En reiteradas ocasiones, desde nuestra modesta trinchera, nos hemos referido a lo peligroso que puede resultar para la salud social en Oaxaca el que el gobierno estatal no sopese debidamente la crisis generalizada que enfrentan amplios sectores populares, porque ante sus exigencias de atención, cada vez más airadas, la primera reacción ha sido endurecer su postura, cometiendo el error de recurrir a la fuerza pública para contener la inconformidad.

Hemos insistido también en que quienes se ven agobiados por los efectos de esta crisis, y luego maltratados por una supuesta legalidad en aras del “bien y la paz social”, no aceptarán por mucho tiempo el dique en el que se les encierra y empezarán a provocar disturbios. Si los funcionarios en el poder siguen sin entender que el desempleo, los crímenes y la violencia, la inflación y las secuelas del Covid-19 han generado una gran inconformidad y se dejan llevar por la pasividad con que estos conflictos son contenidos en tiempos de calma, serán agentes activos en la creciente polarización que se agudizará en el próximo proceso electoral, en que aumentarán los encarnizados ataques entre partidos y entre corrientes internas en Morena.

Por tanto, urge poner atención y cuidado a los indicios diarios que ponen en duda la efectividad de las nuevas políticas estatales, porque podemos estar en la antesala de la revuelta social, si solo consideramos lo que nos dicen los proyectos políticos salidos de un escritorio y no de la cambiante realidad y, sobre todo, los intereses meramente electorales de las fuerzas políticas, relegando la problemática social y económica, en un momento histórico de crisis de la banca y del recrudecimiento de los conflictos armados entre las potencias mundiales, que arrastran a toda la humanidad, de una o de otra forma.

Sabemos que hay pocas probabilidades de que se tomen en cuenta nuestras opiniones, que se sustentan en el genuino interés de evitar esta crispación social que siempre afecta a las clases populares. Sin embargo, el Movimiento Antorchista Nacional intenta, por un lado, educar y concientizar a los oprimidos y, por el otro, hacer un llamado a los gobernantes a que atiendan a la experiencia de una organización con amplitud nacional, que en su contacto cotidiano con amplios sectores del campo y las ciudades, por casi 50 años, ha desarrollado un proyecto con la capacidad de jugar el papel de válvula de escape a la inconformidad social, canalizando las demandas de estos sectores dentro del ámbito constitucional y demostrando siempre que lo que buscamos ha sido y será, única y exclusivamente, solución a las demandas genuinas de los ciudadanos agremiados en nuestra organización.

Cito algunos de los acontecimientos que, a mi juicio, demuestran que estamos pasando de la simple inconformidad a la violencia, ante el rechazo al discurso gubernamental de solución que no se concreta en atención expedita o en una alternativa clara de solución a la problemática de los grupos, y a repetir la táctica de culpar a los enemigos de su gobierno de todo lo que sucede en el estado, sin dedicarse en serio a demostrar que son, en los hechos, superiores a los gobiernos anteriores.

El pasado cuatro de abril, circuló en medios como El Universal, que al Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, le aplicaron un “arraigo comunitario” indígenas zoques de Santa María Chimalapa por la cancelación de reuniones para informar cómo se hará efectiva la resolución de la SCJN en su favor, por el conflicto territorial con habitantes del vecino estado de Chiapas; por ello, pedían la intervención directa del gobernador; y aunque horas después la nota fue desmentida desde las redes sociales del Secretario, lo cierto es que la violencia alcanzó al segundo funcionario más importante en la entidad; en días recientes, y a pesar de que el gobernador ha asistido a la zona Triqui en la Mixteca, se han recrudecido los crímenes y, de nueva cuenta, la Secretaría de Gobierno ha sido rebasada, pues el primer mandatario estatal tuvo que atender a una de las tres partes visibles; hace una semana se presentó un conato de violencia entre cuerpos de seguridad y el diputado Fredi Gil Gopar, quien encabezaba una gestión de varios presidentes municipales en las oficinas de SINFRA y, según señalamientos del diputado, fueron agredidos por un grupo de porros enviados por el Secretario de Gobierno.

Es evidente que, en este proceso, se den cuenta o no, la “Primavera oaxaqueña” está contra la pared porque el Secretario de gobierno se ha desgastado peligrosamente, dejando expuesto al gobernador, con lo que se ve rebasada la segunda dependencia en importancia en la administración estatal, tan solo a cuatro meses de que inició este gobierno.

En este sentido, nos preocupa que no se entienda que a la violencia que se desborda en estos casos se suman otros conflictos como los incendios en la Mixteca, que han sido tratados con ligereza por las autoridades, al especular y suponer culpables, tomando posicionamiento en favor de Mixtepec, en detrimento de Yosoñama, sin que sean las dependencias de procuración de justicia las que señalen las causas de estos siniestros; o que en la zona Triqui desatiendan a dos de las tres partes en el conflicto; finalmente, que se ignoren las peticiones de varias organizaciones, entre ellas las del Movimiento Antorchista, porque se han cancelado las reuniones para revisar nuestras demandas, demostrando falta de seriedad y menosprecio a los miles de oaxaqueños que representamos.

Esta situación se complicará aún más, a medida que avancen los meses y no se definan las reglas de operación de los programas estatales de atención a las necesidades de los oaxaqueños, porque si se niegan soluciones y al final se descubre que hay subejercicios, ineficiencia administrativa o que se hacen obras sin cumplir las reglas que se comprometieron a cumplir en su cruzada contra la corrupción, se estará demostrando que cualquier cosa que resulte de este gobierno no será una transformación.