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Dinamismo económico sostenido; empleos formales y productivos; energía limpia y suficiente; un estado de derecho sólido y un gasto público eficiente, son los cinco pendientes que buscan orientar la política pública hacia un desarrollo sostenido e incluyente que planteó el observatorio México, ¿Cómo Vamos? tras el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el análisis denominado “Primer informe de gobierno, ¿cómo vamos?”, el observatorio determinó que el dinamismo económico en México ha sido insuficiente; indicó que el Producto Interno Bruto per cápita permanece en niveles cercanos a los de 2017, lo que refleja un estancamiento que afecta la calidad de vida.

Para revertir dicha tendencia, los analistas de México, ¿Cómo Vamos? recomendaron integrar a todas las regiones del país, especialmente al sur-sureste, al crecimiento económico de Norteamérica, zona históricamente rezagada que necesita condiciones que permitan atraer inversión, lo cual solo es posible con avances en progreso social.

Con respecto al mercado laboral, el observatorio planteó que México enfrenta tres retos estructurales: la baja participación de las mujeres, el alto grado de informalidad y la baja productividad.

Cerca del 70 por ciento del ingreso de los hogares proviene del trabajo, pero más de la mitad de los trabajadores lo hace en la informalidad, por lo que no tienen acceso a la seguridad social, servicios de salud y protección legal. La tasa de participación laboral femenina se mantiene por debajo del 50 por ciento, muy por debajo del promedio regional. Una de las principales barreras es la carga no remunerada del trabajo doméstico y de cuidados.

Por lo anterior, los analistas manifestaron que es prioridad la creación de un Sistema Nacional de Cuidados para permitir que más mujeres puedan acceder a empleos remunerados. Además, la productividad laboral se encuentra en niveles similares a los de 2009, lo que refleja un rezago importante en innovación y desarrollo.

En el sector energético, el país sigue dependiendo en gran medida de fuentes fósiles. Entre enero y julio de este año, más del 76 por ciento de la electricidad se generó con combustibles convencionales. Esta situación limita la capacidad de México para atraer inversiones comprometidas con la transición energética, además de contradecir compromisos internacionales y derechos constitucionales en materia ambiental.

Aseguraron que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben transformarse en empresas que impulsen el crecimiento económico, en lugar de frenarlo.

En materia de seguridad y legalidad, los especialistas destacaron los altos niveles de violencia, extorsión y percepción de inseguridad que afectan la vida cotidiana de las personas y limitan las decisiones económicas de empresas y familias; ejemplificaron que, en entidades como Zacatecas, Colima y Morelos, más del 80 por ciento de la población se siente insegura.

La falta de certeza jurídica también desalienta la inversión y obstaculiza el crecimiento de negocios, sobre todo de los más pequeños. La extorsión, por ejemplo, aumentó 8 por ciento en los primeros siete meses del año, una cifra que además subestima el problema por el bajo nivel de denuncia.

También, aseguraron que el país necesita fortalecer su hacienda pública y hacer más eficiente el gasto. Además, determinaron que a pesar de que los programas sociales tienen una cobertura histórica, han perdido capacidad para llegar a los hogares con menores ingresos.

Por último, alertaron que más de 24 millones de personas presentan un rezago significativo y reconocieron que el gasto en salud y educación continúa por debajo de los estándares internacionales. En 2025, se prevé una inversión equivalente al 2.9 por ciento del PIB en educación y 2.4 por ciento en salud; sin embargo, debería ser más del doble.