Detrás del reclamo difundido el pasado 27 de agosto por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, podría hallarse una de las estrategias mundiales más rancias del imperialismo yanqui: dividir y calumniar a otros Estados.

Los analistas plantean esta hipótesis no sólo por el impacto negativo que un cisma declarado entre Nicaragua y Brasil impactaría en América Latina –así como beneficios a Estados Unidos (EE. UU.)– sino, además, porque recuerdan la larga conversación telefónica que Joseph Biden y Lula sostuvieron días después de los comicios venezolanos recientes.

Esta plática se produjo antes de que Lula pidiera la emisión de las actas que demostraran el triunfo inobjetable de Maduro al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela tras la elección del 28 de julio, a pesar de que éste había dicho que el retraso se debió a un ciberataque masivo al sistema de conteo electrónico; aunque los analistas extranjeros afirman que no hay pruebas de tal percance.

Pero las maniobras para restar legitimidad al éxito de Maduro se han exhibido tanto en el Departamento de Estado estadounidense, el Parlamento de la Unión Europea (UE) e instancias afines, como la Organización de Estados Americanos (OEA) que, entre varios dirigentes políticos latinoamericanos, como es el caso de Lula y Ortega, puja insólita cuyas consecuencias son de gran alcance.

Ruptura Managua-Brasilia

La batalla que el capitalismo corporativo está generando para apoderarse de los recursos naturales venezolanos crispa aún más las relaciones entre Managua y Brasilia. En un contexto de ruptura que se prevé temporal, los analistas y la prensa imperialista se solazan reeditando los cruces verbales y las represalias administrativas entre ambos Estados para desprestigiarlos y favorecer la necedad hegemónica.

La situación actual fue generada por varios desencuentros político-diplomáticos. El ocho de agosto, Nicaragua expulsó al embajador de Brasil, Breno de Souza Brasil Dias da Costa. La razón fue que el diplomático no asistió a la conmemoración del 45° aniversario del triunfo sandinista del 19 de julio, según fuentes citadas por los diarios prohegemónicos: Folha De S. Paulo y el nicaragüense Divergentes.

En reciprocidad, el gobierno brasileño expulsó de inmediato a la jefa de la embajada de Nicaragua, Fulvia Patricia Castro Matus. En un comunicado, la cancillería aclaró que no se trataba de un desencuentro, sino de “un gesto político de descontento” por el que las relaciones se reducían al nivel de representación y se mantenía la gestión consular.

Este hecho enfrentó a los presidentes Ortega y Da Silva, cuya relación amistosa databa de más de 40 años. El nicaragüense recordó que su relación personal con Lula nació en 1980, cuando invitó al brasileño a asistir al aniversario de la revolución sandinista. En esta celebración Lula coincidió con el entonces líder cubano Fidel Castro.

Las desavenencias entre gobiernos de posición ideológica similar no son extraños; pero lo preocupante es que sirvan a los intereses geopolíticos estadounidenses sobre América Latina, como hoy ocurre con Venezuela, donde Washington ha agudizado la estrategia de guerra que hace más de dos milenios utilizó el emperador romano, Julio César: “divide e impera”.

Esta discordia entre los aliados del presidente venezolano ha generado divergencias impensadas. Varias semanas después de los comicios, Lula permitió a su asesor en política exterior, Celso Amorim, afirmar que Maduro debía presentar las actas ante la cadena CNN.

Esta sugerencia derivó en acuerdos entre el gobierno de Venezuela y la oposición en Barbados; y cuando no las presentó el CNE con la fluidez necesaria, a diferencia de la oposición, Amorim recordó al primero que debía asegurarlo “para propiciar” el reconocimiento del triunfo de Maduro.

Esta actitud contrastó notoriamente con la de los gobiernos de Nicaragua, Cuba, China, Rusia, Irán y otros países que reconocieron inmediatamente la reelección de Nicolás Maduro. La tensión Managua-Brasilia escaló desde el 22 julio, cuando Lula reveló a la prensa que Ortega no atendía su solicitud telefónica para mediar en la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.

El brasileño aceptó ese rol, a petición del papa Francisco. “Ortega no me atendió. Entonces, nunca más hablé con él”, y lamentó que así actuara “un tipo que hizo la revolución para derrotar a (Anastasio) Somoza, aunque hoy no sabía si fue porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo”.

