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En Durango y SLP la canasta básica más cara del país
Los bajos salarios y la falta de empleo limitan la compra de la canasta básica, un problema que afecta cada vez a más familias sin que AMLO cumpla con su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria.
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Cuando Abigail Rivera va a una de las tiendas de la colonia Bicentenario de Durango-capital, no sabe si le alcanzará el dinero para comprar algunos productos de la canasta básica pese a que, desde hace un par de años, sólo elige los que se venden en bolsas de un kilogramo o menos.

Esta práctica data de 2022, cuando repuntó la inflación y, en nueve de cada diez familias, el uso más común es la compra de mercancías a granel o “sueltas”, porque se adapta mejor a sus posibilidades económicas, según la consultora Kantar, especializada en consumo.

“El tendero toma una báscula y hace sus medidas, nuestros bolsillos ahorita está muy gastados, están muy saqueados”, se lamenta Abigail.

Pero el incremento de los precios no sólo afecta a las familias, sino también a los pequeños negocios que subsisten casi de milagro, como asegura Rigoberto López Villalpando, propietario de un pequeño negocio llamado “Lonches El Bolita”.

El tendero precisó que, a pesar del incremento en los precios de los alimentos, él intenta ofrecer más baratos sus productos a sus clientes; ya que “el tomate y la cebolla se fueron muy arriba, y en algunos lugares está hasta 60 y casi 80 pesos”.

 

 

López Villalpando, conocido en su colonia con el apodo de El Bola, reportó a buzos: “no queremos castigar a la gente aumentando los precios del lonche. Nosotros, como quiera, estamos aguantando, aguantando; y esperamos que la inflación ya no aumente más”.

En Durango hace casi dos años había 174 mil familias en pobreza laboral –el 35.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA)– o sin ingresos económicos suficientes para adquirir la canasta básica; 72 por ciento de las familias vive en el medio urbano y 28 por ciento en el rural.

El último Censo de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en Durango hay 493 mil 698 viviendas, de las que el 62.2 por ciento es del tipo “nuclear”, es decir, integradas por padres y al menos un hijo; y el 24.9 por ciento “ampliada”, con uno o dos parientes más.

Pero el problema puede agravarse en la entidad, porque en el último trimestre del año pasado, y en lo que va de 2024, los despidos se incrementaron considerablemente, el respaldo del gobierno no ha sido el adecuado y el aumento al salario mínimo no es suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

El año pasado, la entidad se ubicó en el 16º lugar nacional con menor pobreza laboral, lista en la que Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocuparon los tres primeros con el 67, 62 y 59 por ciento de la población, respectivamente. En tanto que los últimos fueron Nuevo León, con 24 por ciento; Baja California, 20 por ciento; y Baja California Sur, 17.5 por ciento, según el Inegi.

En contraste, San Luis Potosí, entidad perteneciente al centro de México, que ocupa una posición privilegiada, por su cercanía con grandes centros poblacionales e industriales, en enero del 2024 registró una de las tasas inflacionarias más altas del país y se ubicó entre las ciudades con mayor variación al alza en productos de la canasta de bienes y servicios básicos, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

En la capital potosina, el precio de las mercancías tuvo un aumento de 0.26 por ciento; aunque fue menor al de la primera quincena de 2023, cuando subió de 0.55 por ciento, y a la de 2022, cuando registró 0.62 por ciento. Durante la primera quincena de 2022, la variación en los servicios fue de 0.02; en 2023 subió 0.30 por ciento y en la primera quincena del presente año, de 0.24 por ciento.

 

 

El criterio para aumentar el precio de los servicios básicos, como el consumo de energía eléctrica, depende del gobierno; sin embargo, al incrementar afectó a las familias, sobre todo a las de menores ingresos que, en comparación con el año pasado, tuvieron que desembolsar más dinero; el porcentaje fue de 0.15 por ciento.

Este año, los productos agropecuarios aumentaron más que los anteriores; subieron 2.42 por ciento, contra 0.35 por ciento de 2023 y 0.55 por ciento de 2022. El jitomate fue el producto que mostró mayor incremento, con un 25.64 por ciento; le siguió el tomate verde, con 8.71 por ciento; y la cebolla, con 7.16 por ciento. A éstos les siguieron los cigarrillos, con 2.35 por ciento.

