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Los feminicidios en la Ciudad de México (CDMX), han aumentado significativamente en lo que va del gobierno morenista, ya que el promedio anual correspondió a 75 víctimas entre finales de 2018 y el primer bimestre de este año. Pero a la pérdida de hijas, madres, esposas o sobrinas, sus familiares sumaron una tasa de impunidad de 60 por ciento debido a la negligencia, la incapacidad, incluso la vigencia de prejuicios machistas en las autoridades encargadas de impartir justicia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no sólo ha actuado con manifiesta incapacidad para investigar estos delitos, sino que, además, según denuncias de familiares y asociaciones civiles, ha revictimizado a las mujeres asesinadas y amedrentado a los denunciantes.
De acuerdo con el Atlas de Feminicidios, 377 mujeres fueron asesinadas por razón de género en la CDMX entre el 1° de enero de 2019 y el 29 de febrero de 2024; y el mayor número de feminicidios se registraron en las alcaldías Iztapalapa (70), Gustavo A. Madero (50) y Cuauhtémoc (44).
El mismo informe elaborado por la FGJ capitalina reveló que de los 313 ilícitos denunciados en los últimos cuatro años, únicamente se solicitaron 150 órdenes de captura, es decir, menos de la mitad de los cometidos de 2020 a 2024.
Entre los más violentos destaca el de Marichuy,la joven estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de 19 años, quien el 15 de enero del 2016 fue lanzada del quinto piso por resistirse al abuso sexual a manos de un estudiante y un profesor.
El caso de esta joven, quien falleció ocho días después debido a múltiples fracturas, conmocionó nacionalmente a los mexicanos y activó la alerta en las instituciones de educación superior.
“No quiero afectar el proceso... pero únicamente puedo decir que hay un detenido”, declaró a buzos Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes, a quien familiares y compañeros de clase llamaban Marichuy.
“Mi hija sufrió múltiples fracturas, sufrió mucho... la arrojaron de 12 metros de altura; cayó parada porque se sujetó de ellos... Múltiples fracturas sufrieron sus huesos, se fracturaron; incluso siento que estuvo sufriendo mucho porque estuvo ocho días en el hospital, hasta que su corazoncito ya no soportó y dejó de latir”, lamentó Yesenia, quien ya no quiso informar más tras revelar que tiene “protección” por temor a que le suceda “algo” a ella o a sus familiares, luego de crear un colectivo con el nombre de su hija y organizar varias manifestaciones de protesta en demanda de justicia.
El tres de octubre de 2023, detectives de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Fiscalía General de Justicia de Campeche (FGJC) aprehendieron a Gabriel Eduardo “N” en Ciudad del Carmen, uno de los presuntos responsables, luego de ocho años del asesinato. Hasta ahora, el otro presunto responsable, el profesor del IPN, Iván Ruiz Guerrero, se encuentra prófugo y se desconoce su paradero.
Teresa de Jesús Salas Vera, de 23 años, vivía con el padre de sus dos hijos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), a donde se habían trasladado después de vivir en la CDMX. El 22 de febrero de 2023, su pareja la estranguló después de una discusión.
El feminicida de Teresa dejó la vivienda; pero antes de salir, engañó a su hijo mayor, quien entonces tenía seis años, diciéndole que no despertara a su mamá porque “estaba dormida”.
Después dejó solos y sin comer, durante cuatro o cinco horas, a sus tres hijos –la más pequeña era de pecho–; pasado este tiempo, cuenta una de las tías de la occisa, regresó a su domicilio como si no hubiera ocurrido nada.
“La muerte de mi sobrina le cambió la vida a toda la familia. Mi hermana, la madre de Teresa de Jesús, está desecha; dejó su trabajo para exigir justicia. El niño también está mal, pues señala con sus muñecos cómo su papá arrastró, golpeó y mató a su mamá; y jura además que, cuando sea grande, lo buscará y le hará lo mismo”, reveló la tía con la voz cortada y a punto del llanto.
Se mueve nerviosa, se toca la cabeza y pide a la reportera de buzos que no la mencione, que omita su nombre; aunque después advirtió que toda su familia, incluido el menor de siete años, está mal y “todos acudimos a terapia”.
También informó que realizaron marchas de protesta, organizadas por la madre de Teresa de Jesús, para exigir justicia a las autoridades ministeriales; es así como lograron que el feminicida fuera capturado y condenado a 62 años, seis meses y ocho días de prisión.
Entrevistada por este semanario, la diputada federal Elizabeth Pérez Valdez aseguró que en México son asesinadas diariamente 11 mujeres y que es muy “grave” que las madres y padres de víctimas deban convertirse en defensores de derechos humanos.