Semanas después, el distanciamiento se amplió cuando Ortega le respondió el 26 de agosto, durante la cumbre virtual de los jefes de Estado de la Alianza Bolivariana de Nuestra América (ALBA): “No le respondimos a Lula y al Vaticano, porque éste es un Estado a favor del imperio”. Ortega explicó que el Papa pudo haberse comunicado directamente con él, pues ninguno de los dos necesita intermediarios.

Pero Ortega reclamó otros aspectos a Lula, entre ellos que le “gusta ser presidente” porque lleva dos mandatos; y que desde la presidencia del gran país que es Brasil “querés convertirte en representante de los yanquis en América Latina”.

Y con respecto a la situación actual en Venezuela, Ortega se expresó contundente: “Si querés que te respete, respétame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado”. Y sorpresivamente anunció que, por tal motivo, rompería relaciones con Brasil, pues “a pesar de que Nicaragua es un país pequeño, tenemos dignidad”.

Dos líderes, un proyecto

América Latina ha sido escenario de golpes de Estado, operaciones encubiertas, incursiones de mercenarios, guerras psicológicas y, recientemente, la judicialización de la política, el llamado lawfare, que ha cobrado dos víctimas: Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. El lawfare es la guerra por la vía legal y se incluye entre las guerras híbridas, en cuyas prácticas de desestabilización en América Latina y el Caribe se utilizan novedosas dinámicas como el golpe “blando”, explica la experta argentina Silvina M. Romano.

Al salir de prisión, después de ser víctima de una lawfare, Da Silva logró postularse como candidato; y el 1° de enero de 2023 inició su tercer mandato; dos décadas después de haber sido el primer presidente obrero de Brasil, lo logró con el apoyo de una revuelta inédita protagonizada por cientos de seguidores radicalizados de su adversario electoral Jair Bolsonaro: el asalto a las instituciones en la Plaza de Tres Poderes en Brasilia.

Ese ocho de enero, el mundo atestiguó el nivel de polarización social que por varios años ha marcado la vida política del coloso sudamericano, misma que el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) aprovechó para vencer a sus rivales y, asimismo, para atenuar las tensiones y mejorar la deteriorada economía de un país con más de 203 millones de habitantes.

Su política exterior de “no alineamiento” ha enfrentado el desafío de la crisis en Ucrania y la ofensiva israelí en Gaza y Cisjordania. Por ello diseñó una diplomacia pragmática para reposicionar regionalmente a Brasil y reconstruir la confianza entre sus socios internacionales destruida por Bolsonaro, su violento antecesor.

Este pragmatismo le evita toda confrontación directa con el Occidente liderado por EE. UU.; y aunque Lula ha sido muy crítico con el genocidio en Gaza ejecutado por el régimen israelí, y da prioridad a sus relaciones con los miembros del BRICS (grupo en el que participan su país, China y Rusia), ha evitado posicionarse frente a la crisis bélica protagonizada por esta nación, EE. UU. y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania.

Además de favorecer la integración latinoamericana, el dirigente del coloso sudamericano –de ocho millones 515 mil 770 kilómetros cuadrados– propone refundar la cooperación regional con el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur); y que el diferendo entre Venezuela y Guyana por el territorio de Esequibo sea superado dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El 29 mayo de 2023, Nicolás Maduro realizó su primera visita oficial a Brasil, que brindó un signo de afirmación entre los liderazgos de la izquierda regional después del periodo de hostilidad generado por el mandato del derechista Jair Bolsonaro, quien en 2019 prohibió el ingreso de Maduro a Brasil.

Ya normalizada la relación, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que se reabrían sus respectivas embajadas. “Vivimos un momento histórico”, tuiteó entonces Lula, que ese mismo año logró reinsertar a Venezuela en una cumbre regional a pesar de las críticas del chileno Gabriel Boric y del uruguayo Luis Lacalle.

Actualmente, el brasileño lidia con la propuesta unilateralista y antirregionalista del argentino Javier Milei, y aunque intenta reducir la brecha con Boric, no ha logrado pactar una declaración conjunta sobre las elecciones en Venezuela. Es por todo esto que el presidente brasileño aún aparece como un líder latinoamericano opuesto a dirigir un gobierno funcional para los objetivos políticos estadounidenses.