La capital de San Luis Potosí ingresó a la lista de las 55 ciudades mexicanas con mayor tasa inflacionaria en el primer mes del año, al situarse en el lugar 18, con una inflación de 5.05 por ciento, por arriba de Cancún, Quintana Roo (5.04 por ciento); la Zona Metropolitana del Valle de México (4.85 por ciento) y Guadalajara (4.78 por ciento).

 

¿Dónde quedó la seguridad alimentaria?

Tanto Abigail Rivera como Rigoberto López coinciden en que los bajos salarios y la falta de empleo limitan la compra de los principales productos de la canasta básica. Este problema afecta cada vez a más familias sin que AMLO cumpla con su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria, como prometió a los mexicanos en 2018, durante su campaña presidencial.

En San Luis Potosí, los precios de los productos integrados en la canasta básica subieron en la primera quincena de noviembre de 2023; y hacia finales de enero mantuvieron esa tendencia al alza; y mientras la entidad se ubicó en el quinto lugar nacional más caro, Durango se sostuvo en el sitio 16.

Durante la primera quincena de enero de 2024, la inflación general en el país alcanzó 4.09 por ciento, con una variación de 0.49 por ciento del Índice Nacional de Precios al Consumidor con respecto a la quincena anterior; pero es necesario destacar que la inflación cumplió cinco quincenas al alza desde noviembre pasado; y que sus cifras están en el nivel bajo desde febrero de 2021.

En septiembre del año pasado, el costo mensual de la canasta básica fue de dos mil 243.12 pesos en las zonas urbanas y de mil 721.14 pesos en las rurales. Esta inflación es la más alta en más de 20 años; y ha reducido incluso más el poder adquisitivo de los ingresos laborales de la población más vulnerable del país, a la que los gobiernos debieran garantizar un mayor acceso a los alimentos y los servicios básicos. 

A finales de enero, la Asociación Civil México¿cómo vamos? informó que el Semáforo nacional de inflación se mantuvo en rojo; y previó que esta situación cambiará a otro color en lo que resta de 2024.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por su parte, detalló que el aumento del jitomate ha sido de 125.2 por ciento; el del azúcar morena de 99.1 por ciento y el del frijol negro y pinto del 66.6 y 55.5 por ciento, respectivamente.

 

 

En los supermercados, el kilogramo de huevo cuesta 90 pesos; el de tortillas, un promedio de 23 pesos en la mayor parte del país; el kilogramo de jitomate, 70 pesos; de aguacate, hasta 80 pesos; la pechuga de pollo, que estaba en 60 pesos por kilogramo, actualmente alcanza 120 pesos; y la pierna y muslo rebasan los 65 pesos.

También subió el precio de los cigarros, refrescos y gasolinas; en los tres casos se debió a que a partir del 1° de enero se actualizó la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que aumentó 4.32 por ciento. En el caso de la gasolina Magna, el alza fue de 0.25 pesos; de la Premiun, 29 por ciento; y del diésel, 28 por ciento. El incremento en el impuesto sobre las bebidas azucaradas pasó de 1.50 a 1.57 pesos por litro, y del tabaco de 0.59 a 0.61 pesos.

La organización civil México ¿cómo vamos? prevé mayor inflación en lo que resta de este año; porque la inseguridad pública en muchas carreteras y ciudades del país, los asaltos y las extorsiones cometidas por la delincuencia organizada están incidiendo en el alza de los precios de alimentos, otros bienes básicos y de los servicios de transporte, lo que afectará mayormente a los sectores marginados de la población.

 

La informalidad en aumento

Hasta noviembre y diciembre de 2023, según el Inegi, un millón 600 mil mexicanos se encontraban en el desempleo total o abierto, cifra equivalente al 2.6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y que habría sido menor en 59 mil personas a la que se reportó.

La Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE) detalló que el 14.3 por ciento de las personas sin una fuente de ingresos no contaba con estudios completos de secundaria y que, en contraste, el 85.6 por ciento tenía mayor instrucción.

 

 

Agregó que los mexicanos con un segundo empleo eran 4.5 millones (7.6 por ciento de la población ocupada), cifra mayor en 309 mil personas a la que había en diciembre de 2022; y que de éstas, el 8.1 por ciento eran hombres y el 6.9 por ciento mujeres.

Significativamente, la ENOE no incluyó una cuantificación reciente de la informalidad, de la que sin embargo otras afirman que aumentó más del 50 por ciento; cuyo número global de instituciones civiles y algunas oficiales registran tasas equivalentes al 53, 55 e incluso 60 por ciento con respecto a la PEA.


Escrito por José Emilio Soto Soto

Colaborador


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