Pérez Valdez denunció que el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha maquillado las cifras de feminicidios y la desaparición de mujeres para ocultar el sufrimiento de las madres y padres de las víctimas que buscan justicia.
También condenó que las autoridades, tanto del Gobierno Federal como de la CDMX, no hagan nada para evitar y sancionar los múltiples feminicidios ocurridos diariamente en la República y en la capital.
“Hoy, para las mujeres, ninguna alcaldía en la CDMX es segura. Las mujeres no pueden caminar libremente por la capital del país… por donde quiera que vayan las mujeres no están seguras”, alertó y denunció que durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo crecieron los feminicidios.
Señaló que, además de enfrentarse a un sistema de justicia omiso y lento, las familias de las víctimas exponen su vida al exigir que se investigue y castigue a los responsables; deben organizarse, crear colectivos o fundaciones y salir a las calles.
La también vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, señaló que a tres meses de terminar la gestión del gobierno morenista, éste no tiene perspectiva de género, no tiene perspectiva de derechos humanos y le importa menos el acceso a la justicia”.
La legisladora Elizabeth Pérez reconoció que las agencias especializadas en delitos sexuales de la CDMX avanzaron “un poco” en comparación con el resto de los estados del país, debido a la capacitación impartida al personal y al apoyo de Sayuri Herrera Román, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ capitalina; pero que la falta de presupuesto impide que se atiendan con prontitud y diligencia los cientos de casos generados en la capital del país.
“No hay recursos… los procesos son lentos y también predominan en la Fiscalía General de la CDMX actos que están fuera de la ley. Hay y sigue habiendo jueces corruptos y prevalece la corrupción”, denunció.
Reveló asimismo que, en la búsqueda de justicia, los padres, madres y familiares de las víctimas corren peligro, así como los integrantes de colectivos y fundaciones, que le han narrado sus casos: “no tenemos justicia y no hay garantías de que nos cuiden. No tenemos medidas de seguridad”.
En el periodo de 2020 a 2024, el Ministerio Público (MP) solicitó a los jueces 150 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. Sin embargo, en ese mismo lapso, el Atlas de Feminicidios reportó la comisión de 314 casos de este delito: 82 en 2020, 72 en 2021, 76 en 2022, 61 en 2023 y 22 hasta abril de 2024; pero la misma FGJCDMX informó que únicamente se dictaron 170 órdenes de captura: 19 en 2020, 41 en 2021, 43 en 2022, 38 en 2023 y nueve hasta abril pasado.
Durante el primer debate presidencial, celebrado el siete de abril pasado, Claudia Sheinbaum declaró que durante su administración se redujeron en 40 por ciento los feminicidios y que hubo “cero impunidad”, datos que no corresponden con la realidad.
La diputada perredista Elizabeth Pérez señaló que la comisión de este delito aumentó en los cinco años pasados, que no se atendió ni apoyó a los familiares de las víctimas y que solamente cuatro de cada 10 enjuiciados por el delito de feminicidio reciben una sentencia, como lo evidencian las estadísticas de la misma fiscalía capitalina.
Esta dependencia, encabezada por Ernestina Godoy durante casi todo el sexenio y que funcionó al lado de Sheinbaum Pardo, detalló que, en ese periodo, se registraron 185 feminicidios contra mujeres cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 59 años, por lo que son más vulnerables.
En ese mismo periodo, el número de víctimas fue de 114, su rango de edad fluctuó entre los 18 y los 29 años; y en la mayoría de los casos, los victimarios tenían relaciones de pareja con las asesinadas. En el estrato de mujeres de 60 años o más, se reportaron 48 feminicidios y 30 en el de niñas y adolescentes, con edades que fueron de cero a 17 años.
La mayor parte de los feminicidios ocurridos entre enero de 2019 y febrero de 2024 fueron cometidos en espacios domésticos cerrados (171); en espacios domésticos no cerrados fueron 63; uno en espacio abierto privado; cinco en espacios indeterminados y 137 en espacios abiertos públicos. Entre enero y febrero de este año se cometieron 14 feminicidios; la mayoría suscitados en las alcaldías Xochimilco y Cuauhtémoc, y únicamente tres casos en otras demarcaciones.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que, entre enero y marzo de 2024, contabilizó 18 feminicidios en la CDMX, es decir, en un mes hubo otros cuatro; y esta cifra la situó como segunda posición nacional en feminicidios, apenas por debajo del Edomex, que contabilizaba 23.