El 10 de enero de 2022, los seis millones 803 mil habitantes de Nicaragua, pequeño estado centroamericano de 130 mil 393.5 kilómetros cuadrados, atestiguaron la asunción de Daniel Ortega a su cuarto mandato presidencial.

El líder histórico de la Revolución Sandinista inició su nuevo gobierno con apoyo expreso de Rusia, China, Irán y otras potencias, pero bajo las sanciones de EE. UU., que describió como una “farsa” su triunfo electoral del siete de noviembre de 2021.

En los últimos años, las sanciones financieras de las entidades estadounidenses y europeas, que alegan violaciones a los derechos humanos, afectan igualmente a otros miembros de su gobierno, a sus familiares y allegados.

El 15 junio de 2023, el Parlamento Europeo impuso también sanciones a jueces y fiscales acusados de “perpetrar abusos desde abril de 2018”. Esta resolución constituyó el séptimo ataque de la UE contra el gobierno de Nicaragua.

A esas medidas radicales, aplicadas a más de 23 años de finalizada la Guerra Fría, se suman las críticas de los analistas y la prensa corporativa, que insisten en describir a Nicaragua y su gobierno como un “Estado policial de facto” (BBC), “democracia autoritaria o dictadura familiar” (Nueva Sociedad), “Nicaragua bajo terror de la pareja Ortega-Murillo” (OpenEdition Journals).

A pesar de estos adjetivos de los medios impresos y audiovisuales, la relación Washington-Managua parece boyante en términos comerciales; porque en febrero de 2023, el comercio bilateral había crecido 67 por ciento a pesar de las sanciones.

“Las importaciones y el déficit comercial estadounidenses aumentan por más que Washington amenace con suspender o prohibir todas las compras” reveló el experto de la Universidad de Navarra, España, Eden Mismash.

El experto apuntó que EE. UU. podría ser más efectivo para reducir sus importaciones de Nicaragua, del que representa su principal socio comercial; aún podría excluirlo del acuerdo de libre comercio que mantiene con Centroamérica (CAFTA). Pero Washington no lo hizo. Sólo en 2022, el comercio alcanzó el récord de ocho mil 304 millones de dólares (un incremento del 21.97 por ciento con respecto a 2021), precisó Mismash.

Aunque los artífices del Departamento de Comercio estadounidense saben bien que la economía de Nicaragua depende de ese intercambio, pocos norteamericanos, mexicanos, europeos y de otras nacionalidades saben que casi 60 por ciento de las exportaciones nicaragüenses son destinadas a EE. UU.

Ese pequeño país del istmo centroamericano es el único que vende más de lo que compra a EE. UU., ya que éste sólo adquiere el 25 por ciento del total de las importaciones de Nicaragua. El intercambio comercial estadounidense-nicaragüense ha aumentado 67.15 por ciento a pesar de que la superpotencia bélica se ha empeñado en denostar al gobierno de la revolución sandinista y acusa a Ortega de dictador.

He ahí la incongruencia de Washington: sanciona a figuras del gobierno nicaragüense mientras lo premia con ese superávit comercial. Según Mismash, en 2022, el déficit estadounidense subió a tres mil 151 millones de dólares (mdd); es decir: 25.89 por ciento más que en 2021. Y aunque Joseph Biden anunció el fin del pacto azucarero, el intercambio se conservó.

No obstante ese contexto comercial, la relación política Managua-Washington es difícil. Por ello, el 21 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con 70 votos a favor la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Su objetivo era evidente: rechazar la injerencia extranjera en los asuntos internos.

Nicaragua mantiene una fuerte relación con Venezuela desde 2007, cuando Ortega retornó a la presidencia. Desde entonces, ambos Estados han tejido una amplia red de acuerdos, convenios y desarrollo mutuo, en un marco de coincidencia estratégica.

Durante más de 14 años, ambos países han unido fuerzas contra el intervencionismo extranjero, liderado por EE. UU. En agosto de 2023, autoridades venezolanas y nicaragüenses crearon la Comisión Mixta Bilateral y enfrentaron la pretensión estadounidense de erigirse como el tutor del mundo; y en septiembre de ese año, en La Habana, fueron incluidos en la Cumbre del G77 + China.