Según el Coneval, padecen rezago educativo quienes: “1) tienen entre 3 y 21 años y no cuentan con la educación obligatoria ni asisten a un centro educativo formal; 2) tienen entre 22 años o más, y no han terminado la educación media superior; y, 3) tienen 16 años o más y no completaron la secundaria; no completaron primaria”. Y estamos hablando de la educación, derecho fundamental, como señala el propio Coneval: “De acuerdo con el artículo 3° de la Constitución (…) y el 2° y 3° de la Ley General de Educación, toda persona tiene derecho a la educación y el Estado deberá́ prestar servicios educativos de calidad, para que la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior… (cursivas mías, APZ)” (cinco de agosto de 2021). Y nos advierte que, anteriormente, la educación obligatoria incluía solo la básica (preescolar, primaria y secundaria), pero en 2012, la reforma al artículo tercero añadió la educación media superior. Por leyes, pues, no paramos; para ego y disfrute del cretinismo parlamentario. Pero otra es la realidad. Incontables gobernantes, de todos los niveles, se niegan a atender peticiones de estudiantes y maestros en pro de la mejora de sus planteles, de apoyo a albergues estudiantiles, becas o pago de salarios (frecuentemente incluso arremeten con la policía contra los peticionarios); violan la ley, cometen un delito, y quedan impunes.

El Estado no cumple con esta obligación, y, por su parte, atenazados por su pobreza, millones de padres no pueden atender la educación de sus hijos. En lo que va de este gobierno, pretendido defensor de los pobres, el número total de pobres pasó de 90 a 100 millones (Araceli Damián, El Colegio de México, DW). Entre 2018 y 2020, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 2.1 millones (Coneval). Ejercer un derecho implica condiciones materiales, y los más pobres no las tienen, desde que sus hijos deben trabajar para contribuir al gasto familiar. El empobrecimiento y la desigualdad económica, en esta sociedad crecientemente polarizada, genera como consecuencia necesaria desigualdad en acceso a la educación, y en la calidad de la educación recibida.

Dice el Coneval (24 de enero de 2020): “Persisten brechas territoriales y entre grupos de población en el acceso a la educación”. En 2018 (…) las mujeres indígenas registran 6.8 años promedio de escolaridad frente a 9.5 años promedio de las mujeres no indígenas (…) 38.7% de las mujeres indígenas que habitan en zonas rurales concluyó el nivel educativo obligatorio de acuerdo con la edad esperada, este porcentaje aumenta al 80% en las mujeres no indígenas que habitan zonas urbanas…”. El analfabetismo: “… se presenta en el 39.5% de la población adulta mayor que habita en zonas rurales y en el 15.2% de zonas urbanas (…) de los adultos mayores (…) el 18.5% de esta población que habita en zonas rurales completó la educación primaria o más, mientras que también lo hizo el 54.7% de los que vivían en zonas urbanas”.

Pero, pese a la alharaca mediática de la 4T, que jura y perjura (más esto último), que los pobres son primero, esto no se ve. En 2018 había 23.5 millones con rezago educativo, y para 2020 sumaba 24.4 millones (Coneval: Nota técnica sobre el rezago educativo, 2018-2020, 5 de agosto de 2021), casi un millón más en dos años. Si la tendencia se ha mantenido, hoy debe haber 1.8 millones más. Todo esto según el Coneval, institución oficial. La realidad seguramente está mucho peor.

Dice la Unicef, recientemente (17 de octubre de 2022): “En México, más de cuatro millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Además, los niños que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria. Aquellos que viven en comunidades indígenas o hablan una lengua indígena como lengua materna están particularmente en riesgo de no ir a la escuela o de tener un bajo aprovechamiento. Los niños, niñas y adolescentes indígenas presentan más dificultades (…) solamente uno de cada 10 adolescentes que solo habla una lengua indígena y no español asiste a la escuela…”.

La calidad educativa es muy baja: “La mitad de los niños y niñas de 6º de primaria obtienen resultados bajos en lenguaje y comunicación” (Unicef). Y debe considerarse que estamos hablando de la enseñanza básica, la base de toda la pirámide educativa, determinante del desempeño en los niveles superiores. En lo concerniente a asistencia y permanencia en la escuela: “Solamente dos de cada cinco adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria. Aunque en los distintos grupos de edad son diferentes los factores económicos, sociales y de desempeño escolar que contribuyen a que los estudiantes dejen de asistir a la escuela, la pobreza es uno de los de mayor peso” (Unicef, 17 de octubre de 2022). ONU dixit.

Sumada a la pobreza, agrava las cosas la escasa inversión educativa del Estado. “México destina 3.6 veces menos por alumno en educación primaria y 3.9 menos en nivel secundaria, que el promedio de los países de la OCDE”. Esto por la política oficial en educación y gasto del gobierno de la 4T, y no por la pandemia (como alegan sus defensores oficiosos); estos últimos pueden aducir que ha habido un cierto incremento en el presupuesto, pero: “… aunque el financiamiento para instituciones educativas creció 18% entre 2008 y 2019, en ese mismo periodo el aumento del Producto Interno Bruto fue mayor (…) en realidad el gasto se redujo en 0.2%” (Expansión, OCDE, tres de octubre de 2022).

Como consecuencia, la situación de las escuelas es lamentable: “… en 2022 todavía carecían de electricidad 9% de las escuelas primarias y 23% no contaban con agua potable (…) Sin materiales adecuados, aprender es más difícil y, sin embargo, en México solo la mitad de las primarias tiene computadoras y 69% carece de conexión a internet” (Expansión, 30 de diciembre de 2022). Ésta es la 4T.

Realmente, la desigualdad educativa refleja la desigualdad económica. El propio Coneval advierte: “Para lograr que la población mexicana tenga un acceso efectivo a la educación deben existir todas las condiciones necesarias para que las personas vean materializado este derecho. Sin embargo, la evidencia demuestra que en México existen desigualdades en el acceso y disfrute de este derecho…” (24 de enero de 2020). Consecuentemente, una mejora real en la educación para todos exige la distribución equitativa de la riqueza; y también aumentar significativamente la inversión pública para crear condiciones que permitan educar, y bien, a toda la niñez y la juventud. La equidad económica permitirá la equidad educativa. En suma, rezago educativo, desigualdad en el acceso y en la calidad de la educación, patentizan el fracaso de la política social del actual gobierno. A cambio de unas monedas, en la práctica se escamotea al pueblo un derecho humano fundamental. Como en el pasaje bíblico, el pueblo vende su primogenitura a cambio de un plato de lentejas.