que de los reporteros de Guerrero, el país y del extranjero se cercioraran de que las comunidades están sitiadas por los grupos delictivos y que la criminalización de los gobiernos Federal y estatal han hecho en torno a la participación de niños en la autodefensa es injusta, porque soslaya la responsabilidad que tienen en la ausencia absoluta de seguridad pública en sus pueblos.

La defensa armada comunitaria nació para brindar seguridad a los integrantes de los pueblos pero, con el paso del tiempo, se ha convertido en una necesidad casi militar, a la que ahora se han sumado los niños. “En reiteradas ocasiones hemos solicitado al gobierno ayuda contra los grupos delincuenciales y nos ha ignorado; le hemos solicitado educación, salud, seguridad; pero no escuchan. Si no quieren que nos armemos, que nos brinden seguridad”, denunció el comandante, quien se hallaba rodeado de niños y niñas.

El camino a las comunidades indígenas de los municipios Chilapa de Álvarez y Hueycantenango está en condiciones regulares y solo en unos tramos existen enormes hoyos que obligan a aminorar la velocidad de los vehículos. Esta vez sí hubo presencia de la Guardia Nacional, la Policía del Estado y la Policía Ministerial, pero esto se debió a la presencia de periodistas.

En los caminos vecinales se observaron barricadas construidas con piedras, detrás de las cuales se guarecen los policías comunitarios. En ese recorrido, la prensa pudo advertir una bifurcación que conducía a una senda de terracería donde, a pocos metros, se hallaba el retén del grupo delictivo que opera en la región, y por el que la caravana no incursionó porque ahí no hay retenes militares ni policiales, como declaró el Presidente en sus conferencias mañaneras.

Armados con escopetas y rifles de diversos calibres, policías comunitarios afirman que continuarán defendiendo a sus pueblos; las autoridades critican la incursión de la niñez; pero no brindan educación, vivienda, salud, justicia, ni la seguridad requerida por los habitantes de más de 24 pueblos en este corredor, que se halla cercado por los grupos delictivos.

Los ataques son constantes

“A los fundadores de la Policía Comunitaria no les parece lo que estamos haciendo porque no estamos de acuerdo en que se arme a los niños, que tienen derecho a jugar, a ir a la escuela, a la salud. En Hueycantenango sí armaron niños, pero nosotros no tenemos nada qué ver en ese asunto. Convocamos a los medios de comunicación para mandar un mensaje al mundo entero. Los niños deben tener esto, festejos, juegos, no deben andar paranoicos con armas”, afirmó Luis Sánchez, uno de los coordinadores.

Adán Linares, otro de los jefes de la Policía Comunitaria, expresó no entender por qué los grupos delictivos se disputan la región porque en ésta no hay minas ni agua suficiente. “Aquí se siembra maíz, calabaza, frijol; no entendemos por qué quieren esta zona; pero seguiremos defendiendo nuestros pueblos hasta donde podamos porque además de hombres, están matando a nuestras mujeres y a nuestros niños…Es muy triste.

“Los enfrentamientos son constantes. El último ocurrió en marzo, cuando 16 policías comunitarios fuimos emboscados cerca del crucero del municipio de Olinalá a las 10:30 de la noche. En el ataque perdió la vida el comandante Hernán Virideño, originario de la comunidad Rincón de Chautla y tres más resultaron heridos; entre ellos, yo”, agregó Adán Linares, quien regresó a la comunidad apoyado por unas muletas.

La pobreza en el llamado “corredor de la muerte” se halla a simple vista. Éste se conforma de las comunidades nahuas en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango). Ante el abandono oficial, la asamblea decidirá si la población participa en las elecciones del próximo seis de junio, fecha en que se elegirán 20 mil cargos públicos y 15 gubernaturas, entre ellas la de Guerrero.

En esta entidad, la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno estatal está en manos de la hija del excandidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y cuyo registro fue anulada por inconsistencias fiscales.

En Alcozacán, como en muchos otros pueblos de la llamada Montaña Baja de Guerrero, no saben mucho de los candidatos por falta de televisión y señal de Internet, carencias de orden social derivadas de la pobreza y la desatención oficial.

Sus habitantes piden justicia al gobierno de México y al de Guerrero, y que garantice la seguridad pública porque están prácticamente secuestrados en sus pueblos. Solo algunos comerciantes llegan a surtir lo básico, los camiones de las empresas refresqueras más reconocidas en el mundo, entre ellas Coca-Cola y Pepsi-Cola.

“Pero no podemos salir de aquí y vivimos con miedo constante, ya que cuando se normalicen las clases, los niños que terminen la primaria tendrán que desplazarse para continuar sus estudios más allá, donde anida el peligro, donde hay balas y los secuestros que realizan los grupos delictivos han ocasionado también el desplazamiento masivo de familias, dejando pueblos fantasmas”, denuncia el dirigente comunitario.

En el fondo de la cancha, tres mujeres ataviadas con trajes típicos tejen palmas mientras miran en lontananza las montañas. Una de ellas, Claudia Bolaños, de 27 años y con un bebé durmiendo en su regazo envuelto en un rebozo, dice que no le gustaría que sus hijos empuñen fusiles, pero que si el pueblo lo decide, ni modo.

Es así como los pequeños soldaditos de 24 comunidades, calzados con huaraches cruzados o sandalias de plástico, se quitan los paliacates y rebozos del rostro y dejan ver sus sonrisas… Esta vez se han olvidado de la angustia, de las armas y disfrutan por un momento el Día del Niño…

Después continuará la vida aciaga en esta zona, donde los gobiernos Federal y el del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, se han dedicado más a criminalizar esta práctica que a resolver los graves problemas de seguridad pública, salud, educación, vivienda y alimentación.

En estas comunidades solo hay dos opciones: armarse para defender a las familias o huir de la violencia para sobrevivir en otras poblaciones cercanas o lejanas, donde quizás también puedan aliviar sus problemas de pobreza y marginación aunque, en el camino, muchos de ellos encuentren la muerte.

Por ello, el panorama luce incierto y desolador en los pueblos de Chilapa de Álvarez y de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), donde la creación de ejércitos infantiles es un hecho cotidiano, porque los padres de éstos deben luchar para defenderse de los ataques y aun de la cooptación de los grupos delincuenciales ante la desatención oficial.

Según datos de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción de la Paz, en Guerrero, el estado con más civiles armados, existen 23 grupos de autodefensas que operan en el 70 por ciento del territorio.