Éstos destacan que en la capital de la República se registran 0.38 feminicidios por cada 100 mil habitantes. De los 18 casos sumados hasta marzo de este año, las mujeres más afectadas tenían 18 años; y las alcaldías con mayor incidencia eran Cuauhtémoc, Xochimilco e Iztapalapa, con tres casos cada una. Les seguían las demarcaciones Benito Juárez, con dos; y Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza con un caso cada una.
El aumento de feminicidios en la CDMX y otras entidades del país ha obligado a madres, padres y familiares de las víctimas a organizar marchas de protesta pública para demandar justicia ante las autoridades judiciales y gubernamentales. El pasado miércoles 26 de junio se organizó una manifestación frente al Palacio de Justicia federal para exigir que se niegue el amparo y la liberación a los acusados del delito por feminicidio, cuyo promedio diario en el país es de 11 mujeres.
En esa protesta se exhibieron casos como el denunciado por Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada en 2015 en el Edomex cuando sólo tenía 12 años; uno de sus tres feminicidas podría ser liberado en estos días debido a un amparo interpuesto a pesar de haber sido sentenciado dos veces por el mismo crimen.
“En la primera ocasión lo dejaron en libertad; pero después, el Poder Judicial ordenó una reposición de sentencia, entonces no pueden revertirlo…ya fue ratificada la sentencia de prisión vitalicia y liberarlo sería la peor traición y cobardía del sistema judicial”, denunció Lorena Gutiérrez, quien además demandó que los feminicidas “no tengan derecho al amparo después de actos tan deleznables”.
“Ya basta de revictimización; ya basta de violencia institucional y de obstaculizar el acceso a la justicia. Necesitamos reafirmar estas sentencias para que les quede claro que esto no se puede repetir. Precisamente porque ellos han estado rebajando sentencias y han dejado en libertad a asesinos, es que esto no para”, añadió la madre de Fátima.
En esa protesta participaron madres, hermanas, hijas y sobrevivientes de feminicidio en varias entidades de la República, quienes colocaron cruces y figuras con los nombres de las víctimas que perdieron la vida por ese delito. Las manifestantes esperaron alrededor de cinco horas frente al Palacio de Justicia, pero únicamente fueron atendidas en las puertas del edificio para reportar las direcciones de los juzgados que llevan sus casos.
Entre las denuncias públicas destacaron, además de la liberación de los feminicidas, las de los mismos familiares que deben investigar el destino de los culpables porque las indagaciones judiciales son muy lentas y están plagadas de obstáculos y los acusados han intentado asesinar a las denunciantes para evadir la justicia.
Una de las familiares de las víctimas denunció que ha sido atacada por exigir justicia y buscar al asesino de su hija: “Un día antes de que se cumplieran tres años del asesinato de mi hija, a mí me atacó un tipo en la calle; tuve varias lesiones, pero me defendí y llegó gente, gracias a Dios, si no, sí me hubiera matado (…) pero en la Fiscalía me dijeron que fue un asalto”.
El 19 de abril de 2024, las autoridades de la CDMX informaron sobre la existencia de un posible feminicida serial, quien ya había sido detenido. El último ataque de Miguel “N” fue contra María José, una joven de 17 años, originaria de la alcaldía Iztacalco. Después de investigar este caso, las autoridades encontraron indicios que lo ligaron con otros seis casos.
El feminicidio contra María José cimbró a la sociedad capitalina; Miguel “N” la asesinó con extrema violencia. Este delito se castiga con sanciones de 35 a 79 años de cárcel. “La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el que éstas se encuentran respecto de los hombres”, explica la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
“El feminicidio –añade la dependencia– es una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia las mujeres y la exigencia de su erradicación ha tenido mayor visibilidad gracias a los movimientos de diversas organizaciones y activistas”.
Este delito está considerado dentro de los crímenes de odio, porque ocurre en un contexto de estigmatización de lo femenino, detalló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desestimando las escandalosas cifras arriba citadas, el pasado 25 de junio, durante la presentación del informe mensual de la Alerta por Violencia de Género, el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, dijo que es falso que haya aumentado el número de feminicidios y que la incidencia de este delito se redujo 68 por ciento, al pasar de 22 a sólo siete casos diarios en relación con el promedio registrado durante mayo de 2019.
Agregó también que lo anterior obedecía al trabajo realizado en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que había propiciado una disminución entre 37 y 40 por ciento de los feminicidios. Sin embargo, las mismas estadísticas oficiales lo desmienten categóricamente, porque el promedio anual de los feminicidios contabilizados en 2023 resulta 29 por ciento mayor al de 2018, según datos del SESNSP.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera