A las continuas manifestaciones de protesta efectuadas contra el gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se han sumado los burócratas de las secretarías de Salud, Educación, Finanzas y Planeación, a quienes se adeudan salarios, bonos laborales y pago de vacaciones.

Esto ocurre a nueve meses de que culmine su administración; lo más significativo es que la primera protesta pública fue protagonizada por los trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que inclusive tomaron la Dirección de Recursos Humanos en protesta porque les quitaron días de vacaciones.

Esta decisión les fue notificada mediante una circular de la oficina, en la que se les informó que no pueden solicitar días a cuenta de sus vacaciones, y menos si aquellos son lunes o viernes. Los afectados argumentan que dicha disposición viola el contrato colectivo suscrito por el gobierno; además de que tienen derecho a dos periodos vacacionales al año.

“De la noche a la mañana quitaron el poder gozar de los días de vacaciones que por acuerdo con los sindicatos ya se habían otorgado”, denunció uno de los manifestantes, mientras se hallaba frente al palacio de gobierno estatal, con sede en Xalapa.

Durante la noche del 31 de enero, los trabajadores afiliados a la Coalición de Sindicatos del Magisterio de Veracruz (Cosmav) dieron inicio a las protestas en cada escuela donde trabajan, y publicaron un desplegado en demanda del pago.

“Una vez más, la Secretaría de Finanzas y la de Educación han vulnerado el derecho fundamental de los trabajadores del sector educativo a recibir su salario puntualmente. El no efectuar el pago correspondiente a la quincena 02/2024 afecta gravemente a miles de trabajadores y sus familias; y constituye una flagrante violación a sus derechos humanos”, denunciaron a través de una publicación.

Sin embargo, la mayor protesta realizada hasta ahora ha sido la organizada el dos de febrero por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Veracruz Antorcha Magisterial (Setam) para exigir el depósito de las dos quincenas correspondientes a enero de 2024.

La primera respuesta del gobierno morenista fue a través de un escueto comunicado en el que anunció que el pago sería realizado en las siguientes horas; ya que el artículo 28 del Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación de Estado estipula que los pagos deben efectuarse en el lugar donde los trabajadores prestan sus servicios y “hacerse precisamente en moneda de curso legal y en los días 15 y últimos de cada mes”.

Pero el gobernador morenista reconoció: “hacemos el esfuerzo por pagarles a tiempo... intentaremos pagar antes cuando se pueda; así como lo hicimos con el aguinaldo; si podíamos antes, pues lo pagamos. Y también si va a caer la quincena en fin de semana, pues nos adelantamos a pagarlo antes; pero esta vez fue que el fin de semana cayó a media semana (sic)…”

Lo anterior le generó críticas, entre ellas la del exdiputado federal Héctor Yunes Landa, quien se mofó de esta confusión: “¿Por qué tanta prisa de los maestros por cobrar su sueldo a tiempo? ¿Qué no ven que el fin de semana cayó a media semana? ¡Sólo falta que al gobernador la Navidad le caiga en mayo!”, expresó.

El seis de febrero hubo otra protesta cuando cuatro sindicatos magisteriales tomaron las oficinas del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) para exigir la destitución del director Francisco Enrique Pérez Carreón.

“Exigimos la destitución del Director-Gerente del SSTEEV, Francisco Enrique Pérez Carreón, por corrupto y querer crear una plaza basificada y sindicalizada cuando termine su gestión; para pasar de ser patrón a ser empleado conservando los privilegios que tiene ahora, y todo a costa de las cuotas de los trabajadores de la educación”, denunciaron los inconformes.

El Secretario General del Sindicato Liderazgo y Democracia Educativa Responsable con Acción del Magisterio (SLyDERAM), Carlos Alberto García de la Cruz, explicó que esa protesta se realizó para presionar al gobierno estatal y conformar una mesa de diálogo.

“Tenemos un oficio dirigido al señor gobernador, en el que estamos haciendo señalamientos de algunos puntos que nos interesa abordar en una mesa de diálogo. Son varios puntos, no los voy a describir aquí porque están en el documento; pero tenemos la esperanza de que nos llamen al diálogo. Poder tener una mesa de acuerdo con la representación del gobierno del estado. Que se siente con nosotros, que nos escuche, lo que todavía no ha ocurrido. Sucedió solamente una mesa de diálogo con el Director-Gerente; pero hubo el compromiso de un seguimiento a esa reunión. Ya no pasó, y estamos aquí por eso”, agregó.

Otros inconformes son los sindicatos Magisterial Veracruzano (SMV), Innovación Sindical al Servicio de los Trabajadores de la Educación (Insiste) y Unificador Magisterial (SUMA).

¿Desvíos de dinero hacia Morena? 

Juan Ignacio Polo, Secretario de Trabajo y Conflictos del Comité Ejecutivo Estatal del SMV, comentó que los retrasos en el pago de los sueldos de los trabajadores del magisterio le provocan suspicacia, debido a que los recursos etiquetados para la educación son utilizados con fines electoreros.

“Esa falta de claridad es lo que nos da temor, porque sabemos que es una época electoral y que a lo mejor el recurso puede ser destinado a otro tipo de situaciones. Espero equivocarme; pero la falta de claridad de la autoridad nos preocupa”, lamentó.

El ocho de febrero, los integrantes de 16 sindicatos magisteriales regresaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Xalapa para exigir el pago puntual de sus salarios y la nivelación salarial con otros docentes.

Los dirigentes de los sindicatos Suma, Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) y Movimiento Magisterial Veracruzano (SSMV) denunciaron que el titular de la dependencia, Víctor Vargas Barrientos se niega a atender sus peticiones, incluidos los cambios de adscripciones.

José Luis Moreno Landa, líder de Insiste y la secretaria general del Suma, María Minelia Córdoba Herrera, coincidieron en que no hay apertura al diálogo por las autoridades educativas. “Tenemos meses pidiendo cambios de adscripción por inseguridad. Son temas muy delicados y no son atendidos”, demandó la lideresa.

Días después, en conferencia de prensa, el Sindicato Independiente Magisterial Veracruzano (Simaver), a través de su secretario José Javier Galán Vázquez, denunció que en la zona centro de Veracruz ya cambiaron supervisores de Telebachillerato, a pesar de su antigüedad, y colocaron operadores políticos de Morena, por lo que ya alistan protestas. 

El 10 de febrero, maestros jubilados realizaron un bloqueo en una de las entradas a la capital del estado para exigir el pago del Seguro Institucional, que dispone de un fondo de mil millones de pesos (mdp); pero el gobierno estatal no lo ha cubierto. El pasado 24 de enero viajaron a la Ciudad de México y el Gobierno Federal les respondió que cada entidad federativa es responsable de la administración y que, por lo tanto, en Veracruz deben recibirlos; pero en Xalapa evaden esa responsabilidad.

“Nada más se burlaron de nosotros: Lo único que hicieron, supuestamente, fue revisar nuestros expedientes, pero han estado actualizados desde hace 14 años. Nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos, pero que no había dinero y que no era su responsabilidad”, denunció Mayanina Hernández López, quien también informó que muchas maestras están enfermas, padecen ceguera o hernias en la columna vertebral o insuficiencia renal, y no tienen dinero para sus tratamientos.

Los maestros jubilados también sospechan que ese recurso financiero es utilizado para “otras cosas”. Las madres de familia de la Escuela Telesecundaria Emilio Carballido Fentanes, de la comunidad Tlacolulan, también protestaron recientemente frente a la sede de la SEV porque hace falta un maestro para 21 alumnos y el ciclo escolar ya está a la mitad. 

El docente impartía el segundo grado en la telesecundaria; y cuando llegó, advirtió que estaría todo el ciclo; pero cuando empezó enero salió de la comunidad y ya no volvió. Las madres de familia presumen que era suplente. “Es cansado estar en esta situación: nuestros hijos son atendidos por las dos maestras que están en el plantel; aunque no es lo mismo, porque no tienen la misma atención y el aprendizaje no es el mismo; y los menores ya no quieren ir a la escuela”, reveló una de ellas.

Los taxistas están hartos

El 16 de enero, cientos de taxistas, integrantes del Grupo Independiente de Taxistas de Orizaba (GITO), bloquearon la carretera Nogales-Ciudad Mendoza y los límites entre los municipios de Orizaba e Ixtaczoquitlán, además de los accesos a Córdoba para exigir que cesen los abusos contra algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Denunciaron que los policías estatales asumen funciones de agentes de tránsito cuando realizan operativos en los que se dedican a exigir “moches” y extorsiones muy altas a cambio de que les permitan trabajar en la región. Reportaron el caso de uno de sus compañeros a quien le aseguraban que su póliza no estaba vigente, por lo que le impidieron trabajar; y por lo tanto debió pagar una multa de ocho mil pesos.

José Luis Tiza, el dirigente de GITO, acusó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de haber ordenado efectuar esos operativos para que los servidores públicos denunciados cometan la serie de abusos ya denunciados.

“La manifestación se debe a que el señor gobernador implementó unos operativos en la zona centro; y está bien, siempre y cuando los elementos que asignen a esta tarea se comporten como debe ser. La población necesita seguridad y tranquilidad en la zona; y no nos apartamos de que manden a la Fuerza Civil, SSP, fuerzas especiales… bienvenidas; pero queremos sentir la tranquilidad”, destacó.

En respuesta, García Jiménez intentó minimizar los señalamientos y dijo que el operativo era contra “un grupo delictivo” no contra los transportistas: “me extraña que unos taxistas, unos cuantos nada más, hayan efectuado tal acción”.

El 31 de enero, un grupo de habitantes protestó frente al Palacio Municipal de Villa Aldama para exigir la destitución de la alcaldesa del extinto Partido Encuentro Social, Guadalupe Romero Sánchez, a quien responsabilizaron por no realizar obras de infraestructura urbana y dejar inconclusos varios proyectos, por lo que pidieron la intervención del Congreso del Estado de Veracruz y del Gobierno estatal.

En lugar de responder a los requerimientos de los inconformes, en un comunicado oficial, la autoridad municipal se limitó a acusar al diputado local morenista por el distrito de Perote, Paul Martínez Marie, de instigar las protestas, acusando a los quejosos de realizar peticiones “sin fundamento”, como llevar al grupo musical “Los Tigres del Norte” o reparar tramos carreteros estatales y federales.

Representantes de la Dirección de Política Regional sugirieron a los inconformes que organizaran una reunión con representantes del Órgano de Fiscalización Superior para que se revise el ejercicio de los recursos públicos.

A nueves meses de que termine este gobierno estatal, las protestas en Xalapa se han incrementado; y sus protagonistas son ciudadanos que demandan mayor seguridad pública, burócratas, maestros y estudiantes de la Universidad Veracruzana inconformes con las acciones de la administración estatal actual.